“Porfirio Muñoz Ledo es buen político pero no sabe de derecho”, fue lo que le respondió Amador Rodríguez Lozano al Presidente de la Cámara de Diputados federales, después que mencionó que deberían de desaparecer los poderes en Baja California, tras la modificación del periodo de la próxima gubernatura de 2 a 5 años.
El encargado de la transición del gobernador electo, Jaime Bonilla habló sobre su posicionamiento tras las declaraciones del Muñoz Ledo, “supongo que lo agarraron saliendo del festejo del Día del Abogado, y no supo lo que dijo”, ya que la desaparición de poderes no se hace, sino que “se declara que ya desaparecieron”.
Asimismo, recordó que existe una Ley reglamentaria que data del sexenio del presidente José López Portillo y en ella quedó establecido las razones por la que pueden desaparecer los referidos poderes, “en el año 2014 lo intentó el PAN por el caso Ayotzinapan e iniciaron la investigación para hacerlo”, pero al final concluyeron que los tres poderes estaban funcionando de manera ordinaria.
“Y para poder desaparecer un poder, es necesario que uno de ellos no esté funcionando, se haya coludido, se haya caído un avión en donde iban todos y todos murieran, o terminando su periodo decidieran prorrogarse”, son los motivos por lo que pudieran darse tal acción.
Sobre la posibilidad de realizar una encuesta para conocer el sentir de los bajacalifornianos respecto a la permanencia del próximo gobernador por 5 años, Rodríguez manifestó que el propósito de estas (encuestas) no es tal, “imagínate deslegitimar a un órgano del poder solo porque una encuesta no estuvo bien levantada o el método, como ocurre en encuestas amañadas”.
Desde su punto de vista, en el mismo tema dijo que las encuetas deben de ser precisas y las preguntas bien analizadas, pero sobretodo el método para ser levantadas y tener una muestra metodológica “que es algo que solo los matemáticos saben”, pero desestimó poner a prueba un poder con esta opción.
Para finalizar, el encargado de la transición reiteró que se trata de un tema de derecho y de interpretación, pero si la corte federal dictamina lo contrario a la decisión del Congreso local, lo aceptarían.