Ante la propuesta de ley los usuarios están protestando con el hashtag #NiCensuraNiCandados

Si te decimos que hay una propuesta de ley que busca proteger los derechos de autor y combatir la piratería seguramente estarías de acuerdo en que es necesario. Pero, si ello implica que alguien que decide reparar un dispositivo como su celular, consola o computadora él mismo o con alguien más que no sea la marca del equipo podría ir a la cárcel, ya no suena a una buena idea. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció que el Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal para adecuar la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la asociación “estas reformas representan una amenaza grave a los derechos humanos”. Por ello es que a través del hashtag #NiCensuraNiCandados está invitando a los mexicanos a protestar con el fin de evitar que la Cámara de Diputados apruebe los cambios.

¿Por qué es peligroso?

R3D señala que hay dos puntos preocupantes en los cambios que se pretenden hacer, uno relacionado con la censura digital y el otro con la reparación o modificación de los dispositivos. 

Argumentan que la reforma a la LFDA pretende establecer un mecanismo privado de censura conocido como notificación y retirada, como ya se establece en las leyes de Estados Unidos. Esto quiere decir que si una persona señala que un contenido o publicación en línea viola sus derechos de autor, los proveedores de servicios de internet tendrán la obligación de removerlo, el tema aquí es que según R3D el contenido deberá bajarse sin necesidad de aportar pruebas y sin la orden de una autoridad judicial.

El riesgo en este tema es que, bajo el argumento de propiedad intelectual, personas, empresas, organismos, pueden pedir que algo que no les gusta o conviene se elimine de internet. 

“México no está obligado a implementar este mecanismo, ya que el T-MEC reconoce que las adecuaciones deben respetar las disposiciones constitucionales vigentes. La notificación y retirada es violatoria del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución”, señala R3D.

Ahora vamos al tema de las penas de cárcel por reparar, modificar o alterar dispositivos. Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales las reformas contemplan sanciones de hasta 10 años de cárcel por eludir medidas tecnológicas de protección. “Estas medidas, también llamadas candados digitales, son impuestas por fabricantes de hardware y software para impedir el acceso, copia o modificación de información contenida en un dispositivo o sistema”.

Aunque parece obvio que, por ejemplo, Apple pueda perseguir a quienes desbloquean un iPhone, el problema con la modificación es que estos candados obstaculizarían el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas o consumibles de marcas diferentes o estudiarlos para detectar sus vulnerabilidades. 

“Incluso limita la posibilidad de usar fragmentos de obras extraídas de un soporte adquirido legalmente, como hacer una captura de pantalla o digitalizar un libro o video. Cualquiera de esas actividades te podría acarrear multas millonarias o mandarte a prisión”, asegura R3D.

Ante la situación se creó el hashtag #NiCensuraNiCandados a través del cual el organismo busca presionar a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo un proceso de parlamento abierto plural y diverso con participación de la sociedad civil.

También buscan que se eliminen los mecanismos de censura contemplados en la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, se subsanen deficiencias e incorporen excepciones amplias a la prohibición de la elusión de medidas tecnológicas de protección, de manera que se proteja al interés público y los derechos humanos.

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, presentó una iniciativa para duplicar el número de días de vacaciones al año al que tienen derecho los trabajadores.

En rueda de prensa, la legisladora explicó que actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que en el primer año de servicio el trabajador puede tomar seis días de vacaciones y llegar con el tiempo a un máximo de 12, mientras que su propuesta es fijar en 12 días ese derecho desde el primer año, e incrementar dos días cada año hasta llegar a 20.

“Hoy el tope son 12 días. Un trabajador puede tener hasta 12 días de vacaciones, según la Ley Federal del Trabajo. La propuesta es que el tope sean 20 días a partir de los 18 que propone la Organización Internacional del Trabajo, y también partir de que los trabajadores al servicio del Estado tienen estos 20 días, pero los trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo tienen solamente seis”, indicó.

