La Cámara de Diputados gastó más de 11 millones 143 mil pesos en la rehabilitación, adecuación, mantenimiento y remodelación de los estacionamientos y algunas oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Estas adecuaciones son distintas a las que se realizan por las afectaciones que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre, que afectó principalmente el edificio H de la sede de la Cámara de Diputados.

La primera licitación para rehabilitar y adecuar los estacionamientos fue ganada por la empresa JG Construcción Supervisión y Mantenimiento, S.A. de C.V., y fue por un monto de 8 millones 560 mil 550 pesos.

El segundo concurso, para el mantenimiento y remodelación de oficinas administrativas, legislativas y áreas comunes, también fue obtenido por JG Construcción Supervisión y Mantenimiento, S.A. de C.V., y en esta ocasión fue por 2 millones 583 mil 359 pesos.

Para la rehabilitación y adecuación de los estacionamientos y oficinas la empresa que ganó la licitación debe tomar precauciones para evitar dañar los inmuebles, equipos e instalaciones.

En caso contrario, la reparación de los daños deberá correr por cuenta de la compañía en los términos de las garantías otorgadas.

A pesar de la crisis financiera en la que se recibió el estado, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), ejercerá más de 890 millones de pesos en obra pública.

La titular de la SIDURT, Karen Postlethwaite, informó que la mayor inversión se destinará a las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Detalló que los recursos se destinarán a obras de pavimentación, así como de infraestructura hospitalaria, educativa y de justicia.

"El gobierno que encabeza el gobernador Jaime Bonilla, está enfocado en realizar obras de verdadero impacto positivo para los bajacalifornianos", señaló.

Explicó que el inicio de la gestión se destinaron 312 millones de pesos para la SIDURT, sin embargo, el Congreso autorizó una ampliación presupuestal de 580 millones de pesos.

Comentó que este recurso significa más que lo que la pasada administración destinó a obra pública en el último año de la gestión.

La funcionaria estatal reiteró que le están dando prioridad a proyectos de obra que beneficien al mayor número de bajacalifornianos.

Los 500 legisladores que integran la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, incluidos los del bloque de la Cuarta Transformación, recibirán para fin de año una bolsa por 164 millones de pesos para pagar sus dietas, aguinaldo y apoyos legislativos.

El acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, firmado el 25 de septiembre del año pasado, indica que cada legislador recibirá en total 328 mil pesos para esta Navidad.

Así, por su dieta mensual cada diputado federal obtendrá 74 mil 672 pesos y otros 140 mil 504 pesos de aguinaldo, que representan ingresos personales y directos.

De manera paralela, a cada uno se le depositarán, antes del 15 de diciembre, 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa, 28 mil 772 pesos para labores de atención ciudadana y 38 mil 363 pesos por concepto de apoyo de fin de año.

Los Diputados locales de la XXIII Legislatura encontraron un Congreso vacío, cerrado, sin personal, con sillas rotas, paredes con huecos, sin recursos económicos y “hasta las plantas se llevaron” los representantes populares salientes.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la presente legislatura, Aracely Geraldo Núñez narró entre risas que no encontraron nada el día que llegaron a tomar protesta como Diputados, “llegamos a Mexicali y nos dijeron que el Congreso estaba cerrado, que no había nadie en administración, ni nada”.

Los congresistas salientes no les llamaron para iniciar un proceso de transición como lo marca la Ley, “el día de la toma de protesta no sabíamos nada, ni l ahora ni nada”, pero a pesar de ello iniciaron con sus labores legislativas.

Debido a las condiciones en las que dejaron las oficinas que deberían de utilizar para laborar, decidieron sortear los espacios para que fuera la suerte quien estuviera encargada de la designación, “algunos querían heredar las oficinas de sus antecesores del mismo partido, y por eso preferimos sortearlas”.

Respecto a las decoraciones de las referidas oficinas recordó, “como dice mi amiga Monserrat (Caballero) hasta las plantas se llevaron”.

El mal estado de las calles de Ensenada ha obligado a que algunas personas, con sus propios recursos hagan trabajos de bacheo.

Tal es el caso de los integrantes de un centro de rehabilitación y un grupo de poblanos que llegaron a la ciudad en busca de una mejor oportunidad de vida.

Desde hace semanas, se les puede ver en diversos puntos de la ciudad, bacheando y pidiendo una cooperación a cambio.La respuesta de la comunidad hasta el momento, ha sido favorable.

El periférico en diferentes zonas, la avenida México, Diamante y Delante son algunas de los sitios que han bacheado; también en la zona sur, sin embargo, ahí no han obtenido tanto apoyo.

Inician desde temprano o ya cuando el tránsito vehicular ha disminuido y al día siguiente, colocan el anuncio de "bacheo voluntario".

Los que llegaron desde Puebla, manifestaron que han visto que el gobierno no se ha preocupado por tener en buenas condiciones las calles, por lo que vieron la oportunidad de obtener algún medio de susbsistencia y beneficiar a los conductores.

Cabe destacar, que este día el gobierno municipal reanudó las labores de bacheo en tres puntos de la ciudad; Reforma entre 11 y Bronce; Pedro Loyola y Estancia, así como en el Blvd. Esmeralda y Pedro Loyola.

El Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada (CICE) encabezado por Fabián René Ibarra López y el diputado federal Armando Reyes Ledesma coincidieron en la urgencia de rehabilitar el llamado “Tramo de la Muerte” y la construcción de la vía alterna a la Carretera Escénica de cuota Tijuana-Ensenada.

Durante una reunión ambas partes plantearon la urgencia de acabar con el peligro para la seguridad vial que representa el mal estado del llamado “Tramo de la muerte” que une el norte del poblado Chapultepec y la delegación de Maneadero, donde continuamente se suscitan accidentes automovilísticos donde han muerto varias personas.

Reyes Ledesma reconoció la urgencia de modernizar esa vía, sin embargo, aseguró que no se tiene conocimiento de que el Gobierno del Estado, la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, ni el municipio, cuenten con el proyecto ejecutivo para gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos para su ejecución.

Otro tema que abordaron los integrantes del CICE y el legislador federal fue la necesidad de construir la vía alterna a la carretera escénica para evitar la creación de un cuello de botella en el tráfico vehicular entre Tijuana y Ensenada ante un eventual derrumbe como el ocurrido en el 29 de diciembre de 2013.

En aquella ocasión el tráfico de vehículos se vio entorpecido al habilitar la carretera libre para el tránsito de transporte de carga y de pasajeros, situación que elevó los costos y además se registraron más de 150 accidentes y 17 muertes debido a que el aforo vehicular aumentó a 12 mil carros diarios.

Los ingenieros civiles encabezados por Ibarra López aprovecharon el encuentro para solicitar a Reyes Ledesma que investigue si existen recursos autorizados para dar continuidad a la construcción de una planta desaladora y las obras de almacenamiento, conducción y distribución para llevar el agua hasta los residentes del Valle de San Quintín.

El CICE puso a disposición del legislador y del gobierno lo necesario en materia de ingeniería para realizar o complementar proyectos ejecutivos en proceso para que se puedan dar de alta los proyectos prioritarios ante la SHCP y obtener los folios que permitan que se le destinen los recursos en el presente ejercicio fiscal o se consideren en el presupuesto de egresos del próximo año.

Reyes Ledesma informó el trabajo de gestión de los legisladores ahora es más complicado ya que los recursos del Ramo 23 que antes los diputados federales podían etiquetar a discreción fueron cancelados y para lograr una entrevista con los secretarios de estado o funcionarios federales deben seguir un protocolo “institucional” que incluye llenar una ficha donde se tienen que anotar los asuntos