Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dieron por concluido el caso de la reducción de 10 % de sus salarios y acordaron no proponer más ahorros, derivados de otro tipo de ingresos que reciben.

En reunión de consejeros realizada hoy martes, éstos sólo se dieron por notificados de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el pasado 9 de marzo determinó que careció de legalidad la decisión de rebajar el sueldo de los 11 consejeros y 21 funcionarios que integran la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE.

El consejero Ciro Murayama Rendón afirmó que el asunto es capítulo cerrado.

El consejero Benito Nacif Hernández, quien acudió al TEPJF a impugnar la reducción salarial y ganó el juicio, insistió en que el INE lo que debe hacer para solidarizarse con la causa de generar ahorros para reducir el gasto público es apegarse a la ley, como lo hizo el 24 de febrero al aprobar medidas de racionalidad para ahorrar 115 millones de pesos.

Debemos fijarnos en donde realmente podemos generar ahorros sustantivos, ese es el trabajo que tenemos por delante los consejeros, estableció Nacif.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

"Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados", aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien -con datos oficiales- señaló 2019 cerrará como el año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad ante los magros resultados.

-"Eso si calienta", reviró el titular del Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente que su administración no ha podido resolver.

"La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado".

Con gráficas y estadísticas sobre los homicidios dolosos en el país, el presidente López Obrador señaló que han logrado detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva.

"Si aumentó, pero no igual como venía sucediendo año con año... estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos", insistió.

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El proyecto de resolución a las impugnaciones presentadas contra esta ley fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán quien propuso al Pleno invalidar en su totalidad la norma porque el Congreso de la Unión no respetó los tiempos para legislar e incurrió en omisiones dentro del texto legal.

Aunque hasta ahora tres ministros ya se pronunciaron en contra del proyecto ¿por qué es importante la ley de salarios?

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica a todos los trabajadores gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal, que se encuentren adscritos en dependencias, administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos así como cualquier otro ente público.

Su creación está prevista en la reforma constitucional del año 2009 en la que se estableció en el artículo 127 que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente de la República y que para regular esto el Congreso debía promulgar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Según el artículo 127 constitucional estos servidores públicos "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades".

Esta remuneración incluye "toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales".

Todo ello, sin que el servidor pueda ganar más que su superior y que el titular del Ejecutivo a menos que desempeñe diversos empleos públicos o que realice un "un trabajo técnico calificado o por especialización en su función".

En este caso, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es decir, que los servidores públicos que realizan trabajos especializados o que tienen más de un empleo en el gobierno, podrían ganar un máximo de hasta 160 mil pesos aproximadamente, considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.

¿Por qué el ministro busca invalidar la ley?

Porque en el año 2009 se ordenó crear la ley pero fue hasta el año 2011 que el Senado envió la iniciativa aprobada y dictaminada a los Diputados para su análisis.

Sin embargo, los Diputados tardaron siete años para dictaminar y aprobar la ley, misma que fue publicada en noviembre del 2018.

Además, el ministro indica que en la ley no se establece cómo se fijará el salario del Presidente de la República para tomarlo como tope máximo salarial para el resto de servidores públicos.

Esto, debido a que, según la Carta Magna, los salarios deben ser adecuados y proporcionales a las responsabilidades que tienen los servidores públicos pero también "digno que les permita desarrollar sus planes de vida y garantizar lo mismo para su familia", señala el ministro Pérez Dayán.

Es decir, que les permita pagar renta, transporte, comida, vestido, educación, recreación, entre otros elementos entre los que se cuentan algunos que el titular del Ejecutivo no paga con su salario como la renta, el transporte o la comida.

Asimismo, indica que los legisladores tampoco consideraron en la Ley de Salarios que el artículo 94 constitucional establece que los sueldos de ministros, magistrados, jueces y consejeros federales no pueden ser reducidos mientras permanezcan en el cargo.

¿Es lo mismo la ley de salarios o de remuneraciones de los servidores públicos y la ley de austeridad?

No, la ley de salarios regula, como su nombre lo dice, las percepciones de los servidores públicos, mientras que la ley de austeridad regula los límites a los gastos y determina los ahorros que tendrán los entes públicos, es decir, cómo usarán sus presupuestos, no las nóminas.

¿Qué pasaría si invalidan la ley de salarios?

Para que la Corte invalide la ley, como propone el ministro Alberto Pérez Dayán, se requieren ocho votos a favor. Sin embargo, hasta el momento tres ministros ya se pronunciaron en contra de todo el proyecto, por lo que resta un voto en este sentido para que la ley no sea invalidada.

De ocurrir esto, en el siguiente periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar una nueva ley con las consideraciones que incluye el ministro.

¿Qué pasaría si cuatro ministros votan en contra del proyecto de Pérez Dayán?

Hasta ahora tres ministros indicaron que en abril pasado la Ley de Salarios fue reformada y que, por ello, ya se trata de una nueva norma.

