La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por unanimidad que los policías puedan revisar a personas y vehículos sin previa autorización judicial; además, por mayoría de votos declaró constitucional la revisión forzosa cuando las personas no quieran someterse a ella.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a elementos policiales realizar revisiones de personas y vehículos sin una orden de un juez, por considerar que se transgrede los derechos a la libertad de personas y tránsito.

Al respecto, el ministro Javier Laynez Potisek propuso considerar infundados los argumentos de la CNDH y su proyecto fue aprobado de manera unánime.

El ministro Laynez dijo que las inspecciones policiales constituyen controles preventivos y provisionales autorizados al amparo de la prevención y persecución de delitos.

Rubén Francisco Pérez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, informó que desde 2015 han recibido mil 617 denuncias por detenciones arbitrarias en el país.

Aseguró que acatan la norma, pero preocupa que su aplicación "pueda derivar en detenciones arbitrarias o irregulares de parte de cuerpos policiales".

Por parte de Derechos Humanos se reveló que la investigación para dar a conocer si hubo omisión por parte de la autoridad en la detención y uso de fuerza en el caso de Jorge Luis Cabrera, quien murió después del arresto frente a un domicilio en la zona de Residencial Margaritas, se encuentra en la recta final, sin embargo a la fecha no se ha podido fincar una responsabilidad.

“La institución cuenta con diversas recomendaciones, recordemos Rosas Magallón, casos de tortura, hay un historial en las instituciones de seguridad, se tiene que cumplir con los tiempos y procesos”, detalló Miguel Ángel Mora Marrufo.

Dentro del primer trimestre de este año en el caso de la Secretaria de Seguridad Ciudadana se cuentan ya con más de 50 expedientes de investigación, en donde mayormente son con base en detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza pública.

“En el 2020-2021 hubo una baja importante de apertura de expedientes derivada de la pandemia, en donde los ciudadanos no salían a las calles”, mencionó Miguel Ángel Mora.

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En el marco de la celebración de los 30 años de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, el Presidente de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo expuso que es preocupante las detenciones arbitrarias en México. 

Detalló que durante el 2020 se contabilizaron 191 expedientes de queja quiere decir alrededor del 10 por ciento de quejas que apertura la Comisión de Derechos Humanos tienen que ver con detención arbitraria. 

"El objetivo es que al final de la celebración y actividades podamos tener un documento que recoja todas estas experiencias y que le permita a la institución seguir mejorando fortaleciendo sus capacidades en sus actuaciones y cada vez aterrizar con mayor sentido los temas que investigamos precisamente en cada uno de los expedientes" expresó Mora 

Destacó que es importante asegurar los derechos de seguridad social de los policías porque la intención es no criminalizar a los policías en un contexto tan complejo como el que se vive en Baja California, sobretodo de violencia como se vive en Tijuana.

Mora Marrufo indicó que se requiere fortalecer capacidades no solamente tácticas o físicas si no habilidades de la vida para manejar momentos de estrés. 

"Una detención o cuando se enfrentan a una persona que está cometiendo un delito y la vulnerabilidad como en cada una de las violaciones a derechos humanos afecta a ciertas poblaciones como en este caso a personas jóvenes o mujeres" apuntó.

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El gobernador Jaime Bonilla dijo que en la detención de manifestantes en la caseta de cuota de Playas de Tijuana, las fuerzas federales “parece que iban por el ‘Chapo’ Guzmán”.

Reiteró su petición de que renuncie Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transporte por usar la fuerza policiaca contra ciudadanos de Baja California.

“Es un priísta o ex priista, incrustado en el gabinete” presidencial, sostuvo el gobernador Bonilla.

Aseguró que la lucha apenas empieza porque el gobierno del Estado va por la liberación de esa caseta para que no paguen los residentes de Playas de Tijuana.

Otra vez acusó a la Guardia Nacional de actuar con abuso en contra de los derechos humanos de ciudadanos.

Hijos del mitote público, puchenle "red boton" porque mi pecho no es bodega y tengo mucho que contarles.