Para que no repitan casos como el de la ex primera dama de Baja California, Branda Ruacho de Vega, que más que justicia parece un acto de impunidad, la senadora Nancy Sánchez Arredondo propuso reformas al Código Penal Federal para que quienes desvíen recursos públicos no alcancen la libertad preparatoria y lleven su juicio en prisión.

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 85, para incorporar el delito de peculado y evitar la libertad preparatoria para funcionarios públicos, incluyendo con cargos honoríficos pero que administren recursos públicos.

Asimismo, en el documento se prevé que las sanciones establecidas en el artículo 223, se cumplan sin que ello implique evitar la prisión por resarcir los daños ocasionados, tal y como se establece en el artículo 30 del Código Penal.

La senadora del Grupo Parlamentaria de Morena señaló que con esto garantizaremos dos cosas: Recuperar los recursos desviados, obligar el cumplimiento de los castigos penales en contra de aquellos funcionarios que afectaron la integridad de la población a través de actos de este tipo y evitar que aquellos ciudadanos que ocupen cargos de tipo honorífico y que use o decidan sobre recursos públicos queden impunes ante actos de esta naturaleza.

“La ejecución de una sentencia que obligue a cumplir tiempo en prisión y además a resarcir el daño, servirá para dar un fuerte mensaje en contra de la corrupción y marcar un hito para esta Legislatura y esta administración. 

“Con esto lograremos erradicar actos de desvío de fondos que afecten a más población, sobre todo el segmento de la población más vulnerable, como los niños, las niñas, las madres solteras o maltratadas, entre otros”, señala la propuesta que se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores

La iniciativa precisa que uno de los actos que más dañan a las y los mexicanos, tienen que ver con la malversación de fondos, el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito a costa del presupuesto federal.

Lamentablemente, advierte, este tipo de delitos resultan más graves cuando afectan grupos vulnerables como niños con cáncer, pueblos y comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, grupos campesinos, migrantes, así como aquellos programas que maneja el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) directamente y su equivalente en las entidades federativas.

En el documento, la senadora Sánchez Arredondo cita el caso de Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, quien, durante su cargo honorario como presidenta del Sistema DIF estatal, captó donaciones destinadas al bienestar social para la construcción y operación de una Estancia Familiar que nunca entregó al DIF Estatal, reteniéndolas en forma ilegal a través de cuentas personales.  

No obstante, recuerda, a finales de abril del año en curso la ex primera dama, logró un acuerdo reparatorio de daños con la Fiscalía General del Estado para devolver 6.8 millones de pesos por haber realizado desvíos de recursos destinados al DIF, hacia cuentas personales, afectando a madres y niños de la entidad. 

Señala que actualmente el Código Penal Federal, establece las condiciones por las cuales las y los funcionarios que hayan incurrido en el desvío de fondos para enriquecimiento ilícito, puedan librarse de su responsabilidad penal a través de acuerdos con la Fiscalía a modo de resarcir los daños. 

“Por lo tanto, no importa la cantidad de fondos que uno desvíe como funcionario público o servidor honorífico, mientras cuenten con la cantidad suficiente para resarcir el daño imputado, la o el culpable podrán librar la prisión y evitar cualquier otra pena que amerite por haber incurrido en actos de corrupción, particularmente en casos de desvío de fondos.  

“En otras palabras, contar con los recursos suficientes para recuperar o “pagar por los daños ocasionados”, es más que suficiente para que los culpables se mantengan libres, mientras que la población afectada continúe sin recibir los apoyos o transferencias a través de los recursos que transfiere el Estado a través de distintos programas o acciones”, subraya en la propuesta.

Tras una consideración propuesta por la senadora Nancy Sánchez Arredondo, en su rol como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la Repúlica, se aprobó elevar de categoría las sanciones económicas y penas de prisión contra productores que utilizan sustancias químicas prohibidas para forzar el crecimiento de animales destinados al abasto.

La Senadora bajacaliforniana mencionó que dicha iniciativa fue propuesta hacia la senadora Olga Sanchez Cordero,esto con el objetivo de reformar la Ley Federal de Sanidad Animal y así proteger la alimentación de las y los mexicanos. 

