Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, demandó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el reconocimiento de su inocencia.

Mediante un litigio ventilado en juzgados federales, Salinas solicitó al Comité de Transparencia del CJF que publique un desplegado donde reconozca que desde diciembre de 2014 fue confirmada su exoneración por parte del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito por enriquecimiento ilícito de más de 224 millones de pesos.

En el amparo también solicitó acceso al expediente de este juicio del que fue absuelto, sin embargo, se le indicó que sí puede verlo pero no está permitido reproducirlo por ningún medio.

Debido al requerimiento de publicar un desplegado que emitió directamente al CJF, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el pasado 28 de agosto, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales afirmó que la solicitud debía ser atendida primero por un tribunal colegiado.

La acusación de la que Salinas fue exonerado se refiere a la supuesta compra de 41 propiedades, en nueve estados, sin poder justificar el origen del dinero con el que habría realizado las adquisiciones.

Desde julio de 2013 fue exonerado por el juez de la causa, quien además ordenó devolverle los bienes que le habían sido asegurados desde 1996.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció ante la Fiscalía General de la República a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari por actos de corrupción.

En la denuncia presentada el 11 de agosto, Lozoya implica a Peña Nieto en sobornos, compra de votos a legisladores y financiamiento ilegal de campaña política; a Calderón, en sobornos para la compra de Etileno XXI, y a Salinas, en tráfico de influencias para facilitar contratos a su hijo.

En los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, señala a 18 personas, entre ellas cinco exsenadores panistas que, dice, lo "extorsionaron" por 50 millones de dólares para votar por las reformas estructurales, y Ricardo Anaya, excandidato presidencial, por recibir 6 millones de pesos.

Calderón afirmó este miércoles por la noche que el manejo "ilegal y mediático" del caso confirma que Lozoya es usado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como instrumento de venganza y persecución política.

José Antonio Meade, señalado por la compra de Etileno XXI, indicó que ayudó a que Lozoya fuera llevado a la justicia y aseguró que está localizable si las autoridades lo requieren.

La FGR inició una investigación por la filtración del documento.

* LOS SEÑALADOS EN CADENA DE SOBORNOS

En la denuncia que el exdirector de Pemex presentó ante la FGR dio los siguientes nombres:

Enrique Peña Nieto

Felipe Calderón Hinojosa

Carlos Salinas de Gortari

Luis Videgaray Caso

José Antonio Meade

José Antonio González Anaya

Carlos Treviño Medina

Rafael Caraveo

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Francisco Domínguez Servién

Salvador Vega Casillas

Jorge Luis Lavalle Maury

David Penchyna Grub

Ernesto Cordero Arroyo

Ricardo Anaya Cortés

Osiris Hernández

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cabildean para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejen el periodo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, en cinco años.

El columnista del periódico El Universal, Raúl Rodríguez Cortés, en su publicación de hoy en este diario de circulación nacional, titulada “Los influyentes cabilderos que desfilan por la Corte”, asegura que hay “un cabildeo brutal que a favor de Bonilla se realiza desde el gobierno de la 4T sobre las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, pero también desde el PRI sobre los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena”.

El columnista agrega: “Lo sorprendente son los nombres de los principales cabilderos según confiaron a esta columna fuentes de las ponencias de dos ministros, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari”.

Continúa “La ministra en retiro asistió con la representación presidencial a la toma de posesión de Bonilla Valdez el primero de noviembre del 2019. Después de la ceremonia se reunió en privado con el gobernador. Sobre el encuentro se filtró un video en que la secretaria de Gobernación entre abrazos y sonrisas consideró legal que el mandatario bajacaliforniano tuviera un período de cincos años. De entonces a la fecha se ha inferido que Sánchez Cordero está a favor de la Ley Bonilla”.

Raúl Rodríguez Cortés añade: El cabildeo de Salinas tendría una primera explicación por los sólidos vínculos que Bonilla ha tenido con priístas cercanos al expresidente. Varios están en su equipo de trabajo. Su representante en la Ciudad de México, Fernando Castro Trenti, muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, es uno. Otro es su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien ayer —el lunes— difundió un video en el que, con gran soberbia, parece burlarse de la Corte, le tira “línea”, para que avalen una ley que, dijo, fue decisión soberana del Congreso bajacaliforniano y como único argumento esgrimió que en estos tiempos de pandemia no están las cosas para gastar en nuevas elecciones”.

Otra explicación podría ser que Salinas apuntala una decisión que sabe resultará costosísima para AMLO y su gobierno, porque abriría la “caja de Pandora” al sugerir que es posible armar todo tipo de maniobras reeleccionistas , pero, sobre todo, al trampear la voluntad popular expresada en las urnas y torpedear la normalidad democrática. Sin exagerar en la Corte se libra la madre de todas las batallas político-electorales”.