Dan ''manotazo'' para descongelar desafuero de Saúl Huerta, acusado de abuso

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

De último momento, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios revocaron la decisión de los integrantes de Morena y el PT en la Sección Instructora para congelar los plazos legales para el desahogo de los tres desafueros que tienen pendientes, entre ellos, el del diputado morenista Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual por dos jóvenes.

En un acuerdo aprobado por el pleno acordaron que no se detengan los trabajos legislativos durante el segundo receso del Tercer Año de la 64 Legislatura.

“Las coordinadoras y coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política manifiestan que durante los recesos legislativos el trabajo en la Cámara de Diputados no se detiene y que, por el contrario, es primordial que sus órganos y comisiones impulsen, continúen y concluyan el trámite de aquellos asuntos que son competencia de la Cámara de Diputados, de conformidad con las previsiones legales conducentes”, dijeron los coordinadores.

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Por esto, las y los coordinadores manifiestan a sus representados que, una vez que la Sección Instructora emita los dictámenes correspondientes a las solicitudes de declaración de procedencia, con base en los plazos que establece la ley de responsabilidades, solicitarán a la Comisión Permanente pueda autorizar un periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados pueda erigirse en Jurado de Procedencia para resolver si ha lugar o no a proceder penalmente contra servidores públicos, período en el que además se podrían abordar, discutir y votar los temas legislativos que acuerden los grupos parlamentarios.

Cabe recordar que este miércoles los diputados de Morena y del PT en la Sección Instructora rechazaron la petición de la diputada del PRI, Claudia Pastor para que no se detuvieran los plazos legales y siguieran adelante las solicitudes de desafuero y no se pausaran hasta la 65 Legislatura, que inicia en septiembre próximo.

Con esta determinación, se descongelan los procesos de desafuero en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona; el del diputado del PT, Mauricio Toledo y el recientemente presentado de Saúl Huerta, acusado de violar a dos menores de edad.





Mujer nacida de violación encarceló a su papá biológico 40 años después

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La justicia británica condenó el martes a un hombre de 74 años por la violación de una menor cometida hace más de 40 años, gracias a la "determinación" de su hija biológica, nacida de este crimen, que proporcionó su ADN.

Carvell Bennett, de 74 años, fue declarado culpable por un tribunal de Birmingham, en el centro de Inglaterra, de una violación cometida en la década de 1970 contra una menor de 13 años y condenado a 11 años de prisión.

Esta decisión fue posible gracias al "empeño y determinación" de la niña nacida de este crimen, que "buscó justicia en este caso para sí misma y para su madre", destacó el juez Martin Hurst.

Después de la violación, la víctima quedó embarazada, dio a luz a una niña y la entregó en adopción.

La demandante -que no puede ser identificada para proteger la identidad de su madre-, descubrió la verdad sobre su concepción al consultar su expediente de adopción, cuando cumplió 18 años.

Un descubrimiento "aterrador", confió al tribunal, lamentándose de ser "la encarnación de una de las peores cosas que puede ocurrirle a alguien".

"Escondido" por las autoridades en el momento de la infracción, según el juez, el caso no se reanudó hasta que la hija de la víctima hizo campaña para una reapertura de la investigación y convenció a su madre biológica de presentar una denuncia.

El análisis de su ADN permitió identificar a Carvell Bennett formalmente como padre, pese a que él siempre había negado su paternidad.

El acusado, que se negó a disculparse en el juicio, admitió la relación sexual, pero afirmó que la víctima había consentido y creía que tenía 16 años en el momento de los hechos.

Una afirmación "ridícula" según el juez Hurst.



Violó a una menor y la embarazó

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Cadena Noticias,  Hermosillo, Sonora, Mexico, 

La Fiscalía General del Estado, logró que fuera vinculado a proceso Jonathan N., quien es acusado por el delito de violación equiparada agravada.


Además, gracias a los elementos de prueba presentados por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.


