Por la vía del fast track y con la dispensa de todos los trámites legislativos, hoy se someterá al pleno de la Cámara de Diputados la minuta del Senado que contiene la ampliación de dos años de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La minuta fue recibida formalmente ayer en la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y fue turnada a las comisiones de Justicia para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión; sin embargo, no habrá sesión de estos órganos legislativos y se debatirá, y, en su caso, aprobará en el pleno este mismo miércoles.

A propuesta de Morena, es decir, de Pablo Gómez y del coordinador de este grupo mayoritario, Ignacio Mier Velazco, se acordó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados llevar el tema al pleno, pese al voto en contra del PAN, PRI, PRD y MC.

En entrevista, Mier Velazco describió que esta reforma, que tiene impacto en siete leyes y que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que ser aprobada antes de que concluyan los seis meses de que fue publicada la reforma inicial.

Ese plazo vence el próximo 30 de abril y si se le diera espacio a las comisiones para circular el dictamen y llevar su proceso legislativo normal, “no daría tiempo”. De tal manera que, aseguró, “le vamos a obviar los trámites y lo vamos a estar subiendo al pleno el día de mañana [hoy]”.

Mier Velazco aceptó que en el interior de Morena tienen diferencia de criterios en esta minuta y están definiendo la posición que tendrán este miércoles como grupo parlamentario.

“No a las siete leyes que integran la Ley Orgánica, sino específicamente a lo que se refiere este transitorio, que es el que ha generado mayor polémica”.

Adelantó que desde su punto de vista este artículo transitorio es legal, pues no significa una reelección, sino una ampliación de la presidencia del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para que garantice el cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Comentó que tuvo una conversación telefónica y muy rápida con el mismo Zaldívar Lelo de Larrea, y quedaron en ampliar puntos de vista antes de que se apruebe la minuta.

A su vez, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo aseveró que esta iniciativa, desmesurada e inconstitucional, “está muerta” y calificó el dictamen del Senado como “un albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente de la Cámara de Diputados aseguró que la propuesta que toca la presidencia de Zaldívar no tiene el apoyo de la mayoría de la bancada de Morena en San Lázaro y de los legis- ladores de oposición, por lo que “no pasará” y hay altas posibilidades de que no se cite al pleno, ya que lo mejor es que ni siquiera se discuta, “que es una salida más decorosa, a que pierda”.

Sin embargo, de acuerdo con versiones recabadas al interior de la Jucopo, los legisladores de la Cuarta Transformación afirmaron que hay un amplio consenso en todos los grupos parlamentarios sobre la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que lo único que ha generado polémica es la ampliación de la presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que dejarán que sea la votación en el pleno la que defina si pasa o no.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que todos están a favor de una reforma al Poder Judicial: “Es una institución que hay que consolidar, pero así no; son siete leyes y quieren obviarse todos los trámites de las siete leyes, y eso no beneficia a la Suprema Corte y por supuesto que tampoco al Poder Judicial”. Reiteró su petición a Zaldívar Lelo de Larrea para que se pronuncie, primero, por dignidad personal; segundo, por dignidad ética; tercero, por dignidad legal y, cuarto, por dignidad institucional.

“No es posible en una ley secundaria prorrogar un mandato constitucional de persona alguna en este país”, dijo.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, llamó a los diputados de la mayoría a no renunciar a sus responsabilidades sólo para cumplir una instrucción presidencial y, por el contrario, a asumirlas para revisar exhaustivamente una reforma de tal trascendencia, con la independencia de un Poder del Estado.

Al manifestar que no tiene un favorito, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quien releve a finales de este año al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá parecerse a él.

Afirmó que desea que quien sea elegido como nuevo presidente del Máximo Tribunal deberá ser una persona integra, no una gente corrupta, facciosa, simuladora y pelele de grupos de intereses creados.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal destacó que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea ha hecho un buen trabajo al frente de la Corte, pese a que el Poder Judicial está y sigue siendo “muy echado a perder”, pues acusó que hay jueces, magistrados y ministros para quienes todo es el dinero y que protegen a delincuentes.

“¿Qué características debe tener el ministro que releve al ministro Zaldívar?”, se le preguntó.

“Pues debe de parecerse al ministro Zaldívar, que ha hecho una buena labor a pesar de que con todo respeto, está y sigue estando muy echado a perder desde jueces, magistrados, ministros. Así como hay jueces -lo comentaba yo - rectos, con integridad, valor, que a pesar de las amenazas aplican la ley, así hay otros, que todo es dinero, que protegen a delincuentes, tanto a delincuentes comunes y corrientes, como a delincuentes de cuello blanco y eso pasa también con magistrados, y bueno sucedió hasta con un ministro que tuvo que renunciar(Eduardo Medina Mora).

“Pero sí ha ido mejorando bastante desde adentro o sea por ellos mismos, con autonomía, con independencia al Poder Judicial”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “Ojalá y los ministros piensen en eso, mujeres, hombre y que escojan a una persona integra, no a una gente corrupta facciosa, simuladora, pelele de grupos de intereses creados, que tenga la arrogancia de sentirse libre. Eso es lo que yo deseo”.

El ministro presidente Arturo Zaldívar anunció que el próximo 28 de marzo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a discutir los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de supuestamente provocar la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal general Alejandro Gertz.

En conferencia de prensa el ministro señaló que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente que realizará los nuevos proyectos de resolución, presentará sus propuestas el próximo 22 de marzo y que ese día serán dadas a conocer las versiones públicas.

“El lunes 28 votaremos con absoluta libertad. Hoy la Corte demuestra su autonomía e independencia de manera unánime”, comentó el ministro presidente.

Estos proyectos deberán abordar el fondo del caso, es decir, indicar si realmente existió un delito (el homicidio de Federico Gertz Manero) y si existen elementos para investigar a Laura y Alejandra por su posible participación en el hecho.

Destacó que los nuevos proyectos que presente el ministro Gutiérrez Ortiz Mena servirán para resolver el caso en cuestión de meses en lugar de años.

“La Corte atrajo el caso para resolverlo de fondo, lo haremos en cuatro meses, un asunto que hubiera durado años, y vamos a hacerlo de manera seria”, dijo.

“No podemos ser rehenes de disputas políticas que están en otra arena ni dejarnos guiar por golpes mediáticos o golpes políticos, sino constreñirnos a lo que está en el expediente”, añadió.

El pasado 14 de marzo, el pleno desechó con 10 votos los proyectos elaborados por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien proponía amparar a ambas mujeres para regresar los expedientes al juez penal para que sus pruebas de descargo sean valoradas y se resuelva nuevamente si es posible ordenar aprehensión contra Morán, de 94 años de edad, y dictar auto de formal prisión contra su hija, Alejandra.

Previamente a la discusión, en redes sociales se filtraron unos audios en los que se escucha al fiscal Alejandro Gertz sostener una conversación con el subprocurador, Juan Ramos, en la que afirmó que tenía en su poder la propuesta y que incluso había conversado sobre el tema con el ministro Zaldívar.

Al ser cuestionado sobre si es necesario investigar cómo Gertz Manero obtuvo el proyecto, el ministro Zaldívar comentó que no porque el fiscal ya indicó cómo fue y que sus dichos no afectan a la Corte.

Precisó que sostuvo una reunión con Gertz y con la familia de Alejandra Cuevas para tratar el tema y enfatizó que, a diferencia de lo ocurrido en el caso ABC, esta vez el pleno no ha sido presionado.

“En este caso, el fiscal vino como particular, no ha habido, y ahí está la votación del lunes, presión alguna del pleno: 10 ministros votamos en contra del proyecto, y tampoco era favorable”, dijo.

“Ahí están las votaciones, ¿cuáles presiones si todos los ministros de forma unánime votaron en contra de un proyecto? Presiones cuando éramos tres en minoría para no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón; las presiones ya no son como las de antes o ya no hay”.

Reconoció que no todas las personas que tienen casos en la Corte son recibidas en su oficina, pero que en el caso del fiscal Gertz hizo una excepción por la notoriedad política del asunto.

“Yo prácticamente desde que estaba en sala era raro que recibiera a alguien, yo siempre recibí a los olvidados, a los desprotegidos, a los que nadie defendía, a los que nadie recibía; yo nunca recibí a los grandes despachos ni a los grandes abogados, yo recibía a esa gente a la que nadie recibía y es lo que sigo haciendo ahora. No recibo a toda la gente que tiene asuntos aquí.

