Nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas en México el año pasado consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal, quienes buscan obtener beneficios personales, como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio, de acuerdo con un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del día internacional contra la corrupción, el próximo 9 de diciembre.

Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de ésta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público.

Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 mil 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público.

Respecto a las empresas, 247 mil 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017. La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos el año pasado.

Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7 mil 218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 mil 146 millones de pesos.

Por su parte, se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016.

Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es significativamente mayor. Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 mil 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 mil 273 pesos.

De acuerdo con los tipos de trámites o solicitud de servicios que realizaron las personas en 2017 y las empresas en 2016, se observa que a nivel nacional, los ámbitos donde se presentaron actos de corrupción con mayor frecuencia fueron en la interacción con autoridades de seguridad pública y en los trámites relacionados con el acceso a la justicia, principalmente al realizar algún trámite o dar seguimiento a un asunto en el ministerio público o ante juzgados por algún conflicto legal.

Aunque se trata de un fenómeno extendido a lo largo del país, es posible distinguir diferencias entre entidades. En 2017, en 11 entidades se estimaron prevalencias superiores a la prevalencia de corrupción a nivel nacional entre la población, siendo la Ciudad de México la entidad que registró la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción, con 20.1% de la población que tuvo contacto con alguna autoridad o servidor público, mientras que en Puebla o Guanajuato esta prevalencia no superó el 10%.

Al considerar lo reportado por las unidades económicas en 2017, se observa cierta congruencia en las entidades donde la población reportó las mayores y las menores prevalencias de corrupción. De nuevo destaca la Ciudad de México como la entidad con la mayor proporción de establecimientos víctimas de corrupción con 11 de cada 100 unidades económicas, seguida por los estados de México, Morelos y Quintana Roo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado que durante sus primeros nueve meses de mandato el país se ha ahorrado 500.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares) gracias al combate a la corrupción y al plan de austeridad del Gobierno.

"Yo creo que llevamos ahorrados en nueve meses como 500.000 millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, pro no gobernar con lujos", expresó durante un mitin en un hospital del céntrico estado de Puebla.

El mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que este ahorro significa que no hay "necesidad de aumentar impuestos, ni de crear impuestos nuevos, ni de que haya gasolinazos ni de endeudar el país".

López Obrador reprochó que la deuda heredada del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) es tan alta que el país debe pagar este año 650.000 millones de pesos (32.360 millones de dólares) para pagar intereses de la deuda, una cifra equivalente al "presupuesto de seis años de Puebla".

"Ya no podemos seguir endeudando el país, se va a mantener. No vamos a incrementar esa deuda", aseguró el presidente.

Recordó que actualmente "ya no se permite la corrupción" y dijo que con los recursos ahorrados se financian programas sociales como pensiones para adultos mayores, ayudas a la discapacidad o becas para estudiantes.

"Nos ayuda mucho que no haya corrupción ni gastos superfluos", dijo el presidente, quien explicó que se ha reducido el sueldo a más de la mitad y ahora percibe 108.000 pesos mensuales (unos 5,400 dólares).

Además, explicó que hay una ley que impide que nadie dentro de la administración pública pueda ganar más que el presidente.

Recordó que el lujoso avión presidencial se encuentra en venta, ya no se pagan pensiones de cinco millones de pesos mensuales (250.000 dólares) a los expresidentes y se ha suprimido la atención sanitaria privada de 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares) para altos cargos públicos.

El combate a la corrupción y los privilegios fue una de las grandes banderas de López Obrador en la campaña electoral de 2018, aunque posteriormente descartó emprender acciones legales contra sus predecesores en el cargo.

El presidente presentará este domingo su primer informe presidencial ante el Congreso de México en el que rendirá cuentas de sus primeros nueve meses al frente del Gobierno mexicano. 

El tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana afirma que los dineros públicos son auditados por múltiples instancias, en ocasiones hasta simultáneamente, por lo que son difíciles de robar, sin embargo, cuando se trata de dinero de giros negros, la situación es muy diferente, pues los billetes circulan a libre demanda.

Entrevistado en el estudio de Cadena Noticias, Ricardo Chavarría explica que por eso se dio frecuentemente el cambio de funcionarios por ejemplo, en Inspección y Verificación, área conocida comúnmente como reglamentos.

Pero, ¿por qué no hay responsables en la cárcel y solo hubo despidos?

Responde que eran constantes las quejas contra los servidores públicos infieles a la administración, pero no hay quien se atreva a denunciarlos ante Sindicatura o el Ministerio Públicos, para darles seguimiento.

