La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que, pese a lo mucho que el país ha invertido en el ámbito de seguridad y justicia y no obtener los resultados deseados, no debe desecharse todo lo existente y empezar de cero en la generación de recursos y capacidades, ni estigmatizar y descalificar a todas las policías e instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia y sus integrantes.
La capacidad, honorabilidad y profesionalismo de miles de mexicanas y mexicanos que han comprometido su vida en esas áreas no depende de épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas o ideológicas. Es necesario depurar y revisar a las policías para fortalecerlas, pero debe hacerse bajo esquemas y mecanismos objetivos, para desterrar la corrupción y colusión de sus miembros con organizaciones criminales, sin que ello afecte a los buenos elementos, vulnere sus derechos y propicie que se pierdan capacidades y recursos útiles para las tareas que vienen.
En este sentido, es necesario que la Guardia Nacional opere con un marco normativo adecuado, que dé certeza a sus miembros y a la sociedad, y propicie el debido desarrollo de sus funciones e inhiba que se presenten violaciones a los derechos humanos, de ahí que las leyes reglamentarias aprobadas, en opinión de la CNDH, incluyen algunas disposiciones que no satisfacen esos parámetros, por lo cual se promovieron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, no para obstaculizar el desarrollo de acciones de gobierno o debilitar a las instituciones, sino para tener un cuerpo eficaz y exitoso cuya operación no tenga vicios, sesgos y fallas de origen que lo debiliten o hagan cuestionable.
En la medida que algunos aspectos de su integración y operación no sean congruentes con lo previsto en la Constitución, se le pondrá en riesgo como institución y se colocará en posición vulnerable a quienes lo integren.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al hablar en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la cual señaló lo deseable de hacer públicos los protocolos y esquemas de coordinación con los que se opera en apoyo a las autoridades migratorias, en especial por lo que hace a las facultades y procedimientos de detención de personas con una condición migratoria irregular. Si no existen, urge establecerlos y publicarlos.
González Pérez habló en la sesión que fue encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que estuvieron la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Ante todos ellos, reunidos en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, explicó que la Guardia Nacional debe ser parte de la solución de los problemas de violencia e inseguridad, pero no es la solución en sí misma, ya que por mejor capacitada que esté poco o nada abonará para abatir la impunidad si no contamos con 33 fiscalías autónomas eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen.
El perfil de la Guardia Nacional, enfatizó, debe ser policial y civil; las policías de los estados deben fortalecerse y el Ejército debe volver a sus funciones propias en los plazos planteados.
El Ombudsperson nacional expuso que, si no se diseñan, establecen y operan, de manera efectiva y pertinente, políticas públicas integrales en materia de seguridad y justicia, nuestro país corre el riesgo de generar un nuevo periodo de propuestas y soluciones fallidas en esa materia, ya que ha sido una constante apostar a soluciones parciales y eminentemente reactivas, sustentadas en el uso de la fuerza, y se ha descuidado la coordinación de autoridades federales con locales y municipales, dejando la carga principal de la seguridad a instancias federales.
Detalló que la seguridad de las personas aún enfrenta un entorno crítico en el país, que se refleja en el aumento de la mayoría de los delitos de alto impacto, y a pesar del anuncio del Gobierno federal de combatir delitos como homicidios dolosos, feminicidios, secuestros y extorsiones, entre otros, en la sociedad se ha incrementado la incertidumbre, miedo, desesperanza y un sentimiento de indefensión. Más allá de las prioridades políticas, la realidad de la inseguridad y la violencia imponen prioridades prácticas que demandan acciones inmediatas.
González Pérez agradeció al Consejo Nacional de Seguridad que haya dado voz a la CNDH al interior de esta instancia y reiteró la disposición institucional de colaborar en la construcción de un México más seguro, pacífico, apegado a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.
