El próximo primero de julio entrará en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado por el gobierno mexicano como T-MEC. La modernización del TLCAN es el resultado de una intensa negociación por parte de las tres naciones que se entienden no sólo como socios comerciales sino también como aliados en lo social y en lo político, trayendo consigo importantes oportunidades de negocios para la región. No por nada su implementación ha sido señalada como el mayor reto por Roberto Velasco, nuevo Director General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin duda los nuevos acuerdos en materias como medio ambiente, comercio digital, propiedad intelectual y servicios financieros pondrán a la región en una posición inmejorable para enfrentar los retos de la modernidad que dieron origen a su renegociación, pero también los que están surgiendo como consecuencia de la crisis del Covid-19. Sin embargo, entre las novedades del Tratado destaca una que podría convertirse en el talón de Aquiles del gobierno mexicano, y que requerirá de un compromiso que se traduzca en acciones concretas tanto del sector público como de los sectores empresarial y social: el combate a la corrupción.

El T-MEC establece explícitamente que los tres gobiernos firmantes están decididos a promover la transparencia, el buen gobierno, el estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción; asimismo, se comprometen a facilitar el comercio mediante la promoción de buenas prácticas regulatorias, reconociendo que, a través de análisis objetivos, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico.

Pero más allá de los buenos deseos, el T-MEC incluye por primera vez un capítulo específico sobre medidas anticorrupción, así como disposiciones relacionadas en otros capítulos, como el de contrataciones públicas y el de mejora regulatoria. Ante el número creciente de señalamientos de corrupción en el gobierno mexicano, y los resultados de los diferentes índices que miden la percepción y la incidencia de los actos de corrupción, es necesario cuestionarse si el gobierno está preparado para el escrutinio de la efectividad de sus políticas de combate a la corrupción en el contexto de la crisis económica y social que enmarcará la entrada en vigor del tratado.

Por lo que toca al Estado mexicano, el T-MEC establece compromisos de carácter legislativo en la tipificación de delitos de corrupción como soborno, cohecho y desviación de recursos públicos;[3] contempla medidas preventivas para asegurar que las empresas mantengan registros contables con el fin de evitar que cometan delitos relacionados con actos de corrupción;[4] prevé que el gobierno adopte medidas para la protección de alertadores;[5] busca desincentivar el uso de la figura de pagos de facilitación;[6] finalmente, compromete a los gobiernos a asegurar que existan medidas penales, civiles o administrativas para sancionar la corrupción, fraude y otros actos indebidos en sus contrataciones públicas.[7]

La buena noticia es que algunos de los requisitos regulatorios ya estarían cubiertos por las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin embargo, el rechazo público del presidente sobre la utilidad del SNA y su conformación, aunado al abandono de las instancias que lo conforman para la consecución de sus atribuciones, pone en entredicho si este entramado normativo e institucional tendrá la capacidad de ordenar la conversación en torno a los compromisos anticorrupción asumidos internacionalmente.

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción.

Sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, lo que significa que la impunidad en este delito de alto impacto acumulada es de 92.8% en dicho periodo, en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México, reveló la organización Impunidad Cero.

Según el quinto índice sobre Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, el año pasado la impunidad directa en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4%, una disminución con respecto a 94.4% de 2020.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021 fueron Oaxaca, con 100%, seguido de Morelos, con 99.8%; Tlaxcala, 99.5%; Colima, 99.3%; Guerrero; 98.5%; Chihuahua, 98.2%, y Puebla, con 98.1%.

En contraste, entre las entidades con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, con 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; Ciudad de México, 69.6%, y Coahuila, 70.9%.

En feminicidio la impunidad directa a nivel nacional fue de 45.8%, es decir, menos de la mitad de los casos registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala (ambos con una impunidad de 100%), seguidos de Chihuahua, con 98.8%; Colima, 92.1%; Puebla, 88.7%, y Morelos, 86.1%.

“El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de suma gravedad e impacto social, se traducen en impunidad”, señaló la organización Impunidad Cero.

Al presentar el estudio, Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, afirmó que menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema acusatorio de justicia penal en México.