“Comprobar algo así es un poquito difícil, sí se les ha seguido un procedimiento, pero si no hay una denuncia no se les puede seguir procedimiento administrativo, a veces los vendedores lo comentan en pasillos, me bajaron una lana, esto, lo otro, pero ya cuando pide uno que el ciudadano vaya y ponga su denuncia a Sindicatura, no asiste la gente”.

Reconoce el tesorero que hay muchas leyendas negras, pero dice que oficialmente no se puede contabilizar. 

“Ha habido esfuerzos para controlar, pero nos rebasa, la única manera de abatir eso es denunciar, el ciudadano, ante Sindicatura. Cuando hay un ciudadano que se queja contra un inspector, por mal trato o que trata de sobornar, todos los casos los hemos mandado a Sindicatura, y no las presentan, menos los empresarios (presentan denuncias), estamos monitoreando y si hay una persona que presenta muchas quejas, las removemos.

“Se oyen muchas cosas sobre giros negros, pero nadie viene a denunciar. La leyenda negra dice que 20 mil dólares mensuales, que semanales, es lo que se oye entre pasillos, cuál es mi realidad, al menos no es mi área, lo poquito que conozco cuando ha habido queja de comerciante, los invitamos a pasar a Sindicatura y no quieren”, finaliza.

El hijo del líder de iglesias evangélicas Confraternice, con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido varias reuniones y les ha encargado repartir por el país la cartilla moral, cobra como coordinador de los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar al mismo tiempo que es asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre, Arturo Farela.

Además de Josué Farelas Pacheco, hijo de Arturo Farela, al menos otro hijo de uno de los líderes de Confraternice, Ricardo Camarero Salcedo, y el pastor Roberto Vital Pineda, aparecen en la nómina de Servidores de la Nación.

Farelas Pacheco es coordinador regional del programa de Servidores de la Nación, aunque la página de la dependencia no especifica en qué zona del país.

En lo que va de esta administración, Farela padre se ha reunido o ha asistido a eventos públicos con el presidente López Obrador al menos seis veces. En dos de esas ocasiones, Farelas hijo aparece en las fotos con López Obrador y su padre, aunque no está claro si asiste en calidad de líder religioso o como funcionario público. El 29 de marzo estuvo también en la Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas a la que asistieron la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y los dirigentes de Confraternice.

En esa reunión Farelas Pacheco estuvo presente en calidad de asesor jurídico de Confraternice. Ahí, su padre le recordó a la secretaria Sánchez Cordero que en una reunión previa le había solicitado al presidente concesiones de radio y televisión para las iglesias evangélicas y éste le había dicho que buscarían la forma de que las obtuvieran.

El portal de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública tiene registrado a Josué Farelas en el apartado de “Servidores de la Nación”, con un sueldo bruto mensual de 73 mil 507 pesos.

Este es el sueldo que perciben los 259 coordinadores del programa para registrar a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno federal, el salario más alto de entre los 18 mil servidores de la nación.

Según una nota del diario El Sol de México, Farelas Pacheco anunció en sus redes sociales que Confraternice habría acordado con el Instituto Nacional de Migración que los miembros de las iglesias de la asocación albergarían en sus casas a migrantes centroamericanos en el sur del país. El director del Inami, Francisco Garduño, confirmó al diario que el anuncio de Farelas Pacheco era cierto.

Farelas es licenciado en derecho por el Instituto de Desarrollo Jurídico en la Ciudad de México con cédula profesional de 2018, mismo año en que fue candidato a diputado federal de la circunscripción 4 de la Ciudad de México con el Partido Encuentro Social (PES).

Además de Farelas Pacheco hay al menos otros dos miembros de Confraternice en la nómina de la Secretaría de Bienestar.

Roberto José Vital Pineda, secretario nacional de Confraternice recibe un sueldo de 10 mil 217 pesos mensuales brutos como Servidor de la Nación.

Vital Pineda es pastor de la iglesia Comunidad Cristiana Nueva Vida en la Ciudad de México y uno de veinte líderes evangélicos que se reunieron con López Obrador en Palacio Nacional el 27 de marzo.

Ricardo Camarero Salcedo, hijo del tercer vicepresidente de Confraternice Ricardo Camarero Viniegra, también aparece en la nómina de la Secretaría de Bienestar con un sueldo bruto de 10 mil 217 pesos mensuales.

Sus padres, Camarero Viniegra y Maura Salcedo son los pastores y dirigentes de la Comunidad Cristiana Ministerios Ríos de Agua Viva, en Mexicali, Baja California. El hijo, Camarero Salcedo, también es pastor y en redes sociales se hace llamar Pastor Rick. En su cuenta de Facebook promueve lo mismo sus cursos de homilía que ofrece información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que sería parte de sus funciones como Servidor de la Nación.

