La próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entrará al estudio de la reforma de la Constitución de Baja California por la que se amplió el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla de 2 a 5 años.

El proyecto fue elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas quien propondrá al Pleno invalidar la reforma al considerarla inconstitucional.

El Pleno está compuesto por 11 ministros y en un escenario ideal, el proyecto podría obtener apoyo unánime durante la sesión.

De no ser así, se requieren mínimo 8 votos de los ministros para que la reforma también conocida como "Ley Bonilla" sea declarada inválida y el gobernador únicamente concluya el periodo para el cual fue electo que va del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Con 7 votos o menos el proyecto será desechado y se deberá elaborar otro con el sentido del voto mayoritario, que sería por la validez, y de ese modo Bonilla podrá concluir su mandato en cinco años.

La SCJN tiene una nueva confirmación, por lo que se desconoce la postura sobre el tema que tomarán los ministros Juan Luís González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

La resolución que dicte la Corte pondrá fin a las 7 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional presentadas contra la reforma.

EL UNIVERSAL informó ayer el sentido de la propuesta del ministro Franco por lo que este martes la dirigencia del PAN llamó a los ministros a respetar el voto ciudadano e invalidar la "Ley Bonilla".

Un frente común conformado por cinco fuerzas políticas anunció esta mañana que van a combatir por la vía legal la intención de “recortar” el siguiente periodo de la gubernatura en Baja California de seis a tres años.

La reedición de la “Ley Bonilla 2” sería un desacato a la resolución que el pasado once de mayo emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó el excandidato a la gubernatura y representante del PRD Jaime Martínez Veloz.

De ahí que el secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano, ahora recule y diga que no fueron ellos (secretario de gobierno y gobernador) quienes enviaron al congreso la iniciativa, que fueron los propios legisladores, entonces que presenten una denuncia si no fueron ellos, reviró Martínez Veloz.

Una vez más tratan de torcer la Ley en un acto de revancha y desesperación, después de la paliza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó a Jaime Bonilla, declaró Abraham Correa, dirigente estatal del PRD.

Luego, Mario Favela, dirigente estatal del Partido Baja California, sostuvo que es denigrante que las autoridades estén más preocupadas por modificar la Ley, en lugar de actuar para reducir la crisis de inseguridad y de salud.

A su vez, Alcibíades García Lizardi, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, indicó que esta “Ley Bonilla 2” no es más un nuevo intento por atropellar la Constitución Política y la particular de Baja California. Solo han exhibido su falta de capacidad para gobernar.

También, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, reiteró que será combatida esta propuesta que está en el Congreso Local, en un documento firmado por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano y Jaime Bonilla Valdez, gobernador del estado.

El dirigente de Encuentro Social, Alfredo Ferreiro, respaldó la postura de los dirigentes del resto de los partidos y recalcó que es un agravio para los bajacalifornianos.

Las fuerzas políticas que manifestaron su rechazo a la reedición de la “Ley Bonilla” son: Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática, Encuentro Social y Partido Baja California.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó con respecto a la ''Ley Bonilla'', que consiste en extender la gubernatura de 2 a 5 años.
La SCJN declinó la petición de Bonilla para extender 3 años más su tiempo en el cargo.

En unos momentos más información.

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cabildean para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejen el periodo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, en cinco años.

El columnista del periódico El Universal, Raúl Rodríguez Cortés, en su publicación de hoy en este diario de circulación nacional, titulada “Los influyentes cabilderos que desfilan por la Corte”, asegura que hay “un cabildeo brutal que a favor de Bonilla se realiza desde el gobierno de la 4T sobre las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, pero también desde el PRI sobre los ministros Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena”.

El columnista agrega: “Lo sorprendente son los nombres de los principales cabilderos según confiaron a esta columna fuentes de las ponencias de dos ministros, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari”.

Continúa “La ministra en retiro asistió con la representación presidencial a la toma de posesión de Bonilla Valdez el primero de noviembre del 2019. Después de la ceremonia se reunió en privado con el gobernador. Sobre el encuentro se filtró un video en que la secretaria de Gobernación entre abrazos y sonrisas consideró legal que el mandatario bajacaliforniano tuviera un período de cincos años. De entonces a la fecha se ha inferido que Sánchez Cordero está a favor de la Ley Bonilla”.

Raúl Rodríguez Cortés añade: El cabildeo de Salinas tendría una primera explicación por los sólidos vínculos que Bonilla ha tenido con priístas cercanos al expresidente. Varios están en su equipo de trabajo. Su representante en la Ciudad de México, Fernando Castro Trenti, muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, es uno. Otro es su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien ayer —el lunes— difundió un video en el que, con gran soberbia, parece burlarse de la Corte, le tira “línea”, para que avalen una ley que, dijo, fue decisión soberana del Congreso bajacaliforniano y como único argumento esgrimió que en estos tiempos de pandemia no están las cosas para gastar en nuevas elecciones”.

Otra explicación podría ser que Salinas apuntala una decisión que sabe resultará costosísima para AMLO y su gobierno, porque abriría la “caja de Pandora” al sugerir que es posible armar todo tipo de maniobras reeleccionistas , pero, sobre todo, al trampear la voluntad popular expresada en las urnas y torpedear la normalidad democrática. Sin exagerar en la Corte se libra la madre de todas las batallas político-electorales”.