Las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados eliminaron casi 3 mil puestos, porque no cumplían con su función, "parecían aviadores" y "eran poco productivos", lo que representa un ahorro de 935 millones de pesos al año, afirmó el presidente del Comité de Administración de San Lázaro, Ignacio Mier (Morena).

Informó que a partir de 2019, la Cámara Baja operará con aproximadamente 4 mil 352 empleados de los 7 mil 295 trabajadores que había en la 63 Legislatura. Sobre el monto que se va a economizar, aseguró que serán 2 mil 805 millones de pesos por tres años. "Al disminuir todo, reduces los gastos que están en otros capítulos, por ejemplo, insumos, recursos materiales, luz y mantenimiento, entre otros", indicó.

Explicó que San Lázaro tendrá una reducción de 20% en su presupuesto para este año, lo que equivale a un ahorro de mil 681 millones 435 mil 153 pesos en comparación con este rubro de 2018. Detalló que solicitaron 6 mil 758 millones de pesos, mientras que el último año de la 63 Legislatura pidieron 8 mil 439 millones 435 mil 153 pesos.

"Aprobamos este presupuesto para que la gente que se incorpore a la Cámara se vaya profesionalizando y que no esté en función de los vaivenes políticos", dijo.

"El crecimiento de la burocracia y de la alta burocracia en el régimen de cuotas le ha costado muy caro a los mexicanos", señaló. Además, reveló que en el primer trimestre del año presentarán una propuesta de simplificación administrativa, racionalidad y una optimización de los recursos humanos, cuidando a los trabajadores administrativos.

El Vicepresidente Nacional de la Concanaco región noroeste, Jorge Menchaca Sinencio, solicitó a todas las fuerzas políticas en San Lázaro a ser congruentes y a analizar y revisar profundamente la propuesta del gobierno federal de eliminar 15 programas presupuestarios para el próximo año.

En la Estructura Programática para el año entrante, enviada por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, se establece la eliminación de 15 programas, algunos por desaparición definitiva y otros, por traspaso de una dependencia a otra, dijo. 

La Estructura Programática para el año entrante tendrá 858 programas presupuestarios, contempló Hacienda, cuando en el 2022 hay 873 programas vigentes.

Menchaca Sinencio manifestó preocupación ante la posible desaparición del programa de apoyo a micro empresas familiares, que hoy por hoy, se constituye en una herramienta importante para fomentar el emprendedurismo, generar auto empleo, micro empresas, flujo económico y bienestar para muchas familias mexicanas.

“Hoy en día, de cada 100 micro empresas que se abren, 90 están destinadas a fallecer antes de un año y si además se le quita ese recurso que puede representar la diferencia entre continuar o cerrar, definitivamente nos lleva a pedirle a los legisladores que no voten en bloque, por ordenanza, sino bajo un estricto análisis sobre lo que en verdad le conviene a México” dijo.

A más de un año de pandemia, la Cámara de Diputados gastó más de 47 millones de pesos en la aplicación de pruebas PCR, las empleadas para detectar casos de Covid-19 en el interior de San Lázaro.

Desde la Cámara Baja se difundió un comunicado en el cual se dio a conocer que desde el 26 de junio de 2020 se comenzaron a aplicar las PCR, y hasta el pasado 2 de mayo se han realizado 50 mil 5 test, ello en 39 fines de semana.

Y en lo que va de 2021 se han tomado en promedio mil 564 pruebas cada fin de semana.

Han sido 47 millones 999 mil 799.50 pesos los erogados para las pruebas.

“Con el objetivo de evitar contagios de Covid-19, de manera responsable la Cámara de Diputados implementó estrictas medidas sanitarias para que a través del personal mínimo necesario fuera posible continuar las labores legislativas en las instalaciones de San Lázaro”, se detalló.

En la Cámara se estuvieron llevando a cabo sesiones a distancia y semi presenciales, para lo cual se aplicaron pruebas para detectar casos Covid.

En San Lázaro se han detectado más de 200 positivos, de entre ellos cerca de 80 han sido legisladores.

Fue por ello que se determinó aplicar las PCR a los diputados y al personal indispensable en el desarrollo de las actividades parlamentarias.

“Además de las pruebas para detectar el virus SARS- CoV-2 , se siguieron todas las recomendaciones de higiene para evitar la propagación del virus, como: lavado de manos, uso obligatorio de cubrebocas, mantener sana distancia y desinfección de espacios”, se agregó en el comunicado.

 Por más que los integrantes de la Cuarta Transformación rechazaron, una y otra vez, que no sesionarían en una sede alterna por el bloqueo que montaron organizaciones campesinas en la Cámara de Diputados, cayeron en la tentación y aprobaron el Presupuesto de 2020 en un centro de convenciones de Santa Fe, amurallados y vigilados por cientos de policías capitalinos. Huyeron de las protestas.

La definición del lugar donde se llevaría a cabo la sesión alterna solamente la sabían ocho personas, entre ellas, Mario Delgado, líder de Morena en San Lázaro; sin embargo, fue el secreto mejor guardado y este nombre no se debía hacer público para evitar que las organizaciones campesinas pudieran "corretear" a los diputados y bloquearles la nueva sede.