Patricia Mercado argumentó que esa medida, que permitiría gozar del empleo digno y decente, favorecería la productividad de los trabajadores y reconocer su derecho al descanso con base en estándares internacionales.

Explicó que en México tenemos 100 años con el mismo tipo de organización del trabajo, con relación al derecho al descanso y la jornada laboral de ocho horas, por lo que ya es tiempo de actualizar el marco legal.

“En este Senado de la República hemos legislado por ejemplo el derecho a la desconexión; hemos legislado los derechos del tele trabajo; hemos legislado también en las dos cámaras echar abajo la subcontratación abusiva que negaba derechos laborales”, recordó.

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Ante la llegada del primer puente largo en México, muchas familias buscan salir de la rutina, sin embargo, algunas las personas que se quedan trabajando no saben que por ser día feriado pueden recibir un pago más en su salario. 

Este lunes 7 de febrero será feriado con motivo del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo que si te toca hacer alguna "guardia" o simplemente en tu trabajo no consideran esos días y tendrás que acudir a la oficina, recuerda que la Ley Federal del Trabajo está para ayudarte y estipula el pago que deberán recibir los empleados que laboren en un día festivo.

Pero, ¿qué dice la Ley Federal de Trabajo? 

En la Ley Federal de Trabajo podrás encontrar que de los artículos 69 al 75 hay leyes que defienden los derechos del trabajador, tales como días de descanso obligatorio. 

En este caso los artículos 74 y 75 son los que nos interesan; en el 74 se indica que son días de descanso obligatorio: 

• El 1o. de enero.
• El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.
• El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.
• El 1o. de mayo.
• El 16 de septiembre.
• El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.
• El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
• El 25 de diciembre.
• El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
  
  

Mientras que en el artículo 75 se indica que los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. 

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Hace unos días se dió a conocer que la Cámara de Senadores había aprobado modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) que ponían en peligro la libertad de internet e imponía penas a quienes realizaran cambios en sus dispositivos electrónicos. Pues, a pesar de las protestas y alertas al respecto, la Cámara de Diputados aprobó los cambios. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lanzó un comunicado el pasado 1 de julio en donde advierte que: “de manera apresurada y sin discusión, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron diversas reformas a la LFDA y al Código Penal Federal derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) mismas que violan la Constitución, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan gravemente en contra de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México”.

Las modificaciones se aprobaron a pesar de que R3D y otros especialistas, desde hace unos meses, estuvieron trabajando con un grupo de diputados de diversos grupos parlamentarios para desarrollar un paquete de reformas para garantizar la libertad de expresión. “Lamentamos profundamente que esa voluntad política para defender la libertad de expresión en este caso haya sido nula”, mencionaron en un comunicado en su página de internet.

El organismo enfatizó que, ante los intereses privados, se están abandonando las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

“Anunciamos que combatiremos las reformas aprobadas ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, anunció R3D.

Censura en internet

Las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor establecen un mecanismo conocido como “notificación y retirada” que obliga a los proveedores de servicios de internet a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios cuando una persona alegue que se violan sus derechos de autor; sin necesidad de que se aporte prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.

Aunque la intención de esta medida es proteger la propiedad intelectual, algo que ha resultado muy complicado hacer en internet, el problema es que cualquier particular podría estar en posibilidad de censurar expresiones en línea sin que tenga que seguirse un proceso legal para determinar si la expresión efectivamente constituye una infracción a derechos de autor.

R3D señala que en la modificación “se establece un mecanismo extrajudicial de censura claramente violatorio del derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en tratados internacionales, como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Advirtieron además que “las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y que legalizan la censura en Internet configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria”.

El organismo asegura que, incluso antes de la aprobación de esta modificación ya habían detectado algunos actos de censura. “Hemos documentado cómo en México se han bajado páginas enteras con información periodística de interés público bajo una supuesta vulneración a los derechos de autor, y ha sido abusado por parte de diversos actores políticos y económicos para censurar. Este procedimiento extrajudicial pone en mayor riesgo el ejercicio periodístico en México”.

