Los diputados "rebeldes" de Morena, quienes votaron en contra de la reforma educativa, le mandaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que éste los llamara fifís, y aseguraron que no serán "levantadedos" en todas las reformas que se debatan, y cuando vean que se afectan los intereses de los trabajadores, alzarán la voz.

"En la carta que le enviamos a Mario Delgado queda muy claro que nosotros, con pleno respeto al Presidente, pero queremos decirle que como diputados, lo que el país necesita es que si estamos planteando cambiar de régimen, tenemos que modificar la conducta de los diputados, ya no podemos aceptar esos diputados levantadedos, que dicen sí a todo, eso es del régimen priista, que no razonaran, y no vamos a aceptar la subordinación absoluta, hay división de poderes y con mucha responsabilidad la vamos a defender", aseguró uno de los diputados llamados "rebeldes", Carol Antonio Altamirano.

Y agregó: "Vamos a apoyar al Presidente en todas sus iniciativas que estén sustentadas, tengan razón y vayan en beneficio de la gente, pero también lo decimos: Vamos a levantar la voz y vamos a ejercer la crítica cuando la iniciativa, venga de donde venga, afecte el interés de la gente o de los trabajadores".

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carol Antonio Altamirano adelantó que los ocho diputados que votaron contra la reforma educativa están dispuestos a apoyar este proyecto, que se votaría la próxima semana en el periodo extraordinario, si hay garantías de que en las leyes secundarias no habrá un régimen de excepción para afectar a los trabajadores de la educación.

Recordó que los ocho diputados votaron en contra de la reforma educativa porque en este proyecto, en el octavo párrafo del artículo 3, quedó establecida la admisión, promoción y el reconocimiento de los maestros, "y eso es a todas luces una disposición de carácter laboral, y el articulo 3 del Constituyente de 1917 se creó para establecer los principios y cómo se va a dar la educación en México, ese es el espíritu.

"La manzana envenenada está en el párrafo octavo, porque se puede establecer como un régimen de excepción que tienen la intención de crear un régimen especial para los trabajadores de la educación y eso está mal, para nosotros se puede lograr una buena educación sin necesidad de afectar derechos laborales. ¿Qué hace ese párrafo ahí?, que se vaya al artículo 123", dijo.

Carol Antonio Altamirano explicó que no hay una división en Morena ni están buscando crear su propio grupo, pero sí adelantó que sus votos serán hechos a conciencia.

"No hay ninguna fractura, lo que hay, con respecto a la reforma educativa son opiniones diferentes, nosotros hemos acompañado en todas las iniciativas del Presidente, pero en esta ocasión no coincidimos en la manera en que se procesó", dijo.

Recordó que había una mesa de diálogo pública en la que participaron las secretarías de Educación, Gobernación, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y diputados federales para procesar la nueva legislación educativa, pero dijo que es sorprendente que no se hayan hecho públicos los resultados ni los términos de la negociación.

Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentará un proyecto de sentencia donde propondrá negar un amparo a la asociación civil Aprender Primero, la cual impugnó las modificaciones a la Ley General de Educación, mismas que echaron abajo las reformas aprobadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

 El brazo contencioso de Mexicanos Primero, el cual fundó Claudio X. González Guajardo, reclamó 46 artículos que regulan diversos aspectos relativos a la educación, en los que se establecen las directrices de todo el Sistema Educativo Nacional, los principios que le rigen, así como los fines y criterios de la educación; y las facultades, distribución de competencias y las acciones que las autoridades deben tomar para la consecución de tales fines.

También marcan las directrices de la educación de las personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas; la educación inclusiva, así como la participación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su educación. 

Igualmente, se regula lo relativo a la formación para el trabajo y su certificación; lo aplicable a la docencia y su formación; las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por parte del Estado, así como de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

 En primera instancia, la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó no entrar al fondo del asunto, motivo por el cual sobreseyó la demanda. 

Sin embargo, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, revocó el sobreseimiento, pero se declaró legalmente incompetente para conocer el caso, razón por la cual lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el proyecto de sentencia que será sometido a discusión en la Segunda Sala de la Corte el próximo miércoles, la ministra Esquivel Mossa declara infundados cada uno de los alegatos que realizó la asociación de los artículos impugnados. 

Entre los argumentos expuestos por Aprender Primero, se menciona que antes de expedirse la Ley General de Educación, se omitió llevar a cabo la consulta correspondiente a personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, así como a pueblos indígenas. 

La ministra puntualiza que la asociación no acreditó ser representante de algunos de estos sectores, por lo que carece de legitimidad para impugnar la falta de consulta.

 Otro de los temas relevantes tiene que ver con el artículo 99 de la Ley General de Educación, donde se menciona que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares formarán parte del Sistema Educativo Nacional. 

Esta parte fue interpretada por empresarios como una virtual expropiación de sus propiedades, pero la ministra deja claro que no existe tal intención. 

¿Por qué corrieron a Javier Salas Espinoza de Vialidad y Transporte de Tijuana? Sólo él y Arturo González Cruz, presidente municipal, lo saben, aunque el mensajero fue el secretario de Movilidad, Román Aboytes.

