La comunidad internacional reaccionó ayer con indignación al espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del spyware israelí Pegasus, que en México tuvo como víctimas a por lo menos 50 personas del entorno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Instalado en un teléfono móvil, Pegasus, un programa de la firma NSO Group, permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de su propietario, además de obtener su ubicación.
El domingo, 17 medios internacionales participantes del Pegasus Project, entre ellos el británico The Guardian, el estadounidense The Washington Post, así como el francés Le Monde revelaron una investigación periodística sobre una lista con más de 50 mil números telefónicos —obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories y la ONG Amnistía Internacional—. Los números corresponden a objetivos de interés de los clientes de NSO, desde 2016, para un posible espionaje.
México es el país con más números en la lista: 15 mil, y ayer se reveló que al menos 50 personas del entorno de López Obrador están incluidas en dicha lista, correspondiente al periodo 2016 y 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Eso no significa necesariamente que sus teléfonos hayan sido hackeados, pero sí que eran considerados “de interés” por los clientes de NSO, que en el caso de México eran la Secretaría de la Defensa (primera en adquirir el spyware, en 2011); la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen, disuelto por López Obrador cuando llegó al poder, en 2018).
La lista incluye a la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; sus hijos: Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán. Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús, hermanos de López Obrador, al igual que su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz.
Están prácticamente todas aquellas figuras cercanas al mandatario mexicano: la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; quien fuera su jefe de gabinete, Alfonso Romo; su consejero jurídico, Julio Scherer, o su portavoz Jesús Ramírez Cuevas.
Figuran, a la vez, al menos 45 gobernadores y exgobernadores, así como el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.
Los políticos no eran los únicos de interés para los clientes de la NSO, sino también familiares de al menos tres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, y líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de 25 periodistas ya señalados en la revelación del domingo.
El signatario del contrato de Pegasus, en el caso de Ayotzinapa, fue Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, quien huyó a Israel al ser acusado de tortura durante la investigación de ese caso.
A nivel global, son 50 mil los números de teléfono seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para un posible espionaje, incluyendo 180 periodistas. Otra parte importante de los números corresponde a Marruecos, Arabia Saudita y Hungría.
“Se trata de un ataque mayor contra el periodismo crítico”, dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, a la cadena británica BBC.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que este escándalo “tiene que comprobarse, pero si ese fuera el caso, es completamente inaceptable”.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió una mejor “reglamentación” de la comercialización de estas tecnologías de vigilancia: “Sin una reglamentación respetuosa con los derechos humanos, hay un peligro excesivo de que estas herramientas se utilicen para intimidar a las [personas] críticas y silenciar a los opositores”.
López Obrador aseguró durante su conferencia matutina que su gobierno ya no espía. “Ya no existe la policía política, no existe el Cisen, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir, vamos a seguir garantizando la paz y la protección de todos, en especial de periodistas y más cuando se trata de un periodismo de denuncia, porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra, se negocia con la libertad de expresión”.
La NSO rechazó en un comunicado lo que llamó “acusaciones fraudulentas” y aseguró que sólo actúa “para salvar vidas e impedir crímenes y actos de terror”.