Este lunes el periódico estadounidense The New York Times dio a conocer que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México presuntamente han sido espiados por el Gobierno Federal con un software israelí llamado Pegasus, capaz de monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, que incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

De acuerdo con las investigaciones del diario estadounidense, las personas investigadas son los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

The New Times detalla que el gobierno mexicano ha gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa NSO Group, de origen israelí, desde 2011.

"La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo", detalla la investigación de Azam Ahmed y Nicole Perlroth.

El periódico estadounidense corroboró, con ayuda de analistas forenses independientes, que Pegasus ha sido utilizado para vigilar a críticos del gobierno y a sus familiares.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3, es uno de los afectados por el espionaje. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente.

La periodista Carmen Aristegui fue otro blanco de Pegasus: un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa.

Al ver la negativa de Aristegui para dar clic a esos enlaces, en marzo, los mensajes de texto le llegaron a Emilio, su hijo de 16 años.

The New York Times informó que el software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. 

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó que ordenó la apertura de una carpeta de investigación para determinar la procedencia de los documentos utilizados por el diario norteamericano The New York Times, en un trabajo que señala presuntos espionajes por parte de la institución, los cuales, aseguró, fueron falsificados.

Precisó que la investigación es en relación a la falsificación de documentos y que si en el avance de las indagatorias resulta implicado el medio norteamericano, harán lo conducente en la competencia que les corresponda o en la federación.

En conferencia de prensa en la sede de la fiscalía, la fiscal reiteró que dichos oficios no cuentan con la nomenclatura en los registros de la FGJ, por lo que no son oficiales.

“Son documentos apócrifos, es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por The New York Times no es verdadera y presumiblemente es falsificada”, señaló.

Ante esto, dijo que ordenó una investigación para “conocer el trasfondo” pues dijo que enviaron información aclaratoria que decidieron omitir, además de que, dijo, el tema por el presunto espionaje ya habían formado parte de una propaganda por parte de integrantes del PAN.

Refirió que Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega tramitaron amparos en este sentido pero fueron negados por el juez federal.

Dijo que los dos juicios interpuesto por Santiago Taboada fueron sobreseídos y afirmó que ocurría lo mismo con el que corresponde a Alessandra Rojo de la Vega.

Investigadores del Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusaron formalmente a Evan Gershkovich de espionaje, pero el reportero del Wall Street Journal negó los cargos y dijo que trabajaba como periodista, informaron el viernes agencias de noticias rusas.

El Servicio Federal de Seguridad, principal sucesor de la KGB de la era soviética, declaró el 30 de marzo que había detenido a Gershkovich en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, y había abierto un caso de espionaje contra el hombre de 31 años por recopilar lo que dijo eran secretos de Estado sobre el complejo militar industrial.

"Gershkovich ha sido acusado", dijo una fuente citada por Interfax. Se le acusa de espionaje.

TASS informó que los investigadores del SFS habían acusado formalmente a Gershkovich de realizar espionaje en interés de Estados Unidos, pero que Gershkovich había negado el cargo.

"Él negó categóricamente todas las acusaciones y afirmó que estaba involucrado en actividades periodísticas en Rusia", dijo TASS citando a una fuente no identificada.

La fuente de TASS declinó hacer más comentarios citando la naturaleza clasificada del caso.

"Hemos visto informaciones en medios de comunicación que indican que Evan ha sido acusado", dijo el Journal en un comunicado. "Como hemos dicho desde el principio, estos cargos son categóricamente falsos e injustificados, y seguimos exigiendo la liberación inmediata de Evan".

Gershkovich es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia por cargos de espionaje desde el final de la Guerra Fría.

El Kremlin dijo que Gershkovich había estado realizando espionaje "al amparo" del periodismo. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le dijo a Estados Unidos que Gershkovich fue atrapado "in fraganti" mientras intentaba obtener secretos.

Estados Unidos ha instado a Rusia a liberar a Gershkovich y ha tachado de ridículas las acusaciones rusas de espionaje. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

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Luego de conocerse que la Sedena espió a un defensor de derechos humanos en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de acciones de espionaje, sino de inteligencia e investigación que lleva el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no usar la fuerza.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje que es distinto, el Instituto de Inteligencia (CNI) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que no hay ninguna ilegalidad en el trabajo que realiza el CNI en conjunto con la SEDENA.

“Desde luego siempre están en contra de nosotros…. todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad.

Sedena no espía realiza labores de inteligencia: AMLO

Sobre las escuchas a un defensor de derechos humanos y tres periodistas, a través del malware Pegasus, el presidente López Obrador dijo que está informado del trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el CNI, que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada.

“Ese es el propósito, básicamente nada más que le quede claro nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de qué no íbamos a espiar a ningún opositor.

“El caso que está mencionando de este defensor de los derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes señalando lo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros”.

Reiteró que no hay ninguna hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor o a un periodista, porque independientemente de que es un acto de deshonestidad, de falta de principios que él mismo padeció durante muchos años, todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación.

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Este martes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su "profunda preocupación" por el espionaje que el Ejército mexicano a periodistas y activistas ha cometido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado", expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH en un pronunciamiento del organismo.

La ONU-DH se refirió al hackeo que hizo el grupo Guacamaya Leaks de miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la investigación periodística "Ejército Espía", que la semana pasada divulgaron que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Aunque el presidente ha afirmado que su gobierno "no espía a nadie", el organismo internacional advirtió que "es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares".

"Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa", agregó Fernández-Maldonado.

México, uno de las países más peligrosos para ser periodista

El espionaje a periodistas se revela mientras la prensa en México afronta una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización de México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, y las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.

"Los hechos conocidos corroboran la importancia de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas”, concluyó Fernández-Maldonado.

Antes, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina respondió a las declaraciones emitidas por el Jefe del Comando del Norte estadounidense, donde señala que el país es actualmente la más grande base de operaciones de las agencias de espionaje ruso.

AMLO indicó que es respetuoso a la manifestación de las ideas y por lo cual no señalará una postura por parte del Gobierno de México.

"No vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre", declaró el mandatario al ser abordado por los señalamientos de las autoridades estadounidenses.

También aclaró que en México no se le permitirá a nadie cometer crímenes, en relación a actividades ilícitas cometidas por extranjeros.

"No impedimos a nadie que quiera venir a nuestro país a hacer acciones legales. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite", sentenció el líder del ejecutivo.

Finalmente manifestó que México no es un país que se dedica al espionaje: "Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a ver qué están haciendo, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en eso".

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