Entre los puntos que fueron tomados en cuenta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Ensenada, para impedir la municipalización del agua en este municipio, se expone que no hubo una justificación del porqué se debería de llevar a cabo, aunado a que se obliga a que sea un proceso con más estudio y capacitación, especificó el abogado Enrique Nuñez.

Indicó, que se presentaron diversos argumentos en el juicio de nulidad, entre ellos, la celebración de una sesión de cabildo que incumplió con el reglamento interior del ayuntamiento, debido a que no hubo una convocatoria formal.

“Eso fue lo que nos llevó a combatir el impedimento. Cuando se trata de una iniciativa del reglamento, es necesario exponer motivos y razones por las que es necesario la creación del organismo, mismo que no se presentó”, explicó el abogado.

Asimismo, señaló que el alcalde Armando Ayala Robles no cumplió con dichos requisitos al presentar su punto, lo que fue tomado en cuenta para el impedimento de la municipalización. Se hizo una solicitud de suspensión en la que requerimos las actividades y efectos de dicha sesión.

Finalmente, señaló que se pedirá la remoción del secretario del ayuntamiento Rubén Best, así como darle seguimiento al juicio político.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el decreto publicado en la Ley que Reglamento el Servicio de Agua Potable del Estado de Baja California que aprobaba en la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Baja California la transferencia del manejo del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a los gobiernos municipales por parte del gobierno estatal. 

El Máximo Tribunal señaló que el Congreso del Estado de Baja California omitió anunciar a los municipios que se estaría realizando dicha votación en una sesión ordinaria, pues al menos un representante de cada municipio debió asistir a dicha discusión, como lo indica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Por esta omisión se invalida cualquier decreto y se aclara que se cometió una violación al procedimiento legislativo. 

Se invalidó el decreto que reformaba diversas disposiciones a través de las cuales se transfería del gobierno estatal de Baja California a los gobiernos municipales, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. pic.twitter.com/IiOoCJ9P08

— Suprema Corte (@SCJN) August 16, 2022

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A través de la sesión pública por videoconferencia del día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una sentencia emitida por parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC).

El TJEBC declaraba la existencia de la infracción al artículo 130 de la Constitución Federal, por parte de José Isidro Macías, Obispo de Mexicali, a quien se le acusa de intervenir durante el Proceso Electoral local 2020-2021 al realizar manifestaciones con la finalidad de inducir el voto a favor del entonces candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario y, de la candidata a la alcaldía de Mexicali por la coalición “Alianza va por Baja California” durante la celebración de una misa de ordenación.

Por consiguiente, al confirmarse la existencia de la infracción al principio constitucional de separación Iglesia – Estado, se dará vista a la Dirección General de Asociaciones Religiosas.

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Empresarios, profesionistas y grupos de la sociedad civil están formando un grupo en contra de la municipalización de la Zona Este de Tijuana.

Ignacio Carlos Huerta, ex presidente del Colegio de Arquitectos, informó que el próximo 12 de enero estarán realizando un foro ciudadano.

Conforme lo marca la ley, están por mandar un escrito al Congreso del estado sobre las fallas que han encontrado en el procedimiento de municipalización, pues piden se revise todo el protocolo.

Por ejemplo, quienes promueven cercenar a Tijuana comentan que ya hay 60 mil firmas a favor, y que actualmente realizan una consulta, en la que no convocaron a la comunidad tijuanense, no avisaron a la autoridad municipal y tampoco hay anexos a la iniciativa de ley.

Recordó Ignacio Carlos Huerta que para crear el municipio de Rosarito se hicieron foros y eso no ha ocurrido localmente.

“Ha sido una ocurrencia. No demeritamos la intención de algunos residentes de la Zona Este”, comentó.

Vecinos de la colonia Maclovio Rojas, opinaron que el ayuntamiento de Tijuana, está poniendo atención en las necesidades de la Zona Este debido a que estos quieren formar su propia ciudad. 

"¿Cuándo el ayuntamiento nos había puesto atención? ¿Cuando el ayuntamiento había hecho sesiones de cabildo en la Zona Este? nunca, nunca. El ayuntamiento sólo busca que no le recorten los recursos federales y como ya se dieron cuenta que si nos podemos independizar están llorando que Tijuana es para todos y que Tijuana está unida", dijo el señor Ángel de la colonia Maclovio Rojas. 

En un recorrido realizado por algunas colonias de la Zona Este, se constató que hay personas que están de acuerdo con la creación del municipio de Nueva Tijuana, debido a que de esta manera los recursos económicos podrían aplicarse de manera más enfocada a las necesidades de esa parte del municipio. 

"Yo no estoy de acuerdo que se separe la ciudad, porque yo llegué hace 25 años al Maclovio Rojas y yo vivo en Tijuana, no en Nueva Tijuana, quieren hacer una Tijuana de pobres y otra de ricos", dijo el señor Jesús que vive en una de las calles principales del Maclovio Rojas.

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila designó a otro ensenadense al gabinete estatal. Se trata de Hugo Zepeda Berrelleza, quien asumió el cargo como director estatal del Instituto del Agua, instancia dependiente de la Comisión Estatal del Agua (CEA). 

Se trata de un ex diputado federal que conoce el tema del agua, ya que en años anteriores despachó como director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.