Gisela Peraza Villa, ex trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, expresó que se siente amenazada con el audio del ex gobernador en el que se escucha: "Ya estoy libre, agárrense hijos de la chingada".
En 2011 fue acusada de robar 5 millones de pesos y joyas de la alcoba matrimonial de la casa de gobierno, por lo que fue detenida, torturada y tras cuatro años, liberada sin culpa. "Tengo miedo", expresó la mujer al invocar a Dios para que a ella y a su familia nada les pase, aunque, aseguró, si algo les sucede, hará responsable a la familia Padrés-Dagnino.
Peraza Villa trabajó para la familia del ex gobernador de Sonora durante nueve años, y en marzo de 2011 fue detenida por el presunto robo de dinero y joyas. Estuvo presa en varios reclusorios del estado y el 8 de junio de 2015 fue puesta en libertad. Por esa razón, el 3 de noviembre de 2015 demandó por 20 millones de pesos al ex mandatario sonorense, a su esposa, Iveth Dagnino, y a 19 ex funcionarios del gobierno.
Según narra la ex trabajadora doméstica, la pesadilla inició el 13 de marzo de 2011, cuando la señora Dagnino la acusó y golpeó por robarle joyas y dinero, junto con un agente de la Policía Estatal Investigadora, en presunto contubernio.
Peraza Villa estuvo en el Centro de Readaptación Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo, Sonora, posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo fue regresada al Cereso de esta capital de donde debió salir libre el 2 de junio de 2015, pero un día antes personal del penal presuntamente encontró en su celda cinco globitos de cristal con un peso de 32 gramos.
El miércoles 3 de junio, a las 13:30 horas, la procuraduría estatal consignó su caso ante el juez Octavo de Distrito, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta. Quedó en libertad el 9 de junio, dos días después de las elecciones intermedias. Buscaron incriminarme, afirmó.
Se violaron derechos: CNDH. El 11 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2013 dirigida al gobierno de Sonora en el que señala:
"La mujer que laboraba como ama de llaves en la casa de gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora".
La CNDH expuso que Gisela Peraza "fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla".
Asimismo, fue detenida el 13 de marzo y liberada el día 18, y posteriormente, el 5 de abril fue arrestada nuevamente. Se indicó que durante la segunda detención elementos de esa corporación policiaca "la llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero supuestamente robado.
La recomendación dice que por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también "fue detenido y torturado". Se trataba de un policía sobrino del secretario de Seguridad Pública del estado de Sonora, Ernesto Munro, hoy en día dirigente del PAN en la entidad.
De igual forma, la CNDH resolvió: "El gobierno del estado de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les debe brindar la correcta atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional".