El gobierno de México refrendó a la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA), la absoluta apertura y disposición de la administración del presidente, Enrique Peña Nieto, para que realicen sus actividades en nuestro país en el presente proceso electoral, las cuales contribuyen a la transparencia y certidumbre.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el encargado de la política interior de México, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo un encuentro con Leonel Fernández, Jefe de la Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de Estados Americanos, en donde conversaron sobre temas de seguridad e igualdad de género en la contienda electoral y el impacto de las redes sociales en democracia.

El Jefe de la Misión de Observadores de la OEA reconoció esta apertura, al facilitar a instancias internacionales presenciar el desarrollo de los comicios.

La Misión de la OEA está integrada por un equipo multidisciplinario de especialistas en materia electoral de diferentes naciones, quienes visitarán distintas regiones de nuestro país para desarrollar actividades de observación, en estricto apego a las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral.

Además, acompañaron al titular de esta dependencia, la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación, Javier Omar Rodríguez Alarcón y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo García Benavente.

Leonel Fernández fue presidente de la República Dominicana y anteriormente fue Jefe de la Misión de Observadores de la OEA para la elección de 2017 en Ecuador.

Desde 1962, la OEA ha desplegado más de 240 Misiones de Observación Electoral en 27 países. Esta será la cuarta ocasión en la que se desplieguen una Misión de Visitantes Extranjeros en México.

El excandidato presidencial en el 2000, Francisco Labastida aseguró en una entrevista que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ayudó con votos para que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en las elecciones de 2018.

“En las elecciones del 18 el PRI ayudó a que López Orador tuviera más votos”, señaló.

En entrevista con Carmen Aristegui, Labastida, atribuyó que la falta de acciones contra Enrique Peña Nieto es solo respuesta a “favores” que el expresidente le hizo a AMLO en las elecciones de 2018.

“Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello… si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos…. que quiere decir, que lo ayudaron a que ganara con más votos ”, dijo Labastida.

“En consecuencia (AMLO) está correspondiendo los servicios que le han prestado''.

“Hay que decirlo, no debemos cometer el crimen del silencio”.

Señaló que Enrique Peña Nieto debe "explicar de dónde sacó tanto dinero, de los grandes actos de corrupción de Pemex, pero me parece que es conveniente saberlo".

Esta semana se dio a conocer en un reportaje de El País que Enrique Peña Nieto compró un local comercial en una zona exclusiva de Madrid que tiene un valor aproximado a los 10.5 millones de pesos.

Para Labastida se trata de un pacto explícito, ya que el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, dijo que tenía “el beneplácito del presidente en funciones (Enrique Peña Nieto) y del presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) y dice además traigo 300 millones de pesos para mi campaña, no se metan contra mi”.

Sobre las polémicas en las que se ha envuelto Alejandro Moreno, dijo que “por alguna razón se reveló” y “le juega a que lo van a apoyar los partidos con los que tiene un acuerdo, de los cuales mutuamente desconfía- no hago mas que decir lo que le dice su gente de confianza- hoy el mundo lo sabe todo, está muy comunicado”. 

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadena_noticias | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

Uno de los dos candidatos a la dirigencia nacional del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador de ese partido, estuvo en el puerto de Ensenada de cara a la elección interna que celebrarán el próximo 11 de noviembre

Esperanzados y sacando fuerzas de flaqueza los panistas ensenadenses tras la pasada derrota electoral escucharon las promesas del que pretende ser su líder

“Quiero tener un contacto con el panismo, saber qué es lo que piensan qué es lo que sienten, qué es lo que están viendo en el partido, qué quieren que se corrija dentro del partido, tener contacto directo con los militantes de Acción Nacional para tener un mensaje claro, el PAN no es de las cúpulas, no es de los grupos de poder, el PAN es de los militantes”, les dijo a sus correligionarios.

Cansados de ser siempre “moneda de cambio”, por lo que llevan derrota tras derrota al imponerles candidatos externos o del PRD, los panistas de Ensenada le expusieron a Gómez Morín su desazón. 

“Tenemos que acabar con las negociaciones cupulares que han provocado que los militantes ya no son los que eligen a sus candidatos, y que ha provocado también que militantes que participan con la eventual aspiración de ser candidatos no lo puedan hacer, entonces afecta de manera muy severa a la vida interna del partido y tiene consecuencias graves como las que hemos visto aquí”.

Les prometió que el PAN no será más una agencia de colocaciones, que para las próximas elecciones en BC llegará con una cara nueva, otra actitud y sin alianzas con otros partidos.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó ante senadores que el gobierno federal no deja crisis política, económica ni social.

Al comparecer por el 6to Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Navarrete Prida indicó que a días de que termine el sexenio se tiene un país con gobernabilidad democrática.

"Este gobierno no deja crisis política, económica ni social; por el contrario (...) a poco tiempo de que concluya el gobierno del presidente Peña Nieto, hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen internacional sólida, con finanzas sanas y con una economía estable", dijo.

