Después de haber realizado 30 mil 992 visitas de supervisión a las estancias infantiles durante 2018, la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar, detectó irregularidades en 20 establecimientos que violaron las reglas de operación.

Por ese motivo, las responsables de esas guarderías fueron dadas de baja del programa. Además, otras 19 estancias infantiles fueron cerradas por común acuerdo y nueve, por terminación anticipada de convenio debido a fallecimiento.

Estos datos fueron obtenidos por EL UNIVERSAL a través de una solicitud de información realizada a la Secretaría de Bienestar. En dicha petición se pidió el último informe sobre las estancias infantiles, el cual debió llevarse a cabo tras realizar las 30 mil visitas de supervisión, de acuerdo con el último informe de labores de la dependencia.

Ante este cuestionamiento, la dependencia respondió que las visitas de supervisión "no tuvieron el objetivo de realizar estudios, informes o diagnósticos, sino constatar el cumplimiento de las reglas de operación vigentes, teniendo como resultado la identificación de estancias con incumplimientos que podían causar la baja del programa".

Las entidades en las que fueron dadas de baja las 20 estancias infantiles irregulares son el Estado de México, con cuatro casos; Veracruz, con tres; Tabasco, con dos; Durango, con dos; Michoacán, con dos, y Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Yucatán, con un caso cada uno.

Expertos consultados por este diario hicieron énfasis en que la cifra de guarderías cerradas por violar las reglas de operación (20) contrasta con otras que el gobierno federal ha proporcionado, por ejemplo, la que hace referencia a los 97 mil niños y niñas fantasma beneficiarios del programa.

Los especialistas también resaltaron información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que indica que siete de cada 10 estancias infantiles eran un foco rojo y representaban riesgos para los menores.

Ante estas aseveraciones, indicaron que los estudios del DIF se centraban en cuestiones administrativas y no en temas de seguridad. A pesar de eso, la actual administración ha argumentado que la mayoría de las guarderías de Bienestar representaban un foco de corrupción y decidió modificar sus reglas de operación para que no recibieran dinero público.

Clara Torres, exresponsable de las estancias infantiles, señaló en entrevista que la antigua Sedesol ordenaba el cierre de las guarderías si se reportaba un problema grave. "No seguir las reglas de protección civil o una queja por abuso sexual, por ejemplo, eran irregularidades graves. Lo que no era grave eran las circunstancias por las que el DIF ponía los focos rojos: no informar los alimentos que iban a comer los menores ese día o no tener bien ordenado el espacio donde iban a dormir".

En ese sentido, la exfuncionaria criticó que María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, asegurara hace unas semanas que la Sedesol no podía dar de baja guarderías. "Eso es una mentira, claro que la Secretaría de Desarrollo Social podía clausurar estancias infantiles. Lo hacía a través de sus delegaciones, ahí decidían qué guardería se daba de alta y cuál se daba de baja", explicó Clara Torres.

Asimismo, Lía Limón, fundadora del programa de estancias infantiles, añadió que cuatro autoridades efectuaban supervisiones a esos establecimientos: Sedesol, DIF, Protección Civil y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

"La Sedesol era la única institución que podía cerrar una guardería por presentar irregularidades, pero siempre consultaba los informes del DIF y las otras autoridades para complementar su información", señaló Limón.

Acerca de las 20 estancias infantiles que la Sedesol dio de baja, Limón señaló: "Eso nos da toda la razón a nosotras acerca de que no había fallas sistemáticas en las estancias infantiles. Si sólo fueron 20 las que se cerraron el año pasado quiere decir que no se trataba de algo grave".

Para la directora general del DIF Estatal en Baja California, la ensenadense Mónica Vargas Núñez, impulsar el proyecto de la Casa Hogar para adolescentes es sinónimo de vida para muchos de ellos, ya que por la situación en la que muchos se encuentran, la exposición a conductas criminales y a hábitos mortales como el uso de drogas y alcohol, es cosa de todos los días.

Gracias a la visión y compromiso de una empresa local, socialmente responsable, con el carácter para donar un millón de pesos para impulsar el proyecto de la Casa Hogar para adolescentes, se podrá invertir en equipar perfectamente bien la infraestructura de la casa México-Japón de la Colonia 89 de Ensenada, que ha servido para cuidar a menores de edad en el pasado y que hoy, está en desuso. 

Vargas Núñez informó que prevén que este centro beneficiará en primera instancia a 40 adolescentes, quienes no han tenido la oportunidad de ser adoptados, pero requieren seguir estudiando, tener atención psicológica y de salud, entre otros.

Informó que a nivel estatal, DIF tiene a más de mil 95 menores bajo resguardo, de los cuales 856 son adolescentes de 12 a 17 años, por lo que parte de las acciones del Gobierno de Baja California, es lograr su bienestar mediante los Centros de Atención Integral.

Este espacio, añadió, estima un recurso de 5 millones 126 mil 382 pesos, para adecuar el inmueble, equiparlo, así como para rehabilitar el patio, instalaciones deportivas y otras para la operación del centro.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, consideró grave el rechazo y el tono empleado por el gobierno federal para descalificar la recomendación 29/2019 sobre las estancias infantiles y lo atribuyó a que no se ha entendido el papel de los órganos autónomos.

En entrevista dijo que se dará vista al Senado de ese rechazo a la recomendación, como corresponde según la Constitución, pero planteó que las recomendaciones deberían atenderse.