Camarero Viniegra y Vital Pineda fueron parte de los 20 líderes de Confraternice que se reunieron el 13 de marzo con el presidente de la República, ocho miembros de su gabinete y Arturo y Josué Farelas, como lo presume la organización en su página de internet.

El gobierno federal "no es fábrica de nuevos ricos", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador y a quien no le alcance con su sueldo de funcionario público, "que le busque en otro lado".

Esta mañana de lunes, en conferencia de prensa, el mandatario anunció que habrá una "limpia" en el sistema de Aduanas del país con la llegada de Ricardo Ahued como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Prevalecía la corrupción, donde organizaciones del crimen organizado tenían el control de puestos aduanales y todo eso se está limpiando".

Ante la corrupción que denunció en el sistema de aduana, dijo que la corrupción no empieza de los pueblos y municipios, sino del gobierno; sin embargo, reconoció que hay áreas "donde se necesita avanzar más".

"Aprovecho para decirles a los servidores públicos que no corran riesgo porque no se va a tolerar la corrupción (...) El que no quiera vivir con su sueldo o no le alcance, que le busque por otro lado".

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles Berlanga, de ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Los fiscales indicaron que durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles tuvo conocimiento de manera verbal y por escrito de la celebración de 27 convenios irregulares con entes públicos de otras entidades federativas.

Indicó que a pesar de ello, no informó al ex presidente Enrique Peña Nieto de dichas irregularidades, como era su obligación.

Por esto, la FGR consideró que Rosario Robles incurrió de manera dolosa y reiterada en omisiones y con el carácter de autora directa del delito de ejercicio indebido del servicio público.

La defensa de Robles solicitó a los fiscales diversas aclaraciones sobre la imputación formulada por lo que el juez decretó dos horas de receso para que la FGR esté en posibilidad de responder.

Hasta ahora, Rosario Robles no ha hecho uso de la palabra.

"VINE A DAR LA CARA"

Como lo había anunciado, a las 10:00 horas de este jueves la extitular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga arribó al Reclusorio Sur para presentarse a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) prevé formular imputación en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

Robles llegó acompañada de su equipo de abogados, encabezado por Julio Hernández Barros, y de su hija, Mariana Moguel.

La ex titular de la Sedesol fue recibida por sus hermanas, quienes la abrazaron y manifestaron su apoyo incondicional, y más de una veintena de medios de comunicación.

"Aquí estoy, vengo a dar la cara, como la he dado siempre y muy tranquila", dijo al arribar al centro de justicia penal federal.

Los familiares de Robles Berlanga llegaron al Reclusorio Sur desde las primeras horas de este jueves a espera de la llegada de la ex funcionaria y el inicio de la diligencia que está programada en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal a las 11:00 horas.

¿QUIÉN ES ROSARIO ROBLES?

María del Rosario Robles Berlanga es una economista y política mexicana.

Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Fue miembro fundador del PRD y fue designada como Secretaria de Gobierno del Distrito Federal en 1997 por el recién electo Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En septiembre de 1998 fue elegida por la Asamblea Legislativa del DF para sustituir al Ingeniero y entonces Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, quien renunció al cargo para iniciar su campaña presidencial del 2000, en donde sería derrotado.

Rosario Robles fue presentada el 4 de septiembre de 2012 como parte del Gabinete de Transición de Enrique Peña Nieto, en donde ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).

¿DE QUÉ VA LA ESTAFA MAESTRA?

"La Estafa Maestra" es una investigación periodística que en septiembre de 2017 reveló un escándaloso desvío de recursos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En dicha investigación, publicada por Animal político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucraba al menos a 11 dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos e incluso a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de millones de pesos.

El modus operandi empleado en esta estafa consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios. Once dependencias del Gobierno Federal recurrieron a ocho Universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.

Las instituciones educativas subcontrataron 186 empresas de las cuales 128 eran ilegales o "fantasma". Estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio.

El descubrimiento de este caso tuvo su origen en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014.

La ASF, órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, aportó datos sobre un sistema conformado por 128 empresas fantasma por medio de las que el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Peña nieto, desvió más de 3 mil millones de pesos.

Por medio de 73 convenios (subcontrataciones) 11 dependencias entregaron más de 7 mil millones de pesos. Las 128 empresas fantasma, identificadas en la investigación periodística, recibieron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos de los cuales se desconoce en qué fueron empleados o dónde fueron a parar.

Y la noche de este lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol en el sexenio pasado, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Dicha acusación, por la que la FGR busca que Robles sea vinculada a proceso, derivó justamente del caso de la llamada "Estafa Maestra".