“Es un pendiente que le debíamos a las familias mexicanas y al sector agropecuario, toda vez que se trata de prohibir sustancias químicas como el Clembuterol, Cloranfenicol, Salbutamol, entre otras, que por años han sido señaladas por autoridades de salud a nivel nacional e internacional por afectar tanto el bienestar de los animales, como la salud de las personas que consumen estos productos”, mencionó

Uno de los argumentos que respaldaron las reformas es que los infractores eludían su responsabilidad debido a que esta normatividad no era considerada una ley por los jueces.

Antes de somete a votación ante el pleno del Senado, se resaltó que esta medida dará certidumbre al mercado internacional, especialmente a nuestros socios comerciales dentro del T-MEC.

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Ante la escalada de agresiones por grupos de ultraderecha contra los legisladores bajacalifornianos que avalaron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la senadora Nancy Sánchez Arredondo denunció la ingerencia religiosa que ha contribuido a radicalizar la postura de los oponentes a la interrupción voluntaria del embarazo.

La legisladora señaló que el aborto “tiene tantas aristas que es dificil definir posturas a través de un sí o un no”, pero “no perdamos de vista que somos un país de leyes donde la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció sobre el tema, por lo que los estados deben reconocer dicha situación en sus leyes”.

Sánchez Arredondo se unió a la condena expresada por senadores morenistas acerca del envío de paquetes de “regalo” con imágenes y mensajes amenazantes que han recibido diputados bajacalifornianos en el propio Congreso del Estado, y demandó asimismo que la Fiscalía General de Baja California tome cartas en el asunto para ubicar a los responsables.

“Los grupos opositores de ultraderecha aportan dogmas religiosos a un problema cultural que minimiza los derechos de la mujer y la estigmatiza por rechazar imposiciones y sometimiento”, dijo la senadora Sánchez Arredondo.

“Abortar no es una decisión fácil, como no lo es traer al mundo un hijo no deseado. Al final es un problema de conciencia, generado por un hombre y una mujer, pero en el cual la responsabilidad final se le atribuye solo a la mujer”.

Sánchez Arredondo expresó su preocupación de que los autores de estas amenazas, que se extienden a las familias de los legisladores bajacalifornianos, hayan logrado burlar los filtros de seguridad del Congreso local.

Censuró así mismo que los mencionados ataques respondan a la incitación de la Iglesia Católica. “Irónicamente, la institución que ha perdido tanta credibilidad por escándalos de abusos sexuales y por la falta de autocrítica con la que los ha enfrentado, pretende imponer códigos de conducta sobre este tema”, dijo.

Abundó que “la guía espiritual de la Iglesia no está cumpliendo su cometido en un país con profundas raíces religiosas”.

Sánchez Arredondo enfatizó que nunca más se debe criminalizar a una mujer por tomar una decisión que por derecho le corresponde. “La cerrazón no es el camino”.

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La Senadora de la República Nancy Sánchez Arredondo afirma que la reforma eléctrica que actualmente analiza el Poder Legislativo, busca reinstalar a la Comisión Federal de Electricidad en un papel preponderante, pero también, que la generación del fluido sea lo más limpio posible, en base a energías renovables y a las tarifas más competitivas. 

Recordó que a nivel Baja California el recurso eléctrico es escaso, de modo que se ha frenado el desarrollo del estado. 

Asegura Nancy Sánchez que la reforma eléctrica no dio los resultados esperados. 

“Fue un paquete de la reforma energética: se hablaba de una disminución en el costo para consumidores domésticos, lo que no ocurrió. Lo que sí sucedió fue un desangelamiento de la CFE, empresa del Estado Mexicano que fue relegada por empresas privadas generadoras de electricidad.

“Las empresas que tenemos en Baja California no nos venden a nosotros, sino que exportan a EEUU”.

Precisó que los legisladores se encuentran en etapa de estudiar la propuesta de reforma eléctrica. “Se busca reformar tres Artículos de la Constitución para darle más preponderancia a la CFE, que tenga el control de la generación, sin descartar a los privados que ya tienen una infraestructura instalada”.

Recordó que nosotros en Baja California, tenemos una geotérmica en Mexicali, que se considera una energía limpia.

La CFE –adelanta-, será la responsable de abastecer el 56 por ciento de la demanda en el país, el resto será para los privados. Se buscará dar prioridad a la CFE.