Por lo pronto ya no está en esa posición que es ocupada ya por Bernardo Sánchez Ríos, un sonorense del grupo del priísta Manlio Fabio Beltrones 

Además Sánchez Ríos ya fue director de esa dependencia municipal en los dos primeros años del gobierno municipal encabezado por Carlos Bustamante Anchondo, quien dejó a Tijuana en la obscuridad y que del PRI pasó a MORENA.

Sánchez Ríos es colocado en esa posición por el gobernador Jaime Bonilla, porque será el delegado en Tijuana del Instituto del Transporte del Estado ya aprobado por el Congreso del Estado.

La verdad con Bernardo Sánchez Ríos como encargado del Transporte en Tijuana, va a seguir todo igual, taxis piratas y toda clase de irregularidades.

Como director de Vialidad no hizo nada, al contrario, era un desgarriate la dependencia municipal con Carlos Luna Herrera como su mano derecha y acusado de hacer negocios.

El regreso de Bernardo Sánchez Ríos es más de lo mismo, y el transporte seguirá siendo un botín económico y político de los gobiernos.

Es una lástima...

LÓPEZ OBRADOR UN AÑO DE GOBIERNO Y DE POPULARIDAD 

El uno de diciembre del 2019, se cumple el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su popularidad sigue prácticamente intacta entre la población mexicana.

Claro, para una parte de la clase política nacional deja mucho que desear su gobierno, sobre todo en materia económica, salud y de seguridad.

López Obrador digan lo que diga, estemos o no de acuerdo con su gobierno, sigue siendo un personaje querido por el pueblo y en un año se confirma.

Es claro que analistas consideran que no vamos tan bien cómo se comprometió Andrés Manuel López Obrador, pero en las encuestas sale apoyado por un 70 por ciento de la población.

El ex jefe del departamento de compras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), Porfirio Corona, fue sacado de las oficinas centrales por elementos de seguridad privada que resguardan el inmueble.

Los hechos se registraron el pasado 22 de noviembre por la tarde, luego de solicitarle la renuncia y pedirle que abandonara su oficina.

La negativa de Porfirio Corona para retirarse y en contraparte, seguir incrustrado en la ubre gubernamental obligó a que un par de elementos lo acompañaran al estacionamiento de Cespt junto con sus pertenencias.

Antes de retirarse, el ex funcionario afirmó que él solamente recibía órdenes de sus superiores, lo anterior, por las presuntas irregularidades que han sido detectadas en la paraestatal y que serán evidenciadas en las próximas semanas por Rigoberto Laborín, director del organismo...

Como del gobierno del Estado se trata, la secretaria de Bienestar, la tijuanense Cynthia Gissel García, no la tiene todas a favor, pues hay quienes la quieren, pero la quieren afuera de la administración de Jaime Bonilla Valdez.

Hace un día filtraron que la habían corrido, incluso por hechos de corrupción y ella salió a defenderse que no es cierto. Hay que recordar que la ex diputada federal tiene una confrontación ya conocida con el súper delegado federal, Jesús Ruiz Uribe.

Incluso hay quienes aseguran que Ruiz Uribe está investigando los movimientos de Cynthia Gissel García, una señora que ha sido encuestadora del PRI, del PAN, diputada federal por Movimiento Ciudadano, entró al PES y hablaba maravillas de Julián Leyzaola Pérez, de repente lo acusa y se va desde el 2018 con el ingeniero Jaime Bonilla.

A principios del 2019, lanzaba en sus redes sociales algún gancho para que sus seguidores la candidatearan por MORENA.

Para la presidencia municipal, quien quite pegaba. La pregunta ¿traerá en la mira el gobernador Jaime Bonilla a su secretaria de Bienestar? ¿La estarán investigando y de qué?.

Entre múltiples señalamientos se aprobó por mayoría simple en sesión de Cabildo la integración de las comisiones de Recreación, espectáculos y alcoholes, así como la de Régimen Interno (CRI).

Ambas comisiones estaban en manos de ediles de MORENA, Yolanda García Bañuelos en la de alcoholes y Josué Octavio Gutiérrez Márquez en la (CRI).

Para el edil Gutiérrez Márquez fue un "atropello" lo que ocurrió en la sesión al cambiar la integración de las comisiones, pasando por encima de la facultad del primer edil.

La regidora Mónica Vega Aguirre, aseguró que entre las facultades de los integrantes de cabildo, está la de designar a los integrantes de las comisiones.

A su vez, la regidora Edelmira Chamery Méndez hizo un llamado a los ediles de la fracción de MORENA a desempeñar el cargo con rectitud.

Al finalizar la sesión de cabildo, el alcalde Arturo González Cruz, rechazó que haya una fractura al interior del cabildo, pues esta división de opiniones es parte de la democracia.

En esta administración municipal hay tolerancia, no voló en otras administraciones donde se daba "línea" y se imponía la voluntad del primer edil.

La CRI ahora será encabezada por José Cañada García y la comisión de alcoholes por César González García.

La aprobación se dio con nueve votos a favor, seis en contra ( incluidos el alcalde y la síndico ) y una abstención.