Han pasado más de seis años de aquel 21 de agosto de 2013, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió sesionar en otro centro de convenciones de la zona de Conscripto para avalar la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

En aquella ocasión, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) madrugaron a los legisladores y les bloquearon todos los accesos a San Lázaro, y obligaron a la mayoría tricolor a utilizar una sede alterna.

Hoy, la Cuarta Transformación decidió no confrontar a los manifestantes, retirarlos con la fuerza pública y sesionar en una sede alterna. Desde la noche del miércoles ya se perfilaba el plan, se les citó a los grupos parlamentarios, menos el PAN, en distintas sedes para que, en camiones o camionetas, fueran trasladados a Santa Fe.

Fue aproximadamente a las 10:05 horas cuando sonaron los celulares de los coordinadores parlamentarios dándoles las coordenadas a donde tenían que trasladar a sus correligionarios. "Santa Fe", decía el mensaje. La estrategia de los diputados era manejar tres sedes alternas para ver si los campesinos se movían de San Lázaro y abandonaban su trinchera y que la policía retomará el control de la Cámara.

Sin embargo, esto fracasó cuando no se movieron los campesinos y por eso se decidió que fuera Santa Fe, por su lejanía, además de que, en coordinación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se montó el operativo.

El trayecto fue fácil, por ejemplo, para los diputados de Morena, asesores y asistentes, trabajadores de Cámara y prensa se utilizó un convoy de aproximadamente 20 camiones y camionetas que fueron escoltados por camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Motopatrulleros cerraron varias arterias viales para darles paso directo al convoy de los legisladores y empleados hasta Santa Fe.

El centro de convenciones fue amurallado con vallas de metal en algunos accesos. Había camiones y policías con escudos para proteger a los legisladores para que pudieran aprobar el dictamen.

Tres salones se unieron, hoy no hubo curules, sino sillas bien acojinadas y en el estrado principal cuatro mesas, para la Mesa Directiva, las secretarias y los asistentes de la sesión. Había quien pensaba que ante las señales de que los campesinos liberarían la Cámara se podía regresar; sin embargo, esto quedó descartado.

Fue el día en que la 4T sesionó en una sede fifí para aprobar el primer presupuesto de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que dijo Mario Delgado: "no nos vamos a detener" y si el PAN no vino "fue porque no va a haber moches y están decepcionados".

“Porfirio Muñoz Ledo es buen político pero no sabe de derecho”, fue lo que le respondió Amador Rodríguez Lozano al Presidente de la Cámara de Diputados federales, después que mencionó que deberían de desaparecer los poderes en Baja California, tras la modificación del periodo de la próxima gubernatura de 2 a 5 años.

El encargado de la transición del gobernador electo, Jaime Bonilla habló sobre su posicionamiento tras las declaraciones del Muñoz Ledo, “supongo que lo agarraron saliendo del festejo del Día del Abogado, y no supo lo que dijo”, ya que la desaparición de poderes no se hace, sino que “se declara que ya desaparecieron”.

Asimismo, recordó que existe una Ley reglamentaria que data del sexenio del presidente José López Portillo y en ella quedó establecido las razones por la que pueden desaparecer los referidos poderes, “en el año 2014 lo intentó el PAN por el caso Ayotzinapan e iniciaron la investigación para hacerlo”, pero al final concluyeron que los tres poderes estaban funcionando de manera ordinaria.

“Y para poder desaparecer un poder, es necesario que uno de ellos no esté funcionando, se haya coludido, se haya caído un avión en donde iban todos y todos murieran, o terminando su periodo decidieran prorrogarse”, son los motivos por lo que pudieran darse tal acción.

Sobre la posibilidad de realizar una encuesta para conocer el sentir de los bajacalifornianos respecto a la permanencia del próximo gobernador por 5 años, Rodríguez manifestó que el propósito de estas (encuestas) no es tal, “imagínate deslegitimar a un órgano del poder solo porque una encuesta no estuvo bien levantada o el método, como ocurre en encuestas amañadas”.

Desde su punto de vista, en el mismo tema dijo que las encuetas deben de ser precisas y las preguntas bien analizadas, pero sobretodo el método para ser levantadas y tener una muestra metodológica “que es algo que solo los matemáticos saben”, pero desestimó poner a prueba un poder con esta opción.

Para finalizar, el encargado de la transición reiteró que se trata de un tema de derecho y de interpretación, pero si la corte federal dictamina lo contrario a la decisión del Congreso local, lo aceptarían.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) perfila el endurecimiento de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, mejor conocida como 3de3, para funcionarios que van desde jefes de departamento hasta secretarios de Estado y que, además, se extenderá a sus cónyuges y dependientes económicos.

Hoy se presenta ante el Comité Coordinador del SNA la propuesta elaborada por un grupo de especialistas de siete dependencias vinculadas a la rendición de cuentas.

El proyecto plantea que los servidores públicos de primer nivel declaren de manera detallada sus empresas e inversiones, clientes, a qué personas o compañías han representado, de quiénes han recibido beneficios y la relación con cualquier fideicomiso al que pertenezcan.