“En este asunto, por la notoriedad política que tuvo, era lógico que tenía que escuchar a las dos partes, como hicieron todos mis compañeros; entonces, no hay nada de irregular en eso”, dijo.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, ofrece un mensaje a medios

"Yo no estoy aquí por cargos", dijo Zaldívar, quien explicó que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos, "ese es mi único compromiso de tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros", dijo.

El mensaje se da en el marco de la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde el magistrado José Luis Vargas fue depuesto tras una votación de sus compañeros, quienes elegieron a Reyes Rodríguez en ese lugar.

Crisis en el Tribunal Electoral

Los cinco magistrados que depusieron a José Luis Vargas de la presidencia del órgano buscaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estabilidad para dar continuidad a los trabajos pendientes.

Los magistrados “rebeldes” solicitaron una audiencia con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, la cual les fue concedida de inmediato.

Zaldívar recibió en privado a la magistrada Janine Otálora y a los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata e Indalfer Infante, en un encuentro que duró dos horas y en el que se pidió privilegiar el bien del país, por encima de ambiciones personales.

Al menos hasta las 17:00 horas de ayer, José Luis Vargas declaró en entrevistas en radio que Zaldívar no le tomó la llamada.

La madrugada de este lunes se publicó la Ley Zaldívar, a través de un comunicado hecho por el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que oficializaría que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se mantenga en su cargo hasta el 2024.

“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024” se lee en el comunicado

Asimismo, el informe detalla la duración que tendrá cada cargo.

“El Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2019 concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras de la Judicatura Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de noviembre de 2026”.

Aval a Ley Zaldívar y la polémica

El pasado 23 de abril, tras un debate de más de cinco horas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye el artículo transitorio para que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar amplíe su permanencia al frente de la Judicatura Federal por dos años más y concluya el 31 de diciembre del 2024.

Esta minuta apenas alcanzó 260 votos a favor de Morena, PT y Verde; 2 abstenciones y 167 votos en contra del PAN, PRI, PRD, MC y PES.

Tras el aval, expertos en materia judicial reiteraron que la llamada Ley Zaldívar es inconstitucional, particularmente en su artículo décimo tercero transitorio que permite ampliar dos años más el mandato del actual ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El bloque de oposición en la Cámara de Diputados, conformado por el PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano promoverá una acción de inconstitucionalidad conjunta en contra de la aprobación del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende por dos años la Presidencia de Zaldívar.

Arturo Zaldívar es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

El 2 de enero de 2019 fue electo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El bloque de oposición en la Cámara de Diputados, conformado por el PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano promoverá una acción de inconstitucionalidad conjunta en contra de la aprobación del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende por dos años la Presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado de prensa, los integrantes de los partidos de la oposición reclamaron que no es posible una democracia sin un poder judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa; ante esta situación, adelantaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica que aprobaron Morena y sus aliados tanto en la Cámara como en el Senado de la República. 

“Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, promoveremos de forma conjunta una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, convencidas y convencidos de que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución de la República y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia”, dijo.

El anuncio se da luego de que el pasado 23 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se incluyó un artículo 13 transitorio que amplía en dos años el periodo del actual presidente de la SCJN así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

La aprobación de dicha ley reglamentaria, así como su transitorio ha generado polémica puesto que de acuerdo con sus principales críticos, el objetivo de la misma es supeditar al Poder Judicial a las disposiciones del Ejecutivo Federal. Inclusive, legisladores de oposición han acusado un “golpe de Estado técnico” a raíz de esta polémica.

Los legisladores argumentaron que no sólo contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución Política, sino que, adicionalmente, compromete la independencia del Poder Judicial.

“Este artículo transitorio pretende supeditar al Poder Judicial al Ejecutivo Federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que, para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos, requiere de autonomía e independencia”.

Señalaron que es necesario impulsar la revalorización de la independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y procurar la expansión de su legitimación democrática, “por su acción jurisdiccional de salvaguarda de las libertades, los derechos fundamentales y de tutela de los intereses legítimos, y no atacarlos un día sí y al otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales”.