La audiencia de imputación por el presunto delito de cohecho y uso indebido de atribuciones en contra de la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, se difirió por cuarta vez debido a que la defensa promovió un nuevo amparo.

El juez de control, Ramón Gerardo Holguín Licón, informó que alrededor de las 18:00 horas de ayer se presentó un amparo promovido por el juez del juzgado Octavo de Distrito, a fin de evitar que la audiencia de inicial por la causa penal 3022/2020 se realizara el día de hoy, incluso se solicitó un aplazamiento de tres meses; sin embargo, el juez no estableció fecha para su realización.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción investiga a Campos Galván por el delito de cohecho y uso indebido de funciones luego de que se presume que, en el 2017, durante su primera gestión como alcaldesa de Chihuahua, recibió un millón 319 mil 314 pesos, por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones directas de obra pública.

Estas entregas de dinero a la entonces alcaldesa, denominados “moches”, habrían sido entregados por las empresas Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC. S.A. de C.V., y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.

Para la promoción de este amparo, la defensa argumentó que le faltaban por recibir alrededor de 33 mil hojas del expediente con el que cuenta el Ministerio Público por lo cual no se podría realizar una defensa adecuada.

Asimismo, Alejandro Corral Valverde, representante del Municipio de Chihuahua, considerado la víctima del delito que se le imputa a la alcaldesa con licencia, también pidió más tiempo para analizar toda la información que se integró a la carpeta de investigación.

La candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos, estuvo durante la sesión de forma virtual e incluso la defensa solicitó autorización del juez para que se retirara de la misma, no obstante, el juez descartó la solicitud y continuó con la audiencia para dar lectura al amparo, sin definir fecha próxima para su celebración.

La solicitud de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efectos luego de que sus promoventes no la ratificaran dentro del plazo legal establecido, informó la diputada federal panista Kenia López Rabadán.

Durante un evento del Partido Acción Nacional realizado en respaldo a la mandataria estatal, López Rabadán explicó que quienes impulsaron el procedimiento contaban con tres días para confirmar formalmente la solicitud, requsito que no fue cumplido.

“Me han informado el día de hoy que no fue ratificado. Tenían quienes estaban solicitando el juicio político tres días para ratificar. ¿Eso qué significa? Que no existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, declaró.

La legisladora señaló que, al no haberse completado el trámite, la petición se considera jurídicamente inexistente.

“Una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud de juicio político”, afirmó.

López Rabadán aprovechó para reiterar su respaldo a la gobernadora chihuahuense, a quien reconoció por su actuación frente al crimen organizado y por defender a las familias del estado.

“Hoy venimos a decirle a Maru Campos: estamos contigo, estamos con Chihuahua y estamos con todo México”, expresó.

Asimismo, sostuvo que existe una diferencia entre quienes buscan combatir a los grupos criminales y quienes, acusó, pretenden pactar con ellos.

Sobre las razones por las que la solicitud no prosperó, la diputada consideró que la presión ciudadana y las exigencias de seguridad influyeron para que el procedimiento no continuara.

Finalmente, rechazó las comparaciones entre Chihuahua y otras entidades con problemas de violencia, al señalar que equiparar la situación del estado con la de Sinaloa “ofende a la inteligencia de los mexicanos”.

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que fue citada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral por el presunto delito de secuestro.

A través de un video difundido en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que enfrenta acusaciones “sin una sola prueba” y vinculó estas acciones con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en el estado, operativo en el que se denunció la presencia de agentes de la CIA.

Campos lamentó que también se haya formalizado una petición de juicio político en su contra y aseguró que anteriormente fue citada “inconstitucionalmente” por autoridades federales.

La gobernadora explicó que la nueva denuncia deriva de un intento de arresto contra Javier Corral por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, relacionado con presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.

Según la mandataria, dicho operativo ocurrió en el bar “Gin Gin”, en la Ciudad de México, donde —aseguró— intervinieron funcionarios capitalinos para impedir la detención.

“Fue cuando intervinieron altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo, lo recuerdan, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin”, declaró.

Maru Campos también criticó a Corral por aparecer recientemente en una fotografía junto al senador Enrique Inzunza, quien fue acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

“¡Qué descaro!”, expresó la gobernadora

La mandataria panista acusó que existe una “persecución política pura y dura” en su contra y señaló un supuesto trato desigual por parte del gobierno federal.

“A mí se me persigue por todo y por nada. A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz”, afirmó.

Finalmente, aseguró que acudirá a los citatorios emitidos tanto por la Fiscalía General de la República como por la fiscalía capitalina.

“Voy a dar la cara, yo no me escondo ni me esconderé”, sostuvo.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó al Senado de la República que no acudirá a la reunión programada para este martes, en la que se esperaba que aclarara la presunta participación de agentes de la CIA en el operativo donde fue desmantelado un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

A través de un oficio enviado a la Mesa Directiva, la mandataria estatal argumentó que su ausencia responde a la necesidad de salvaguardar el desarrollo de las investigaciones en curso y evitar la divulgación de información confidencial o clasificada que pudiera comprometer la seguridad nacional.

Campos señaló que, desde el inicio del caso, instruyó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril en el narcolaboratorio de “El Pinal”. Además, indicó que dicha instancia ya remitió información a la Fiscalía General de la República tras los requerimientos correspondientes.

La decisión generó críticas en el Senado. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, calificó la negativa como una posible irregularidad y adelantó que se analizarán las acciones legales procedentes.

El legislador aseguró que la postura de la gobernadora refleja una crisis institucional en Chihuahua y cuestionó la estrategia política y jurídica adoptada por su administración.

Asimismo, Mier no descartó que el Senado revise la posibilidad de promover un juicio político, dependiendo del contenido del escrito presentado por la mandataria estatal.