Cárcel por modificar dispositivos

Otro de los puntos de controversia es que, según las modificaciones al Código Penal Federal, se criminalizará la elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales) sin contemplar excepciones, a pesar de que estas existen en Estados Unidos y están permitidas por el TMEC.

Con los cambios será ilegal y meritorio de sanciones, que van desde multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión, eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico. También eludir un candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión.

Lo anterior quiere decir que los usuarios no podrán, por ejemplo reparar o modificar sus dispositivos electrónicos a menos que los lleven directamente con el fabricante. Un cambio de batería, de procesador o de software podría significar una importante sanción. 

Unidos 

Algunas de las organizaciones que se están uniendo para ir en contra de estas medidas son: Aluna Acompañamiento Psicosocial; Article 19, Oficina para México y Centroamérica; Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA); Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Barracón Digital; Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C.; CIMAC; Civic Innovation Lab, UNAM; Colectivo La Raza; Comunidad Elotl, Tecnología para las lenguas mexicanas; Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina; Creative Commons México; Criptomiau y Datos Protegidos, entre muchos otros organismos más. 

El pleno del Senado de la República avaló en lo general las reformas la Ley Federal de Derecho de Autor para armonizarla con las disposiciones aprobadas en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con 99 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, el pleno avaló las reformas para implementar medidas tecnológicas de protección, conocidos como candados digitales, para que en dispositivos electrónicos no se difunda material sin el permiso de los autores.

Las reformas también proponen imponer diversas multas a quien, sin la autorización de los autores, reproduzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición del público, las obras.

Igual para quien proporcione servicios o realice cualquier acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas para eludir cualquier medida tecnológica efectiva.

Además de acoplar el marco legal mexicano con el T-MEC, las reformas armonizan con el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT, por sus siglas en inglés), el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

El pleno del Senado de la República avaló en lo general las reformas al Código Penal Federal en materia de grabación autorizada de obras cinematográficas, que armonizan la legislación mexicana a lo dispuesto en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las reformas establecen sanciones para quien, sin autorización, reciba o distribuya una obra protegida a través de señal de satélite cifrada y originalmente codificada; y a quien modifique o distribuya dispositivos para descifrar estas señales o recibirlas.

También para quienes, con fines de lucro eviten, sin autorización, cualquier medida tecnológica que proteja derechos de autor o conexos; y a quien comercialice dispositivos con ese propósito.

En el caso del T-MEC, el Capítulo 20 hace referencia a los Derechos de Propiedad Intelectual, para "fomentar la protección y aplicación de dichos derechos para que contribuyan a la promoción de la innovación tecnológica".

Senado aprueba en lo general ley sobre Propiedad Industrial

Este lunes por la tarde, en sesión extraordinaria, el pleno del Senado aprobó en lo general Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con 106 votos a favor y dos en contra, y de inmediato abrió la discusión de reservas presentadas por bancadas de la oposición.

Este dictamen es el primero del paquete de cinco legislaciones que se modifican para la implementación del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los coordinadores de los ocho grupos habían destacado que en comisiones los dictámenes se aprobaron por unanimidad, y en ese sentido esperaban las votaciones en el tablero electrónico.

La votaciones en contra fueron del senador Emilio Álvarez Icaza Longoria (sin bancada), quien explicó que en su momento también tuvo postura en contra de ratificar el T-MEC. En el mismo sentido se expresó en el tablero, la panista Martha Cecilia Márquez Alvarado.

Legisladores de la oposición enlistaron reservas al proyecto, una de ellas del suplente de Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Jorge Habib, empresario de Yucatán, quien expuso las dificultades de ser industrial en México y en su entidad.

La votación en tablero electrónico abarcó casi diez minutos, ya que sólo podían estar presentes al mismo tiempo hasta 50 personas, como parte de las disposiciones sanitarias preventivas de contagios de coronavirus.