El gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, vetó las reformas al código penal del Estado, en las que el Congreso había avalado despenalizar el exceso en la legítima defensa. El primer edil señaló: "La legítima defensa es un derecho de los ciudadanos para hacerle frente a una agresión inmediata, de forma racional y proporcional, y no debe verse como un pasaporte a la justicia". 

Señaló que con estas reformas del Congreso se podrían haber generado espacios de impunidad disfrazados de defensa propia. También se pensó en proteger a los menores y sus derechos, puesto que la reforma eliminaba el deber evitar ser lesionados por el agresor cuando éste se defendiera. "No dudamos de la buena intención de la legislación, pero consideramos que la redacción actual puede encerrar riesgos prácticos". 

Por su parte el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Rochín, informó que luego de un análisis y tras escuchar a distintos expertos en la materia, asociaciones de abogados, colegios y organismos especializados, determinó vetar la reforma y enviar al Congreso una serie de observaciones sobre el tema. La norma se votó el pasado 22 de junio con el voto de 18 de los 21 diputados.

Declaró que las modificaciones que hizo el Congreso al eliminar la penalización sobre el exceso, podrían traer consecuencias al ciudadano bajo distintos supuestos. 

Indicó que el gobernador en beneficio de los ciudadanos veto la promulgación para proteger un derecho de la ciudadanía. Explicó que tal como estaba la legislación protegía al ciudadano cuando involuntariamente hubiese incurrido en el exceso al defender un bien jurídico, la penalidad aplicada era menor. 

Con un aumento de casos de Covid-19 confirmados, de 200 hasta 400 diarios, y la identificación de tres variantes: Alfa, Delta y Gamma, Baja California Sur enfrenta el mayor repunte de contagios durante toda la pandemia, obligando a las autoridades a subir el nivel de alerta en el semáforo, a restringir actividades y a alistar una mayor disponibilidad de camas.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud, integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, acordó esta semana subir el semáforo a fase 5 “crítico”, uno antes del rojo, para los municipios de La Paz y el puerto turístico internacional de Los Cabos, que registra el mayor número de contagios y de ocupación hospitalaria.

Los municipios restantes: Comondú, Loreto y Mulegé permanecerán en color amarillo “riesgo alto”. Al 23 de junio se tenía un registro en la entidad de 2 mil 255 casos activos confirmados de Covid-19; sin embargo, la cifra real podría ser 30% mayor, es decir, cerca de 3 mil, confirmó el secretario de Salud estatal Víctor George Flores.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, el funcionario reconoció que la situación es crítica por el aumento acelerado de contagios y de hospitalizaciones, las cuales atribuyó a las aglomeraciones por las campañas electorales.

“Tenemos 295 pacientes hospitalizados y 117 intubados. Es el mayor número que registramos. Nunca habíamos tenido esta cifra. La situación es crítica”, expuso, al tiempo que refirió que el perfil de contagios cambió y hoy son jóvenes de 35 años; con hospitalizados de 45 años, en promedio, e intubados de 47 años.

Estimó que de mantener esta velocidad de contagios, se alcance hasta las 400 camas ocupadas en los distintos hospitales de la entidad en las próximas dos semanas, sobre todo en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que concentra 70% de la derechohabiencia.

Según el reporte de la Secretaría de Salud (Ssa), el estado cuenta con una disponibilidad de 369 camas, pero se han ocupado 286, lo que representa 78%.

George Flores expuso que se encuentran en proceso de reconversión de áreas para ampliar la disponibilidad de camas y han recibido apoyo de otras entidades. Arribaron hace unos días 20 médicos provenientes de Puebla para apoyar en Los Cabos.

Bajaron la guardia

Sobre las variantes del coronavirus identificadas en la entidad, informó que hay tres casos confirmados de Gamma (Brasil), uno de Alfa (Inglaterra) y uno de Delta (India), por lo que no se les considera una “circulación comunitaria”, aunque reconoció que se deben aplicar más pruebas, sobre todo en el municipio de Los Cabos, a fin de detectar si el incremento acelerado de contagios y en jóvenes, pudiera obedecer a esta última variante.

