Para la Presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), Mtra. Catalina Salas Bravo es un tema de urgencia y vital importancia el que se amplíe el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de 67 millones para asegurar su funcionamiento en lo que resta del año 2021.

“Hay que recordar que los abogados litigantes nos vimos en la necesidad de manifestarnos para la apertura de los Tribunales como una actividad esencial durante la pandemia, lo que provocó cambios que llevaron al nombramiento del actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien para atender los reclamos de la comunidad jurídica, ha llevado una serie de acciones inmediatas que permitieron la apertura nuevamente de los tribunales y un proceso de atención en forma gradual, hasta llegar a la normalidad que se tenía antes del cierre de los mismos”

Sin embargo, Salas Bravo dijo que es una realidad que ya existía rezago en la impartición de justicia anterior al cierre, por lo que considerando los resultados al día de hoy, la FEDABO expresa su más entera confianza y apoyo al actual Presidente del Poder Judicial, Magistrado Alejandro Isacc Fragozo López, para que continúe trabajando a favor de una justicia más ágil, moderna y eficaz, con el compromiso de abatir en conjunto con el resto de los Magistrados y Jueces de Primera Instancia el rezago que se fue acumulando en los últimos años y el acceso inmediato a los acuerdos de manera electrónica.

“Por ello exigimos a los Diputados de la actual legislatura que atienda este tema a la brevedad posible y dote del presupuesto necesario al Poder Judicial para que funcione adecuadamente, además que consideren que año con año las necesidades se incrementan y por ello también deben de incrementarse los recursos hacia este Poder”

Por último Salas Bravo dijo que la impartición de justicia merece respeto y seriedad, por ello pidió a los Diputados darle la importancia que se merece, al igual que lo hicieron al otorgarle gran presupuesto algunas dependencias del Poder Ejecutivo, entre ellas, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, autorizándole 2 mil veintiséis millones, setecientos noventa y un mil ciento ocho pesos en este ejercicio 2021, donde claramente se entiende que no es un Poder y es el doble del Presupuesto del Poder Judicial, como se publicó en la sección III del Periodo Oficial del Estado de Baja California, de fecha 28 de diciembre de 2021, con el rubro “presupuesto de egresos del estado de baja california para el ejercicio fiscal 2021”.

Luego de que fuera expuesto públicamente y rechazado por el gremio jurídico, el intento de imponer requisitos de maestría y doctorado para litigar en materia familiar fue calificado como una medida que no debe repetirse, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede lo establecido en la legislación vigente.

La abogada Nora Checker, litigante con más de 35 años de experiencia en Ensenada, sostuvo que la mayoría de colegios, barras y asociaciones de abogados se pronunciaron en contra del planteamiento impulsado por Alejandro Fragoso y respaldado por la presidenta del Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho, Wendy Pringle, al advertir que se trató de una interpretación incorrecta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Señaló que la formación en derecho en México es de carácter general, lo que permite a los profesionistas ejercer en distintas áreas, por lo que imponer especializaciones obligatorias representa una restricción indebida al derecho al trabajo establecido en la Constitución.

Explicó que los grados académicos como maestrías y doctorados no determinan la capacidad de un abogado litigante, ya que el ejercicio profesional se construye en la práctica diaria, en audiencias, en la presentación de pruebas y en la argumentación ante tribunales.

Indicó que el nuevo modelo de justicia oral exige habilidades técnicas específicas que deben fortalecerse mediante capacitación práctica, no mediante requisitos académicos que no están contemplados en la ley.

Precisó que tras la reacción del gremio se llevaron a cabo reuniones con magistrados del Poder Judicial, donde se reconoció la necesidad de modificar el acuerdo 7/2026 para evitar interpretaciones que condicionen el ejercicio profesional.

Añadió que la ruta planteada por los abogados es clara: capacitación continua, cursos especializados en oralidad y fortalecimiento institucional desde el propio sistema judicial, sin imposiciones que limiten el acceso a la defensa legal.

La abogada expuso que incluso al interior del colegio encabezado por Pringle surgieron posturas en contra, ya que integrantes manifestaron su desacuerdo con el posicionamiento institucional que respaldaba la medida.