De acuerdo a la carpeta de investigación, que quedó asentada dentro de la causa penal 02684/2021, los hechos sucedieron el pasado 21 de agosto del año 2019, cuando el imputado se encontraba solo con la menor, a quien presuntamente agredió sexualmente.


Derivado de este delito la menor resultó embarazada, dando a luz el 11 de mayo de 2020. 


El pasado 12 de julio del 2021, se llevó a cabo la detención del imputado Jonathan N., quien se encontraba en la ciudad de Santa Ana, Sonora, por lo que luego de su captura fue trasladado a esta ciudad de Tijuana, donde en audiencia se resolvió la vinculación a proceso por el delito de violación equiparada agravada, con la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo para la investigación complementaria de tres meses.



James Franco acuerda pagar 2.2 mdd por conducta sexual inapropiada

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Milenio,  Estados Unidos, California, Los Angeles, 

James Franco y otros acusados accedieron a pagar 2.2 millones de dólares en un acuerdo por una demanda que afirma que intimidó a estudiantes en una escuela de teatro y cine que fundó, llevándolos a situaciones sexuales injustificadas y abusivas, señalan documentos judiciales hechos públicos el miércoles.

Ambas partes llegaron al acuerdo para la demanda colectiva en febrero, pero se necesitaron varios meses para resolver los detalles y la suma monetaria no había sido revelada previamente.

Las actrices y exestudiantes Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes presentaron la demanda primero en octubre de 2019, a la que se sumaron muchos más, afirman que en su extinta escuela, Studio 4, Franco obligaba a sus estudiantes a realizar escenas sexuales cada vez más explícitas en cámara en un “set tipo orgía” que iba mucho más allá de lo aceptable en los platós de cine de Hollywood.

Ambas partes accedieron a emitir un comunicado conjunto.

“Aunque los acusados siguen negando las afirmaciones en la denuncia, reconocen que los demandantes han planteado asuntos importantes; y todas las partes creen fuertemente que es un momento crucial para enfocarse en atender los malos tratos contra las mujeres en Hollywood”, señala el comunicado. “Todos están de acuerdo en la necesidad de asegurar que nadie en la industria del espectáculo, sin importar su sexo, raza, religión, discapacidad, origen étnico, género u orientación sexual enfrente discriminación, acoso o prejuicios de cualquier tipo”.

Los acusadores señalaban que Franco “buscó crear un flujo de jóvenes mujeres que eran sujetas a su explotación sexual personal y profesional en nombre de la educación”, y que los estudiantes eran llevados a pensar que tendrían papeles disponibles en las películas de Franco para aquellos que siguieran la corriente.

La compañía productora de Franco Rabbit Bandini y sus socios, incluyendo a Vince Jolivette y Jay Davis también fueron nombrados como acusados.

El acuerdo incluye términos “no económicos” que no se hicieron públicos.

Fue presentado a un juez de Los Angeles para su aprobación.

Antes de presentar la demanda, Tither-Kaplan expresó sus acusaciones de una conducta sexual indebida contra Franco junto con otras mujeres en el diario Los Angeles Times después de que Franco ganó un Globo de Oro por “The Disaster Artist” (“The disaster artist: Obra maestra”) a comienzos de 2018, cuando la ola del movimiento #MeToo comenzaba sentirse en Hollywood.



Héctor Parra estará al menos un mes en el reclusorio

El actor fue acusado de abuso sexual por parte de su hija Alexa

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Héctor Parra podría esperar hasta un mes recluido antes de que la decisión del juez sea revocada por sus abogados, así lo confirmó su defensor legal, Juan Manuel Juárez Perdomo.

El pasado 15 de junio Parra fue detenido luego de que su hija Alexa, a quien tuvo con la actriz Ginny Hofman, lo señaló de haber abusado sexualmente de ella cuando era pequeña y hace un par de días un juez dictaminó vincularlo a proceso, decisión que sus abogados apelaron hoy. 

