Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El proyecto de resolución a las impugnaciones presentadas contra esta ley fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán quien propuso al Pleno invalidar en su totalidad la norma porque el Congreso de la Unión no respetó los tiempos para legislar e incurrió en omisiones dentro del texto legal.

Aunque hasta ahora tres ministros ya se pronunciaron en contra del proyecto ¿por qué es importante la ley de salarios?

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica a todos los trabajadores gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal, que se encuentren adscritos en dependencias, administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos así como cualquier otro ente público.

Su creación está prevista en la reforma constitucional del año 2009 en la que se estableció en el artículo 127 que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente de la República y que para regular esto el Congreso debía promulgar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Según el artículo 127 constitucional estos servidores públicos "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades".

Esta remuneración incluye "toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales".

Todo ello, sin que el servidor pueda ganar más que su superior y que el titular del Ejecutivo a menos que desempeñe diversos empleos públicos o que realice un "un trabajo técnico calificado o por especialización en su función".

En este caso, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es decir, que los servidores públicos que realizan trabajos especializados o que tienen más de un empleo en el gobierno, podrían ganar un máximo de hasta 160 mil pesos aproximadamente, considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.

¿Por qué el ministro busca invalidar la ley?

Porque en el año 2009 se ordenó crear la ley pero fue hasta el año 2011 que el Senado envió la iniciativa aprobada y dictaminada a los Diputados para su análisis.

Sin embargo, los Diputados tardaron siete años para dictaminar y aprobar la ley, misma que fue publicada en noviembre del 2018.

Además, el ministro indica que en la ley no se establece cómo se fijará el salario del Presidente de la República para tomarlo como tope máximo salarial para el resto de servidores públicos.

Esto, debido a que, según la Carta Magna, los salarios deben ser adecuados y proporcionales a las responsabilidades que tienen los servidores públicos pero también "digno que les permita desarrollar sus planes de vida y garantizar lo mismo para su familia", señala el ministro Pérez Dayán.

Es decir, que les permita pagar renta, transporte, comida, vestido, educación, recreación, entre otros elementos entre los que se cuentan algunos que el titular del Ejecutivo no paga con su salario como la renta, el transporte o la comida.

Asimismo, indica que los legisladores tampoco consideraron en la Ley de Salarios que el artículo 94 constitucional establece que los sueldos de ministros, magistrados, jueces y consejeros federales no pueden ser reducidos mientras permanezcan en el cargo.

¿Es lo mismo la ley de salarios o de remuneraciones de los servidores públicos y la ley de austeridad?

No, la ley de salarios regula, como su nombre lo dice, las percepciones de los servidores públicos, mientras que la ley de austeridad regula los límites a los gastos y determina los ahorros que tendrán los entes públicos, es decir, cómo usarán sus presupuestos, no las nóminas.

¿Qué pasaría si invalidan la ley de salarios?

Para que la Corte invalide la ley, como propone el ministro Alberto Pérez Dayán, se requieren ocho votos a favor. Sin embargo, hasta el momento tres ministros ya se pronunciaron en contra de todo el proyecto, por lo que resta un voto en este sentido para que la ley no sea invalidada.

De ocurrir esto, en el siguiente periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar una nueva ley con las consideraciones que incluye el ministro.

¿Qué pasaría si cuatro ministros votan en contra del proyecto de Pérez Dayán?

Hasta ahora tres ministros indicaron que en abril pasado la Ley de Salarios fue reformada y que, por ello, ya se trata de una nueva norma.

En consecuencia, si un cuarto ministro vota en este sentido, la ley quedará vigente y para impugnarla nuevamente se tendría que alegar como acto reclamado el decreto de noviembre de 2011 y su reforma publicada en abril pasado.

El término para reclamar la reforma de abril ya venció.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que se adquirieron, (con un costo de hasta 2.4 millones de pesos blindada cada una), además, enfatizó que la seguridad no implica lujo.

“Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que, hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.”

“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, subrayó Aguilar Ortiz en conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país.

Aseveró que la austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan realizando tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.

Aguilar Ortiz comentó que, desde agosto de 2010, el Máximo Tribunal decidió que las y los ministros contarán con medidas de seguridad por la responsabilidad de estado que desempeña, incluyendo el uso de vehículos blindados.

“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.”

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto a los recursos del pueblo de México”, argumentó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz destacó que desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñen, incluyendo el uso de vehículos blindados, al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados.

“De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, cada vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el pleno, que como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra, entonces cuatro vehículos entre los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, cuatro de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros”, refirió Aguilar Ortiz.

Enfatizó que, desde el inicio de su tarea, cada uno de los ministros y ministras, decidió no usar la suburban, porque son precisamente ostentosos y se decidió usar las camionetas jeep.

Aguilar Ortiz indicó que los vehículos por el tiempo de su adquisición ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso con dificultades en su sistema de tracción en el motor.

