Producirá INE nueva credencial para votar

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El Instituto Nacional Electoral (INE) producirá, este 2019, millones de credenciales que contendrán dos códigos QR en los que se podrán almacenar de manera comprimida y encriptada los datos de cada elector: nombre, CURP, sexo y entidad, además de fotografía para la identificación biométrica del rostro de cada ciudadano.

Así, potencialmente esa herramienta podrá evolucionar hacia una credencial para votar digital, de instaurarse la modalidad de votación electrónica en el país.

El primer paso en esa ruta lo dio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el pasado 19 de diciembre, cuando avaló un nuevo modelo de credencial en el que se introdujeron renovados candados de seguridad, se modificó el orden en que hoy aparecen los datos de los ciudadanos y, sobre todo, se avaló la encriptación de datos en dos códigos QR en el reverso de la mica.

Empero, esa fue una autorización sólo para cambiar el diseño y aún falta por definir qué información específica tendrán los dos QR y, sobre todo, quién tendría acceso a la aplicación del INE para leer los QR de la mica y quién podrá usar la o las "llaves" públicas de acceso a los datos de uno u otro código. En cualquier caso, sólo el ciudadano titular de la mica podrá habilitar la lectura y el acceso a sus datos.

Así, la información y los distintos usos que podrán tener esos códigos QR quedaron pendientes, y condicionados al aval de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores (RFE), en donde los partidos Morena, PAN, PRI y PRD han pedido garantías de protección de datos de los electores, su uso no comercializado y que cualquier cambio represente una utilidad para el ciudadano y para la sociedad.

Los usos. Potencialmente, los dos códigos podrán ser leídos con cualquier celular que cuente con la aplicación del INE, y por tanto con la "llave pública", y con la cámara se verificaría, al aparecer los datos, que la credencial sea original, no esté alterada y que la información y fotografía contenidos sean los que el INE grabó y que correspondan con la persona propietaria de la mica.

Durante la realización de trámites, a instituciones públicas o privadas se les permitiría verificar que el usuario que presenta la mica es la persona que la gestionó ante el INE. Esto, sin embargo, se busca que sea sin que esas instituciones (sobre todo las privadas) accedan a toda la información del ciudadano ni puedan almacenar los datos.

La verificación consistiría en mandar el QR al instituto para que éste responda con un "sí" o un "no" sobre la validez del registro, tal como ocurre actualmente, pero con el envío de datos del elector (nombre y huella) al INE o con la verificación con el OCR o clave de elector.

Así, los códigos permitirán una lectura más rápida que la captura de datos o el reconocimiento de caracteres en barras, evitarán errores y, se busca, podría ser más barata que la mica actual, cuyo costo de producción es de 66.64 centavos de dólar, IVA incluido.

Por ahora la utilidad más viable, una vez que empiecen a producirse las micas de nuevo formato, podría ser para la verificación de los datos de los militantes que se afilien a las organizaciones interesadas en convertirse en partido político, pues los lineamientos aprobados por el INE el pasado 20 de diciembre autorizaron la captura de los QR. Esto permitirá al INE verificar que los ciudadanos estén inscritos sólo en una organización política y no haya duplicidades.

La producción de nuevas micas, previsiblemente en septiembre, sería compatible con el proceso de afiliación a nuevos partidos, que concluirá en enero de 2020, mes en que terminará la búsqueda de militantes para dar paso a su revisión, a cargo del INE.

El proceso. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), René Miranda Jaimes, expuso que el contrato para la producción de las credenciales para votar vence en febrero, pero se acordó prorrogarlo hasta agosto.

El acuerdo multianual (2013-2018) fue firmado con la empresa Giesecke y Devrient, S.A. de C.V., por un monto de 45.5 millones de dólares para producir 82 millones de micas, y al ampliar su vigencia, como permite la ley, dará tiempo a convocar a licitación pública internacional con bases en las que ya contengan las características del nuevo modelo de credencial.

El proceso licitatorio podría durar tres meses, pero la empresa que gane requerirá de tres o cuatro meses para realizar adecuaciones a sus plantas o realizar pruebas, de modo que se espera que el nuevo formato comience a producirse en septiembre próximo.

Miranda aclaró que aunque existan micas de nuevo modelo el INE no sustituirá credenciales físicas con virtuales. "Estamos conscientes de que hay una brecha tecnológica muy importante en el país, no todo mundo tiene acceso a estas tecnologías; entonces, seguiremos emitiendo credenciales físicas, pero queremos dar opciones al ciudadano", indicó.