El objetivo es revocar la determinación del juez de control porque según argumenta el abogado, se encontraron irregularidades que no valoró el juzgado cuando emitió su fallo durante una audiencia, en donde no tomó en cuenta los dictámenes de la fiscalía, sino otras pruebas particulares.

“Lo único que considera es la apariencia del hecho delictivo, pero le da preferencia al dictamen particular y las entrevistas que rindieron los testigos, sin embargo de las entrevistas se advierte que a ninguna le consto ver los hechos que se denunciaron y el dictamen carece de valor, tienen mayor preferencia los dictámenes de la fiscalía, que en este caso son tres”, detalló Juan Manuel Perdomo.

Las peticiones que se hicieron en la apelación fueron dos: que un magistrado ordene al juez de control revoque esa determinación, ordene la inmediata libertad Parra y ordene se reponga el procedimiento. Esto implicaría volver a valorar las pruebas y dar atención a las irregularidades señaladas.

Para que esto suceda el actor de ‘Un poquito tuyo’ pasará al menos un mes en el reclusorio esperando.

“Tienen tres días la víctima y la fiscalía para decidir respecto de nuestra apelación, lo mandan a un tribunal colegiado y con unos magistrados y aproximadamente el tiempo legal es de un mes, pero ahora con tiempo de pandemia hay un rezago porque el personal que labora en los juzgados es poco, esperemos que sea el menor tiempo”, dijo el abogado. 



Denuncian red de abuso infantil y pornografía en escuelas de Baja California

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El Universal,  Baja California, Mexico, 

En escuelas públicas y privadas de al menos siete entidades del país han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con fines de pornografía en línea.

De acuerdo con el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que ha acompañado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, “se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.

Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.

La ODI ha documentado, a lo largo de las últimas dos décadas, los casos con más de un centenar de menores entre las víctimas de estos grupos. El informe indica: “Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”.

El documento, coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.

La narrativa de lo que se oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de escuelas de todo el país es que: “De manera consistente, niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”.

También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.

El material realizado por las bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni tampoco se investigó —por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)— a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.

Estudiando con el enemigo

En el Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el terror que vivieron cientos de alumnos durante años.

Sólo 30 familias denunciaron. En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco años de edad.

“De las testimoniales de 19 niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestros”.

Las narraciones de los preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se registraron en diversos sitios del plantel. “La mayoría de los niños y niñas refiere que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenaje”, así como lugares abiertos, como el patio o un salón.

Por meses o años nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.

Al menos 13 de los niños refieren tocamientos y actos de violación equiparada. Tres de ellos describen haber sufrido violación, 11 dicen haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante los alumnos o que exhibían la agresión en contra de un pequeño frente al grupo. Varios describen actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión.

“Entre las narraciones de las víctimas, algunos refieren ser amarrados o amordazados y una niña dice haber sangrado. Además de altos niveles de violencia, las víctimas refieren dinámicas y rituales grotescos”, que eran hechos pasar como juegos.

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El “Caso A”: rituales, juegos e impunidad por filtraciones de las autoridades

En 2008, la ODI representó el caso de una niña de cinco años por abuso sexual en un preescolar privado, que por seguridad de las víctimas y por no ser información pública se denomina en el informe como “Caso A”.

“La pequeña menciona a hasta seis adultos involucrados (...) y refiere que el abuso se comete en contra de ella junto con otros compañeros y compañeras. Describe prácticas ritualistas, el uso de disfraces y puestas en escena”. La narrativa del caso es atroz.

Sin ningún tipo de trámite, control en los accesos del plantel o vigilancia por parte de las autoridades de la SEP, la niña fue sacada de la escuela en un coche y trasladada junto con otros compañeros a una casa en la que había adultos extraños. La menor describió eventos de sedación y en una ocasión, por lo menos, refirió la presencia de bebés como víctimas del abuso.

El caso no llegó a juicio. Imprudentes o deliberadas filtraciones de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obligaron a la familia a desistir de denunciar por temor a represalias. No son casos aislados.

