La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que todos los funcionarios y delegados federales han hecho públicos su situación patrimonial y de intereses, sin reservas.

De acuerdo con el reporte, hasta ayer lunes por la noche se subieron al portal de la SFP todos los documentos de los funcionarios públicos.

Sostuvo que en los tres sexenios anteriores no se habían registrado en su totalidad, a inicios de gobierno, la declaración patrimonial del gabinete federal.

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- En su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que sus ingresos netos obtenidos el año pasado fueron de más de 5 millones de pesos, casi la mitad de lo que reportó en su declaración de 2018, hecha en 2019, que fue de poco más de 11 millones de pesos. 

Al hacer una revisión de su declaración en la plataforma Declaranet, operado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se detalla que por su posición como titular de la CFE, obtuvo una remuneración anual neta de 2 millones 209 mil 550 pesos, mientras que otros ingresos que declaró, que obtuvo el año pasado, sumaron 3 millones 593 mil 696 pesos. 

En tanto que por actividades financieras como rendimientos o ganancias, Bartlett Díaz obtuvo 399 mil 757 pesos, dando un total de ingresos anuales netos, en 2019, de 5 millones 803 mil 246 pesos.

Al revisar su declaración que presentó el 24 de mayo de 2019, el exsecretario de Gobernación informó que sus ingresos anuales fueron de 11 millones 197 mil 183 pesos, los cuales derivaron de sus remuneraciones por cargos públicos, por actividad industrial o comercial y por actividades financieras y profesionales. 

Investigaciones hechas por los periodistas Carlos Loret de Mola y Areli Quintero arrojaron que el funcionario, junto con su familia, habrían construido un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo que están en las zonas más caras del Valle de México.

La investigación presentada en agosto de 2019 informa que Bartlett declaró ante la SFP una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje dice que su fortuna es 16 veces más grande solo en propiedades.

Bajo el nuevo formato de declaraciones patrimoniales, aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y publicado el 23 de septiembre de 2019, estableció que ciertos datos personales de terceros debían ser protegidos para no afectar su derecho humano a la privacidad, por lo que las declaraciones en Declaranet "únicamente serán visibles los datos relativos al servidor público, como el puesto, ingresos, así como la información patrimonial y de conflicto de intereses del cual es el titular de manera directa".

"La información de terceros, como la del cónyuge y los dependientes económicos, no será pública y únicamente será visible para las autoridades competentes, quienes exclusivamente podrán acceder a dicha información de carácter confidencial", se indicó.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) advirtió que los altos mandos del gobierno federal, desde los subdirectores de área hasta el Presidente de la República, tiene la obligación legal de presentar su declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación a más tardar el 31 de julio de 2020.

"Lo cual no sólo es un compromiso legal, sino también ético para refrendar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno de México", aseguró la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Por medio de un comunicado, la funcionaria reiteró que debido a la pandemia de Covid-19 para el caso de servidores niveles como jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, emitirá un acuerdo para extender el plazo de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses hasta el 31 de diciembre de 2020, para que cumplan con dicha obligación.

Entre los trabajadores que presentarán por primera vez su declaración patrimonial se encuentran policías, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y mantenimiento, profesores y maestros, entre otros.

La secretaria Sandoval explicó que con la extensión del plazo se busca "facilitar el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de servidores públicos que desarrollan labores indispensables en la Administración Pública Federal (APF), pero no forman parte de los principales niveles con riesgos de corrupción".

La funcionaria criticó que la obligación a realizar declaraciones patrimoniales por parte del personal de nivel operativo y de base fue resultado de un "exceso" de parte de los diseñadores del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el sexenio pasado.

Además, dijo, es una medida que aporta poco al combate de delitos como el enriquecimiento ilícito, y, al contrario, distrae recursos humanos y materiales.

La secretaria Sandoval recordó que la Función Pública trabaja para evitar contratiempos y lograr la simplificación al máximo de los formatos para la declaración patrimonial de 2020 en los niveles inferiores de la administración pública.

Sin embargo, reconoció que la única manera de resolver el problema de fondo sería por medio de una reforma constitucional y legal para rectificar los excesos cometidos en el diseño original del SNA.

Por ello invitó al Congreso de la Unión como a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos para encontrar una solución integral a esa problemática.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) perfila el endurecimiento de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, mejor conocida como 3de3, para funcionarios que van desde jefes de departamento hasta secretarios de Estado y que, además, se extenderá a sus cónyuges y dependientes económicos.

Hoy se presenta ante el Comité Coordinador del SNA la propuesta elaborada por un grupo de especialistas de siete dependencias vinculadas a la rendición de cuentas.

El proyecto plantea que los servidores públicos de primer nivel declaren de manera detallada sus empresas e inversiones, clientes, a qué personas o compañías han representado, de quiénes han recibido beneficios y la relación con cualquier fideicomiso al que pertenezcan.

Todos los integrantes del gabinete federal se alinearon a la orden del Presidente de la República e hicieron pública su declaración patrimonial, pero algunos se reservaron información.

Hasta este miércoles en la noche, solamente dos altos funcionarios: el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero —quien tiene un carácter autónomo—, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), general Audomaro Martínez —que no forma parte del gabinete legal y ampliado—, no tenían actualizada sus declaraciones. 

Sólo unas horas antes de que venciera el plazo que dio el titular del Ejecutivo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó difundir de manera "parcial" sus bienes, excepto sus inversiones, cuentas bancarias, otro tipo de valores y el saldo. La encargada de la política interna del país declaró no tener ningún posible conflicto de intereses.

* Declaración a medias

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no reveló el monto de cuentas bancarias ni de fondos de inversión. 

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el de Educación, Esteban Moctezuma, no hicieron pública su declaración de conflicto de intereses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los miembros de su gabinete que no presenten y hagan pública a más tardar este miércoles su declaración de bienes completa (patrimonial, fiscal y de posible conflicto de intereses), mejor conocida como 3de3, no podrán trabajar en su gobierno. 

En una revisión realizada la noche de este martes por EL UNIVERSAL en el portal Declaranet —en el que los trabajadores federales deben llenar los formatos de la declaración— se constató que sólo dos altos funcionarios no la han hecho pública: la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, además del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien si bien tiene un carácter autónomo, fue propuesto por el Ejecutivo.

En los casos de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, y Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, sus declaraciones no aparecían en el sistema de Declaranet hasta este martes en la noche. 

El equipo del vocero presidencial dijo que la 3de3 de Ramírez Cuevas "estaba en proceso" y que este miércoles "se verá en el sistema" de la Secretaría de la Función Pública. En la misma situación está Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, quien todavía no presenta sus declaraciones.