La Auditoría Superior de Baja California designó a Francisco Javier Rebelín como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

La designación del secretario Técnico, de acuerdo al artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, debe realizarlo el Órgano de Gobierno, previa notificación del Comité Coordinador, ambos presididos por un consejero ciudadano, a partir de una terna propuesta para ocupar ese puesto. 

De manera tal que este artículo señala que "El Secretario Técnico será nombrado y removido por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por mayoría calificada de sus miembros", el cual estará en funciones durante cinco años sin posibilidad de ser reelecto.

Antes de su nombramiento esta obligado a presentar por ley sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, además de "gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena". 

Otro requisito es "haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, prevención, investigación, detección y combate a la corrupción".

La designación de Rebelín Ibarra, quien fue consejero ciudadano, se dio a conocer por un oficio del departamento de Auditoría Financiera de la ASEBC fechado el 26 de julio con motivo de la entrega de resultados de una de las auditorías a la cuenta pública 2019 a realizarse este martes en las instalaciones de la SESEABC.

En la actualidad ninguno de los consejeros se encuentra en funciones, toda vez que enfrentan un juicio contra la suspensión que les aplicó la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado, a pesar de no ser servidores públicos. 

De los 15 consejeros electos en junio de 2018 por el Congreso del Estado, a partir de un Comité de Selección presidido por el ahora rector de la UABC, Daniel Valdez, solo estarían en funciones aquellos con vigencia de cinco años: Claudia Telles, Jorge Topete, Francisco Fiorentini, Eduardo Arredondo y Omar Marrón.

En cualesquiera de ellos recaería la responsabilidad de presidir el Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, de acuerdo a la ley. 

En el curso de tres años, nueve consejeros ciudadanos concluyeron sus encomiendas y una consejera presentó su renuncia.

Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.

El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017. 

“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.

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Juzgado de Distrito otorgó amparo y protección a Luis Irineo

Resolución judicial permite restablecer legalidad en SEABC rota por injerencia del gobernador y la secretaria de la Honestidad

El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

La resolución judicial contra el acto arbitrario y de abuso de poder permitirá restablecer la legalidad y funcionabilidad del SEABC irrumpida por la injerencia directa del gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla, a través de la secretaria Vicenta Espinoza.

En el expediente 695/2021, el juez Cuéllar le otorgó a Topete Calvario la suspensión definitiva para que no lo separen del cargo y continúe desempeñando las labores derivadas de su nombramiento, además que instruye a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California que se "abstenga de emitir resolución" en el procedimiento administrativo sancionador. 

Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario a integrar el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial. 

También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la SHyFP. 

Además, el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección de la justicia a Luis Irineo Romero en contra de la medida de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del 14 de abril del 2021, consistente en suspenderlo de su cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En el expediente del juicio de amparo indirecto 470/202, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó a Secretaría de la Honestidad y Función Pública dejar insubsistente el oficio de la separación de su cargo y “se le restituyan al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, según el punto 55, página 28, de la sentencia.

Esta medida judicial representa, además de un triunfo sobre la arbitrariedad y el abuso de poder de la SHyFP, un paso decisivo para encausar la operatividad y restituir la legalidad del área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diversos Juicios de Amparo interpuestos por los consejeros ciudadanos: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado suspensión para que las autoridades de la SHyFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que desahogan, hasta que el juez federal correspondiente resuelva el fondo de las controversias.

Con estas medidas, la SHFP está imposibilitada por el momento para dictar sanción alguna. 

En su oportunidad, los jueces de Distrito habrán de resolver el fondo sobre asuntos como la incompetencia de la SHyFP para intervenir en el régimen de responsabilidades de los representantes ciudadanos (CPC), la naturaleza jurídica del cargo de representante ciudadano y la ilegalidad de los actos desplegados por las áreas de esta dependencia estatal.

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El presidente de México, anunció que irá a las Naciones Unidas el 9 de noviembre porque el país va a  asumir la presidencia del consejo de seguridad de la ONU.

AMLO participará en una reunión donde hablará de lo que considera el principal problema del mundo; ''La corrupción que produce desigualdad'', ese será el tema que abordará en su ponencia.

Le preguntaron si iría con el presidente Biden, a lo que contestó que no irá con él, pero está invitado para venir a México.

Confirma el presidente López Obrador que sí acudirá a la sede de Naciones Unidas el próximo 9 de noviembre, en la ceremonia donde México asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad.

"Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo: la corrupción", dijo. pic.twitter.com/fCecDjhPFi

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 11, 2021

El contador público y licenciado en derecho Francisco Rebelín Ibarra, fue nombrado encargado de despacho de la secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, esto luego de una sesión del órgano de gobierno donde decidieron que el tecatense cubriera esta eventualidad, Rebelín Ibarra manifestó que su encargo tiene una temporalidad hasta que sea nombrado un presidente al frente de este sistema.

El Sistema Estatal Anticorrupción ha estado envuelto en una gran polémica prácticamente desde que inició la administración estatal de Jaime Bonilla, surgió un grupo de consejeros que se manifestaron en contra de los nuevos nombramientos, lo que ha llevado a este sistema a no sesionar desde hace ya tiempo, para Rebelín Ibarra estos incidentes están generados por desinformación.

El encargado de despacho de la secretaría técnica del Sistema Estatal Anticorrupción refirió que se debe procurar que el SEA se mantenga apegado a los lineamientos de trabajo, es decir que el ciudadano tenga la certeza dijo, que cuenta con un instrumento para detectar y prevenir posibles actos de corrupción.

Actualmente el Sistema Estatal Anticorrupción mantiene en suspensión a 6 consejeros, por lo que esto frena el que se pueda sesionar para designar a un nuevo titular, sin embargo el nombramiento de Rebelín Ibarra viene a destrabar parte de los trabajos de este organismo que han estado detenidos.