La magistrada presidente de la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquivel Mossa, advirtió que México ha sido brutalmente lastimado por la corrupción, por lo que la sociedad ya no confía en sus instituciones y mira con recelo a los funcionarios públicos.

En la inauguración del Congreso Nacional Rumbo a la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, Esquivel Mossa, dijo que desgraciadamente el gobierno ha dejado de ser un instrumento socialmente útil.

“Pareciera transformarse en una pesada, costosa y abultada estructura que solamente sirve para generar corrupción e impunidad”.

Ante la titular de la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, y de Carlos Chaurand, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada afirmó que el Estado ha dejado de representar una respuesta a las añoranzas de bienestar.

“Se ha vuelto un pesado y costoso espectador social y económico de las personas que desconfían de sus autoridades”.

La impartidora de justicia asevero que el conjunto de la sociedad siente desconfianza de quienes están obligados por ley a brindarles seguridad en su vida, libertad y patrimonio.

Esquivel Mossa expresó que México atraviesa por momentos sumamente complejos y difíciles en la peor crisis de legitimidad por las que haya atravesado el Estado Mexicano, y considero que la legitimidad de los líderes políticos se encuentra sumamente deteriorada.

“Ya nadie cree en el Gobierno y pocas personas escuchan o ven lo que hace”, recalcó.

Por ello, demando cambiar la impunidad por justicia y la corrupción por rectitud. Cambiemos los escándalos y las capturas, por políticas y acciones efectivas para evitar saqueos y abusos de poder, y poder responder a la sociedad en forma efectiva y segura.

Asimismo, subrayó que hay que dejar atrás la etapa oscura de políticos enriquecidos de la nada para transformarla en un mañana, donde de nueva cuenta, la legalidad y la ética sean los motores del servicio público.

Desterremos la sospecha y la desconfianza hacia las instituciones, por una reorientación social de nuestro actuar, puntualizó.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ofrece un mensaje a medios

"Yo no estoy aquí por cargos", dijo Zaldívar, quien explicó que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos, "ese es mi único compromiso de tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros", dijo.

El mensaje se da en el marco de la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde el magistrado José Luis Vargas fue depuesto tras una votación de sus compañeros, quienes elegieron a Reyes Rodríguez en ese lugar.

Crisis en el Tribunal Electoral

Los cinco magistrados que depusieron a José Luis Vargas de la presidencia del órgano buscaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estabilidad para dar continuidad a los trabajos pendientes.

Los magistrados “rebeldes” solicitaron una audiencia con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, la cual les fue concedida de inmediato.

Zaldívar recibió en privado a la magistrada Janine Otálora y a los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata e Indalfer Infante, en un encuentro que duró dos horas y en el que se pidió privilegiar el bien del país, por encima de ambiciones personales.

Al menos hasta las 17:00 horas de ayer, José Luis Vargas declaró en entrevistas en radio que Zaldívar no le tomó la llamada.

El Magistrado José Luis Vargas informó que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea la instancia quien resuelva la crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La controversia del magistrado se da luego de que cinco magistrados del Tribunal Electoral votaran a favor de destituir al Magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Al respecto, dijo en entrevista con Aristegui Noticias, que la sesión fue ilegal y que no hay base jurídica para que Reyes Rodríguez asuma como presidente del Tribunal., además señaló que no hay una figura de remoción y que solo puede salir por causas como muerte o renuncia.

También reiteró que no hay pruebas en su contra y que los argumentos que fueron presentados en la sesión de ayer “carecen de verdad”.

“Si el hoy presidente (del Tribunal) tiene pruebas, pues que las presente, porque no ha presentado nada. Están generando una cortina de humo por cuestiones absurdas”.

Incluso, dijo, en caso de que los supuestos sean ciertos “existen los canales” para hacerlo, pero se “fueron por los cauces antijurídicos”, por lo anterior consideró José Luis Vargas que se trata de una acción “golpista” en su contra.

La Corte debe resolver esta crisis

Vargas Valdés señaló que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte y que ésta instancia decida quién es el presidente del Tribunal.

Al ser cuestionado sobre si el tema podía llevarse al Congreso, dijo que de hacerlo tendría más una magnitud política, por eso consideró que lo correcto era tratarlo ante la Corte.

“Creo que esa es la salida jurídica, soy un hombre de ley… si ya no hay condiciones para que esté en el Tribunal, hay vías jurídicas para hacerlo”.