Subrayó que este tipo de planteamientos generan incertidumbre en el gremio y afectan directamente a la sociedad, especialmente en asuntos de menores, donde se requiere garantizar el acceso a una defensa amplia y sin restricciones indebidas.

Indicó que además de la capacitación, el sistema judicial requiere mayor inversión en infraestructura, más juzgados y recursos suficientes para atender la demanda en materia familiar.

Señaló que también es necesario actualizar los planes de estudio en las universidades para preparar a los futuros abogados en el modelo de oralidad, en lugar de trasladar esa responsabilidad a quienes ya ejercen mediante disposiciones administrativas.

Finalmente, advirtió que el gremio se mantendrá atento a las modificaciones que emita el Poder Judicial y reiteró que no se permitirá que se vulneren derechos ni que se establezcan criterios que contravengan la ley bajo el argumento de modernizar la justicia.

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El Poder Judicial de Baja California ha comenzado este lunes 13 de octubre el proceso de renovación en línea de todas las Firmas Electrónicas Certificadas (FIREC), un paso clave para garantizar la seguridad y confiabilidad en los servicios digitales del Tribunal Electrónico. 

Las personas usuarias, incluyendo litigantes, abogados, personal judicial y fiscal, tienen hasta el 28 de octubre para completar este trámite, que requiere acceso a una computadora con navegador Chrome y una FIREC vigente.

Este proceso es resultado de la activación de la nueva Autoridad Certificadora Raíz de la institución, un procedimiento técnico de alta seguridad que respalda la validez de las firmas digitales. 

La renovación garantiza la continuidad y seguridad en el uso de los servicios en línea, fortaleciendo la confianza digital en los procedimientos judiciales electrónicos.

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Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) convocan a una protesta este 15 de octubre a las 11:00 AM en el parque en la esquina de Gobernador Rico y Boulevard Cuauhtémoc. 

La manifestación responde a lo que consideran un ataque al Poder Judicial por parte del gobierno de Morena, tras la implementación de una "tómbola" que vulnera la independencia judicial. De acuerdo a la convocatoria, la concentración inicial será a las 11:00 horas seguida de una marcha que dará inicio a las 11:30 AM, finalizando a la 1:00 PM.

Invitan a los participantes a llevar camisetas, pancartas, y demás materiales de apoyo. "La unión es nuestra fortaleza", afirmaron los organizadores, instando a todos a defender sus derechos laborales y la autonomía judicial.

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 Tras aprobarse la eliminación de los fideicomisos en el Senado, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el municipio de Tijuana continúan manifestando su inconformidad al exterior de las instalaciones.

Angélica María Jiménez, Oficial Judicial C adscrito al juzgado décimo primero en Baja California, declaró que la base trabajadora extendió el paro nacional de actividades hasta el próximo domingo.

"Es un proceso legislativo complejo, estamos en la segunda etapa ya se aprobó por la mayoría de votos y vamos a ver qué acciones legales y constitucionales podemos hacer nosotros para poder hacer observaciones respecto al proceso", manifestó Jiménez.

A diferencia de las anteriores manifestaciones, este miércoles los trabajadores colocaron mantas al exterior del poder judicial con la siguiente leyenda "Exigimos cese a la intromisión al P.J.F. porque afecta la impartición de justicia".

 Este domingo, nuevamente la ciudad de Tijuana se unió a la marcha nacional convocada en desacuerdo a la reforma para eliminar los 13 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos.

Cerca de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron desde las 10:00 horas hasta el medio día en la glorieta Cuauhtémoc de la zona Río en la ciudad fronteriza en el que participaron mascotas, niños y activistas. 

En entrevista con Manuel Ochoa Ruelas, Secretario General del Sindicato del Poder Judicial de la Federación aseguró que este lunes y martes continuarán las movilizaciones en la región pues están esperanzados de que la corte determine que el recorte presupuestal es inconstitucional.

En cuanto al paro laboral indicó que hasta el momento hay guardias de trabajadores que están trabajando en temas urgentes y será hasta la próxima semana cuando tenga un parámetro de la afectación.

Por su parte Francisco Javier Picasso Ángel, Secretario de Juzgado señaló que la eliminación afecta a los trabajadores y la ciudadanía en general pues asegura que no son privilegios, son derechos.