Este miércoles seis de octubre a las nueve de la mañana, recibirán los integrantes del Senado una explicación sobre “las letras chiquitas” de la reforma eléctrica.

“En el 2014 se creó un marco para crear empresas generadoras, pero se apartaron del espíritu original. Se busca mejor generación, a mejor precio. Ahora estamos viendo cómo viene propuesta. Sí le daremos más capacidad a la CFE para que opere mejor y facilidad a las empresas para generar energía limpia a mejores tarifas”, concluyó.

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Para la senadora Nancy Sánchez, la aprobación de la ley reglamentaria de la Ley de Revocación de Mandato, es la oportunidad que tenemos los mexicanos para fortalecer nuestra democracia, ya que podremos, a medio camino del gobierno del presidente de la república, refrendar el apoyo ciudadano para que siga en el poder, o retirárselo, en base al desempeño mostrado.

La revocación de mandato, una iniciativa apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio un ‘paso’ más hacia su realización: El Senado aprobó este viernes en la madrugada, en lo general y en lo particular, la Ley Federal que supervisará el proceso.

Con un amplio apoyo entre los legisladores, 101 votos a favor dos en contra y cero abstenciones, la iniciativa propone que la pregunta de la revocación de mandato sea la siguiente:

¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

La propuesta original decía: "¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente de los EUM continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?".

La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y probable aprobación.

La Ley Federal de Revocación de Mandato establece que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

En su tercer informe de Gobierno, el presidente López Obrador se mostró confiado en ganar una eventual revocación de mandato.

NO AL MALTRATO ANIMAL EN LABORATORIOS

Durante entrevista en la estación de radio 1550 de am, de Grupo Cadena, Nancy Sánchez se refirió también como algo muy positivo que en la misma sesión aprobaron reformas a la Ley de Salud para prohibir pruebas y experimentos en animales para la industria cosmética. El que se haya aprobado una ley para evitar el maltrato animal en laboratorio, en la realización de pruebas de productos industriales para uso humano, particularmente cosméticos.

Se trata de un avance que adelanta la legisladora, poco a poco permitirá lograr por ejemplo que los animales en granjas industriales, destinados a la producción de alimentos, también reciban todas las consideraciones que merecen como seres vivos. Al final de cuentas, recordó, acciones de este tipo van en beneficio de la salud de los mexicanos en general, al mejorar la calidad de los insumos para la alimentación.

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Para evitar un colapso económico en el sector, los productores de algodón del país requieren de manera urgente que se les permita la compra de semilla genéticamente modificada, indicó la senadora Nancy Sánchez Arredondo.

Ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, la legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Economía; Agricultura y Desarrollo Rural y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se revise esta situación que, si no se atiende, ocasionará la pérdida de miles de empleos y el colapso del sector.

Advirtió que la intermediación de la Secretaría de Economía para atender tal problemática por la falta de entrega de permisos para la importación de semilla GM es fundamental, ya que, derivado de esta negativa, se ha generado un mercado ilegal.

La senadora del Grupo Parlamentario de Morena dijo que el algodonero es uno de los sectores que se han visto severamente afectados, no solo por los impactos de la emergencia sanitaria, sino por medidas institucionales que han obstaculizado su avance y crecimiento.

A inicios de 2021, recordó, la actual administración emitió un decreto que prohibirá el uso de semillas de maíz transgénico y del glifosato para 2024.

“No obstante que la semilla de algodón no está incluida en ese decreto, al momento existe una negativa unilateral de parte de la SEMARNAT, a otorgar permisos de compra e importación de semilla de algodón genéticamente modificada, a pesar de que, a diferencia de la semilla de maíz, no es para consumo humano”, expresó.

Cabe mencionar que, en apenas tres años, la superficie sembrada de algodón en nuestro país cayó un 50 por ciento, al pasar de 240 mil hectáreas en las 2018 y 220 mil hectáreas en el 2019, a 120 mil hectáreas en 2020.

La Senadora de la República propuso que tal como se indica en el decreto presidencial para la semilla de maíz y glifosato, la decisión de prohibir la compra de semilla GM de algodón, sea gradual hasta el 2024, mientras se estudian alternativas de solución a la necesidad del sector.

“Necesitamos reactivar el sector e incrementar la producción”, puntualizó.