México inicia el año 2018 sumergido en la batalla electoral más grande, costosa y fiscalizada de su historia en la que se renovarán la presidencia, el Congreso y autoridades en 30 estados y con la incógnita de un eventual triunfo de la oposición más radical de las últimas dos décadas.

El nuevo presidente mexicano heredará un país marcado por las mayores cotas de violencia en décadas, la persistente desigualdad social, la corrupción institucional y el desprestigio de la clase política, entre otros problemas.

La conflictiva relación con Estados Unidos por los continuos desplantes del presidente Donald Trump, la incertidumbre del resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o el impacto económico de la reforma fiscal aprobada por el Congreso estadounidense constituyen otro factor de enorme trascendencia para el futuro del país.

Los comicios del 1 de julio convocarán a las urnas a 87,8 millones de ciudadanos de los que 1,4 millones serán responsables de operar las 156.000 mesas de votación que se prevé funcionarán en la jornada.

El proceso electoral se puso en marcha el pasado 16 de septiembre y cerró el año en plena precampaña que culminará el 11 de febrero cuando los partidos formalizarán los nombres de sus candidatos a los 3.407 cargos que estarán en juego.

México definirá en estos comicios su camino a la segunda década del siglo XXI al elegir el presidente del país para el periodo 2018-2024, a 628 miembros del Congreso de la Unión, y autoridades en 30 estados, como gobernadores, diputados y ayuntamientos.

El presupuesto de este proceso alcanza los 1.217 millones de dólares, el más grande de la historia solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización y financiación de los partidos políticos registrados.

Buena parte del presupuesto será destinado por los partidos políticos para financiar los casi 59 millones de anuncios en radio y televisión para captar las preferencias de los ciudadanos.

El INE ha tomado medidas para que estos comicios tan concurridos sean asimismo los más fiscalizados de la historia para evitar que los candidatos rebasen los topes financieros legales establecidos para sus actividades políticas.

La contienda por la presidencia se dará fundamentalmente entre los tres candidatos que encabezan las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

López Obrador, considerado el más férreo y tenaz opositor de las últimas dos décadas, será candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

López Obrador cerró el 2017 como el principal favorito en las encuestas, aunque lo mismo le ocurrió en 2006, ganadas por Felipe Calderón (PAN), y en 2012, cuando perdió ante Enrique Peña Nieto (PRI).

Anaya va como candidato de la coalición Por México al Frente formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Meade, el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene los apoyos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Nueva Alianza (NA).

Entre los independientes luchan por estar en la papeleta Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León; Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón; Armando Ríos Pitter, senador; Edgar Portillo, María de Jesús Patricio, candidata de los indígenas, y Pedro Ferriz, comunicador.

Las precampañas transcurrirán del 14 de diciembre al 11 de febrero; la campaña irá del 30 de marzo al 27 de junio, cuando llegará el silencio previo a la votación de 87,8 millones.

A nivel local se votará para elegir a 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno, 972 diputados locales, 1.597 ayuntamientos, 184 concejales y 16 alcaldías; para un total de 3.407 cargos de elección.

La Ciudad de México es la entidad con la mayor lista nominal (11,1 millones) y sus votantes serán los que más papeletas cruzarán, con siete: presidente, senadores, diputados, jefe de gobierno, alcalde, diputado local y concejales.

El excandidato presidencial en el 2000, Francisco Labastida aseguró en una entrevista que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ayudó con votos para que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en las elecciones de 2018.

“En las elecciones del 18 el PRI ayudó a que López Orador tuviera más votos”, señaló.

En entrevista con Carmen Aristegui, Labastida, atribuyó que la falta de acciones contra Enrique Peña Nieto es solo respuesta a “favores” que el expresidente le hizo a AMLO en las elecciones de 2018.

“Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello… si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos…. que quiere decir, que lo ayudaron a que ganara con más votos ”, dijo Labastida.

“En consecuencia (AMLO) está correspondiendo los servicios que le han prestado''.

“Hay que decirlo, no debemos cometer el crimen del silencio”.

Señaló que Enrique Peña Nieto debe "explicar de dónde sacó tanto dinero, de los grandes actos de corrupción de Pemex, pero me parece que es conveniente saberlo".

Esta semana se dio a conocer en un reportaje de El País que Enrique Peña Nieto compró un local comercial en una zona exclusiva de Madrid que tiene un valor aproximado a los 10.5 millones de pesos.

Para Labastida se trata de un pacto explícito, ya que el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, dijo que tenía “el beneplácito del presidente en funciones (Enrique Peña Nieto) y del presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) y dice además traigo 300 millones de pesos para mi campaña, no se metan contra mi”.

Sobre las polémicas en las que se ha envuelto Alejandro Moreno, dijo que “por alguna razón se reveló” y “le juega a que lo van a apoyar los partidos con los que tiene un acuerdo, de los cuales mutuamente desconfía- no hago mas que decir lo que le dice su gente de confianza- hoy el mundo lo sabe todo, está muy comunicado”. 

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Uno de los dos candidatos a la dirigencia nacional del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador de ese partido, estuvo en el puerto de Ensenada de cara a la elección interna que celebrarán el próximo 11 de noviembre

Esperanzados y sacando fuerzas de flaqueza los panistas ensenadenses tras la pasada derrota electoral escucharon las promesas del que pretende ser su líder

“Quiero tener un contacto con el panismo, saber qué es lo que piensan qué es lo que sienten, qué es lo que están viendo en el partido, qué quieren que se corrija dentro del partido, tener contacto directo con los militantes de Acción Nacional para tener un mensaje claro, el PAN no es de las cúpulas, no es de los grupos de poder, el PAN es de los militantes”, les dijo a sus correligionarios.

