La Dirigencia Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió a las autoridades de Baja California respeto al derecho a la propiedad privada y a las garantías constitucionales.

Al fijar su postura sobre el inicio del proceso de la expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Omar Sarabia Esparza manifestó que es lamentable que el Gobierno Estatal encabezado por Jaime Bonilla Valadez recurra a las “chicanadas” legales para atentar contra la propiedad privada.

El argumento del decreto de utilidad pública del predio donde se ubica el Club Campestre carece de fundamento y de un estudio que lo soporte sobre la supuesta falta de áreas verdes y espacios de recreación para los tijuanenses, señaló el líder perredista.

El PRD exige que se respete el derecho a la propiedad privada que no se atente contra las garantías y que sea el Jefe del Ejecutivo Estatal quien vele por la seguridad del patrimonio de las familias, insistió.

Omar Sarahí Esparza afirmó que el PRD siempre está a favor de la legalidad y la aplicación de la Ley , siempre respetando las garantías y el derecho de los mexicanos en este caso de los socios del Club Campestre.

Ricardo Martínez es elegido como el nuevo presidente del Club Campestre al superar en votaciones al también candidato Roberto Gallegos Gil.

Cada uno de los aspirante tuvo seis votos por parte de los 12 consejeros que tienen la posibilidad de votar, sin embargo tras el empate, el comisario Gilberto Fimbres daría el voto decisivo, esto de acuerdos a los estatutos del consejo.

Fimbres decidió elegir a Martínez para que se convirtiera en el nuevo presidente del famoso club.

*Con información obtenida de La Jornada Baja California.-

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Un juez federal suspendió definitivamente el proceso de la expropiación del Club Campestre, acción que  pretendía realizar desde hace algunos meses el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. 

La resolución se realizó ya que el gobierno del estado no concedió la garantía de audiencia, la cual se debió respetar por parte del mandatario estatal y su equipo.

En el mes de abril se publicó en el Diario Oficial del Estado de Baja California el decreto de utilidad pública, en donde se manifestaba que la expropiación del popular Club Campestre se debía a la falta de áreas verdes que existen en la ciudad de Tijuana.

Sin embargo, la Ley de Expropiación de Baja California señala que la parte demanda debe facilitar las medidas necesarias para los afectados puedan presentar una defensa previa a la resolución del patrimonio, es decir que el Estado tenía como obligación permitir la apelación de los directivos del club.

Además también se incumplió el Artículo No. 14 de la Constitución Política de México, pues este menciona que nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio seguido ante los tribunales.

Tras esta serie de falta, el juez federal resolvió “la suspensión de los actos reclamados, a efecto de que las autoridades responsables no emitan acuerdo expropiatorio ni ordene o ejecuten actos de desposesión, desalojo, lanzamiento, ni ningún otro que perturbe la posesión, uso y disfrute que tiene la quejosa”.

Por lo cual no se podrá ejecutar cualquier tipo de desalojo, afectación o posesión del inmueble ubicado en el boulevard Agua Caliente.

Y al final también se suspende la futura publicación en el Periódico Oficial del Estado  sobre el eventual decreto Expropiatorio del Club Campestre.

*Con información de Newsweek 

El gobierno del Estado solicitó al Juzgado Civil no reconocer el título de propiedad del Club Campestre de Tijuana. 

Por lo que inició en el Juzgado Civil la nulidad del juicio concluido en contra del título de propiedad del Campestre de 1969.

El secretario general del gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, indicó en ese año, los socios del Campestre hicieron una prescripción de ese terreno para adjudicárselo.

Esa prescripción es falsa porque el gobierno del Estado que encabezaba Raúl Sánchez Díaz, se ostentaban como dueño de esos terrenos y no era cierto.

Los funcionarios de esa época, incluyendo el extinto gobernador Sánchez Díaz, mintieron.

Lo único que se tenía era un contrato de usufructo, que es un contrato por medio del cual el propietario de bienes muebles o inmuebles, otorga al usufructuario el derecho real y temporal de disfrutar de sus bienes, adquiriendo el usufructuario la facultad de hacer suyo todo lo que produzca el bien, con la obligación de mantener su utilidad y/o sustancia.

Ese contrato de usufructo era con el general Abelardo L. Rodríguez.

Por lo que se inició la nulidad del juicio concluido.

La abogada Estela León señaló que, pese a diversas trabas por parte de la Secretaría General de Gobierno, lograron presentar una impugnación en contra de la declaratoria de utilidad pública para el Club Deportivo Campestre de Tijuana.

La litigante detalló que en primera instancia no le querían recibir los documentos en la oficina de la Secretaría General de Gobierno (SSG) y la enviaban directamente a la oficina del gobierno de Baja California, sin embargo, finalmente fueron recibidos por personal de la dependencia a cargo de Amador Rodríguez Lozano, quien no estuvo en la reunión.

Estela León indicó que el plazo para presentar el recurso vencía el 7 de mayo, por lo que explicó que una vez presentado el escrito, la SSG tiene que analizar todos los argumentos que se hicieron valer.

“Se están objetando los documentos que sustentan la declaratoria, el expediente técnico y también se están presentando impugnaciones al respecto, el expediente estaba muy mal documentado, hay muchas inconsistencias, muchas irregularidades y eso se está haciendo valer en el documento”, expuso.

La representante legal del Club Deportivo Campestre indicó que bajo las coordenadas que emitió la declaratoria de utilidad pública se estarían invadiendo otros predios, inclusive un colegio que se encuentra en la zona dañando el patrimonio de otras personas.

La abogada negó que en los documentos presentados por el Ejecutivo del Estado se encuentren los estudios de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (Sidurt) que sustentan la posible expropiación del terreno.

De igual manera, León señaló que existen un gran número de documentales en donde el Club Campestre demuestra la posesión del terreno, incluso un juicio de prescripción y varios documentos en los que se detalla las sucesiones de los ex gobernadores Abelardo L. Rodríguez y Alfonso García.

“De manera tácita expresa (los ex gobernadores) señalan como dueños al Club Campestre”, puntualizó.

Con información de La Jornada Baja California / Cristian Torres

Un juez resolvió aprobar el amparo promovido por el apoderado legal del Club Campestre, Por lo que se deje sin efecto la posibilidad del gobernador Jaime Bonilla de Publicar el acuerdo expropiatorio contra el club así como ejecutar y desposeer a la asociación civil del predio.

La determinación fue publicada este día y, conforme a la ley de amparo, se concede la suspensión provisional como una medida cautelar conservativa para que las autoridades se abstengan de ordenar y ejecutar con motivo de posible expropiación acciones en perjuicio del club social y deportivo Campestre.

Este amparo también se otorga para que el inmueble no sea rematado o adjudicado a favor de algún tercero en relación del supuesto procedimiento iniciado por declaratoria de utilidad pública por lo tanto no se podrá publicar en el periódico oficial hasta que subsista la eficacia de la presente suspensión del acto reclamado.

Dentro de esta petición de amparo se vio infectada la ejecución de los actos en materia de reclamo la cual es consecuencia de la emisión de una supuesta declaratoria que necesariamente debió provenir del Ayuntamiento de Tijuana y no como se publicó el pasado 13 de abril, declaratoria de utilidad pública por parte del gobierno del Estado.

El representante legal del club campestre exhibió la copia certificada del instrumento notarial en la que se observa que la moral quejosa es propietaria del bien inmueble justo donde se encuentran las instalaciones del club social y deportivo campestre.