También insistió en que la mica con código QR no será una identidad digital, pues ese es un mecanismo más amplio y complejo del que son responsables otras instituciones.

"Es un reto como país caminar para allá, pero el INE no tiene facultades. Lo han hecho India, Letonia y otros países, han apostado a que los ciudadanos tengan identidad digital que les sirve para muchos efectos, entre ellos para votar electrónicamente, pero eso es de más calado", indicó.







Taddei considera 'camino escabroso' elegir consejerías del INE por voto popular

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, consideró que una eventual reforma electoral que contemple la elección de consejerías por voto popular representaría un “camino escabroso” para la designación de quienes integren el órgano autónomo.

Durante una conferencia de prensa, Taddei dijo que, antes de emitir una postura definitiva, es necesario conocer el contenido específico de la reforma que será presentada ante el Congreso. Subrayó que el INE está dispuesto a participar y colaborar en la construcción de los cambios que se propongan.

La consejera presidenta añadió que hay distintas versiones sobre el alcance de la reforma: algunas voces prevén cambios profundos, mientras que otras esperan una actualización limitada tras 11 años sin modificaciones sustanciales al marco legal electoral.

Respecto a las recientes renuncias en tres áreas directivas del INE, Taddei aclaró que no solicitó dichas salidas, y las atribuyó a decisiones personales tomadas luego de un proceso electoral particularmente intenso.

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INE estima entre 12.57% y 13.32% de participación ciudadana en elección judicial

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó la noche de este domingo que la participación ciudadana en la elección judicial se estimó entre 12.57% y 13.32%, según datos preliminares.

Taddei explicó que se trata de un procedimiento estadístico de alta precisión, basado en una muestra representativa de casillas seccionales en todo el país, diseñado por especialistas en estadística y matemáticas.

“El objetivo es proporcionar información confiable a la ciudadanía la misma noche de la jornada”, indicó durante una transmisión desde la Junta Distrital No. 10 en la Ciudad de México, realizada a las 11 de la noche.

El sobre con el porcentaje estimado de participación fue previamente resguardado por el notario público número 88 de la Ciudad de México, junto con la oficialía de partes y la Secretaría Ejecutiva del INE.

Durante el mensaje, Taddei enlazó en vivo con personal del Instituto en Durango, Veracruz y la capital del país, donde también se llevaron a cabo elecciones locales, principalmente para ayuntamientos.

Los resultados completos de la elección se esperan para el 10 de junio.

A pesar del bajo nivel de participación, Taddei calificó la jornada como “una elección ejemplar”.

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INE instala comisión especial para organización de elección judicial

La integran tres consejeros

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Luego de dos meses de suspensiones, este miércoles se aprobó la instalación de la comisión especial encargada de la organización de la elección del Poder Judicial, con lo que se reanudan los trabajos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024–2025 está integrada por las consejeras Norma de la Cruz, Rita Bell López y presidida por Jorge Montaño.

“La realización de este proceso electoral ha sido muy compleja por todo lo que reviste, pero no tengo la menor duda de que contamos con un equipo no sólo de directivos, sino también en las juntas locales en cada una de las entidades federativas, así como también en cada una de las 300 juntas distritales, quienes impulsarán el desarrollo y organización de ese proceso mediante el trabajo en conjunto”, señaló el consejero Jorge Montaño.

Reconoció que el camino por delante es difícil, pero aseguró que el INE sabe hacer elecciones, como lo ha hecho anteriormente.

“Estoy convencido de que saldremos una vez más con buenos resultados en este proceso electivo”, afirmó.

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TEPJF blinda al INE para reactivar elección judicial

Suspensiones y sanciones, no tienen ningún efecto

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

Tres magistraturas del Tribunal Electoral determinaron, en definitiva, que ninguna autoridad o Poder de la Unión puede paralizar la elección judicial, por lo que las 280 suspensiones y las sanciones que implicaría para el INE “no tienen ningún efecto”, decisión con la que blindaron al Consejo General y al Senado para continuar de inmediato.

“Es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de algunas de las etapas. El Senado de la República, el INE y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

“Por lo que, ninguna autoridad, Poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral judicial. Por tanto, las autoridades, poderes y órganos del Estado quedan vinculadas en términos de esta ejecutoria”, sentenció la Sala Superior de manera definitiva e inatacable.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el Instituto Nacional Electoral solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una nueva sentencia de acción declarativa, en la que se posicionaran sobre las suspensiones que tienen paralizada la elección judicial, y las consecuencias económicas y penales con las que los jueces de distrito han amagado al Consejo General en caso de reactivarla.

