Al reconocer que son pésimas las condiciones de las estaciones migratorias del país, el Canciller Marcelo Ebrard anunció que se destinarán 60 millones de pesos para que el Instituto Nacional de Migración (INM) presente un modelo nuevo de esas estaciones. 

En conferencia de prensa mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que esa fue la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que las condiciones de las estaciones son muy malas, en algunas no funcionan los baños y no tienen servicios.

Por tal motivo se va destinar 60 millones de pesos para que el INM presente el nuevo modelo y que haya un mejor trato a migrantes.

Congresistas demócratas, capitaneados por el senador Robert Menéndez y la representante Linda Sánchez, presentaron este jueves la propuesta de reforma migratoria del presidente Joe con un punto central: la regularización de los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Biden, un texto legislativo extenso (353 páginas) y muy ambicioso

El proyecto es la concreción de la promesa electoral de Biden y la puesta en marcha de las primeras acciones ejecutivas en materia migratoria del presidente. "Tenemos el imperativo moral y económico de pasar una reforma migratoria grande, inclusiva y atrevida, que no deje a nadie atrás", dijo Menéndez, en una videoconferencia con periodistas.

El núcleo de la ley es el camino de ocho años hacia la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que vivían en EU a la fecha del 1 de enero, un hito que conseguirían tras recorrer una senda que incluye revisión de antecedentes y pago de impuestos. Antes de la ciudadanía, dispondrían de permisos de residencia y trabajo temporal durante cinco años, después podrían aplicar a residencia permanente (Green Card) antes de optar por la naturalización tres años más tarde.

El camino es mucho más expedito para algunos grupos, como los trabajadores agrícolas o los dreamers, que podrían optar a la residencia permanente de inmediato y sólo esperar tres años para la ciudadanía.

La propuesta va más allá. Además de recuperar el modelo familiar de migración, amplía el número de visados de trabajo que se pueden expedir y provee una partida multimillonaria (4 mil millones de dólares en cuatro años) para fondos que se destinarán a la lucha contra la violencia y la corrupción en países centroamericanos, entre otros.

Para lo que no hay ni un centavo es para el muro. Biden cumple con su objetivo de hacer realidad la que es la mayor apuesta por una reforma migratoria desde hace casi una década. "Me comprometo a trabajar con los líderes de la Cámara Baja y el Senado para corregir las negligencias de la administración anterior y devolver la justicia, la humanidad y el orden a nuestro sistema migratorio", dijo Biden en un comunicado.

La actuación tan rápida en el tema migratorio es, en parte, un intento de los demócratas de resarcirse de la poca acción real que consiguieron bajo el mandato de Barack Obama. Cuando todavía no se ha cumplido un mes de la nueva administración, Biden ya ha hecho cambios estructurales.

Pero sus opciones de éxito son escasas: si bien tiene fácil contar con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, necesita que 10 republicanos del Senado le den su voto, algo complicado. Por el momento, el texto tiene el apoyo de una veintena de senadores y más de 80 congresistas: todos demócratas.

Menéndez confesó que ha empezado a contactar con republicanos para ver el apoyo que podría tener la propuesta en esa bancada, sin especificar la respuesta recibida. Aun para algunos demócratas la ley es demasiado ambiciosa y no da pie a poder conseguir el apoyo necesario en el Senado, lo que ha abierto las dudas sobre si la Casa Blanca estaría dispuesta a despedazar el texto en varios proyectos. "Sabemos que el camino por delante pedirá negociar con otros, pero no vamos a hacer concesiones de antemano", dijo Menéndez.

En la Cámara Baja, la propuesta tampoco ha sido bien recibida por los republicanos, que en un comunicado afirmaron que "va a revivir las políticas fracasadas del gobierno de Obama-Biden y va a hacer que los estadounidenses estén menos seguros".

La precaución fue la tónica entre las asociaciones promigrantes, que si bien aplaudieron la propuesta son conscientes de la dificultad y necesidad de lucha para que salga adelante. Grupos conservadores se han negado en rotundo en las provisiones más importantes del texto.

La presentación del proyecto de ley llegó en la víspera de que se abriera el proceso para empezar la readmisión de solicitantes de asilo expulsados de EU a México bajo el programa Quédate en México. A partir de hoy, los que tengan casos activos pueden inscribirse en un portal de internet gestionado por Naciones Unidas para tramitar su regreso a territorio estadounidense y esperar ahí su cita con la justicia migratoria y presentar su caso.

Trabajadores de diversos municipios de Veracruz viajaron a Baja California para prestar sus servicios durante cuatro meses en la planta de la empresa Samsung, en el ensamblaje de televisores.

Hombres y mujeres, con todo y sus hijos llegaron a despedir a sus seres queridos que viajaron a Tijuana en dos autobuses, quienes salieron de las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Xalapa.

Oved Escudero director del Servicio Nacional de Empleo, indicó que vigilan que los 200 trabajadores no sean enganchados por la delincuencia organizada.

Ya han detectado que en algunos estados del país se da esa situación, de que son supuestamente contratados, les ofrecen prestaciones y altos sueldos y realmente los someten a una especie de esclavitud.

Por ello estos traslados se realizan de manera coordinada con el Servicio Nacional de Empleo que tiene presencia en todo el país.

En la zona norte hay una dirección general, y cada que llegan trabajadores de otros estados la dependencia tiene conocimiento de las vinculaciones que se hacen.

Los trabajadores que partieron a Tijuana obtendrán un sueldo de mil 700 pesos semanales, hospedaje, vales de despensa y al final de contrato en diciembre les darán un bono de 6 mil pesos, haciendo un aproximado de 34 mil pesos.

En Veracruz el promedio salarial que esas personas llegaban a percibir era un máximo de 200 pesos diario.

Un tercio de los que viajaron ya han ido a trabajar en otras ocasiones a esa y otras plantas.

La iglesia católica llamó al gobierno federal a mejorar la política migratoria "fallida", a través del diálogo y la negociación sin caer en chantajes o amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo el título "Un sistema migratorio fallido", el editorial publicado en el semanario religioso Desde la Fe consideró que las autoridades nacionales deben esforzarse más por mantener íntegros los derechos humanos de los migrantes. 

"Ante este drama, corresponde a las autoridades mexicanas mayores esfuerzos en la atención de los migrantes y continuar promoviendo el diálogo y la negociación transparente en las relaciones bilaterales, sin caer en el chantaje o la amenaza", argumentó el texto.

Tras recordar la muerte de un padre migrante y su hija al intentar cruzar el Río Bravo, la arquidiócesis de México afirmó que esto "es consecuencia innegable de un sistema migratorio fallido, cuya inflexibilidad lleva cada vez a más hermanos a decidir entre su futuro o su vida".

Por ello, reiteró el artículo, tanto la iglesia mexicana y la de Estados Unidos han señalado que cada persona que muere en su intento por alcanzar el sueño americano, "clama justicia al cielo, pero también soluciones humanas para todos aquellos que tienen el legítimo deseo de lograr mejores condiciones de vida".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), se estima que tan sólo en los primeros seis meses de este año, el flujo de personas migrantes supera 232% a los números registrados durante todo 2018, y unos 360 mil indocumentados se encuentran dispersos en suelo nacional o ya ingresaron a los Estados Unidos.

"El sistema migratorio, tanto en nuestro país como en la Unión Americana, nos habla de un fracaso, pero también de la necesidad urgente de atender las causas profundas de esta crisis migratoria, pues la única barrera que podría detener el flujo de migrantes es el desarrollo económico, político, cultural y social en sus países de origen", destacó el editorial.

La arquidiócesis que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes mencionó que algunas diócesis se encuentran sobrepasadas por la cantidad de migrantes que transitan por su territorio, "entre los problemas más comunes de esta población están el agotamiento, deshidratación, heridas a causa del crimen organizado y en ocasiones por las autoridades migratorias", por lo que la iglesia seguirá brindando auxilio a los migrantes, de manera cada vez más organizada.

En el editorial se hace un llamado a las autoridades norteamericanas para impulsar el trabajo conjunto con los gobiernos del Triángulo Norte y el Gobierno de México a fin de erradicar la violencia y mejorar las economías locales desde las cuales la gente se ve obligada a emigrar.

"Y a todos los mexicanos –especialmente a quienes nos decimos cristianos– nos toca erradicar la xenofobia, reconocer y ayudar, no con acciones simplistas, a las familias que huyen de la violencia, de la persecución y de la pobreza extrema y que, lo mínimo que esperan en nuestro país, es ser tratadas con compasión y amor, pero sobre todo con dignidad", finalizó.

La historia de Tijuana está marcada por la migración: la mitad de quienes viven aquí vienen de otros lugares del país o del mundo, pero ahora solo podrán llegar por tierra a la ciudad los mexicanos o los extranjeros autorizados para ello. Por primera vez en la historia de Tijuana, los pasajeros que arriben en autobús, deberán identificarse con credencial oficial o mostrar autorización por parte del Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de la Defensa Nacional. 

El filtro de inspección es el segundo que deben sortear los viajeros, quienes previamente son revisados en La Laguna Salada, entre Mexicali y Tecate.

Por vía aérea los filtros migratorios han sido estrictos durante años.

Este mayor control migratorio obedece a las nuevas políticas acordadas entre México y Estados Unidos para frenar la migración indocumentada hacia el país del norte. 

 El gobierno federal sella la frontera sur del país con el despliegue de 6 mil 300 elementos de la Guardia Nacional para contener, en 23 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

Información oficial, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, detalla que 3 mil 900 guardias, más de la mitad de la fuerza total, están distribuidos en Chiapas, entidad que comparte la mayor extensión fronteriza con Guatemala, que junto con Honduras y El Salvador son los países que más expulsan migrantes.

En Tabasco hay mil 500 oficiales, en Campeche 600 y en Quintana Roo 300; se encargan de vigilar retenes y revisar la documentación en entradas y salidas en apoyo al Instituto Nacional de Migración. 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió la participación de la Guardia Nacional, al asegurar que tiene competencia en la materia.