Grave, que gobierno federal rechace recomendaciones, advierte CNDH

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, consideró grave el rechazo y el tono empleado por el gobierno federal para descalificar la recomendación 29/2019 sobre las estancias infantiles y lo atribuyó a que no se ha entendido el papel de los órganos autónomos.

En entrevista dijo que se dará vista al Senado de ese rechazo a la recomendación, como corresponde según la Constitución, pero planteó que las recomendaciones deberían atenderse.

"Me parece grave que no se haya entendido el sentido de una recomendación y el tono de la repuesta", planteó en entrevista en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la presentación del Protocolo del Instituto para proteger los derechos humanos de las personas Trans.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que la recomendación sobre las estancias infantiles es una "vergüenza" y antes, la Secretaría de Bienestar aseguró que era "aberrante"

En respuesta, el ombudsman expuso hoy "nosotros respetuosamente daremos respuesta a planteamientos que si les puedo anticipar, no tienen sustento, a las respuestas que nos dieron pero el tono no fue el más adecuado. Daremos puntual respuesta y desencadenaremos los procedimientos que están previstos en la Constitución".

Pero pidió entender el papel de los organismos autónomos y respetar la diversidad. "Continuemos en la unidad dentro de la diversidad y para eso necesitamos respetar el disenso, disentir no significa agraviar significa contribuir".

Recordó además que en 29 años la CNDH ha emitido recomendaciones a gobiernos de todos los colores, en defensa de los derechos humanos sin importar el partido en el gobierno.





CNDH teme que la información sin actualizar provoque violación de DH

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Cadena Noticias - Carlos Linaldi Marquez,  Baja California, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a los gobiernos estatales a mantener actualizada la publicación de sus leyes que dan a conocer a través de periódicos y gacetas oficiales y que difunden en sus páginas de internet.

Lo anterior para que la sociedad tenga puntual conocimiento de la normatividad, facultades y ámbitos de competencia de los estados, así como para que esta Comisión Nacional colabore con los poderes públicos, mediante el ejercicio de la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, para consolidar un orden jurídico que observe y garantice de manera irrestricta los derechos humanos.

Las dependencias encargadas de los periódicos y las gacetas oficiales son los órganos de los gobiernos de las entidades federativas que cumplen con la función de publicar leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás ordenamientos y actos expedidos por los poderes locales, con la finalidad de informar a la sociedad sobre su contenido para que sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.

Sin embargo, la CNDH ha identificado que, en algunos casos, los portales de internet de los periódicos y las gacetas oficiales no están actualizados, y en otros, la publicación extemporánea de las normas en las páginas electrónicas de los periódicos oficiales impide que las mismas sean examinadas con el rigor y profundidad que se requiere para verificar si estamos ante posibles violaciones a los derechos fundamentales.

Los periódicos oficiales son sumamente importantes para que este Organismo Autónomo pueda cumplir con la atribución de revisar que los marcos normativos respeten y garanticen los derechos fundamentales. Por ello, diariamente realizamos la revisión virtual en las páginas de internet de estos medios oficiales de difusión, para identificar leyes y reformas que se publican en los estados y la Ciudad de México, así como en el Diario Oficial de la Federación para proceder a su análisis.

Lo anterior permite que la CNDH identifique normas de rango legal que puedan ser susceptibles de vulnerar los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en cuyo caso se elaboran demandas de acción de inconstitucionalidad que se presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determina si las normas son respetuosas o no de los derechos fundamentales de las personas.

Para ejercer esta importante función constitucional en beneficio del pueblo de México, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CNDH cuenta con un plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que se publica la ley o el decreto de reformas que pueda implicar una transgresión a los derechos humanos, por lo que es muy importante que la detección y análisis de las disposiciones normativas se haga de manera oportuna.



