Ley de Austeridad Republicana, ¿qué propone?
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó al pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, que implicaría reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos.
Así, de acuerdo con el documento, la austeridad, como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz, comprende:
- La reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
- La incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro.
- Además, contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
- Evitar el engrosamiento del aparato burocrático, es decir, desarrollar las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
- El Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, los cuales deberán estar plenamente justificados.
- Restringir a los casos estrictamente justificados, por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores.
- Los escoltas no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
- Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
- Los vehículos sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
- Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
- Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público.
- Prohibir la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
- Se establecerán reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.
- Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica.
- Así como combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
- Prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes.
- No se podrán constituir fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
Propuesta por los legisladores de Morena, la Ley de Austeridad reconoce como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público.
"La conducción del proceso de transformación democrática cuyos cimientos estamos preparando, pasa por la limitación de la opulencia en el ejercicio del gasto público", destaca.
La austeridad, refiere, permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado, y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos.
El propósito es hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos, subraya.
"Establecer la austeridad de Estado se funda en la necesidad de canalizar los recursos presupuestales, que hoy se malgastan, a las decisiones sociales fundamentales que impulsen el desarrollo productivo en beneficio de los que más lo necesitan".
Un país con altos índices de pobreza como México, no puede dilapidar sus recursos económicos en la alta burocracia, llena de prebendas y privilegios, por lo tanto, debemos poner un alto a esta práctica que denigra la función pública.