El caso continúa generando tensión política y se mantiene bajo investigación federal.

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El segunda día de audiencia del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se llevó a cabo con varios recesos tras los continuos problemas de salud que presentaba el acusado, quien tuvo que utilizar una silla de ruedas para mantenerse en el recinto.

Duarte Jáquez, se presentó por segundo día consecutivo ante el juez Humberto Chávez Meléndez, alrededor de las 9:15 de la mañana, por el delito de peculado agravado y asociación delictuosa agravado dentro de la causa penal 3041/2019.

En la audiencia el imputado estuvo acompañado de su abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, ya que durante el sábado el Ministerio Público (MP) presentó el mecanismo que utilizaría el exgobernador para desviar más de 96 millones 665 mil 253.80 pesos entre los años 2011 al 2014 del Gobierno del Estado de Chihuahua a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua así como a la Financiera División del Norte.

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Entre los datos que destacaron durante el curso de la audiencia, es el nombre de Carlos Hermosillo Arteaga, quien fue colocado en un puesto estratégico dentro del Gobierno del Estado de Chihuahua para sacar recursos del erario.

Lo anterior fue leído por el Ministerio Público (MP), luego de que un testigo protegido diera su testimonio.

Hermosillo Arteaga, se convirtió en diputado federal por Chihuahua cuando el sexenio como gobernador de Duarte concluyó, sin embargo perdió la vida en un accidente carretero en el mes de marzo del 2017.

A su vez, el MP acusó a Duarte de desviar recursos por medio de la Unión Ganadera Regional División del Norte en los años 2012 y 2013, los cuales aparentemente solicitaba para apoyo a los ganaderos y productores agremiados, sin embargo el recurso nunca llegó a los supuestos beneficiarios.

Durante la audiencia sabatina, el MP detalló en su totalidad los desvíos que Duarte autorizaba y las presiones que aparentemente se realizaban por parte del imputado para que dichos recursos salieran a favor de las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua así como a la Financiera División del Norte.

Hasta las 6 de la tarde de ayer, hora local de Chihuahua, se continuaban desahogando los testimonios y acusaciones de los testigos protegidos.

 Los recesos por atención médica a Duarte

De nueva cuenta, la audiencia en contra del exgobernador de Chihuahua se vio llena de recesos para atender la salud del imputado.

De acuerdo con personal de prensa del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua, de las 9 de la mañana de ayer que comenzó la audiencia a las 2 de la tarde se decretaron al menos 3 recesos.

Algunos de ellos fueron para revisión médica del exmandatario y otras para que los asistentes pudieran salir a consumir algunos alimentos.

Después de las 4 de la tarde se reanudó la audiencia de otro receso, para que los paramédicos revisaran al imputado y posterior a este, por cuestiones de salud se ingresó una silla de ruedas.

A su vez, el juez comentó que se le fue revisada la presión al exgobernador dentro de la misma audiencia, por personal de salud que ahí se encontraba.

El exgobernador agradeció al juez la consideración que tuvieron por la atención médica que estuvo recibiendo dentro de la audiencia, los recesos y la silla de ruedas que se le proporcionó para continuar en la audiencia.

Hasta las 6 de la tarde del sábado el proceso jurídico continuaba su curso, de acuerdo con lo que se informó a este diario.

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El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que durante la audiencia de los abogados denunciados por Juan Collado por supuestos actos de extorsión, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación delictuosa se evidenciaron posibles violaciones de derechos humanos.

En consecuencia, mediante un oficio de fecha 20 de mayo, el juez remitió copia del audio y video de las 23 horas de la audiencia realizada el 18 de mayo, en la que decidió no sólo no vincular a proceso a Juan Araujo, Isaac Pérez, César Omar González y David Gómez Arnau, sino declarar inválido todo el proceso solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo sobreseyó.

Esto para que, si la CNDH lo considera conveniente, investigue y determine si el personal de la FGR o particulares, Collado, sus familiares o sus abogados, cometieron ilícitos en el proceso en el que la fiscalía relacionó al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en la red de asociación delictuosa que imputó.

“Si lo juzga conveniente, investigue y determine si existieron conductas irregulares, como actos u omisiones administrativos a cargo de la FGR y/o particulares que hayan cometido ilícitos con tolerancia o anuencia de un servidor público o la autoridad”, señala el escrito al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

Araujo, Pérez, González, Gómez y Scherer Ibarra fueron denunciados por Juan Collado como parte de la estrategia de su defensa para solicitar a la fiscalía un criterio de oportunidad.

La FGR únicamente procedió contra los primeros cuatro y en la audiencia del pasado 18 de mayo afirmó que no era deseo del organismo, todavía, proceder contra el exconsejero jurídico, pese a que lo señaló como parte fundamental de los delitos que imputó a los otros investigados.

Al no presentar datos de prueba que acrediten la existencia de un delito y sólo sustentar su acusación en la denuncia de Collado y declaraciones de sus familiares que reiteraron los hechos narrados en la denuncia, el juez concluyó que la fiscalía aceptó iniciar un procedimiento ilegal contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia que dio origen a la imputación era improcedente.

“Al formular su solicitud de vinculación a proceso el Ministerio Público omitió dolosamente indicar a este órgano jurisdiccional que la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación derivó de una solicitud de Juan Collado de un criterio de oportunidad a cambio de denunciar a los hoy imputados por delitos más graves por los que lo tiene sometido a proceso.

“Sin embargo, no denunció a ningún beneficiario de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la delincuencia organizada por los que está vinculado a proceso, sino a quienes fueron sus abogados”, apuntó.

Añadió que la investigación es ilegal porque, según la propia relatoría de la fiscalía, fue Julio Scherer quien propició el inicio de la carpeta por la que Collado está sujeto a proceso.