Denuncian a Téllez ante CNDH por expresiones discriminatorias

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El abogado comunitario Gabriel Méndez López informó que se interpuso una denuncia ante la CNDH contra la senadora del PAN, Lilly Téllez, por las expresiones discriminatorias que usó sobre un ritual indígena por el Día de Muertos que practicó el presidente de México hace unos días.

De acuerdo con el documento difundido el pasado 4 de noviembre por el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional, México en sus redes sociales, los abogados comunitarios Gabriel Méndez López de tseltal de Oxchuc, Chiapas y Luis Ángeles Alcalá, de San Luis Acatlán, Guerrero, presentaron una denuncia contra la senadora Lilly Téllez del PAN ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Venimos a solicitar su pronta intervención ante el trato discriminatorio realizado por la senadora María Lilly Téllez García en su mensaje en redes sociales", se lee en el documento.

Señalan además, que las expresiones de la senadora de "discriminación racial, violenta la soberanía constitucional en su artículo 1".

Por lo anterior, mencionan que el "desconocimiento de la pluriculturalidad de México, no la exime de la responsabilidad civil o penal y más aún siendo senadora de la República".

En la denuncia, exigieron que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) inicie una investigación y "sancione el comentarios racista, discriminatorio, denigrante y ofensivo a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas que o reservamos nuestra cultura y tradiciones pese a la política indigenista".

Por último, también exigieron una disculpa pública a la senadora panista "para con los pueblos y comunidades indígenas, no debemos permitir que funcionarias con estos pensamientos coloniales sigan siendo representantes populares".

--Diputada de Morena le dirige carta

Irma Juan Carlos, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, dirigió una carta a la senadora del PAN en la que señala que demostró "torpeza" y la calificó de "traicionera", "mentirosa" e "irresponsable".

La legisladora de Morena indica que Lilly Téllez miente al señalar que está a favor de impulsar leyes para los pueblos y comunidades indígenas y le recuerda que el PAN, partido al que ahora pertenece, "entregó nuestros recursos naturales y nuestros territorios a empresas privadas mediante concesiones sin consultarnos".

--Lilly Téllez califica de "superchería" ceremonia indígena

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador encabezó el homenaje denominado "Una flor para cada alma, una ofrenda homenaje a las víctimas de la pandemia de Covid-19" que reunió la cosmovisión de 20 naciones indígenas.

En la ceremonia el Presidente y la doctora Beatriz Gutiérrez recibieron una bendición en la lengua mazateca.

Ese mismo día, la senadora panista Lilly Téllez criticó el ritual mazateco, originario de la región Cañada de Oaxaca, que se realizó en Palacio Nacional.

La exmorenista calificó el ritual como "la idealización de la ignorancia" y exigió que hubiera más ciencia y no lo que llamó "superchería".



Presos están en mayor riesgo ante Covid 19

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Cadena Noticias - Carlos Linaldi Marquez,  Tijuana, Baja California, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, y a sus homólogos encargados de los Sistemas Penitenciarios en el país, adoptar las medidas cautelares correspondientes para reforzar todas las acciones, gestiones y medidas preventivas que eviten, en la medida de lo posible, un repunte de contagios de COVID-19 en los Centros Penitenciarios.


El pasado 27 de octubre se enviaron estas medidas considerando que, en meses pasados, entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados estuvieron las personas privadas de su libertad. Esto obedece a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población y que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes para mitigar el número de contagios, se constató la necesidad de aumentar las medidas encaminadas a la prevención de la población privada de la libertad.


La Comisión Nacional también solicitó que se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas que permanecen al interior de centros penitenciarios, incluidas hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven con ellas y todo el personal que labora al interior de estos centros en el país.


Lo anterior, se derivó de las consideraciones que se tomaron de acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 1-2020. Hasta esa fecha, se confirmaron mil 212 casos positivos de influenza: 617 de AH3N2, 434 de AH1N1pdm09, 123 de tipo B y 38 de influenza tipo A; registrando 45 defunciones positivas a influenza, 21 por AH1N1pdm09, 18 por AH3N2, 5 por influenza A y 1 de influenza B en nuestro país.