Con un proyecto del magistrado Felipe Fuentes, la mayoría de la Sala Superior determinó otorgar una medida cautelar declarando que estas suspensiones no tienen ningún efecto electoral, por lo que el INE debe retomar la organización pues de lo contrario, estaría incumpliendo sus obligaciones constitucionales.

“Para responder la pregunta a si tienen efectos las suspensiones decretadas que pretenden paralizar la organización del proceso electoral, la respuesta es que no tienen ningún efecto.

“Las y los juzgadores de amparo no deben intervenir en una cuestión que está reservada para este Tribunal Electoral y, en consecuencia, sus determinaciones carecen de validez en este campo, ya que van en contra del mandato constitucional”.

Fuentes Barrera expuso que ninguna de las sanciones que los jueces han advertido pueden ser un motivo para que las autoridades ordenadas constitucionalmente a realizar el proceso judicial, incumplan sus obligaciones.

“Las medidas o sanciones decretada para inhibir las atribuciones que tienen encomendados el senado, el INE y otras autoridades, no pueden tener un impacto en materia electoral ni pueden configurar un obstáculo para impedir que la elección siga su curso, por ello, este Tribunal debe resolverlo para que siga. Debemos ser claros, en esta materia, un proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad”.

Sin embargo, la magistrada presidenta, Mónica Soto, aseguró que su voto no implicaba pronunciarse sobre la validez de las suspensiones judiciales, sino únicamente abarca un pronunciamiento en cuanto a las obligaciones constitucionales en materia electoral que tiene el INE.

“De manera preliminar pero enfática, quiero señalar que las razones que sustentan el sentido de mi voto no implican un análisis y menos aún un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de las determinaciones emitidas por diversas autoridades no electorales, pues su revisión compete a otras autoridades a través de las vías correspondientes.

“En lo que aquí nos pronunciamos es en lo que tiene qué ver con procesos electorales”.

Y pidió “dejar claro” que “la reforma constitucional ya se dio, la Constitución es vigente, es un proceso en desarrollo y ya no es viable detenerlo”, por lo que ninguna autoridad puede “pretender incumplir o retrasar” las obligaciones que la Carta Magda le impone al INE.

En lo que coincidió el magistrado Felipe de la Mata quien además citó el reciente decreto de supremacía constitucional, con lo que dijo, es inviable cualquier acción que busque suspender la reforma judicial.

“A partir de la publicación de la supremacía constitucional en la que se impuso la no impugnabilidad, resuelta inviable constitucionalmente que a través de suspensiones se genere una situación de incertidumbre y afectación generalizada del proceso electoral. Esto es, resulta inviable que por la acción suspensiva o cautelar a través de acciones improcedentes.

“Todas las autoridades implicadas se encuentran impedidas constitucionalmente para frenar el proceso porque están obligados constitucionalmente a hacerlo y a hacerlo en los términos precisados en la misma, que resuelva además, inimpugnable y así ya lo determinó la Suprema Corte al sobreseer siete controversias constitucionales”.

Janine y Reyes acusan a TEPJF de extralimitarse y caer en contradicciones 

La magistrada Janine Otálora fue la primera en pronunciarse en contra, al reiterar su posicionamiento de la primera acción declarativa emitida por la Sala Superior, en donde consideró que el Tribunal Electoral debía esperar al pronunciamiento de las acciones de inconstitucionalidad que todavía tiene en trámite al Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pues sostuvo a diferencia del Tribunal Electoral, la Corte sí tiene competencia para opinar sobre suspensiones judiciales, por lo que sostuvo, que al Sala Superior en lugar de resolver, sólo agrava el enredo litigioso.

“El aplazamiento permitiría que la Corte se pronuncie como máxima intérprete de la Constitución par establecer con carácter vinculante el criterio que debe ceñir y al que deben apegarse el resto de autoridades, incluida esta Sala Superior. La propuesta busca dejar sin efectos las suspensiones y a la vez sin viabilidad de acatamiento, pero a su vez, sin tocarlas porque este Tribunal no tiene competencia para revocarlas, por lo tanto, es que sólo la Suprema Corte puede resolver.

“El proyecto propone abrir la posibilidad de que el INE deje de observar las determinaciones y atribuciones de órganos jurisdiccionales competentes, de aprobarse, esta decisión abonará al entramado litigioso en materia del Poder Judicial”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que este pronunciamiento de la Sala Superior “propicia la incertidumbre jurídica” y además, exhibió es contraria a lo que esta misma mayoría ha resuelto desechando decenas de demandas de jueces alegando que el Tribunal Electoral no tiene competencia, pero en este caso, sí entra al fondo y se posiciona.