A su vez, senadores de la República reprobaron al gobierno en materia de seguridad y violación de derechos humanos, entre otros.

En la comparecencia de Navarrete Prida, legisladores de Morena, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social señalaron que las acciones de combate a la inseguridad, implementadas por el actual gobierno no funcionaron e incluso llevaron a un incremento en el número de delitos. 

Se le cuestionó al funcionario federal el por qué no se ha detenido al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, así como el número de presos políticos que existen en el país.

El secretario de Gobernación reconoció que a pesar de intensos esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública aún son enormes.

"Los niveles de violencia alcanzados en algunas regiones del país exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios de la seguridad para las familias de nuestro país", aseveró.

Defendió, sin embargo, que el gobierno federal ha sido sensible al reclamo ciudadano de mayor seguridad y ha estado comprometido con el combate a la inseguridad que preocupa y ofende a los mexicanos.

Al referirse al caso de César Duarte, subrayó que hay al menos 12 solicitudes de detención con fines de extradición al gobierno de Estados Unidos; sin embargo, de acuerdo con la ley mexicana, el delito por el cual se le acusa le permite seguir su caso en libertad.

El delito, aseguró, no responde a una detención inmediata y con fines de extradición.

Hora y media después de lo programado, Navarrete arrancó con la comparecencia en la que se desglosó el último informe de labores de la actual administración.

Con un salón que apenas cumplió la asistencia correspondiente, el encargado de la política interna del país advirtió que su trabajo ha sido garantizar la gobernabilidad, estabilidad política, así como la paz social y prueba de que ello existe en el país es, dijo, el proceso electoral del pasado 1 de julio y sus resultados.

La actual administración, añadió, ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos, como la vía de transformación del país.

En cuanto al tema de la inseguridad, justificó que la violencia del país tiene causas multifactoriales, asociadas, muchas de ellas, con factores externos. La presente administración, mencionó, buscó fortalecer las instituciones de seguridad, para lo cual destinó 82 mil millones de pesos, 25% más que la pasada administración.

Cristóbal Arias (Morena) cuestionó: "¿En qué momento se jodió México?", parafraseando a uno de los personajes del escritor Mario Vargas Llosa.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó por unanimidad el recuento total de votos en la elección para gobernador de Puebla, tras dar la razón a Morena respecto a que no hay certeza sobre los resultados de las casillas.

Establecieron que los recuentos en 20 de 26 consejos distritales arrojaron datos inconsistentes y por ello, "de manera evidentemente excepcional", indicó la magistrada presidenta, Janine Otálora, procede recontar la totalidad de la votación recibida. 

La resolución se da ante la cerrada diferencia de 4.04% de votos entre Martha Érika Alonso (PAN-PRD), declarada gobernadora electa, y Miguel Barbosa (Morena, PT y PES).

El voto por voto se realizará el 24 de septiembre.

El proceso electoral de 2018 fue el más violento en la historia de México y en ese contexto la impunidad, la falta de transparencia, la violencia de género y la desconfianza institucional abonan a la alta incidencia de delitos electorales.

Así lo concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) según el estudio "Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos", en el que la organización analizó las cifras de incidencia delictiva, la violencia electoral de género, la actividad judicial desde 1997 al 2017 en materia de delitos electorales y las capacidades y respuestas institucionales ante estas conductas.

Durante la presentación del estudio Francisco Rivas, presidente del ONC, explicó que de 774 agresiones a candidatos durante el proceso electoral de 2018, el 23.5% fueron contra mujeres y 152 se trató de asesinatos; 19 de ellos eran mujeres quienes murieron a manos de comandos armados.

Rivas enfatizó que en la legislación mexicana no está tipificado el delito de violencia electoral por razones de género, lo que provoca un vacío que abona a los casos que quedan en impunidad.

"En México, la violencia política en contra de las mujeres, al no estar tipificada cae en un vacío legal que se está generando desde la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad de género en los partidos. Esto acaba debilitando la respuesta institucional y constriñe el actuar de la Fepade y otras fiscalías en la procuración de justicia", agregó.

El 51% de las agresiones registradas en el pasado proceso electoral se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Edomex, Veracruz y el Golfo de México.

Rivas advirtió que pocas carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales son judicializadas y la impunidad puede derivar en la consolidación de otra forma de delincuencia organizada. "Algunos delitos electorales lo que hacen es consolidar un sistema de corrupción y de delincuencia organizada", alertó.

"Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros", refirió.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Héctor Díaz Santana, explicó que en dicha unidad laboran 350 funcionarios que atienden un aproximado de ocho mil casos y reconoció que sí hay rezago pero que para finales de este año confía en la reducción del mismo.

"En México se habla sobre una baja judicialización y la cifra de sentencias condenatorias por cada una de las denuncias y carpetas de investigación que se presentan, de acuerdo con Guillermo Zepeda, es menor al 2%, pero en el ámbito de la Fepade andamos en el 12% de judicialización y el 7% en sentencias condenatorias", puntualizó.