“A mi lo que me preocupa es, como pensaron los diputados que se iban a salir con la suya” en el tema de la ampliación de mandato de 2 a 5 años que en 2019 se pretendió aprobar y que se le conoció como “Ley Bonilla”, señaló el Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío.

Cossío Díaz especula que la intención de los diputados locales era en una de esas, salirse con la suya dominando a la Suprema Corte, creyendo que aun con todas las acciones mediáticas y legales podrían conseguir al menos 4 votos, lo requerido para que no se declarara inconstitucional una reforma.

Señalo que la creencia de que la ampliación de mandato de Bonilla, o era un defecto psicológico, u obedecía a una serie de acuerdos, herramientas previamente tomadas y de operaciones políticas.

Cossío Díaz señaló que previamente se habían tomado las decisiones desde la Suprema Corte para que las elecciones, en su mayoría fueran realizadas en un mismo año y no con desfases como había estado ocurriendo, y para esto se determinó que los períodos de mandato podían ser reducidos, más nunca ampliarlos. Es decir que si un gobernador debería estar en el poder 6 años. a fin de homologar los tiempos podría reducirse a 5, pero no podría aumentarse a 7 años en el poder.

Bajo esta premisa, sí Jaime Bonilla fue electo para 2 años, no existía la posibilidad por ningún método de que su periodo se ampliará pues esto ya tenía algunos años de haberse aprobado a través de un artículo transitorio.

“Es preocupante que él (Bonilla) haya creído que podía salirse con la suya”, concluyó Cossío Díaz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dar efectos generales a su sentencia que declaró inconstitucional el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, con el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaba la reserva de la información de las obras emblemáticas de su administración y las clasificaba de seguridad nacional y de interés público.

Con seis votos a favor, el Pleno avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de eliminar totalmente el acuerdo, por lo que los ciudadanos podrán solicitar la información que requieran sobre dichas obras, y no podrán negárselas bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.

Los efectos de la sentencia tendrán validez una vez que el Ejecutivo Federal y las secretarías de estado sean notificados del fallo oficialmente.

El Pleno de la Corte se enfrascó en un debate de casi una hora y media para fijar los efectos de la sentencia dictada el jueves pasado, donde declaró inconstitucional dicho acuerdo, tras resolver la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La discusión derivó porque no se determinaba si los efectos tenían que ser entre partes, es decir, entre el INAI y el Ejecutivo Federal, y si las secretarías federales estaban obligadas a brindar a particulares la información que solicitarán, por ejemplo, del Tren Maya, o de otra obra emblemática.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien votó en contra de la propuesta de Alcántara Carrancá, consideró que la declaratoria de invalidez del acuerdo era solo para el INAI, organismo al que se le violentaron sus derechos de competencia. Explicó que era como un amparo, el INAI es el beneficiado, pero la ley seguía aplicando para los demás.

Al respecto, las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Yasmín Esquivel Mossa opinaron que el acuerdo seguía vigente para quienes no lo impugnaron, pero no para el INAI.

Lo anterior, provocó que el ministro Javier Laynez Potisek recordara que el INAI acreditó que ese acuerdo es inconstitucional, pero con la propuesta de la minoría no se podría saber si a los particulares se les iba a poder ofrecer la información solicitada sobre obras emblemáticas.

Cabe mencionar que los efectos emitidos por la Corte no impactarán en el nuevo Decreto que el titular del Ejecutivo Federal emitió el jueves pasado para blindar de nuevo la información de las obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de aeropuertos.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó a los cinco candidatos y candidatas a dirigir la presidencia del máximo tribunal de México.

La próxima elección se realizará cuando el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, deje el cargo.

Durante los primeros cinco días de diciembre, previo a la conclusión del encargo de la Presidencia en funciones, las Ministras y Ministros que aspiren a presidir la SCJN y el CJF presentaron a sus compañeros y compañeras las “líneas generales” de su proyecto de administración.

Los aspirantes son:

Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministro Javier Laynez Potisek

Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministra Norma Lucía Piña Hernández

¿Cómo y cuándo será la elección a presidente de la SCJN?

La elección se llevará a cabo en sesión pública solemne, celebrada en el primer día hábil del mes de enero. La sesión será presidida por el Ministro decano (quien tiene la mayor antigüedad en el Pleno).

Esta vez, la elección de la Presidencia de la SCJN y el CJF se realizará el 2 de enero de 2023.