En opinión del secretario estatal, tanto la ciudadanía como el sector empresarial “bajaron la guardia”, especialmente durante las campañas.

Incluso refirió que el sector hotelero redujo considerablemente el número de pruebas que hacía a su personal para detectar oportunamente contagios.

De 4 mil que se hacían meses atrás cada semana, durante las campañas apenas realizaron 200 por semana, por lo que corresponde a las autoridades, y justificó que no tenían facultades para sancionar a los actores políticos en campaña y que las recomendaciones y llamados a la prudencia no fueron atendidos: “Parecía uno loco en el desierto. No nos hacían mucho caso”, lamentó.

Hasta el miércoles, Los Cabos presentaba el mayor registro de casos activos de Covid en la entidad, con mil 344, por ello se reconvirtieron dos hospitales, uno de la Secretaría de Salud y uno del IMSS sólo para atención Covid.

“Queremos decirle a la población que estamos trabajando para hacerle frente a la demanda hospitalaria, que los servicios están garantizados tanto hospitalarios, como de medicina familiar, pero es muy importante también hacer conciencia e incrementar las medidas de contención, la sana distancia para que disminuyan los contagios”, expresó el delegado del IMSS en la entidad, José Luis Ahuja Navarro.

En el caso de La Paz, el hospital principal del IMSS tiene aún capacidad para instalar más camas, y como medida auxiliar se habilitó otra área para 20 camas en la Clínica 34 de esta capital.

El nivel 5 de alerta en el estado mantiene suspendidas algunas actividades comerciales, como: florerías, salones de belleza, agencias de viaje, joyerías, actividades de culto, espacios deportivos (gimnasios e instalaciones), bibliotecas, museos, galerías, y la circulación peatonal en La Paz; las actividades turísticas, hoteles y restaurantes deberán reducir su aforo a 30%.

Desde hace días circula en internet una nota relativa a una supuesta reforma de ley que permite ejecutar, sin enfrentar un proceso penal, a quien invada nuestro hogar y represente un riesgo para nuestra salud, nuestra vida o nuestros bienes, extendiéndose a las personas que se encuentren con nosotros.

El abogado Jorge Acosta Márquez explica que la figura de legítima defensa siempre ha existido y que la nota que circula en redes sociales es falsa.

Si usted daña, lesiona o mata a un extraño en su casa, deberá demostrar ante la autoridad que se trató de legítima defensa, como parte de un proceso penal que a juicio de la autoridad, puede llevarse en libertad o en prisión.

“No hay tal reforma que se plante en medios de comunicación respecto al Código Penal Federal. Hay un proyecto del 2018 de la senadora del PRI Silvana Beltrones, pero como se trata de la oposición se encuentra en comisiones desde el 2018.

“Es una exclusión delito, si nosotros llegamos a hacerle un daño al perpetrador, se toma la legítima defensa para que no seamos perseguidos por ese delito, la propuesta de la senadora va en ampliar el daño que se puede dar al perpetrador, como lesiones o la privación de la vida”, explica.

En la sociedad hay quienes piden que la legítima defensa incluya el hogar, el negocio, comercio o incluso el automóvil.

“Cualquier cosa en donde un perpetrador quiera robarte, hacerte daño, a tu persona o quienes te acompañan o estés en un lugar donde tú defiendas a las personas”.

Quedó aprobada la figura de la legítima defensa en la reforma al Código Penal, lo cual permitirá que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, delincuente, o no) que atente contra la integridad física o bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente.

La propuesta fue votada por unanimidad, y permitirá que en el caso de algún asalto o robo con violencia, la víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y estará amparado por la Ley.

La diputada, Libia Dennise García Muñoz Ledo, integrante de la comisión, señaló que de acuerdo a la aprobación, quien se encuentre en su domicilio podrá repeler la agresión.

“Cuando un intruso llegue a una casa habitación, quien esté en la casa pueda repeler esa agresión, de cualquier manera bajo cualquier circunstancia y utilizando los mecanismos o los elementos que tenga a la mano y de ninguna manera puede ser imputado penalmente”.

