El senador Francisco Búrquez Valenzuela (PAN) llamó a los tres precandidatos presidenciales a impulsar que los partidos políticos que los respaldan a que en el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones, de febrero a abril, sus bancadas deroguen el fuero en todos los niveles, incluido el del Presidente de la República.

Afirmó que todos en México deben ser iguales ante la ley y, en ese sentido, el fuero no se justifica, por el contrario, constituye un manto de impunidad de quienes en el ejercicio de sus funciones pudieron haber transgredido el estado de Derecho.

"Vamos a ver de qué cuero están hechos José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, si están decididos a actuar contra la corrupción o son puro pico", señaló el senador de Acción Nacional.

Afirmó que ante el descrédito de la clase política, lo que se requiere es un debate de hechos, y que no sólo hablen de su disposición por los cambios: que influyan para en el periodo de sesiones de febrero a abril, las bancadas de sus partidos acaben con el fuero.

Recordó que junto con otros senadores, presentó una iniciativa que se ha quedado atorada en comisiones, a fin de que al Presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, incluso varios años después de haber dejado el cargo, como a cualquier ciudadano, expuso.

"Este es el momento en que tenemos que cuestionar a los candidatos --López Obrador, Anaya Cortés, Meade Kuribreña-- sobre la posición que habrá de asumir respecto del fuero al cargo de Presidente de la República".

En ese sentido, en entrevista, Francisco Búrquez Valenzuela emplazó a los pre candidato "que pidan a sus bancadas abordar el tema y aprobarlo en el Congreso en el periodo de sesiones de febrero a abril", y así que realicen su campaña presidencial con acciones, no con promesas que se las lleva el viento. Y subrayó que este país no puede funcionar con políticos ricos y privilegiados y ciudadanos pobres.

De igual forma, dijo, se debe derogar el fuero para senadores, diputados federales y locales, así como para gobernadores y cualquier otro servidor público que no necesita de esta protección para cumplir con su encargo.

Subrayó: "Lanzo la propuesta a los precandidatos para que le respondan a México".

 El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que este viernes se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Acción de Inconstitucionalidad firmada por 43 senadores contra la Ley de Seguridad Interior.

Dijo que acudirá a la SCJN junto con el coordinador senatorial del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, y el senador Ernesto Ruffo Appel, quien ha recabado las firmas de los senadores panistas que rechazan esta ley.

"Hasta el momento se han reunido 43 firmas", dijo Luis Sánchez, al confirmar que será presentado este recurso a fin de que los ministros anulen la totalidad de los ordenamientos que regulan la acción de las fuerzas armadas en la seguridad interior.

Se requiere de un mínimo de senadores 43 de 128 senadores para promover la acción de inconstitucionalidad contra una ley.

 La nueva Ley de Seguridad Interior es la mano dura que busca el Gobierno Federal luego de su fracaso en sus políticas públicas y de seguridad pública, afirmó el Senador Marco Antonio Blázquez Salinas.

El senador del Partido del Trabajo dijo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la ley por ser claramente violatoria a la Constitución.

La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales y nacionales pidieron al Estado Mexicano que no aprobaran esta nueva ley por poner en riesgo los derechos humanos de la población civil.

No obstante fue aprobada por la mayoría del PRI, PES, PANAL, PVEM y los caldenoristas del PAN.

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, el 5 de enero.

El recurso, del que se hará cargo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, deberá ser sometido a un análisis, para el cual se solicitarán los informes correspondientes y después se dará a conocer si la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado para la resolución.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa (Morena), dijo que la Ley de Seguridad Interior invade competencias de los municipios y no resuelve la situación de inseguridad en el país. Fue "un gran avance" que la Corte admitiera la controversia. "Tenemos muy claro que se intenta hacer a un lado a gobiernos municipales", afirmó.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, informó que su bancada y la del PT pasaron a firma de sus integrantes la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Corte.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en contra del decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior.

El municipio demanda la inconstitucionalidad del decreto, publicado el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que violenta de manera flagrante su autonomía.

El expediente de la demanda, que señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación, fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Como instructor del procedimiento, Pardo Rebolledo deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite.

A 18 días de que venza el plazo para que sean presentadas las acciones de inconstitucionalidad anunciadas en contra de la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no las ha recibido, de acuerdo con el ministro presidente, Luis María Aguilar.

"Quiero mencionar que, pese a que se señala en los medios que se presentarán acciones de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, no han sido presentadas hasta este momento", aseguró Aguilar, durante el inicio del periodo de sesiones 2108.

Debido a que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley el pasado 21 de diciembre de 2017 y que se cuenta con 30 días naturales para presentar las impugnaciones, el plazo vence el 20 de enero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Luis Raúl González Pérez, y organismos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de la entrada en vigor de la ley y anunciaron que promoverían acciones para prevenir que se vulneren las garantías individuales de los mexicanos.

Los organismos defensores de los derechos humanos han señalado que existe ambigüedad en la presentación del texto, con lo que se provocaría la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier actividad, en tanto sea calificada como riesgo a la seguridad interior.

Antes de iniciar la sesión y de enumerar los pendientes del segundo periodo de sesiones del año pasado, el ministro presidente Aguilar Morales pidió que se guardara un minuto de silencio en memoria del ministro Carlos de Silva Nava, quien falleció la mañana de este martes.

Enseguida, el ministro enlistó temas que la Corte de Justicia verificará a partir de este primer día hábil en que inicia el primer periodo, como que se verificará si el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) incurrió en una repetición de un acto reclamado.

También se pronunciarán sobre la ley reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, y de un amparo en revisión.

Revisión fuero militar. También mencionó como otros asuntos pendientes como el alcance del fuero militar, las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugnan normas locales por ser contrarias según el argumento a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal y, por último, en el ámbito municipal, la validez de las normas que facultan a los tribunales locales para destituir a los integrantes de un ayuntamiento por incumplimiento de sentencias.

"Quiero reiterar que sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja.

"Para que el Derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla y por eso la ley, por su naturaleza, puede ser exigida coactivamente, sancionando al que no la cumple", aseguró Aguilar Morales al finalizar el recuento de los pendientes en la Corte.