La iniciativa Verificado 2018 lanzó un número de Whatsapp para que los ciudadanos reenvíen los mensajes, cadenas o imágenes que divulguen información electoral y que quieran que sea verificada.

"El Whatsapp no solo sirve para reenviar buenos deseos de Piolín; también lo puedes usar para mandarnos todos los videos y mensajes con información electoral que te lleguen", dice uno de los mensajes.

El número de celular para escribir es 55 1245 5032, te piden que lo agregues como contacto y comiences a enviarles las cadenas que deseas que sean verificadas. Sólo se responderá a las consultas realizadas, pues no mandarán spam.

"Ayúdanos a viralizar la información veraz", dice uno de los dos videos con los que se invita a la población a sumarse a la estrategia para combatir las fake news.

En el segundo video son las "tías" quienes quieren romper con el estereotipo de mandar notas falsas y memes de Piolín pues las cadenas falsas también son enviadas por tíos, jefes, primos, etc.

"Nosotras las tías estamos hartas de que se nos encasille, que nos estereotipen. Siempre dicen que somos las que enviamos las cadenas falsas en WhatsApp. Dicen que es típico de nosotras llenar los chats familiares de alertas inventadas, teorías de la conspiración y esos horribles memes de Piolín".

Ya que no enviarán información no solicitada, te invitan a revisar su estado cada día. Si tienes interés en el tema, mándales mensaje y te enviarán la información para que la puedas compartir entre tus contactos.

Tras mandarles el primer mensaje en Whatsapp, te responden con un: "Gracias por escribirnos, para estar al día con las verificaciones guarda nuestro número en tu celular y consulta nuestros estados de WhatsApp todos los días".

Además, en su información de contacto aparecen sus redes sociales y los horarios en los que laboran.

El excandidato presidencial en el 2000, Francisco Labastida aseguró en una entrevista que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ayudó con votos para que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en las elecciones de 2018.

“En las elecciones del 18 el PRI ayudó a que López Orador tuviera más votos”, señaló.

En entrevista con Carmen Aristegui, Labastida, atribuyó que la falta de acciones contra Enrique Peña Nieto es solo respuesta a “favores” que el expresidente le hizo a AMLO en las elecciones de 2018.

“Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello… si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saque más votos…. que quiere decir, que lo ayudaron a que ganara con más votos ”, dijo Labastida.

“En consecuencia (AMLO) está correspondiendo los servicios que le han prestado''.

“Hay que decirlo, no debemos cometer el crimen del silencio”.

Señaló que Enrique Peña Nieto debe "explicar de dónde sacó tanto dinero, de los grandes actos de corrupción de Pemex, pero me parece que es conveniente saberlo".

Esta semana se dio a conocer en un reportaje de El País que Enrique Peña Nieto compró un local comercial en una zona exclusiva de Madrid que tiene un valor aproximado a los 10.5 millones de pesos.

Para Labastida se trata de un pacto explícito, ya que el actual presidente del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, dijo que tenía “el beneplácito del presidente en funciones (Enrique Peña Nieto) y del presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) y dice además traigo 300 millones de pesos para mi campaña, no se metan contra mi”.

Sobre las polémicas en las que se ha envuelto Alejandro Moreno, dijo que “por alguna razón se reveló” y “le juega a que lo van a apoyar los partidos con los que tiene un acuerdo, de los cuales mutuamente desconfía- no hago mas que decir lo que le dice su gente de confianza- hoy el mundo lo sabe todo, está muy comunicado”. 

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Apareció en el Periódico Oficial del Estado la declaratoria de necesidad para otorgar en concesión el establecimiento, operación y funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes a la atmósfera de automotores en circulación en los siete municipios de la entidad.

El plazo para las personas o empresas interesadas en participar en la licitación, pueden presentar su documentación y propuesta del lunes 26 de julio al viernes 30 del mismo mes.

LA HISTORIA

Durante la administración del entonces gobernador Héctor Osuna Jaime, se emitió el primer decreto para la instalación de centros de verificación en el estado, pero fue hasta la administración de Francisco Vega de La Madrid que se instalaron y entraron en operación.

Funcionaron durante ése periodo de gobierno, hasta iniciar el año 2020 en que feneció la concesión. Desde ése momento dejó de ser obligatoria la verificación vehicular para refrendar tarjetas de circulación o dar de alta vehículos y han permanecido cerrados, por no contar con sustento legal para funcionar.

Con esta convocatoria se establecen las bases para nuevamente instalar centros de verificación y proceder al control de emisiones contaminantes en los vehículos.