“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y, por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, expuso.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que presentará una reforma constitucional para que ningún funcionario gané más que el Presidente de la República.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que buscará presentar esta reforma para que su gobierno no quede como uno de “encubridores”.

Indicó que esta reforma la presentará después de las iniciativas de reformas en materia electoral, para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la que busca eliminar el cambio de horario.

“Fue bloqueada mi iniciativa original, incluso hay una Ley de Austeridad Republicana que no se cumple, por esto los amparos y franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad.

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución, para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos, que fueron los que promovieron lo de los amparos, creo que un ministro o dos fueron lo que iniciaron con esto”, dijo. 

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que busca presentar esta reforma para que su gobierno no quede como uno de “encubridores”.

“Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer, nada más que en su momento, antes de que se termine el gobierno”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que alista más medidas de austeridad en su gobierno para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, y detalló que entre las medidas a adoptar está la reducción en los viajes al extranjero y viáticos, y señaló que los ahorros que se obtengan se canalizarán al desarrollo y entregar apoyos a las personas más necesitadas.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con estas políticas se busca una “austeridad republicana de Estado” y anunció que mañana sostendrá una reunión con su gabinete en Palacio Nacional para analizar esta propuesta.

Aseguró que la formula para obtener ahorros es sencilla, pues consta de “cero corrupción y austeridad".

“Les adelanto que ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, como vamos a reducir bastante, casi no va haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, por teleconferencias y vamos reducir viáticos aún más y otras medidas.

“Vamos a alcanzar más en el plan de austeridad, independiente de lo que tiene que ver con poderes autónomos y que esto tiene que tratarse como una cuestión de Estado, es austeridad republicana de Estado para seguir manteniendo ahorros, para seguir sin deuda, sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de la gasolinas. La forma el sencilla, es cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que desde que inició su gobierno no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos “ni uno solo”.

“Yo, la camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400, mil kilómetros y de pues 10 años de uso. Les estamos dando mantenimiento y no me han dejado tirado en las giras”, afirmó.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), exhibió que titulares de diversos organismos autónomos ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, algunos que son muy cercanos y que fueron propuestos por el propio Mandatario federal como Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico); el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y Graciela Marquez Colin, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al presentar la nueva sección “Quién es quién en los sueldos mensuales” en la conferencia de prensa matutina el Ejecutivo federal, el procurador señaló que en esta lista también están consejeros de la Judicatura Federal (CJF), el presidente del INE, Lorenzo Cordova; así como ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN). 

Acusó que funcionarios del Inegi se ampararon para obtener un salario mayor al del titular del Ejecutivo Federal.

Ricardo Sheffield advirtió que investigará más a fondo sobre estos salarios e incluso pidió el apoyo de los medios de comunicación.

“Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país en donde nadie debe ganar más que el señor presidente”.

Explicó que el comparativo de sueldos es “el mensual después de impuestos, el neto, el que realmente nos llega a la bolsa y nos lo podemos guardar en lo que ocupemos gastarlo”.

“El sueldo del señor Presidente es de 136 mil 700 pesos, gana exactamente lo mismo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los secretarios de Estado, 135 mi 400, el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el director general gana 132 mil pesos mensuales ya netos; el director general de Pemex, 125 mil 400 pesos”.

En los que no cumplen con la ley, indicó Ricardo Sheffield, están los consejeros de la Judicatura Federal (CJF) con 286 mil 600 pesos mensuales; el magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) con 286 mil 500 pesos; ministros de la Suprema Corte (SCJN) con 284 mil 500 pesos; la gobernadora del Banco de México (Banxico) con 248 mil 500 pesos; el consejero presidente del INE con 240 mil 500 pesos.

El titular de Profeco señaló que también entre los que ganan más que el presidente López Obrador está el comisionado presidente de la Cofece con 206 mil 400 pesos; el comisionado presidente del IFT con 197 mil 700 pesos; la comisionada presidenta del Inai con 151 mil 300 pesos; la presidenta del Inegi con 149 mil 700 pesos; así como el fiscal general de la República con 146 mil 600 pesos y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con 142 mil 100 pesos .

El titular de Profeco recordó que el articulo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeñó de su función, empleo mayor a la establecida para el presidente de la República.

Docentes se han manifestado este domingo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en la ciudad de Tijuana para exigir un sueldo justo y en tiempo. 

El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, dijo en entrevista que lamentablemente un docente gana lo mismo que un albañil, lo cual corresponde a 5 mil pesos a la quincena.

"Los maestros ahorita estamos ganando la mitad de lo que gana un albañil y no estamos siendo despreciativos ni mucho menos racistas", manifestó Pacheco.

Por ello, este día salieron a manifestarse en la calle décima de la Zona Centro para pedir a las autoridades de gobierno que encabeza la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda que aumenten el cien por ciento al sueldo base, así como una jubilación digna.

"No es posible que el magisterio se este jubilado después de los 60 a 80 años", lamentó el líder.