José Luis Vargas señaló que los magistrados incurrieron en varios delitos como usurpación de funciones, obstrucción a la justicia y coalición de servidores públicos.

“Hay una usurpación de función, obstrucción a la justicia, un delito que se llama coalición de servidores públicos que es cuando varios funcionarios se unen para impedir que otro haga sus funciones… creo que se pueden resolver las cosas hablando y siempre bajo el cauce de la ley”.

“Me parece que no tienen validez los juicios que ayer resolvieron… nunca pensé que esto llegara a este extremo”.

También, fue cuestionado solo los señalamientos en su contra sobre supuesto lavado de dinero, al respecto contestó que no hay razón para las acusaciones en su contra y que Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera siempre ha tenido un interés particular en el Tribunal Electoral.

Por último, señaló que detrás de la crisis se ve de fondo una pugna por el poder del Tribunal.

“De fondo hay una lucha de poder vinculada con dos presidencias fallidas previas a la mía (Janine Otalora y Magistrado Fuentes) detrás de eso, evidentemente a mi modo de ver, una pugna por el poder del Tribunal, una pugna entre actores políticos y que son los grandes ganadores de este día, están saboreando la crisis institucional y eso debilita las garantías del Tribunal” en el contexto de dar validez a los procesos electorales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que durante sus primeros nueve meses de mandato el país se ha ahorrado 500.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares) gracias al combate a la corrupción y al plan de austeridad del Gobierno.

"Yo creo que llevamos ahorrados en nueve meses como 500.000 millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, pro no gobernar con lujos", expresó durante un mitin en un hospital del céntrico estado de Puebla.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que este ahorro significa que no hay "necesidad de aumentar impuestos, ni de crear impuestos nuevos, ni de que haya gasolinazos ni de endeudar el país".

López Obrador reprochó que la deuda heredada del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es tan alta que el país debe pagar este año 650.000 millones de pesos (32.360 millones de dólares) para pagar intereses de la deuda, una cifra equivalente al "presupuesto de seis años de Puebla".

"Ya no podemos seguir endeudando el país, se va a mantener. No vamos a incrementar esa deuda", aseguró el presidente.

Recordó que actualmente "ya no se permite la corrupción" y dijo que con los recursos ahorrados se financian programas sociales como pensiones para adultos mayores, ayudas a la discapacidad o becas para estudiantes.

"Nos ayuda mucho que no haya corrupción ni gastos superfluos", dijo el presidente, quien explicó que se ha reducido el sueldo a más de la mitad y ahora percibe 108.000 pesos mensuales (unos 5,400 dólares).

Además, explicó que hay una ley que impide que nadie dentro de la administración pública pueda ganar más que el presidente.

Recordó que el lujoso avión presidencial se encuentra en venta, ya no se pagan pensiones de cinco millones de pesos mensuales (250.000 dólares) a los expresidentes y se ha suprimido la atención sanitaria privada de 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares) para altos cargos públicos.

El combate a la corrupción y los privilegios fue una de las grandes banderas de López Obrador en la campaña electoral de 2018, aunque posteriormente descartó emprender acciones legales contra sus predecesores en el cargo.

El presidente presentará este domingo su primer informe presidencial ante el Congreso de México en el que rendirá cuentas de sus primeros nueve meses al frente del Gobierno mexicano. 

El tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana afirma que los dineros públicos son auditados por múltiples instancias, en ocasiones hasta simultáneamente, por lo que son difíciles de robar, sin embargo, cuando se trata de dinero de giros negros, la situación es muy diferente, pues los billetes circulan a libre demanda.

Entrevistado en el estudio de Cadena Noticias, Ricardo Chavarría explica que por eso se dio frecuentemente el cambio de funcionarios por ejemplo, en Inspección y Verificación, área conocida comúnmente como reglamentos.

Pero, ¿por qué no hay responsables en la cárcel y solo hubo despidos?

Responde que eran constantes las quejas contra los servidores públicos infieles a la administración, pero no hay quien se atreva a denunciarlos ante Sindicatura o el Ministerio Públicos, para darles seguimiento.

“Comprobar algo así es un poquito difícil, sí se les ha seguido un procedimiento, pero si no hay una denuncia no se les puede seguir procedimiento administrativo, a veces los vendedores lo comentan en pasillos, me bajaron una lana, esto, lo otro, pero ya cuando pide uno que el ciudadano vaya y ponga su denuncia a Sindicatura, no asiste la gente”.

Reconoce el tesorero que hay muchas leyendas negras, pero dice que oficialmente no se puede contabilizar. 

