La Ley para Regular las Instituciones de tecnología Financiera, conocida como FinTech fue aprobada por el Senado, en lo general, con una unanimidad de 102 votos, y fue calificada en tribuna como símbolo de un cambio de época, por el senador Patricio Martínez (PRI), ya que dará certeza a los usuarios del uso de tecnología en los servicios financieros.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN) abrió la fase de discusión de reservas a varios artículos, que le presentaron senadores panistas y de izquierda, y al término de esta deliberación, la minuta será enviada a la Cámara de Diputados para su revisión final.

El senador Gerardo Flores (PVEM) explicó que estarán puestas las reglas para que con un teléfono celular, desde cualquier rincón del país, se pueda tener acceso a los servicios bancarios, en tanto que dará regularidad a las criptomonedas, que tiene cada vez más usuarios activos.

Zoé Robledo Aburto (PT-Morena) dijo que en los impactos de la nueva legislación está la inclusión de la población de bajos recursos que no cuentan siquiera con acceso a una sucursal bancaria, y que reciben apoyos del Progresa, cuyo ejercicio cuesta al gobierno federal siete mil millones de pesos anuales, y que se lleven a cabo tareas de entrega del recurso en efectivo en zonas apartadas del país. Con el uso de Tecnologías Financieras será posible transparentar los programas sociales, dijo.

Isidro Pedraza (PRD) afirmó que con la aprobación de esta ley "somos pioneros del futuro", y será posible que las instituciones financieras tengan instrumentos para impedir abusos.

Marcela Guerra Castillo (PRI) dijo que la ley FinTech regulará las plataformas de finanzas alternativas, el sistema de pagos de todo tipo, facilita gestión de préstamos; tiene impactos en la igualdad de género pues dará acceso directo a las mujeres a los servicios financieros.

Las bancadas estuvieron de acuerdo que con esta ley México se coloca junto con los países que van a la vanguardia de los servicios financieros mediante el uso de tecnologías digitales. "Estamos en el siglo 21 y la ley FinTech facilita la inclusión de todas las personas", incluidas las que hay estado fuera de los servicios bancarios y podrán tener acceso al sistema en un marco de certeza.

Las remesas que son tercera fuente de ingresos del país podrán manejarse a través de los servicios de Tecnología Financiera, describió la senadora Guerra Castillo, con una regulación a cargo de las instituciones del sector.

El dictamen que fue aprobado por el pleno establece que se busca "mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero mexicano", en un marco en el cual la "tecnología ha transformado radicalmente la forma en que se lleva a cabo el comercio de bienes y servicios a nivel global. Esta revolución de innovación, impulsada por la disponibilidad amplia de tecnología, ha impactado de manera muy importante al sector de servicios financieros y ha transformado la manera en que se prestan los servicios tradicionales de banca y crédito".

Las tecnologías digitales y vía Internet, "han surgido innovaciones tecnológicas y modelos de negocio que no cuentan con una regulación y supervisión por parte de las autoridades sobre las operaciones que llevan a cabo con sus clientes, por lo que hace necesario incluirlas dentro del sector regulado y supervisado del sistema financiero".

Señala que el sector de tecnología financiera (FinTech) "es tan dinámico que requiere contar con un marco regulatorio que permita a las autoridades mitigar los riesgos y permitir su expansión en un ambiente competitivo", basado en los principios de inclusión e innovación financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la sana competencia y prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.

Esta nueva ley consta de un marco general regulatorio que establece las bases y una regulación mínima que deben regir las instituciones reguladas y abre la posibilidad de que las demás disposiciones necesarias se establezcan y modifiquen con la mayor flexibilidad, "lo que permitiría que ésta se vaya adecuando conforme al dinamismo constante del sector FinTech".

 El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que este viernes se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Acción de Inconstitucionalidad firmada por 43 senadores contra la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que acudirá a la SCJN junto con el coordinador senatorial del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, y el senador Ernesto Ruffo Appel, quien ha recabado las firmas de los senadores panistas que rechazan esta ley.

