El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila perteneciente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó que derivado del programa de austeridad, han sido liquidados dos mil 40 colaboradores que estaban contratados en el régimen de honorarios.

El mayor número de liquidaciones, mil 122, corresponde a personal legislativo; 486, tenían puestos en 84 comisiones; 56, laboraban para los grupos parlamentarios, y 181 estuvieron en posiciones administrativas.

En el ámbito de mandos medios y superiores, fueron liquidados 155 personas, y en el espacio operativo de confianza se liquidó siete puestos de trabajo, señaló Monreal Ávila.

Con la promesa de recibir su pago de liquidación o un avance, acudieron hoy 250 ex empleados de la empresa Imperial Toy a lo que fuera su trabajo, en vano, porque no hubo respuesta.

El Licenciado Daniel Pérez Escobar quien lleva la gestión de su liquidación no se presentó atender a los ex empleados. Padres de familia con sus hijos y personas de la tercera edad se presentaron en el lugar. 

"Si él acude el lunes no vamos a poder venir porque trabajamos así que esto me hace pensar mal, se han vendido 7 millones de pesos de la planta uno y no hemos visto ni un solo peso de ese dinero para nuestra liquidación" comentó la señora María Teresa Heredia

Los ex empleados mencionan que la planta 1 y 2 la dejaron para que se vendiera, así como todo lo que está en ellas para que se repartiera entre los empleados como liquidación, sin embargo mencionan que se han vendido 7 millones de pesos y no han recibido aún ni un pago de su liquidación.

Los 500 legisladores que integran la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, incluidos los del bloque de la Cuarta Transformación, recibirán para fin de año una bolsa por 164 millones de pesos para pagar sus dietas, aguinaldo y apoyos legislativos.

El acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, firmado el 25 de septiembre del año pasado, indica que cada legislador recibirá en total 328 mil pesos para esta Navidad.

Así, por su dieta mensual cada diputado federal obtendrá 74 mil 672 pesos y otros 140 mil 504 pesos de aguinaldo, que representan ingresos personales y directos.

De manera paralela, a cada uno se le depositarán, antes del 15 de diciembre, 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa, 28 mil 772 pesos para labores de atención ciudadana y 38 mil 363 pesos por concepto de apoyo de fin de año.

Los Diputados locales de la XXIII Legislatura encontraron un Congreso vacío, cerrado, sin personal, con sillas rotas, paredes con huecos, sin recursos económicos y “hasta las plantas se llevaron” los representantes populares salientes.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la presente legislatura, Aracely Geraldo Núñez narró entre risas que no encontraron nada el día que llegaron a tomar protesta como Diputados, “llegamos a Mexicali y nos dijeron que el Congreso estaba cerrado, que no había nadie en administración, ni nada”.

Los congresistas salientes no les llamaron para iniciar un proceso de transición como lo marca la Ley, “el día de la toma de protesta no sabíamos nada, ni l ahora ni nada”, pero a pesar de ello iniciaron con sus labores legislativas.

Debido a las condiciones en las que dejaron las oficinas que deberían de utilizar para laborar, decidieron sortear los espacios para que fuera la suerte quien estuviera encargada de la designación, “algunos querían heredar las oficinas de sus antecesores del mismo partido, y por eso preferimos sortearlas”.

Respecto a las decoraciones de las referidas oficinas recordó, “como dice mi amiga Monserrat (Caballero) hasta las plantas se llevaron”.

La revocación de mandato enciende al pleno de San Lázaro. La oposición está firme en no permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a la boleta en la elección federal intermedia de 2021; a Morena no le alcanzan los votos. 

Priistas echan mano de Madero y el "sufragio efectivo no reelección", el PRD saca lonas en el pleno y el PAN acusa "#RevocaciónEsReelección".

Tras 10 horas de debate, Morena y sus aliados logran, con el apoyo de siete diputados experredistas, la mayoría calificada. Al final dejaron a López Obrador en la boleta de 2021.

Por una auditoría que transparente el proceso de concesión otorgada a la empresa que supuestamente ganó la adjudicación para la instalación de 3 mil parquímetros en la zona centro de la ciudad se pronunció el diputado federal Armando Reyes Ledesma, del Partido del Trabajo (PT).

Ante el rechazo generalizado de la sociedad ensenadense por la aprobación en Cabildo de una concesión a la empresa Iber Parking S.A. de C.V., misma que tiene antecedentes negativos en otro municipio de Baja California, es urgente que el gobierno municipal de Ensenada transparente el proceso realizado para concluir en la instalación de esta medida recaudatoria, planteó el legislador federal.

Reyes Ledesma precisó que la administración de Marco Novelo, en todo proyecto de gran impacto, en obras o servicios a privatizar, no tiene la capacidad de resolver, ya que debe fundamentar técnica, jurídica, social y políticamente una concesión a un particular para prestar un servicio al que está obligado constitucionalmente el Municipio.

Aunque, aclaró, el cobro por estacionamiento en la vía pública no debe considerarse como un servicio que pueda concesionarse a un particular.

Técnicamente, los colegios de profesionistas, arquitectos e ingenieros, así como ciudadanos en lo particular coinciden en que la instalación de parquímetros no resuelve el problema de falta de estacionamiento e inseguridad pública que padece la zona centro de Ensenada. Además, dijo el petista, el gobierno municipal no tiene la capacidad para vigilar que esta medida sea aplicada.

Jurídicamente, la instalación de parquímetros provocaría una doble tributación, además que violenta leyes de urbanización que establece que los comerciantes establecidos deben otorgar estacionamiento a sus clientes.

Mientras que, socialmente, organizaciones de la sociedad civil, organismos intermedios, de profesionistas y empresarios han manifestado su rechazo a la medida propuesta por la administración municipal.

Y políticamente, es una medida equivocada porque no se propuso llegar a un consenso con los sectores afectados por esta medida, es decir, no hubo una socialización previa del tema.

Reyes Ledesma, anticipó que si las instancias municipales y estatales no realizan una auditoría al proceso de licitación y se transparenta esta medida, como representante de los ensenadenses en la Máxima Tribuna del País, propondrá la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para frenar esta medida, que sencillamente es un abuso al pueblo de Ensenada.