“La propuesta está extralimitando las competencias de la Sala Superior al conocer de manera directa o indirecta, las suspensiones en materia de amparo y esa determinación es equivalente a invalidar las decisiones de jueces de distrito, lo que claramente escapa de las competencias de este tribunal e implicar en ello a este pleno es no atender el mecanismo legal para contravenir ese tipo de determinaciones.

“Mientras se han desechado demandas de juzgadores o del propio Consejo de la Judicatura, a las que no se les dio trámite porque el Tribunal no es competente para conocer este tipo de controversias o demandas de suspensiones de amparos. Así, no se pueden emitir medidas cautelares como lo pide el INE, sus pretensiones no son viables pero lo que hace el proyecto es entrar al análisis de manera directa”.

Ambas magistraturas tuvieron respuesta de Mónica Soto quien rechazó los señalamientos y defendió que la sentencia de la Sala Superior se apegaría a la materia electoral.

“Contrario a lo que se ha manifestado aquí, de manera alguna considero que este Tribunal esté excediendo sus atribuciones, pues la existencia de esta institución es atender los temas que tengan qué ver con cualquier elección.

“Quiero reiterar hoy, como en ocasiones anteriores, este Tribunal está resolviendo con estricto apego a la letra de nuestra Carta Magna, no concibo una duda siquiera, de que una sentencia pueda afectar el entramado litigioso, cuando el objetivo es resolver ese entramado con apego a nuestras competencias. Pretender esperar a otra instancia no compete porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos, estaríamos violentando las obligaciones que tenemos”.

Así, nuevamente con una sentencia apenas con tres votos a favor, se determinó que el INE puede reactivar la elección judicial de inmediato, sin que lo limite alguna suspensión judicial y sin que puedan aplicarle las consecuencias administrativas, económicas o penales que los jueces han impuesto.

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INE alista elecciones locales en Durango y Veracruz para 2025

Prevé ajustes por elección del Poder Judicial

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con la planeación de las elecciones locales en Durango y Veracruz de 2025 y, a petición de Morena, señaló que hará los ajustes correspondientes ante la concurrencia con la elección del Poder Judicial.

La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 aprobó los primeros acuerdos relacionados con esta elección, donde se elegirán 39 municipios en Durango y 212 en Veracruz que deberán ser avalados ante el Consejo General del INE.

Al respecto, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió agregar a los acuerdos un punto adicional que prevea las modificaciones que deberán realizarse con base a la reforma al Poder Judicial, ya que esta plantea que los partidos políticos no pueden participar en la discusión, y choca con la organización del proceso electoral local.

“Esa restricción tiene un problema cuando existe concurrencia, como es el caso de esta comisión y este proceso. Quisiera hacer una reflexión para que quedara abierta la posibilidad en el programa de trabajo, sin violar la reserva constitucional de diferenciar los procesos donde las representaciones podemos participar y no podemos participar”, apuntó.

“En Veracruz y en Durango vamos a tener concurrencia de esa elección con esta (del Poder Judicial). Por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla, pues esta configuración es para la elección normal. Pregunta: ¿esta será para la otra elección?”, cuestionó.

Sobre los materiales electorales, Castañeda añadió que “si va a haber capacitación, insaculación y una integración con estrategia de capacitación, pues todos estos documentos podrían tener una doble impresión. Entonces, de aquí a la aprobación de esto, debería haber una revisión”.

Como parte de los acuerdos, la comisión determinó “agregar las precisiones que correspondan al programa de trabajo y respetar la instrumentación del proceso electoral para el Poder Judicial concurrente con las entidades de Durango y Veracruz”.

La presidenta de la comisión, Norma de la Cruz, señaló que una vez que tengan los detalles de cómo será el proceso electivo del Poder Judicial, podrán realizar los ajustes necesarios.

La comisión aprobó el Plan de trabajo que contempla los objetivos generales y específicos de la comisión y el calendario de actividades mensual.

También avaló las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral, en las que se establecen los requisitos, plazos e información general para la recepción de solicitudes, así como la posibilidad de observar el voto anticipado y prisión preventiva.

Otro acuerdo aprobado fueron los modelos de materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, así como el modelo de guía para las y los observadores electorales, que incluyen la información básica para los ciudadanos sorteados; modelo de guía para observadores electorales; carta de notificación a la ciudadanía sorteada; la hoja de datos para la capacitación a funcionarios de casilla; nombramientos para funcionarios de casilla.

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