Asimismo, en dicho informe se reportó que, durante 2019 y hasta la primera semana de 2020, los grupos etarios con mayor número de casos positivos a influenza fueron personas mayores de 65 años, seguidos de los menores entre 5 y 9 años y el grupo de 1 a 4 años de edad.


Por tanto, este Organismo Autónomo, en seguimiento a las solicitudes de medidas cautelares enviadas con anterioridad, y considerando lo expuesto en el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada por COVID-19 y ante la posibilidad de que se enfrente un rebrote de nuevos casos en este periodo invernal, considera imperioso que las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional se avoquen a realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora al interior de estos Centros.


Las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna, a través de guardias permanentes de personal médico especializado tanto en los Centros Penitenciarios cuanto a través de videoconsultas para personas privadas de la libertad en donde se les brinde la atención psicoemocional ante los efectos generados por la pandemia. Se pidió, además, considerar la asignación de ambulancias debidamente equipadas y que se dote de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización permitidos. Además, se instó a que se mantenga informadas a las personas que habitan en centros penitenciarios sobre cualquier medida que se adopte para salvaguardar su salud, la de sus familiares y de las personas defensoras que los visitan, entre otras gestiones. 


Por último, la CNDH advirtió a las autoridades mencionadas que no se podría alegar falta de recursos económicos o análogos como justificación para no atender la solicitud realizada, pues ello derivaría en la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en su calidad de garantes. Lo anterior, de conformidad con el artículo 2.1. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto que las medidas adoptadas evitarían la consumación irreparable de violaciones a sus derechos humanos y/o la producción de daños de difícil reparación. 


Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos daremos puntual seguimiento a todas las acciones que se realicen para proteger y garantizar el derecho a la salud, a la integridad y a la vida de las personas privadas de la libertad ante la difícil situación que persiste en nuestro país a causa del virus SARS-COV2 (COVID-19).



CNDH exige medidas urgentes para respetar la libertad de expresión

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La CNDH exigió a los tres órdenes de gobierno tomar medidas urgentes para asegurar el respeto a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información.

Así como brindar las condiciones óptimas para que el trabajo informativo de periodistas y comunicadores no sea obstaculizado.

Al conmemorar el "Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas" y ante la persistencia de agresiones en contra de este gremio, la Comisión que preside Rosario Piedra Ibarra exhortó las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia a que realicen investigaciones acuciosas y exhaustivas a fin de esclarecer los crímenes en contra de periodistas y comunicadores y se condene tanto a los autores materiales cuanto a intelectuales de estos crímenes.

La CNDH, en concordancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina; que el secuestro, la desaparición y el homicidio, son atentados a la libertad de expresión que se perpetran de manera cotidiana y alarmante en contra de los periodistas.

En los últimos 20 años, se han registrado 165 homicidios de periodistas en México, de los cuales 12 han ocurrido este año.

Además, de 2005 a la fecha, se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos, mientras que de 2006 a la actualidad se han contabilizado 54 atentados a instalaciones de medios de comunicación, lo que hace evidencia el grave panorama de violencia que enfrentan los periodistas y comunicadores con motivo de su labor.

La CNDH recordó a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia que la CIDH destacó que la "debida diligencia" exige que las investigaciones penales impulsadas por el Estado tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, asegurando que no haya omisiones en la recopilación de pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.

"Una sociedad informada conoce sus derechos y, en consecuencia, participa activamente en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas del ejercicio de la función pública, por ello, es vital la protección de la labor informativa, pues es la defensa del derecho a informar del periodista y ser informado del ciudadano".



Despide Derechos Humanos a Durazo con recomendación

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.

Este Organismo Nacional constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria.

La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.

Al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal. Asimismo, dichas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante.

Por ello, la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.

Asimismo, colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza; así como impartir al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el Instituto Nacional de Migración.

Al INM se le solicita realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.

La Recomendación 50/2020 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.



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