La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una suspensión para que no se le aplique la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y sus trabajadores conserven sus sueldos conforme a lo establecido en el 2018.

La Primera Sala decidió, por mayoría de votos, que los funcionarios del IFT podrán mantener los sueldos de 2018 siempre y cuando no rebasen el 40% de lo que gana el titular del Ejecutivo.

Con ello, la SCJN declaró fundado el recurso de reclamación presentado por el IFT y revocó la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien en la controversia constitucional contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos negó la suspensión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dar efectos generales a su sentencia que declaró inconstitucional el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, con el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaba la reserva de la información de las obras emblemáticas de su administración y las clasificaba de seguridad nacional y de interés público.

Con seis votos a favor, el Pleno avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de eliminar totalmente el acuerdo, por lo que los ciudadanos podrán solicitar la información que requieran sobre dichas obras, y no podrán negárselas bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.

Los efectos de la sentencia tendrán validez una vez que el Ejecutivo Federal y las secretarías de estado sean notificados del fallo oficialmente.

El Pleno de la Corte se enfrascó en un debate de casi una hora y media para fijar los efectos de la sentencia dictada el jueves pasado, donde declaró inconstitucional dicho acuerdo, tras resolver la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La discusión derivó porque no se determinaba si los efectos tenían que ser entre partes, es decir, entre el INAI y el Ejecutivo Federal, y si las secretarías federales estaban obligadas a brindar a particulares la información que solicitarán, por ejemplo, del Tren Maya, o de otra obra emblemática.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien votó en contra de la propuesta de Alcántara Carrancá, consideró que la declaratoria de invalidez del acuerdo era solo para el INAI, organismo al que se le violentaron sus derechos de competencia. Explicó que era como un amparo, el INAI es el beneficiado, pero la ley seguía aplicando para los demás.

Al respecto, las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Yasmín Esquivel Mossa opinaron que el acuerdo seguía vigente para quienes no lo impugnaron, pero no para el INAI.

Lo anterior, provocó que el ministro Javier Laynez Potisek recordara que el INAI acreditó que ese acuerdo es inconstitucional, pero con la propuesta de la minoría no se podría saber si a los particulares se les iba a poder ofrecer la información solicitada sobre obras emblemáticas.

Cabe mencionar que los efectos emitidos por la Corte no impactarán en el nuevo Decreto que el titular del Ejecutivo Federal emitió el jueves pasado para blindar de nuevo la información de las obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de aeropuertos.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó a los cinco candidatos y candidatas a dirigir la presidencia del máximo tribunal de México.

La próxima elección se realizará cuando el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, deje el cargo.

Durante los primeros cinco días de diciembre, previo a la conclusión del encargo de la Presidencia en funciones, las Ministras y Ministros que aspiren a presidir la SCJN y el CJF presentaron a sus compañeros y compañeras las “líneas generales” de su proyecto de administración.

Los aspirantes son:

Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministro Javier Laynez Potisek

Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministra Norma Lucía Piña Hernández

¿Cómo y cuándo será la elección a presidente de la SCJN?

La elección se llevará a cabo en sesión pública solemne, celebrada en el primer día hábil del mes de enero. La sesión será presidida por el Ministro decano (quien tiene la mayor antigüedad en el Pleno).

Esta vez, la elección de la Presidencia de la SCJN y el CJF se realizará el 2 de enero de 2023.

La votación se hará por cédulas, contando con la participación de dos Ministros y/o Ministras para el escrutinio. Para que una persona sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Si nadie obtuviera los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance seis votos o más a su favor.

La persona electa tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta como Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ante los Plenos reunidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplirá con el plazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 30 días para que envíe al Senado de la República una terna para elegir a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Dijo que cumplirá aunque no está de acuerdo con la función de la comisión porque defiende a empresas particulares y protege un modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte, y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas”, comentó durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Refirió que deberá escoger a la terna de candidatos que no conoce y no escogió él, ya que le envían una lista elaborada. “Los que mandan, porque hasta eso, ni los conozco. Me mandan, creo que cinco, y de ahí tengo que mandar uno, primero”, explicó.

Añadió que no existen las condiciones para desaparecer a la Cofece, pero no descartó que posteriormente intente desmantelar al organismo autónomo.

“Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial, y es lo que voy a hacer”, comentó.

Actualmente faltan tres consejeros en la Cofece para integrar un total de siete, puesto que, de acuerdo con la controversia 207/2021, el organismo señaló que había una integración incompleta, la cual le ha impedido desplegar adecuadamente todas sus atribuciones.

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que ante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional que militariza la seguridad pública en el país al trasladar a la Sedena su control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe corregir este error histórico y actuar como un verdadero contrapeso como garante de la Constitución y de nuestros derechos.

La Fundación para la Justicia anunció que las organizaciones defensoras de los derechos humanos llevaremos a cabo las acciones legales y de defensa de derechos humanos, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el resto del Poder Judicial de la Federación corrija el curso que equivocadamente marcó el Poder Legislativo.

“Hoy más que nunca, debemos recordar que los contrapesos son necesarios en cualquier democracia y que el papel del Poder Judicial en este caso será clave, como garante de la Constitución y de nuestros derechos”.

Ante ello, “hacemos un llamado a jueces, magistrados y, en especial, a los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, para que recuerden el rol y la responsabilidad que sus cargos les confieren, para garantizar que en México se siga viviendo una democracia de derechos, no de militares ni de imposiciones políticas”.

También hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los partidos de oposición, para que accionen los mecanismos de control constitucional diseñados para evitar este acto que desconoce la Constitución, pero más importante, que desconoce la realidad de miles de víctimas en nuestro país y de una sociedad con esperanza de paz.

“Exhortamos a la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas y a los organismos internacionales a construir, de la mano de expertos internacionales y de la sociedad civil, un mecanismo especial de monitoreo y denuncia de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas”.

Subrayaron que lo ocurrido en el Senado donde Morena y sus partidos aliados avalaron la reforma de la Guardia Nacional es un “luto para la democracia” porque no solo olvidaron las promesas de campaña que les llevaron al cargo que hoy ocupan.

“También olvidaron a las víctimas de la violencia ejercida por militares, como Heidi, de 4 años, queapenas hace unos días perdió la vida. Muchas de estas víctimas provienen de los grupos más vulnerados, como personas de bajos recursos, mujeres y migrantes, que como Fundación para la Justicia, junto con otras organizaciones civiles y periodistas, documentamos en el informe Bajo la Bota”.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el decreto publicado en la Ley que Reglamento el Servicio de Agua Potable del Estado de Baja California que aprobaba en la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Baja California la transferencia del manejo del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a los gobiernos municipales por parte del gobierno estatal. 

El Máximo Tribunal señaló que el Congreso del Estado de Baja California omitió anunciar a los municipios que se estaría realizando dicha votación en una sesión ordinaria, pues al menos un representante de cada municipio debió asistir a dicha discusión, como lo indica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Por esta omisión se invalida cualquier decreto y se aclara que se cometió una violación al procedimiento legislativo. 

Se invalidó el decreto que reformaba diversas disposiciones a través de las cuales se transfería del gobierno estatal de Baja California a los gobiernos municipales, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. pic.twitter.com/IiOoCJ9P08

— Suprema Corte (@SCJN) August 16, 2022

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