Cansados de ser siempre “moneda de cambio”, por lo que llevan derrota tras derrota al imponerles candidatos externos o del PRD, los panistas de Ensenada le expusieron a Gómez Morín su desazón. 

“Tenemos que acabar con las negociaciones cupulares que han provocado que los militantes ya no son los que eligen a sus candidatos, y que ha provocado también que militantes que participan con la eventual aspiración de ser candidatos no lo puedan hacer, entonces afecta de manera muy severa a la vida interna del partido y tiene consecuencias graves como las que hemos visto aquí”.

Les prometió que el PAN no será más una agencia de colocaciones, que para las próximas elecciones en BC llegará con una cara nueva, otra actitud y sin alianzas con otros partidos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó por unanimidad el recuento total de votos en la elección para gobernador de Puebla, tras dar la razón a Morena respecto a que no hay certeza sobre los resultados de las casillas.

Establecieron que los recuentos en 20 de 26 consejos distritales arrojaron datos inconsistentes y por ello, "de manera evidentemente excepcional", indicó la magistrada presidenta, Janine Otálora, procede recontar la totalidad de la votación recibida. 

La resolución se da ante la cerrada diferencia de 4.04% de votos entre Martha Érika Alonso (PAN-PRD), declarada gobernadora electa, y Miguel Barbosa (Morena, PT y PES).

El voto por voto se realizará el 24 de septiembre.

El proceso electoral de 2018 fue el más violento en la historia de México y en ese contexto la impunidad, la falta de transparencia, la violencia de género y la desconfianza institucional abonan a la alta incidencia de delitos electorales.

Así lo concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) según el estudio "Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos", en el que la organización analizó las cifras de incidencia delictiva, la violencia electoral de género, la actividad judicial desde 1997 al 2017 en materia de delitos electorales y las capacidades y respuestas institucionales ante estas conductas.

Durante la presentación del estudio Francisco Rivas, presidente del ONC, explicó que de 774 agresiones a candidatos durante el proceso electoral de 2018, el 23.5% fueron contra mujeres y 152 se trató de asesinatos; 19 de ellos eran mujeres quienes murieron a manos de comandos armados.

Rivas enfatizó que en la legislación mexicana no está tipificado el delito de violencia electoral por razones de género, lo que provoca un vacío que abona a los casos que quedan en impunidad.

"En México, la violencia política en contra de las mujeres, al no estar tipificada cae en un vacío legal que se está generando desde la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad de género en los partidos. Esto acaba debilitando la respuesta institucional y constriñe el actuar de la Fepade y otras fiscalías en la procuración de justicia", agregó.

El 51% de las agresiones registradas en el pasado proceso electoral se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Edomex, Veracruz y el Golfo de México.

Rivas advirtió que pocas carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales son judicializadas y la impunidad puede derivar en la consolidación de otra forma de delincuencia organizada. "Algunos delitos electorales lo que hacen es consolidar un sistema de corrupción y de delincuencia organizada", alertó.

"Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros", refirió.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Héctor Díaz Santana, explicó que en dicha unidad laboran 350 funcionarios que atienden un aproximado de ocho mil casos y reconoció que sí hay rezago pero que para finales de este año confía en la reducción del mismo.

"En México se habla sobre una baja judicialización y la cifra de sentencias condenatorias por cada una de las denuncias y carpetas de investigación que se presentan, de acuerdo con Guillermo Zepeda, es menor al 2%, pero en el ámbito de la Fepade andamos en el 12% de judicialización y el 7% en sentencias condenatorias", puntualizó.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) interpuso un nuevo recurso de reconsideración, para recuperar seis diputados locales por el principio de representación proporcional, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que perdió 10 legisladores plurinominales y sólo le restituyeron cuatro, para la 60 Legislatura mexiquense que entrará en funciones el próximo 5 de septiembre.

Ricardo Moreno Bastida, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), informó que este 25 de agosto por la tarde, acudieron ante la citada sala del Tribunal Electoral Federal, para fundamentar y pedir la reconsideración de obtener seis diputaciones que de forma indebida fueron otorgadas para "favorecer artificialmente a otros partidos políticos".

Las seis diputaciones plurinominales que reclama Morena, fueron otorgadas por autoridades electorales dos al Partido Acción Nacional (PAN), una al Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) recibió 2 y una el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), indicó Ricardo Moreno.

De acuerdo a la votación del 1 de julio, Morena en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, obtuvieron 42 diputaciones locales, el PRI una y el PAN 2.

El 9 de julio el Consejo general del IEEM asignó a Morena 10 diputados, "pese a que nos correspondían 13" por el principio de representación proporcional, apuntó Ricardo Moreno. Con lo que los morenistas en coalición con PT y PES sumaron 52 curules, cifra que representaba el 69% de las 75 diputaciones locales.

Mayoría absoluta que fue impugnada por partidos diversos partidos, como el PAN. Tras lo cual el 10 de agosto, autoridades del Tribunal Electoral notificaron a Morena la sentencia JDCL/434/2018 "por la que ilegalmente determinaron despojar a Morena de las 10 diputaciones por el principio de representación proporcional, determinando que a Morena no le correspondían diputados por este principio", aseveró Ricardo Moreno.

Al apelar, Morena logró el 22 de agosto, recuperar 4 de los 10 diputados plurinominales, por lo que este 25 de agosto volvió a acudir a tribunales electorales, ahora federales para argumentar su derecho de recuperar seis curules más, porque al habérselas quitado "se perjudica la voluntad popular y se devalúa el voto emitido a favor de Morena", que en el Estado de México obtuvo más del 50% de la votación.

Diputados por partido en el Edomex

Morena-PT-PES = 46

PRI 12

PAN 10

PRD 4

PVEM 3

TOTAL 75

FUENTE: IEEM al 26 de agosto del 2018.