Con el año nuevo llegaron también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las nuevas camionetas para los magistrados. Como publicó EL UNIVERSAL los pasados 13 y 14 de febrero, para apoyar sus tareas de impartición de justicia electoral, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF adquirieron cinco camionetas de lujo con una inversión de 4.5 millones de pesos. Este miércoles, día de sesión pública del órgano, se vio ingresar, por ejemplo, al magistrado Felipe Fuentes Barrera en su nueva Chevrolet Suburban 2017. Como él, otros cuatro de sus compañeros de la Sala Superior, salvo los magistrados Reyes Mondragón y Felipe de la Mata, que encabeza la magistrada presidenta Janine Otálora Malassis, estrenaron cinco vehículos de lujo. Juzgadores con temple para estrenar. Estos vehículos nuevos para el TEPJF son dos Chevrolet Suburban de más de un millón de pesos; dos Chevrolet Tahoe con valor de 897 mil pesos, y un General Motors Acadia de 679 mil pesos, tres de los modelos favoritos del Poder Judicial, pues los electorales no son los únicos juzgadores en solicitarlos como “apoyo al cargo”. Este tipo de vehículos de lujo no son los únicos que se aprecian en el TEPJF, pues gracias a los sueldos del Poder Judicial —que rebasan los 100 mil pesos mensuales netos para los funcionarios de mando, en el caso del organismo— desfilan por el Tribunal vehículos marcas Audi, BMV y Mercedes Benz. Otros integrantes de la Sala Superior usan otras costosas unidades, como la Toyota Sequoia —cuyo valor comercial ronda el millón de pesos—, en el que este miércoles se vio llegar al magistrado José Luis Vargas Valdés. Según reportaron, ese monto será reintegrado a lo largo del ejercicio fiscal de 2017 y, según se informó en esa fecha, las economías serán posibles por diferimiento de proyectos de obra pública no prioritarios, “racionalización” de viáticos y pasajes, en adquisición de bienes, muebles e inmuebles y en gastos de ceremonial y difusión. Son garantía de independencia, según ha argumentado el Poder Judicial. Estas percepciones de los magistrados electorales ascienden a 380 mil 406 pesos mensuales netos, más gratificación anual que superará los 587 mil pesos y primas de periodicidad semestral, por más de 95 mil pesos. En el caso de personal de mando, éstos tienen ingresos mensuales netos de 144 mil 544 pesos mensuales, es el caso del coordinador general de Asesores de la presidencia del TEPJF y el secretario general de Acuerdos, en tanto que el visitador y visitador general alcanzan percepciones libres de impuestos de 138 mil y 140 mil pesos, respectivamente. El contralor Interno y el subsecretario general de Acuerdos tienen ingresos de 136 mil 997 pesos netos mensuales; mientras que el secretario académico del Tribunal gana 110 mil 891 pesos al mes, lo que explica un estacionamiento de lujo en el TEPJF.

Daniel Aguilar Patiño, juez integrante del Poder Judicial del Estado de Baja California, desafía la parálisis judicial obligada y sustentada en acuerdo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del Estado y fija una audiencia, con fecha 23 de marzo del 2020, cuatro días después del cese de funciones de estas autoridades.desafía la parálisis judicial obligada  y fija una audiencia, con fecha 23 de marzo del 2020, 4 días después del cese de funciones de estas autoridades

Con esto, pretende que se lleve a cabo una audiencia el próximo viernes 27 de marzo a las 12 de medio día en la sede del Centro de Justicia de Tecate, sin importarle un posible contagio entre los asistentes.

Se trata de una flagrante violación a las disposiciones mencionadas por los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el Covid 19, una diligencia que pone en riesgo a muchos, incluyéndose a él mismo.

La actuación de Daniel Aguilar Patiño se explica al saber que se trata de una audiencia relacionada con un Ministerio Público y la líder de la Unión Ciudadana por el Futuro de Tecate, Adriana González May, en contra de la instalación de la empresa distribuidora de gas doméstico Hidrocarburos del Noroeste S.A. de C.V.

Empresas gaseras asentadas en la región como Gas Silza, Zeta Gas(o Baja Gas) y en general, el Grupo Zaragoza, han tenido el monopolio del gas en la región en los últimos 30 años y a través de argucias legaloides y asociaciones supuestamente ciudadanas, impiden la llegada de competidores, que pueden poner el precio del gas a la baja, al fomentar la libre competencia.

Las gaseras del Grupo Zaragoza han incurrido reiteradamente en el robo a los consumidores, al no entregar litros completos de gas, como obra en expedientes y quejas de ciudadanos ante la Profeco.