El programa de verificación ambiental vehicular de Francisco Vega tuvo un mínimo impacto en el mejoramiento de la calidad del aire en la entidad, debido a que estuvo dirigido a automóviles nacionales y debidamente importados al país, dejando fuera los llamados "auto chocolate", transporte público, que tiene un uso intensivo, por el elevado número de horas que trabaja, así como equipos y maquinarias del ramo de la construcción, que son altamente contaminantes, igualmente por las horas que trabajan diariamente.

Uno de los dos candidatos a la dirigencia nacional del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador de ese partido, estuvo en el puerto de Ensenada de cara a la elección interna que celebrarán el próximo 11 de noviembre

Esperanzados y sacando fuerzas de flaqueza los panistas ensenadenses tras la pasada derrota electoral escucharon las promesas del que pretende ser su líder

“Quiero tener un contacto con el panismo, saber qué es lo que piensan qué es lo que sienten, qué es lo que están viendo en el partido, qué quieren que se corrija dentro del partido, tener contacto directo con los militantes de Acción Nacional para tener un mensaje claro, el PAN no es de las cúpulas, no es de los grupos de poder, el PAN es de los militantes”, les dijo a sus correligionarios.

Cansados de ser siempre “moneda de cambio”, por lo que llevan derrota tras derrota al imponerles candidatos externos o del PRD, los panistas de Ensenada le expusieron a Gómez Morín su desazón. 

“Tenemos que acabar con las negociaciones cupulares que han provocado que los militantes ya no son los que eligen a sus candidatos, y que ha provocado también que militantes que participan con la eventual aspiración de ser candidatos no lo puedan hacer, entonces afecta de manera muy severa a la vida interna del partido y tiene consecuencias graves como las que hemos visto aquí”.

Les prometió que el PAN no será más una agencia de colocaciones, que para las próximas elecciones en BC llegará con una cara nueva, otra actitud y sin alianzas con otros partidos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó por unanimidad el recuento total de votos en la elección para gobernador de Puebla, tras dar la razón a Morena respecto a que no hay certeza sobre los resultados de las casillas.

Establecieron que los recuentos en 20 de 26 consejos distritales arrojaron datos inconsistentes y por ello, "de manera evidentemente excepcional", indicó la magistrada presidenta, Janine Otálora, procede recontar la totalidad de la votación recibida. 

La resolución se da ante la cerrada diferencia de 4.04% de votos entre Martha Érika Alonso (PAN-PRD), declarada gobernadora electa, y Miguel Barbosa (Morena, PT y PES).

El voto por voto se realizará el 24 de septiembre.

El proceso electoral de 2018 fue el más violento en la historia de México y en ese contexto la impunidad, la falta de transparencia, la violencia de género y la desconfianza institucional abonan a la alta incidencia de delitos electorales.

Así lo concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) según el estudio "Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos", en el que la organización analizó las cifras de incidencia delictiva, la violencia electoral de género, la actividad judicial desde 1997 al 2017 en materia de delitos electorales y las capacidades y respuestas institucionales ante estas conductas.

Durante la presentación del estudio Francisco Rivas, presidente del ONC, explicó que de 774 agresiones a candidatos durante el proceso electoral de 2018, el 23.5% fueron contra mujeres y 152 se trató de asesinatos; 19 de ellos eran mujeres quienes murieron a manos de comandos armados.

Rivas enfatizó que en la legislación mexicana no está tipificado el delito de violencia electoral por razones de género, lo que provoca un vacío que abona a los casos que quedan en impunidad.

"En México, la violencia política en contra de las mujeres, al no estar tipificada cae en un vacío legal que se está generando desde la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad de género en los partidos. Esto acaba debilitando la respuesta institucional y constriñe el actuar de la Fepade y otras fiscalías en la procuración de justicia", agregó.

El 51% de las agresiones registradas en el pasado proceso electoral se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Edomex, Veracruz y el Golfo de México.

Rivas advirtió que pocas carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales son judicializadas y la impunidad puede derivar en la consolidación de otra forma de delincuencia organizada. "Algunos delitos electorales lo que hacen es consolidar un sistema de corrupción y de delincuencia organizada", alertó.

"Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros", refirió.

Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Héctor Díaz Santana, explicó que en dicha unidad laboran 350 funcionarios que atienden un aproximado de ocho mil casos y reconoció que sí hay rezago pero que para finales de este año confía en la reducción del mismo.

"En México se habla sobre una baja judicialización y la cifra de sentencias condenatorias por cada una de las denuncias y carpetas de investigación que se presentan, de acuerdo con Guillermo Zepeda, es menor al 2%, pero en el ámbito de la Fepade andamos en el 12% de judicialización y el 7% en sentencias condenatorias", puntualizó.