Con el voto de Morena y sus aliados en contra, la Comisión Permanente del Congreso rechazó ratificar a los aspirantes a magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes atenderían los asuntos relacionados con actos de corrupción realizados por funcionarios y la iniciativa privada.

La oposición conformada por el PAN, PRI, MC y PT, votaron a favor del dictamen y acusaron a Morena de incongruencia e hipocresía, por tener como estandarte la lucha de la corrupción y rechazar a magistrados anticorrupción.

La senadora Kenia López Rabadán (PAN), dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción, debe ser de interés nacional, por lo que Morena debería mostrar congruencia y apoyar el crecimiento del modelo contra la corrupción.

"Hoy que son gobierno dicen no mentir, no traicionar, no robar, que mayor traición al pueblo mexicano que hoy digan que no a los magistrados. Si los pesos y los contrapesos en este país se acaban vamos a vivir un lamentable autoritarismo", expresó la panista.

La diputada Dulce María Sauri (PRI), sostuvo que es importante establecer las salas federal y regionales en materia administrativa para completar el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo, cuando Morena han presentado iniciativas para reducir la Sala Federal en materia Administrativa.

"Su voto deja claro que no tiene la visión de mantener el modelo que se había aprobado para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción. Existen iniciativas de la senadora con licencia Olga Sánchez, y del coordinador de Morena (Ricardo Monreal), para reducir la Sala en materia Administrativa", externó la priista.

Por 20 votos en contra, 11 a favor y una abstención de la senadora Verónica Farjat (PVEM), Álvaro Castro Estrada y María Zaragoza, fueron rechazados para ocupar el cargo por 15 años como magistrados; lo mismo que Verónica Aguilera, Luis Eduardo Iturriaga y Marco Antonio Palacios, para ser magistrado por 10 años.

La Tercera Sección surge a raíz de las reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Magistrado José Luis Vargas informó que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea la instancia quien resuelva la crisis al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La controversia del magistrado se da luego de que cinco magistrados del Tribunal Electoral votaran a favor de destituir al Magistrado presidente José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Al respecto, dijo en entrevista con Aristegui Noticias, que la sesión fue ilegal y que no hay base jurídica para que Reyes Rodríguez asuma como presidente del Tribunal., además señaló que no hay una figura de remoción y que solo puede salir por causas como muerte o renuncia.

También reiteró que no hay pruebas en su contra y que los argumentos que fueron presentados en la sesión de ayer “carecen de verdad”.

“Si el hoy presidente (del Tribunal) tiene pruebas, pues que las presente, porque no ha presentado nada. Están generando una cortina de humo por cuestiones absurdas”.

Incluso, dijo, en caso de que los supuestos sean ciertos “existen los canales” para hacerlo, pero se “fueron por los cauces antijurídicos”, por lo anterior consideró José Luis Vargas que se trata de una acción “golpista” en su contra.

La Corte debe resolver esta crisis

Vargas Valdés señaló que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte y que ésta instancia decida quién es el presidente del Tribunal.

Al ser cuestionado sobre si el tema podía llevarse al Congreso, dijo que de hacerlo tendría más una magnitud política, por eso consideró que lo correcto era tratarlo ante la Corte.

“Creo que esa es la salida jurídica, soy un hombre de ley… si ya no hay condiciones para que esté en el Tribunal, hay vías jurídicas para hacerlo”.

José Luis Vargas señaló que los magistrados incurrieron en varios delitos como usurpación de funciones, obstrucción a la justicia y coalición de servidores públicos.

“Hay una usurpación de función, obstrucción a la justicia, un delito que se llama coalición de servidores públicos que es cuando varios funcionarios se unen para impedir que otro haga sus funciones… creo que se pueden resolver las cosas hablando y siempre bajo el cauce de la ley”.

“Me parece que no tienen validez los juicios que ayer resolvieron… nunca pensé que esto llegara a este extremo”.

También, fue cuestionado solo los señalamientos en su contra sobre supuesto lavado de dinero, al respecto contestó que no hay razón para las acusaciones en su contra y que Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera siempre ha tenido un interés particular en el Tribunal Electoral.

Por último, señaló que detrás de la crisis se ve de fondo una pugna por el poder del Tribunal.