Igualmente, violan reglamentos de seguridad y protección civil, tanto locales como federales, al vender por ejemplo, gas en tanques o minitas, en centros de carburación vehicular.

  La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las multas impuestas por 67 millones de pesos a seis partidos políticos por afiliar indebidamente a mil 551 personas. La decisión se debió a que el proceso ya "caducó", valoraron magistrados.

Las multas fueron impuestas el 8 de septiembre por el INE tras investigar casos que conoció desde 2014, cuando recibió mil 557 denuncias de militantes del PAN en Puebla y Chihuahua, que acusaron haber sido afiliados indebidamente al PRI, PVEM, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, además del desaparecido Partido Humanista (PH).

Al término de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se confirmaron las afiliaciones indebidas y en septiembre, el Instituto Nacional Electoral multó a partidos responsables, a los que señaló también de haber realizado un uso indebido de datos personales.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciarán hoy lunes el análisis de la impugnación contra la reforma electoral de Jalisco también conocida como ley "#SinVotoNoHayDinero".

Durante la sesión del Pleno, los ministros escucharán la exposición del proyecto propuesto por el ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, para resolver las tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Nueva Alianza (Panal).

La reforma electoral impugnada fue publicada el 2 de junio pasado, desde entonces, el PVEM afirmó que el Congreso de Jalisco invadió las atribuciones del Congreso federal al legislar en materia electoral.

Dicha modificación tanto en la Constitución local como en el Código Electoral y de Participación Social del estado de Jalisco establece que durante años no electorales, el cálculo de los recursos que recibirán los partidos políticos se realizará multiplicando el número de electores en el padrón por el 20% del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Esto, implica una reducción considerable en los recursos asignados a los partidos políticos en comparación a lo establecido en la Constitución federal que indica que el monto se calcula multiplicando a los electores del padrón por el 65% de la UMA.

Uno de los principales argumentos del Congreso local para aprobar la reforma fue que el estado ahorraría aproximadamente 550 millones de pesos en tres años.

Además, se estableció que durante los años electorales los recursos serán calculados tomando en consideración el total de votos válidos obtenidos en la elección previa de diputados por el 65% de la UMA.

Para que los ministros invaliden la reforma se requiere el voto de 8 de los integrantes del Pleno.

 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió los juicios que interpusieron los perredistas Carlos Sotelo y Rey Morales Sánchez para declarar ilegal la sesión extraordinaria del pasado 25 de junio, donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordó ir a los comicios del 2018 en un Frente Amplio Democrático (FAD).

La Sala Superior del tribunal electoral turnó a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso el expediente con clave SUP-JDC-528/2017, que busca declarar ilegal la sesión celebrada por el Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, así como lo acordado en ella, es decir, el FAD que busca integrar alianzas con otros partido, como Acción Nacional.

El pasado 23 de julio, EL UNIVERSAL habló con Carlos Sotelo, quien sostuvo que la sesión extraordinaria convocada fue orquestada al margen de la legalidad, pues la normativa interna del partido establece que debe notificarse con al menos 48 horas de anticipación.

Sotelo escribió un día antes, en su cuenta de Twitter: "Ayer fue admitido por la Jurisdiccional del @PRDMexico nuestro recurso para se declare ilegal sesión CEN 25 de junio, donde aprobaron #FAD" y a este diario le confirmó que si la comisión no resolvía a su favor, irían por la vía federal.

Sotelo confirmó hoy a El Gran Diario de México que mañana tendrán la primera audicencia para "ventilar" el caso.

La sala superior también dictaminó turnar al magistrado Indalfer Infante González el expediente con clave SUP-JDC-542/2017 el juicio presentado desde abril por Sotelo y Morales Sánchez para convocar al CEN del PRD a efectuar elecciones internas a la brevedad.

Alrededor de 400 transportistas se manifestaron  frente  a las instalaciones del Tribunal Contencioso Administrativo en Tijuana, contra  la resolución de  la magistrada Flor Arguilés Robert, ante el fallo que daría a los taxistas amarillos para regresar al sitio ubicado en la garita de San Ysidro.

Alfredo Guzmán, secretario general de los Taxis Libres CTM, expreso  que esta manifestación es una manera de pronunciar su inconformidad y que no es posible que no se tomen en cuenta los antecedentes de este gremio de Taxis amarillos.

El líder de los taxistas adelantó que pedirán que inhabiliten a la magistrada que falló a favor de los Taxis Amarillos.

“La ciudadanía exija que haya libre movilidad para todos, y de esa manera la gente que usa el transporte, se vaya con el que ellos decidan, es la libertad que tenemos en México, y que debe de existir”, comentó.

me avisaron que va a ver entrevista con el dir estatal de estrategias contra el crimen de la PGJE