“Tristemente, sólo siete de cada 100 homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios han concluido con sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal. La pandemia afectó el comportamiento de las sentencias y en consecuencia los niveles de impunidad. El dato que más nos preocupó es que la mayoría de los homicidios intencionales de hombres y mujeres son perpetrados con arma de fuego, por lo que es urgente la coordinación entre las fiscalías locales y la fiscalía general, que exista y mejore para investigar estos delitos y esclarecerlos”, lamentó.

El coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla, Juan Antonio Le Clercq Ortega, consideró que la impunidad que prevalece en México se debe en gran medida a la falta de capacidades institucionales en las fiscalías y a la falta de “voluntad política” para destinar recursos al fortalecimiento del sistema de procuración y administración de justicia.

“La impunidad está relacionada con escándalos de corrupción, con pactos de impunidad, pero un factor que explica gran parte del problema es que no hay capacidades institucionales. No importa ante qué delito, no tienes los mecanismos para proteger a la población y construir soluciones. Además, hemos visto reducciones de presupuesto o subejercicios muy importantes y eso se traduce en la construcción de capacidades”, aseveró.

La conferencia semanal denominada "Impunidad Cero" que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE), fue suspendida el viernes 12 de agosto tras la ola de incendios provocados por grupos delictivos en la región.

Luego de dos meses de haber suspendido la conferencia ante medios de comunicación donde presentaban resultados o proyectos en materia de seguridad, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, señaló que optaron por darle prioridad a la investigación. 

"Nosotros preocupados de manera personal en dirigir y comandar todas las acciones necesarias hasta localizar información con las otras secretarías de seguridad publica ciudadana, guardia nacional, ejército y marina, nos dimos la tarea de darle prioridad a la protección y defensa de la seguridad y derechos de los ciudadanos", detalló Carpio Sánchez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambió de opinión de regresar a los militares a sus cuarteles -como lo había expresado en campaña presidencial- al ver el estado de indefensión que estaban los mexicanos y porque había un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva .

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no había ninguna una institución civil que pudiera garantizar la seguridad pública.

“¿Qué encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles?”, se le preguntó.

“Ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi de que pues no había seguridad para la gente, el pueblo mexicano estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva”, dijo.

“¿A qué cárteles se protegía?", se le preguntó.

“Por ejemplo me tocó en campaña ver a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo ah”, por lo que pidió que se proyectara un video del operativo en el que participó la Marina para abatir al Juan Francisco Patrón, alias “H2” y en donde murieron 15 personas.

“¿Tuvo algún momento de quiebre, que momento le marco para decir tiene que seguir el Ejercito en labores de seguridad?”, se le siguió cuestionando.

“No, no no, dije tiene que seguir el Ejercito, (sino) nos vamos a apoyar en el Ejército cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la República, 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos 20 mil de la Policía Federal, era lo único. 20 mil elementos”

“Imagínense para todo el país 20 mil y echado a perder, no todos desde luego. Sin cuarteles ahh y al mismo tiempo 350 mil elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina, con, profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional. Es la defensa Nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí pero cuando se trata de la defensa nacional como ha sucedió siempre en la historia somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria y lo que se estaba requiriendo , lo que se necesita es la seguridad de nuestro pueblo”, contestó.

“¿No había una institucional civil que pudiera?”

“No, al contrario”, respondió.

Con voz ronca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa de este jueves en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“!Buenos días! Ánimo”, dijo el Jefe del Ejecutivo con voz grave al ingresar al Salón Tesorería.

El Mandatario señaló que este jueves se revisará el informe “Cero impunidad”, que está a cargo del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Antes de dar la palabra al subsecretario Mejía Berdeja, el Presidente señaló que siempre hay castigo en los delitos que se cometen.

Al preguntarle al Mandatario por qué estaba ronco, respondió: “por un mal aire”.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el combate a la impunidad en su gobierno no se protege a nadie, ni hay privilegiados.

Afirmó como parte de la estrategia de seguridad el propósito es que no haya impunidad en ningún caso.

“No se oculta, ni se protege a nadie, ni hay privilegiados. El que cometa un delito es castigado, sea quien sea, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco”.

El presidente López Obrador informó que el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, dará a conocer los avances en el informe “Cero Impunidad”.

Mismos que se obtiene con el trabajo coordinado entre autoridades locales y federales para que no haya impunidad, que los delitos se castiguen y que no se archiven los casos, sobre todo aquellos que causan preocupación en la gente.