La forma de operar de estos grupos de explotación sexual infantil se repite. En 2011, la ODI recibió numerosas denuncias de abuso sexual en el preescolar público Laura Elena Arce Cavazos, en Cuautitlán, Estado de México. Ante la procuraduría mexiquense, se acusó a seis adultos como agresores de niños.

“Describen ser victimados en diversos espacios de la escuela”. Son los patrones delictivos, con saña inaudita. Tres niños muestran cortadas en las piernas que, dicen, fueron infligidas por algún maestro con un cuchillo durante la agresión. Tres de los 10 declarantes describen que les tomaban fotografías o video.

El infierno en las aulas de la CDMX

En la “Ciudad innovadora y de derechos” que presume el gobierno capitalino, los casos, las historias y el terror para los niños se repiten. En 2018, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) contactó a la ODI para atender el caso de un preescolar público en la capital del país. Por tratarse de una investigación aún activa, sólo lo identifican en el informe como “Escuela B”.

Nuevamente, abusos masivos a plena luz del día, en el patio de la escuela, en el baño o los salones; 16 niños y niñas describieron a más de un adulto presente en el momento del abuso.

En total, 11 adultos que laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, a varias maestras, personal de intendencia y, paradójicamente, hasta un supervisor pedagógico. Todos, empleados de la SEP; todos, juntos, abusando de menores de entre tres y cinco años.

El tráfico de niños trasladados de una escuela a otra o a domicilios particulares se repite como práctica común de estos grupos. Dos menores declararon que en el momento de la agresión se encontraban presentes niños y niñas que no eran de su escuela. Una decena de niños, lo mismo que en otros casos, refiere cómo los sacaban de la escuela, los subían a automóviles y los llevaban a casas donde eran abusados.

En el caso de la “Escuela B”, los menores “refieren ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios niños y niñas, sufrir agresiones físicas y presenciar la exhibición de un adulto frente al grupo, o incluso observar actos sexuales entre dos o más adultos”.

También en este caso cuatro menores describen la presencia de cámaras.

“Si bien este dato puede no ser relevante para el niño o niña que carece de comprensión sobre temas de explotación sexual digital, es un elemento sumamente importante para entender posibles explicaciones de lo sucedido”, añade el informe.

La explotación y abuso sexual infantil por pedido en línea implica que el perpetrador que solicita y dirige el acto se encuentra físicamente distante de las víctimas. Comúnmente, el material se consume desde su hogar, incluso en un país distinto al lugar en el que se comete el abuso.

Sea a través de contacto directo con el agresor sexual o a través de un intermediario, el perpetrador indica qué actos desea que sean producidos por el agresor o los agresores en contacto con los menores. El abuso sexual infantil es comúnmente transmitido en vivo por medio de redes sociales comerciales encriptadas.

Además de estos casos, el informe documenta otros ocurridos desde 2001 hasta la fecha en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí, que podrían involucrar a un número mucho mayor de víctimas y en donde se desconoce si los profesores e involucrados fueron sentenciados o están libres dando clases.

Margarita Griesbach Guizar, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C., mencionó a EL UNIVERSAL que en México, en este tipo de casos, prevalece la desarticulación entre policías y fiscalías, la falta de preservación de evidencias; no hay investigación criminal, existen filtraciones de las procuradurías, fragmentación de la investigación, falta de adecuación para la infancia y exclusión de la víctima.

“No me atrevo a decir si es una red, muchas redes o simplemente un nuevo modus operandi de una nueva forma de criminalidad. Lo que queda claro es que estamos frente a criminalidad compleja y que, ante ello, se requiere de una investigación con una mirada amplia para entender lo que está pasando en México con estos delitos.

“Yo sí creo que la incompetencia es el mejor amigo de la corrupción y la impunidad, porque lo que nos pasa una y otra vez, tanto con la investigación criminal como con la intervención de la SEP, es que hay incompetencia en términos de profesionalización en la selección de docentes, en los expedientes, en el resguardo institucional, o es doloso y hay encubrimiento”, concluyó.



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