"Me parece grave que no se haya entendido el sentido de una recomendación y el tono de la repuesta", planteó en entrevista en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la presentación del Protocolo del Instituto para proteger los derechos humanos de las personas Trans.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que la recomendación sobre las estancias infantiles es una "vergüenza" y antes, la Secretaría de Bienestar aseguró que era "aberrante"

En respuesta, el ombudsman expuso hoy "nosotros respetuosamente daremos respuesta a planteamientos que si les puedo anticipar, no tienen sustento, a las respuestas que nos dieron pero el tono no fue el más adecuado. Daremos puntual respuesta y desencadenaremos los procedimientos que están previstos en la Constitución".

Pero pidió entender el papel de los organismos autónomos y respetar la diversidad. "Continuemos en la unidad dentro de la diversidad y para eso necesitamos respetar el disenso, disentir no significa agraviar significa contribuir".

Recordó además que en 29 años la CNDH ha emitido recomendaciones a gobiernos de todos los colores, en defensa de los derechos humanos sin importar el partido en el gobierno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer a la sociedad mexicana y a la opinión pública en general, los resultados de la investigación realizada sobre el caso de la violación a los derechos humanos de las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, vigente hasta el 27 de febrero de 2019 y que derivó en la emisión de la Recomendación 29/2019, el 31 de mayo del año en curso.

Es pertinente señalar que la emisión de este pronunciamiento no pretende inhibir la implementación de medidas de austeridad y control presupuestal, o la investigación de cualquier irregularidad en el manejo de los recursos públicos; por el contrario, saludamos las medidas que tengan por objetivo un mejor control del gasto público, así como la investigación y sanción de actos de corrupción. No obstante, se enfatiza que esas acciones deben ejecutarse sin vulnerar los derechos de niñas, niños, mujeres, y padres, para evitar que se les prive de la oportunidad de acceder a servicios de cuidado y atención integral infantil, y se afecten sus posibilidades de subsistencia, y desarrollo profesional y personal.

De igual forma, es importante tener presente que la seguridad en las estancias infantiles es responsabilidad de quienes prestan esos servicios, pero no debe perderse de vista que corresponde a las autoridades garantizar la supervisión de los centros de atención y cuidado integral infantil y, en su caso, sancionar cualquier incumplimiento de las obligaciones que establece la normatividad aplicable. Detrás de cualquier daño a la integridad, salud o vida de las niñas y niños en ese tipo de servicios, suele encontrarse, por lo general, la omisión de las autoridades en el ejercicio de sus labores de supervisión y vigilancia.

A fin de contextualizar los hechos materia de investigación, resulta conveniente señalar brevemente la cronología de los hechos.

El 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 - en adelante “Programa de Apoyo al Bienestar”-, las cuales dejaron sin efecto las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles.

Entre el 7 de febrero y el 29 de abril del año en curso, se presentaron ante este Organismo Nacional 204 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de 5,340 personas agraviadas y/o quejosas, de las cuales, 2,049 son madres y padres, 1,662 niñas y niños, 1,310 responsables de estancias, 117 diputados federales y locales, y 202 personas con otra calidad, sin dejar de advertir el detrimento a la totalidad de los beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles.

Los Estados de la República que concentraron el mayor número de personas quejosas y/o agraviadas fueron Jalisco con 2,424, Sinaloa con 1,021, Veracruz con 779, y Chiapas con 207.

De forma coincidente, las quejas señalaron, en síntesis, lo siguiente:

a) El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en su Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre hombres y mujeres” correspondiente al Ramo 20 de “Bienestar”, sufrió una disminución del 50% respecto del año inmediato anterior;

b) Posteriormente se canceló el Programa de Estancias Infantiles en su totalidad, lo que constituye una violación a los derechos humanos de las niñas y niños usuarios del referido programa, de sus madres, padres y/o tutores, y de las responsables y trabajadoras de las estancias infantiles;

c) Las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar ponen en riesgo los servicios de cuidado de niñas y niños en las estancias infantiles, lo que representa una violación a sus derechos a recibir cuidados en un lugar que propicie su desarrollo integral;

d) El recorte presupuestal y la posterior cancelación del Programa de Estancias Infantiles priva a las madres de su derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y a desempeñarse en el ámbito laboral;

e) En cuanto a las responsables y trabajadoras de las estancias infantiles, las despoja de la oportunidad de tener un trabajo y un desarrollo personal, y

f) Existencia de irregularidades en el censo de beneficiarios para el Programa de Apoyo al Bienestar.

El gobierno federal ha entregado 625.3 millones de pesos para el apoyo de niñas y niños entre uno y cuatro años, en lugar de las estancias infantiles.

De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría del Bienestar, en el bimestre marzo y abril han recibido el apoyado un total de 197 mil 719 niños de todo el país, entre ellos 3 mil 101 con discapacidad.

La meta del gobierno es llegar 213 mil 437 niños, entre ellos 3 mil 101 con discapacidad, con lo cual se entregarán cada bimestre 666.7 millones de pesos.

Un juez federal emplazó a la Secretaría de Bienestar para que en 24 horas entregue a una estancia infantil el dinero del programa según el plan vigente en 2018.

La encargada de la guardería había acudido a entregar las listas de asistencia de los menores que tiene registrados, pero uno de los funcionarios de la secretaría --afirma-- se negó a recibirlas bajo el argumento de que el programa ya finalizó.