En consecuencia, si un cuarto ministro vota en este sentido, la ley quedará vigente y para impugnarla nuevamente se tendría que alegar como acto reclamado el decreto de noviembre de 2011 y su reforma publicada en abril pasado.

El término para reclamar la reforma de abril ya venció.

 Mediante el Plan Nacional de Desarrollo se buscará recuperar el salario pero no sólo mediante un ingreso mínimo, sino para que las personas con menores ingresos puedan superar la línea en la que no les alcanza para mantener a sus familias, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al señalar que, "los salarios tan bajos no nos convienen a nadie".

EL UNIVERSAL dio a conocer que un mexicano necesita cumplir una jornada laboral de 36 horas para surtir la despensa de una familia de cuatro integrantes; esto en comparación con los trabajadores de otros países como Estados Unidos, donde se requieren 10.4 horas de trabajo, o Canadá donde se necesitan 12.8.

Luisa María Alcalde señaló que el Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la recuperación del salario, no sólo por la vía del salario mínimo sino de recuperación para que "sobretodo los que no les alcanza ni siquiera para mantener a sus familias en lo más básico, que es la canasta básica, puedan superar esa línea", dijo.

Entrevistada después de asistir al foro nacional "Planeando juntos la transformación de México", en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Alcalde Luján dijo que la reforma laboral que impulsa el gobierno federal busca fortalecer la negociación colectiva y que de esa forma, se fortalezcan los salarios en el país con una política económica que, "más bien pretendiera mantener los salarios y las prestaciones laborales estancadas".

"El cambio radical es permitir que la gente se organice, que haya contratación colectiva auténtica y hacer un impulso para que las empresas empecemos a entender que los salarios tan bajos no nos convienen a nadie, ni en términos de productividad ni de fortalecimiento del mercado interno", dijo.

Destacó que en los últimos meses ha habido un "impacto positivo" con respecto al ingreso de los mexicanos pero, dijo, esta debe ser "una tendencia hacia el alza"; pidió comprender que "no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro" y que se necesitan fortalecer a las empresas para que los mayores ingresos que estas obtengan se reflejen en mejores salarios para las personas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, lamentó que según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a 40% de los mexicanos no le alcanza su salario mensual para acceder a la canasta básica.

"Si vemos los datos del Coneval esa es una realidad, más del 40% de los mexicanos, si tuviera trabajo, aunque ocupen todos sus recursos del mes no le alcanza para comprar la canasta básica, eso es muy triste".

Expresó que los mexicanos trabajamos más horas que otros países para acceder a productos básicos porque el salario no alcanza, pero destacó que este es el primer sexenio donde hubo un incremento al salario mínimo.

"Estamos arrancando, pero el licenciado López Obrador ha sido muy claro: no habrá un hogar pobre al que no le llegue un programa del bienestar y eso va a contribuir a aminorar la brecha" (entre las horas trabajadas y el acceso a la canasta básica).

Por ello, la nueva política del gobierno federal tiene que ver con la reducción de la pobreza a través de los 25 programas integrales.

La Cámara de Diputados corrigió la reducción al salario de los trabajadores de limpia que se había establecido en sólo 100 pesos diarios. Ahora, los empleados obtendrán 140 pesos al día, de acuerdo con el convenio alcanzado con la empresa que proveerá el servicio.

El 16 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó que la Cámara de Diputados buscaba, a partir del proceso de licitación, reducir 8 millones de pesos el gasto en limpieza.

Juan Carlos Cummings García, responsable de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de ese órgano legislativo, dijo que, aparte del incremento al salario, los empleados contarán con las prestaciones de ley y destacó que se logró transparencia en el proceso de licitación para que se determinara qué empresa proveerá los servicios.

Entre los cambios, se eliminaron cláusulas como pedirles a los trabajadores saber de primeros auxilios, que las compañías hubieran celebrado siete contratos por 18 millones de pesos o entrenamiento para uso de residuos peligrosos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 aprobado por los diputados fijó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganará 108 mil 656 pesos mensuales, monto al que se sumarán algunas percepciones que lo harán ganar de manera anual un millón 663 mil 50 pesos.

Los titulares de algunas secretarías de Estado recibirán una remuneración menor que él, que no superará los 135 mil 488 pesos, menos el descuento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y el cargo de subsecretario u oficial mayor será de 134 mil 392 pesos menos impuestos.

Como remuneración neta, libre de impuestos, cada año los senadores recibirán un millón 571 mil 344 pesos por su trabajo y los diputados, un millón 145 mil 745.

Incluso, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, recibirá un pago anual de un millón 614 mil 680 pesos, al igual que los secretarios de las dependencias federales.

También a los encargados de los órganos autónomos se les redujo el salario a partir de 2019. Por ejemplo, pese a que no se especifica el monto para el de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ni para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los anexos se puntualiza que no podrá ser mayor a la del presidente.