La portación de armas de fuego, delitos contra la salud y el robo de hidrocarburos representan el 83.6% de los delitos que se ventilan en los tribunales federales del país. Así lo afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, durante su cuarto informe de labores, quien agregó que estas conductas principalmente se han registrado en los estados de Puebla, Guanajuato, Baja California Norte y Chihuahua.

Al referirse a la política judicial en la implementación y consolidación de la reforma penal de 2008, Aguilar Morales afirmó que mensualmente el ingreso de causas penales fluctúa entre mil 279 y mil 751 y que los asuntos no superan el año de duración.

"Desde el inicio de sus operaciones, en los Centros de Justicia Penal Federal se han tramitado 91 mil 783 asuntos. Se han registrado 52 mil 474 personas imputadas, y se han celebrado 109 mil 110 audiencias con una duración promedio general, durante el último año, de 53 minutos por audiencia", dijo.

Destacó que durante los últimos cuatro años, tiempo de su gestión, el Consejo de la Judicatura Federal ejerció un gasto del 33% del total de los recursos que se calcularon necesarios para implementar el nuevo sistema, lo que representó un ahorro para el Poder Judicial de la Federación.

"Aún es necesario avanzar, por ejemplo, en la eficiente operación cotidiana de las Unidades de Seguimiento a las Medidas Cautelares, la Asesoría a las Víctimas del delito y la operación de las Unidades de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias", agregó.

De manera simultánea a la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el senador de Morena Saúl Monreal presentó una iniciativa de ley para eliminar las pensiones vitalicias de las que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al retirarse.

La reforma modifica los artículos 129 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de remuneraciones de ministros, magistrados y jueces.

En su propuesta, Monreal Ávila recuerda que el último Presupuesto de Egresos de la Federación asignó a los 11 ministros y ministras una remuneración neta de 206 mil 948 pesos, cuando el salario del presidente de la República es de 129 mil 432 pesos.

Destaca que según datos de la Secretaría de Hacienda hay 241 personas servidoras públicas adscritas a la Corte que perciben un salario superior al del titular del Ejecutivo Federal, y en la estructura restante del Poder Judicial Federal otras 197 personas reciben una remuneración por encima del límite del artículo 127 de la Constitución.

En la exposición de motivos, Saúl Monreal señala que como parte de la política de austeridad asumida por el presidente de la República y por el Movimiento de Regeneración Nacional, se requiere eliminar las pensiones vitalicias a las y los ministros de la Corte, pues “esta prestación excede cualquier otra que un servidor público o que la mayoría de la población que trabaja en la iniciativa privada cuente”.

En caso de fallecimiento de las y los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos e hijas menores o que tengan alguna incapacidad para trabajar para su subsistencia, tendrán derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual al propio ministro o ministra.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dar efectos generales a su sentencia que declaró inconstitucional el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, con el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaba la reserva de la información de las obras emblemáticas de su administración y las clasificaba de seguridad nacional y de interés público.

Con seis votos a favor, el Pleno avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de eliminar totalmente el acuerdo, por lo que los ciudadanos podrán solicitar la información que requieran sobre dichas obras, y no podrán negárselas bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.

Los efectos de la sentencia tendrán validez una vez que el Ejecutivo Federal y las secretarías de estado sean notificados del fallo oficialmente.

El Pleno de la Corte se enfrascó en un debate de casi una hora y media para fijar los efectos de la sentencia dictada el jueves pasado, donde declaró inconstitucional dicho acuerdo, tras resolver la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La discusión derivó porque no se determinaba si los efectos tenían que ser entre partes, es decir, entre el INAI y el Ejecutivo Federal, y si las secretarías federales estaban obligadas a brindar a particulares la información que solicitarán, por ejemplo, del Tren Maya, o de otra obra emblemática.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien votó en contra de la propuesta de Alcántara Carrancá, consideró que la declaratoria de invalidez del acuerdo era solo para el INAI, organismo al que se le violentaron sus derechos de competencia. Explicó que era como un amparo, el INAI es el beneficiado, pero la ley seguía aplicando para los demás.

Al respecto, las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Yasmín Esquivel Mossa opinaron que el acuerdo seguía vigente para quienes no lo impugnaron, pero no para el INAI.

Lo anterior, provocó que el ministro Javier Laynez Potisek recordara que el INAI acreditó que ese acuerdo es inconstitucional, pero con la propuesta de la minoría no se podría saber si a los particulares se les iba a poder ofrecer la información solicitada sobre obras emblemáticas.