"Hasta el momento se han reunido 43 firmas", dijo Luis Sánchez, al confirmar que será presentado este recurso a fin de que los ministros anulen la totalidad de los ordenamientos que regulan la acción de las fuerzas armadas en la seguridad interior.

Se requiere de un mínimo de senadores 43 de 128 senadores para promover la acción de inconstitucionalidad contra una ley.

 La nueva Ley de Seguridad Interior es la mano dura que busca el Gobierno Federal luego de su fracaso en sus políticas públicas y de seguridad pública, afirmó el Senador Marco Antonio Blázquez Salinas.

El senador del Partido del Trabajo dijo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la ley por ser claramente violatoria a la Constitución.

La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales y nacionales pidieron al Estado Mexicano que no aprobaran esta nueva ley por poner en riesgo los derechos humanos de la población civil.

No obstante fue aprobada por la mayoría del PRI, PES, PANAL, PVEM y los caldenoristas del PAN.

El senador Francisco Búrquez Valenzuela (PAN) llamó a los tres precandidatos presidenciales a impulsar que los partidos políticos que los respaldan a que en el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones, de febrero a abril, sus bancadas deroguen el fuero en todos los niveles, incluido el del Presidente de la República.

Afirmó que todos en México deben ser iguales ante la ley y, en ese sentido, el fuero no se justifica, por el contrario, constituye un manto de impunidad de quienes en el ejercicio de sus funciones pudieron haber transgredido el estado de Derecho.

"Vamos a ver de qué cuero están hechos José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, si están decididos a actuar contra la corrupción o son puro pico", señaló el senador de Acción Nacional.

Afirmó que ante el descrédito de la clase política, lo que se requiere es un debate de hechos, y que no sólo hablen de su disposición por los cambios: que influyan para en el periodo de sesiones de febrero a abril, las bancadas de sus partidos acaben con el fuero.

Recordó que junto con otros senadores, presentó una iniciativa que se ha quedado atorada en comisiones, a fin de que al Presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, incluso varios años después de haber dejado el cargo, como a cualquier ciudadano, expuso.

"Este es el momento en que tenemos que cuestionar a los candidatos --López Obrador, Anaya Cortés, Meade Kuribreña-- sobre la posición que habrá de asumir respecto del fuero al cargo de Presidente de la República".

En ese sentido, en entrevista, Francisco Búrquez Valenzuela emplazó a los pre candidato "que pidan a sus bancadas abordar el tema y aprobarlo en el Congreso en el periodo de sesiones de febrero a abril", y así que realicen su campaña presidencial con acciones, no con promesas que se las lleva el viento. Y subrayó que este país no puede funcionar con políticos ricos y privilegiados y ciudadanos pobres.

De igual forma, dijo, se debe derogar el fuero para senadores, diputados federales y locales, así como para gobernadores y cualquier otro servidor público que no necesita de esta protección para cumplir con su encargo.

Subrayó: "Lanzo la propuesta a los precandidatos para que le respondan a México".

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el 5 de enero.

El recurso, del que se hará cargo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, deberá ser sometido a un análisis, para el cual se solicitarán los informes correspondientes y después se dará a conocer si la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado para la resolución.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa (Morena), dijo que la Ley de Seguridad Interior invade competencias de los municipios y no resuelve la situación de inseguridad en el país. Fue "un gran avance" que la Corte admitiera la controversia. "Tenemos muy claro que se intenta hacer a un lado a gobiernos municipales", afirmó.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, informó que su bancada y la del PT pasaron a firma de sus integrantes la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Corte.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en contra del decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior.

El municipio demanda la inconstitucionalidad del decreto, publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que violenta de manera flagrante su autonomía.

El expediente de la demanda, que señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación, fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Como instructor del procedimiento, Pardo Rebolledo deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite.