La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el desechamiento de la acción de inconstitucionalidad promovida por el partido Movimiento Ciudadano contra la Ley de Seguridad Interior.

Tres de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Corte decidieron revocar el acuerdo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo emitido en enero pasado, con el que desechó por notoriamente improcedente la acción del partido político.

Los dos ministros que votaron contra la decisión fueron el propio Pardo y José Ramón Cossío Díaz, único integrante del Máximo Tribunal que se ha pronunciado abiertamente en contra de que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública.

En su desechamiento, el ministro Pardo argumentó que los partidos políticos únicamente pueden demandar la invalidez de leyes electorales.

"En el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que en la especie, no se reclaman normas de naturaleza electoral, por lo que los accionantes no pueden intentar este medio de control de constitucionalidad actualizándose el supuesto de improcedencia", resolvió entonces el ministro.

Por ello, el MC presentó un recurso de reclamación en el que la mayoría de los integrantes de la Primera Sala consideraron que los argumentos del partido son fundados para que el ministro Pardo continúe conociendo de la impugnación que promovió contra la LSI.

Dicha norma, promulgada en diciembre de 2017 ha sido impugnada también mediante amparos, 16 de ellos fueron resueltos por el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y la juez Noveno de Distrito del estado de Guanajuato, quienes consideraron que algunos de sus artículos son inconstitucionales.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la concentración de todos los amparos pendientes contra la LSI en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en materia Administrativa de la CDMX para evitar sentencias contradictorias.

Pero el juez Decimosegundo de Distrito deberá esperar a que la SCJN dicte sentencia en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas contra la LSI para resolver todos los amparos que se acumulen, conforme al criterio que emita el Máximo Tribunal.

La aprobación de la Ley de Seguridad para policías en el estado, es un tema de justicia social, aunque debe ser analizada para saber si es necesario hacerle adecuaciones, estimó el policía en retiro y representante de oficiales en Ensenada, Jesús Luna Lezama.

Indicó, que el manejo de los recursos y control de los mecanismos de control y confianza, podrían ser de las adecuaciones que se pudieran hacer.

Respecto a la seguridad social, señaló que es un tema de justicia social pues se establecen beneficios para policías de todo el estado, a excepción de Ensenada, que está considerado en el reglamento.

“La controversia que se pudiera generar es el tiempo de retiro, pues en este municipio es de 25 años de trabajo; y desde hace tiempo se goza del beneficio de pensiones y seguridad social, por lo que se tendrá que analizar cómo quedó”, comentó.

Finalmente, comunicó que la nueva Ley debe incluir seguridad social para cuando es motivo de contagio, lo que vemos ahora es muy necesario puesto que es evidente que la salud de los policías y su vida ha sido expuesta.

Luego de que la nueva Ley de Seguridad se aprobara en la Comisiones de Seguridad del Congreso del Estado por los diputado de la XXIII Legislatura, se espera que esta, sea presentada en el pleno del Congreso y se convierta en ley, al ser publicada en el Diario Oficial.

Así lo manifestó Alejandro Monreal Noriega, Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California, quien encabeza el movimiento de exigir prestaciones laborales para todos los agentes de las diferentes corporaciones policiacas en Baja California.

Esta ley prevé beneficios y apoyos para los agentes, que van desde servicios médicos, jubilación, seguro de vida.

Además de cambiar el artículo del cambio de adscripción, que era utilizado por los jefes para castigar y sancionar a los agentes, cambiando de ciudad a los agentes a manera de represalia. 

El siguiente paso es que los ayuntamientos y el Fiscal a qué reglamenten, porque si no el  tema va a regresar del 2018, como fue cuando se reformó 131 ley de seguridad pública del estado hubo 20 millones en una bolsa para accesar, y nunca reglamentaron ni ayuntamiento, ni fiscalía, entonces no queremos que regrese ese fantasma cuando acaba de aprobar el Secretario Hacienda 400 millones de pesos para nuestras prestaciones, entonces ya no hay pretexto para que reglamenten hay dinero y hay Ley para que hagan su trabajo los Ayuntamientos y la Fiscalía". Comentó Alejandro Monreal Noriega.

El proceso de amparo para suspender el proyecto C5-I en Baja California podría extenderse hasta finales de este 2019 reconoció Juan Manuel Hernández Niebla Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en el estado.

El recurso presentado en septiembre de 2018 cumplió ya 9 meses sin que se haya tomado una decisión de suspender o no este proyecto. El recurso recordó Hernández Niebla se promovió por presuntas irregularidades en los costos del equipo, por parte de la empresa.

Al momento afirmó que el Gobierno del Estado ha realizado dos pagos que ascienden a 19 millones de pesos para continuar la construcción del C5-I en la entidad.

Con el compromiso de lograr que los jóvenes de Baja California adopten una cultura de seguridad en materia de prevención de accidentes vehiculares y así vivir en un entorno seguro y sano, el Instituto de la Juventud, fortalece el programa “Joven, Hoy Conduzco Seguro”, con el cual se exime a los jóvenes de entre 16 y 24 años edad el pago del 100% de los derechos que se generan por la expedición de las licencias de conducir por primera vez.

El Director del Instituto de la Juventud de Baja California, Eduardo Beltrán Espinoza, comentó que en esta Administración estatal, en la última etapa del programa se estima que 8 mil jóvenes realicen el trámite de su licencia vehicular y con ello cerrar el compromiso de concluir con 30 mil beneficiados que habrán aprovechado la oportunidad de obtener su licencia de conducir por primera vez y sin costo alguno, de acuerdo al Decreto enunciado por el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, mediante el cual se tiene la finalidad de lograr que los jóvenes manejen de forma segura y dentro del marco de la ley.

Mencionó que el programa estatal se lleva a cabo con la coordinación de la Secretaría de Salud; el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Baja California (COEPRA); así como de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (SSPM), además de la Policía Federal, quienes en conjunto imparten un curso a los jóvenes con una duración de 15 horas, dividido en los temas de Reglamento de Tránsito, Manejo Defensivo, los 7 factores de riesgo en seguridad vial y el Manual del Conductor; además de aprender el procedimiento para hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP).

El titular de Juventud BC, Beltrán Espinoza, señaló que, para poder obtener los beneficios de la licencia de conducir gratuita, por medio de este programa social, los jóvenes deberán cumplir con una serie de requisitos entre los que se encuentran tener de 16 a 24 años edad, comprobar con identificación vigente ser estudiante de nivel medio superior o superior; llenar la solicitud de inscripción a través de internet en la página www.coeprabc.com ; realizar la prueba que compruebe los conocimientos adquiridos durante el curso, así como un examen de manejo para conocer sus habilidades y destrezas en el campo de acción vial.

Las licencias de conducir, para los menores de edad, únicamente tendrán vigencia hasta que cumplan la mayoría de edad; y en lo que respecta para los jóvenes de 18 años en adelante podrán recibir su licencia de conductor con vigencia de hasta cinco años, en la Recaudación de Rentas a través una vez que hayan recibido la constancia de la capacitación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, la cual regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia.

Nueve de los 11 ministros votaron contra la ley, al argumentar que el Congreso no tiene facultades para legislar en esa materia.

Luego de que el martes pasado seis ministros se pronunciaron en contra, en la sesión de este jueves Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien elaboró el proyecto, estuvo a favor y la ministra Margarita Luna no votó porque tuvo que acudir a una comisión, pero habló antes en contra, al igual que sus compañeros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el presidente de la Corte Luis María Aguilar y José Fernando Franco González Salas.

Tras la votación, el ministro Eduardo Medina Mora se encargará de redactar la sentencia conforme a las posturas expresadas por sus compañeros en las tres sesiones en las que se analizó la norma.

Cuando esté lista la sentencia, será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial para conocer de la inconstitucionalidad de la ley.

Desde que se publicó, el 21 de diciembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto no hizo uso de la Ley de Seguridad Interior, debido a que fue impugnada.