La votación se hará por cédulas, contando con la participación de dos Ministros y/o Ministras para el escrutinio. Para que una persona sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Si nadie obtuviera los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance seis votos o más a su favor.

La persona electa tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta como Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ante los Plenos reunidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplirá con el plazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 30 días para que envíe al Senado de la República una terna para elegir a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Dijo que cumplirá aunque no está de acuerdo con la función de la comisión porque defiende a empresas particulares y protege un modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte, y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas”, comentó durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Refirió que deberá escoger a la terna de candidatos que no conoce y no escogió él, ya que le envían una lista elaborada. “Los que mandan, porque hasta eso, ni los conozco. Me mandan, creo que cinco, y de ahí tengo que mandar uno, primero”, explicó.

Añadió que no existen las condiciones para desaparecer a la Cofece, pero no descartó que posteriormente intente desmantelar al organismo autónomo.

“Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial, y es lo que voy a hacer”, comentó.

Actualmente faltan tres consejeros en la Cofece para integrar un total de siete, puesto que, de acuerdo con la controversia 207/2021, el organismo señaló que había una integración incompleta, la cual le ha impedido desplegar adecuadamente todas sus atribuciones.

Por el caso que se sigue contra quienes participaron en la contratación de la empresa Next Energy y su fallida planta fotovoltáica, este martes fueron vinculados a proceso ocho ex servidores públicos que fungieron durante el pasado gobierno de Jaime Bonilla Valdéz en Baja California. 

Karen “N”, Luis “N”, Adalberto “N, Israel “N”, Rodolfo “N”, Marco Octavio “N”, Juan Luis “N” y Amador “N” fueron imputados por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, Peculado y Abuso de Autoridad, según la solicitud que hizo el Ministerio Público. 

Todo se encuentra dentro de la Causa Penal 04921/2022 y el Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977. 

En la jornada llevada a cabo en el Centro de Justicia del Poder Judicial del estado de Río Nuevo, en Mexicali, se desahogaron pruebas contra los ex funcionarios, de los cuales originalmente eran los trece los citados, pero cinco de ellos no asistieron. Para ese grupo se programo una nueva audiencia para el próximo 02 de noviembre a las 09:00 horas en la sala 6 del mismo inmueble.

En el caso de las ocho personas referidas, su proceso continúa aunque el juez de control otorgo un receso indeterminado para que la defensa pueda reformular su estrategia. Pero la imputación en su contra permanece. 

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo hoy que el no llamado del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdéz, no fue requerido solo por su fuero como senador.

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que ante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional que militariza la seguridad pública en el país al trasladar a la Sedena su control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe corregir este error histórico y actuar como un verdadero contrapeso como garante de la Constitución y de nuestros derechos.

La Fundación para la Justicia anunció que las organizaciones defensoras de los derechos humanos llevaremos a cabo las acciones legales y de defensa de derechos humanos, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el resto del Poder Judicial de la Federación corrija el curso que equivocadamente marcó el Poder Legislativo.

“Hoy más que nunca, debemos recordar que los contrapesos son necesarios en cualquier democracia y que el papel del Poder Judicial en este caso será clave, como garante de la Constitución y de nuestros derechos”.

Ante ello, “hacemos un llamado a jueces, magistrados y, en especial, a los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, para que recuerden el rol y la responsabilidad que sus cargos les confieren, para garantizar que en México se siga viviendo una democracia de derechos, no de militares ni de imposiciones políticas”.

También hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los partidos de oposición, para que accionen los mecanismos de control constitucional diseñados para evitar este acto que desconoce la Constitución, pero más importante, que desconoce la realidad de miles de víctimas en nuestro país y de una sociedad con esperanza de paz.

“Exhortamos a la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas y a los organismos internacionales a construir, de la mano de expertos internacionales y de la sociedad civil, un mecanismo especial de monitoreo y denuncia de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas”.

Subrayaron que lo ocurrido en el Senado donde Morena y sus partidos aliados avalaron la reforma de la Guardia Nacional es un “luto para la democracia” porque no solo olvidaron las promesas de campaña que les llevaron al cargo que hoy ocupan.

“También olvidaron a las víctimas de la violencia ejercida por militares, como Heidi, de 4 años, queapenas hace unos días perdió la vida. Muchas de estas víctimas provienen de los grupos más vulnerados, como personas de bajos recursos, mujeres y migrantes, que como Fundación para la Justicia, junto con otras organizaciones civiles y periodistas, documentamos en el informe Bajo la Bota”.

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