García Muñoz Ledo aclaró que la iniciativa aprobada solamente garantiza la legítima defensa en viviendas y no en negocios o automóviles propiedad de la víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda aplicar a los negocios y vehículos.

“La figura aplica solamente para casas habitación, es únicamente el domicilio donde habitamos pero incluye todo a la redonda, es decir nuestro patio, nuestro jardín, azotea, bardas, todo lo que es el contexto de la casa habitación”, señaló.

TAMBIÉN VA PARA POLICÍAS

Aquellos policías que entran a los domicilios aprovechándose del uniforme y cometan abuso de autoridad y allanen domicilios para robar, no quedan exentos de la Ley, ya que se podrá obrar de igual forma.

“La gran ventaja de esta reforma es que cuando ingresen a tu domicilio con la finalidad de agredirte, se podrá utilizar cualquier mecanismo de defensa, así sea un supuesto policía que entre a robar o agredirte”.

Luego de estar 11 años en prisión por haber asesinado a su pareja en defensa propia, Yamel consiguió su libertad anticipada esta semana y abandonó el Centro de Readaptación Social de Baja California donde estaba recluida.

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL) logró la liberación de la mujer, quien fue sentenciada a 16 años de prisión por asesinar al mismo hombre que la agredía constantemente y la atacaba verbal, física y psicológicamente.

Según la ONG, Yamel vivió cuatro años de violencia de género con su agresor y al menos una vez debió ser internada en un hospital para atender sus heridas.

Aunque la joven denunció esta situación en un ministerio público, las autoridades rechazaron su declaración porque "no tenía suficientes golpes", por lo que le fue imposible romper el círculo de la violencia.

Posteriormente, después de que la joven se defendió de su pareja para salvarse a ella y a sus tres hijos, un juez la envió a la cárcel por el delito de homicidio calificado en relación de parentesco no consanguíneo, sin tomar en cuenta su contexto y la vulnerabilidad que enfrentaba.

Tras la liberación de Yamel, AsiLegal comentó que este caso "marca una pauta en torno la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Baja California, se trata de una victoria prácticamente anunciada.

Los acuerdos probatorios logrados entre fiscalía, defensa y representante del Cereso, consiguieron una audiencia fluida y cómoda en la que cada una de las partes actúa con buena fe para promover lo que, a fin de cuentas, todos quieren y que pronuncia con palabras finales la juez de ejecución: ‘Salga y diga que la reinserción social sí existe’".

 Este sábado, una jornada violenta dejó como saldo cuatro personas asesinadas en distintos hechos, en Baja California Sur, según informó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

Hacia la medianoche, un grupo de hombres, a bordo de un vehículo dispararon a la entrada de un bar en Ciudad Constitución, en el norteño municipio de Comondú, y resultó muerto uno de los guardias de seguridad del establecimiento.

El hombre fue identificado, contaba con 24 años, originario de Michoacán, informó la PGJE. El sitio fue acordonado y comenzaron las indagatorias.

Antes, hacia las 22:35 –hora local- dos hombres fueron asesinados en La Paz, en las calles Luis Donaldo Colosio y México, muy cerca del Centro de Reinserción Social (Cereso).

Sujetos armados irrumpieron en un domicilio y dispararon contra dos hombres, uno de ellos falleció en el lugar y el otro fue trasladado a recibir atención de emergencia; no obstante, murió en el hospital.

Autoridades informaron que los occisos fueron identificados, contaban con 32 años y 34, originarios de Ciudad Constitución y del estado de Jalisco, respectivamente.

En Los Cabos, también se registró un homicidio, en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, hacia las 21:00 horas, en las calles Bravo y Ejido.

Sujetos armados irrumpieron en un domicilio y dispararon contra un hombre, quien contaba con 22 años, originario de Sinaloa.

Baja California Sur registra desde 2014 un repunte en los homicidios considerados de algo impacto, con huellas de la delincuencia organizada. A la fecha la cifra supera los 800 homicidios en estas condiciones, cerca de 300 de ellos cometidos en el último año en Los Cabos.