Cabe mencionar que los efectos emitidos por la Corte no impactarán en el nuevo Decreto que el titular del Ejecutivo Federal emitió el jueves pasado para blindar de nuevo la información de las obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de aeropuertos.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó a los cinco candidatos y candidatas a dirigir la presidencia del máximo tribunal de México.

La próxima elección se realizará cuando el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, deje el cargo.

Durante los primeros cinco días de diciembre, previo a la conclusión del encargo de la Presidencia en funciones, las Ministras y Ministros que aspiren a presidir la SCJN y el CJF presentaron a sus compañeros y compañeras las “líneas generales” de su proyecto de administración.

Los aspirantes son:

Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministro Javier Laynez Potisek

Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministra Norma Lucía Piña Hernández

¿Cómo y cuándo será la elección a presidente de la SCJN?

La elección se llevará a cabo en sesión pública solemne, celebrada en el primer día hábil del mes de enero. La sesión será presidida por el Ministro decano (quien tiene la mayor antigüedad en el Pleno).

Esta vez, la elección de la Presidencia de la SCJN y el CJF se realizará el 2 de enero de 2023.

La votación se hará por cédulas, contando con la participación de dos Ministros y/o Ministras para el escrutinio. Para que una persona sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Si nadie obtuviera los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance seis votos o más a su favor.

La persona electa tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta como Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ante los Plenos reunidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplirá con el plazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 30 días para que envíe al Senado de la República una terna para elegir a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Dijo que cumplirá aunque no está de acuerdo con la función de la comisión porque defiende a empresas particulares y protege un modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte, y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas”, comentó durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Refirió que deberá escoger a la terna de candidatos que no conoce y no escogió él, ya que le envían una lista elaborada. “Los que mandan, porque hasta eso, ni los conozco. Me mandan, creo que cinco, y de ahí tengo que mandar uno, primero”, explicó.

Añadió que no existen las condiciones para desaparecer a la Cofece, pero no descartó que posteriormente intente desmantelar al organismo autónomo.

“Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial, y es lo que voy a hacer”, comentó.

Actualmente faltan tres consejeros en la Cofece para integrar un total de siete, puesto que, de acuerdo con la controversia 207/2021, el organismo señaló que había una integración incompleta, la cual le ha impedido desplegar adecuadamente todas sus atribuciones.

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que ante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional que militariza la seguridad pública en el país al trasladar a la Sedena su control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe corregir este error histórico y actuar como un verdadero contrapeso como garante de la Constitución y de nuestros derechos.

La Fundación para la Justicia anunció que las organizaciones defensoras de los derechos humanos llevaremos a cabo las acciones legales y de defensa de derechos humanos, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el resto del Poder Judicial de la Federación corrija el curso que equivocadamente marcó el Poder Legislativo.

“Hoy más que nunca, debemos recordar que los contrapesos son necesarios en cualquier democracia y que el papel del Poder Judicial en este caso será clave, como garante de la Constitución y de nuestros derechos”.

Ante ello, “hacemos un llamado a jueces, magistrados y, en especial, a los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, para que recuerden el rol y la responsabilidad que sus cargos les confieren, para garantizar que en México se siga viviendo una democracia de derechos, no de militares ni de imposiciones políticas”.

También hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los partidos de oposición, para que accionen los mecanismos de control constitucional diseñados para evitar este acto que desconoce la Constitución, pero más importante, que desconoce la realidad de miles de víctimas en nuestro país y de una sociedad con esperanza de paz.

“Exhortamos a la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas y a los organismos internacionales a construir, de la mano de expertos internacionales y de la sociedad civil, un mecanismo especial de monitoreo y denuncia de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas”.

Subrayaron que lo ocurrido en el Senado donde Morena y sus partidos aliados avalaron la reforma de la Guardia Nacional es un “luto para la democracia” porque no solo olvidaron las promesas de campaña que les llevaron al cargo que hoy ocupan.

“También olvidaron a las víctimas de la violencia ejercida por militares, como Heidi, de 4 años, queapenas hace unos días perdió la vida. Muchas de estas víctimas provienen de los grupos más vulnerados, como personas de bajos recursos, mujeres y migrantes, que como Fundación para la Justicia, junto con otras organizaciones civiles y periodistas, documentamos en el informe Bajo la Bota”.

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