“Ha habido esfuerzos para controlar, pero nos rebasa, la única manera de abatir eso es denunciar, el ciudadano, ante Sindicatura. Cuando hay un ciudadano que se queja contra un inspector, por mal trato o que trata de sobornar, todos los casos los hemos mandado a Sindicatura, y no las presentan, menos los empresarios (presentan denuncias), estamos monitoreando y si hay una persona que presenta muchas quejas, las removemos.

“Se oyen muchas cosas sobre giros negros, pero nadie viene a denunciar. La leyenda negra dice que 20 mil dólares mensuales, que semanales, es lo que se oye entre pasillos, cuál es mi realidad, al menos no es mi área, lo poquito que conozco cuando ha habido queja de comerciante, los invitamos a pasar a Sindicatura y no quieren”, finaliza.

El hijo del líder de iglesias evangélicas Confraternice, con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido varias reuniones y les ha encargado repartir por el país la cartilla moral, cobra como coordinador de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que es asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre, Arturo Farela.

Además de Josué Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela, al menos otro hijo de uno de los líderes de Confraternice, Ricardo Camarero Salcedo, y el pastor Roberto Vital Pineda, aparecen en la nómina de Servidores de la Nación.

Farelas Pacheco es coordinador regional del programa de Servidores de la Nación, aunque la página de la dependencia no especifica en qué zona del país.

En lo que va de esta administración, Farela padre se ha reunido o ha asistido a eventos públicos con el presidente López Obrador al menos seis veces. En dos de esas ocasiones, Farelas hijo aparece en las fotos con López Obrador y su padre, aunque no está claro si asiste en calidad de líder religioso o como funcionario público. El 29 de marzo estuvo también en la Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas a la que asistieron la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los dirigentes de Confraternice.

En esa reunión Farelas Pacheco estuvo presente en calidad de asesor jurídico de Confraternice. Ahí, su padre le recordó a la secretaria Sánchez Cordero que en una reunión previa le había solicitado al presidente concesiones de radio y televisión para las iglesias evangélicas y éste le había dicho que buscarían la forma de que las obtuvieran.

El portal de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública tiene registrado a Josué Farelas en el apartado de “Servidores de la Nación”, con un sueldo bruto mensual de 73 mil 507 pesos.

Este es el sueldo que perciben los 259 coordinadores del programa para registrar a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, el salario más alto de entre los 18 mil servidores de la nación.

Según una nota del diario El Sol de México, Farelas Pacheco anunció en sus redes sociales que Confraternice habría acordado con el Instituto Nacional de Migración que los miembros de las iglesias de la asocación albergarían en sus casas a migrantes centroamericanos en el sur del país. El director del Inami, Francisco Garduño, confirmó al diario que el anuncio de Farelas Pacheco era cierto.

Farelas es licenciado en derecho por el Instituto de Desarrollo Jurídico en la Ciudad de México con cédula profesional de 2018, mismo año en que fue candidato a diputado federal de la circunscripción 4 de la Ciudad de México con el Partido Encuentro Social (PES).

Además de Farelas Pacheco hay al menos otros dos miembros de Confraternice en la nómina de la Secretaría de Bienestar.

Roberto José Vital Pineda, secretario nacional de Confraternice recibe un sueldo de 10 mil 217 pesos mensuales brutos como Servidor de la Nación.

Vital Pineda es pastor de la iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida en la Ciudad de México y uno de veinte líderes evangélicos que se reunieron con López Obrador en Palacio Nacional el 27 de marzo.

Ricardo Camarero Salcedo, hijo del tercer vicepresidente de Confraternice Ricardo Camarero Viniegra, también aparece en la nómina de la Secretaría de Bienestar con un sueldo bruto de 10 mil 217 pesos mensuales.

Sus padres, Camarero Viniegra y Maura Salcedo son los pastores y dirigentes de la Comunidad Cristiana Ministerios Ríos de Agua Viva, en Mexicali, Baja California. El hijo, Camarero Salcedo, también es pastor y en redes sociales se hace llamar Pastor Rick. En su cuenta de Facebook promueve lo mismo sus cursos de homilía que ofrece información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que sería parte de sus funciones como Servidor de la Nación.

Camarero Viniegra y Vital Pineda fueron parte de los 20 líderes de Confraternice que se reunieron el 13 de marzo con el presidente de la República, ocho miembros de su gabinete y Arturo y Josué Farelas, como lo presume la organización en su página de internet.