Antes de que el Diario Oficial de la Federación publique nuevas acciones coercitivas propuestas por el Director de Inapesca y que afectan aún más a los pescadores del Alto Golfo de California, debe privilegiarse el Acuerdo de Escazú que garantiza la integración de los afectados a las mesas de trabajo y que sus argumentos sean escuchados.
Al señalar lo anterior, la senadora Nancy Sánchez Arredondo denunció que los equipos de especialistas ambientales y pesqueros que han repetido a lo largo de las administraciones federales se han empeñado en ahorcar a las comunidades pesqueras impidiendo su actividad ancestral, pretextando la protección de la Vaquita Marina y la fauna del Golfo de California.
Y advirtió que dichos funcionarios son los mismos que otorgaron los permisos de mineras para la extracción de minerales y operan sin supervisión y verificación, a pesar de las denuncias ciudadanas que han alertado por el desecho de químicos al Mar de Cortés, en evidente afectación a la flora y fauna del Alto Golfo.
En un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del grupo Parlamentario de Morena llamó a los titulares de las autoridades federales ambientales y pesqueras, para que recapaciten y den muestra de vocación social, como el Ejecutivo Federal lo ha demostrado, escuchando e involucrando en las decisiones a las comunidades pesqueras del Alto Golfo.
Estableció que las autoridades federales, que incluyen a Inapesca, Conapesca, Semarnat y Conanp, están obligadas, antes que tomar decisiones que rayan en lo arbitrario, a privilegiar el Acuerdo de Escazú del que México forma parte y que establece la obligación de escuchar e involucrar a los ciudadanos afectados por cualquier decisión de la autoridad.
“En este caso concreto”, puntualizó, “estamos hablando de miles de pescadores del Golfo de Santa Clara, Sonora y del área de San Felipe, en Baja California. Ellos deben, como directamente afectados, contar con un espacio en las mesas de trabajo que se constituyeron para revisar la situación en el Alto Golfo”.
La senadora Sánchez Arredondo rechazó más acciones de gobierno a espaldas de las comunidades pesqueras en el Alto Golo y señaló que es momento de demostrar la sensibilidad y vocación social de la cuarta transformación, impulsando acciones cercanas a la sociedad violentada por administraciones pasadas y que privilegiaron el medio ambiente y el mercado, sobre los intereses de la sociedad.
La legisladora consideró que, por desgracia, una vez más, como en el pasado reciente, se pretenden implementar acciones desesperadas y miopes por parte de la autoridad federal, específicamente en Inapesca, a cargo de Pablo Arenas Fuentes, con el propósito y pretexto de proteger a la vaquita marina.
“Desde entonces se han impulsado medidas agresivas contra de los pescadores ribereños y sus familias, mostrando poco interés por atender sus demandas y requerimientos con políticas integrales que privilegien la actividad de la pesca social con una visión de sustentabilidad de los recursos marinos”, agregó
Recordó que a pesar de que desde hace años ha insistido en la arbitrariedad de las autoridades federales para impulsar acciones sin consultar a las comunidades interesadas, el pasado mes de septiembre del 2020 fue publicado el Acuerdo para pesca sustentable y protección de la fauna en el norte del Golfo de California.
Además, agregó, en enero pasado fue publicado el Plan de Aplicación en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, nuevamente sin consultar a la comunidad interesada o directamente afectada.
La senadora Sánchez Arredondo adelantó que el acuerdo propuesto por el director general del INAPESCA, se pretende sea publicado en breve en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual incorpora las acciones coercitivas para hacer cumplir las nuevas reglas establecidas en la región, que prohíben el uso de redes de pesca tradicionales, con el fin de salvar a la vaquita marina de la extinción.
Adicionalmente contempla acciones ante la presencia de redes de pesca en la Zona de Tolerancia Cero, donde sólo se procederá a su retiro cuando no mida más de 500 metros de largo, ya que en caso de que sea mayor a medio kilómetro o se excedan del número de 65 embarcaciones menores permitidas, se cerrarán a la pesca las tres millas náuticas por siete días, y en caso de reincidencia la medida se extenderá por 30 días, puntualizó.