“De fondo hay una lucha de poder vinculada con dos presidencias fallidas previas a la mía (Janine Otalora y Magistrado Fuentes) detrás de eso, evidentemente a mi modo de ver, una pugna por el poder del Tribunal, una pugna entre actores políticos y que son los grandes ganadores de este día, están saboreando la crisis institucional y eso debilita las garantías del Tribunal” en el contexto de dar validez a los procesos electorales.

Organizaciones de la Sociedad Civil hacen un llamado urgente al Comité Coordinador a aprobar la Política Nacional Anticorrupción (PNA). 

Argumentan que el país no puede avanzar de manera contundente en el combate a la corrupción, pues desde hace más de un año, se encuentra en espera de una política que promete darle rumbo y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen a lo largo y ancho de la república para atender el mayor problema de nuestra democracia. 

Desde el año 2017, representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país han trabajado en la construcción de una propuesta de PNA que integre directrices claras de cómo, la sociedad civil y el gobierno, pueden trabajar de manera conjunta para combatir la corrupción. De igual manera, que de luz sobre el rumbo que seguirán los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. 

En el 2018, se llevaron a cabo consultas digitales ciudadanas y ocho foros regionales con el objetivo de recabar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con las acciones que deberían ser prioritarias. A inicios del 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entregó la versión definitiva del documento de la Política Nacional Anticorrupción al Comité Coordinador para su discusión y aprobación. 

Sin embargo, a un año de su presentación pública, aún no se cuenta con la claridad sobre la fecha de su aprobación, ni los contenidos finales. Faltando así a lo establecido en el artículo 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La reciente designación de Loretta Ortíz Ahlf como representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador, permite que se incorporen todas las opiniones de los integrantes del Comité a la PNA. Esta última fue la razón por la cual la PNA no fue aprobada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 5 de noviembre del presente. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado urgente a dar celeridad y prioridad a la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción para que en el 2020 el país pueda arrancar con un instrumento en nuestro derecho a vivir una vida libre de corrupción. 

Firman: #ComunidadAnticorrupción, #RedNacionalAnticorrupción, #FuerzaCiudadanaAnticorrupción, Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, Alejandro Rabelo Escritor y Periodista Tierra colectiva, Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco, Arkemetria Social, Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres y Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., así como Bios Participación Política y Desarrollo por mencionar algunos organismos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del exmagistrado federal Guadalupe Luna Altamirano, ordenada en 2017, por beneficiar con sus sentencias a miembros del crimen organizado. 

Este lunes, la SCJN notificó la resolución del Pleno en el recurso de revisión administrativa presentado por el exfuncionario en contra de la sanción que le fue impuesta el año pasado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"De lo que se ha examinado en los considerandos que anteceden y al no haber prosperado los agravios elaborados en contra de la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal procede declarar infundado el recurso de revisión administrativa que nos ocupa", indica el fallo elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y avalado por la mayoría de sus compañeros en Pleno.

En consecuencia, el exmagistrado ya no tiene ningún recurso para impugnar la resolución de la Corte. Luna Altamirano, es conocido por ordenar la liberación de Archivaldo Guzmán "El Chapito", hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán; también fue señalado por enriquecimiento ilícito y fue denunciado ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR hoy FGR).

EL UNIVERSAL informó que, según el expediente al que se tuvo acceso, durante los cinco años que el CJF mantuvo bajo investigación a Luna Altamirano, justificó sus ingresos con argumentos como las ganancias por los pasteles que vendía su hija, su divorcio y otras estrategias legales.

Un juez federal dio entrada a una demanda de amparo que pretende obligar al Senado de la República acelerar la designación definitiva de los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

El juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo firmada por Luis Manuel Pérez de Acha, a nombre del Comité de Participación Ciudadana del SNA por la omisión de los Senadores para ratificar a los magistrados que integrarán la Sala Superior y las cinco Salas Especializadas del TFJA.

Los magistrados se encargarán de resolver en exclusiva las sanciones aplicables a servidores públicos y particulares que cometan conductas corruptas como el peculado, el cohecho, el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito.

En el acuerdo publicado este martes en el expediente 589/2018, el juez citó para audiencia constitucional el próximo 25 de junio de 2018 a las 10:14 horas.

De acuerdo con la reforma anticorrupción el Senado tenía hasta el 18 de julio de 2017 para ratificar a los magistrados designados por el Presidente Enrique Peña Nieto.

En su demanda, el CPC indicó que el Senado tampoco ha verificado la idoneidad de los magistrados propuestos por el titular del Ejecutivo Federal, lo que ha derivado en que el SNA opere de modo incompleto.