De insensibles y totalmente irresponsables, tachó el Presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y ex Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, a legisladores del Congreso del Estado, al negar al Poder Judicial del Estado, una ampliación presupuestal que viene solicitando tiempo atrás, para poder sacar adelante este año la impartición de justicia en Baja California.

Precisó que el presupuesto asignado inicialmente a los tribunales, es insuficiente ya que todo se va a gasto corriente, impidiendo la posibilidad de crecer armónicamente al encausamiento de los recursos a servicios periciales, SEMEFO, a la creación de nuevos tribunales y de salas en la ciudad de Tijuana, lo que va en detrimento del otorgamiento del servicio de justicia a la ciudadanía.

Atilano Peña sostuvo que por todo esto, es inaceptable la resolución del Congreso local que además es contradictoria dijo, por un lado decretan inviable el presupuesto solicitado por el poder judicial a pesar de los grandes rezagos y la justicia en la entidad por los ciudadanos, y en cambio sí autorizan presupuesto para cuestiones tan simples como lo es el aire acondicionado para la Fiscalía del Estado, condenó.

Por ello, el abogado hizo un llamado a los diputados locales para que de nueva cuenta se legisle con responsabilidad, pero sobre todo hagan una reconsideración del tema y entiendan que el poder judicial requiere de un mayor presupuesto para poder cumplir con sus cometidos, porque la justicia no puede esperar, concluyó. 

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Luego de que fuera expuesto públicamente y rechazado por el gremio jurídico, el intento de imponer requisitos de maestría y doctorado para litigar en materia familiar fue calificado como una medida que no debe repetirse, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede lo establecido en la legislación vigente.

La abogada Nora Checker, litigante con más de 35 años de experiencia en Ensenada, sostuvo que la mayoría de colegios, barras y asociaciones de abogados se pronunciaron en contra del planteamiento impulsado por Alejandro Fragoso y respaldado por la presidenta del Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho, Wendy Pringle, al advertir que se trató de una interpretación incorrecta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Señaló que la formación en derecho en México es de carácter general, lo que permite a los profesionistas ejercer en distintas áreas, por lo que imponer especializaciones obligatorias representa una restricción indebida al derecho al trabajo establecido en la Constitución.

Explicó que los grados académicos como maestrías y doctorados no determinan la capacidad de un abogado litigante, ya que el ejercicio profesional se construye en la práctica diaria, en audiencias, en la presentación de pruebas y en la argumentación ante tribunales.

Indicó que el nuevo modelo de justicia oral exige habilidades técnicas específicas que deben fortalecerse mediante capacitación práctica, no mediante requisitos académicos que no están contemplados en la ley.

Precisó que tras la reacción del gremio se llevaron a cabo reuniones con magistrados del Poder Judicial, donde se reconoció la necesidad de modificar el acuerdo 7/2026 para evitar interpretaciones que condicionen el ejercicio profesional.

Añadió que la ruta planteada por los abogados es clara: capacitación continua, cursos especializados en oralidad y fortalecimiento institucional desde el propio sistema judicial, sin imposiciones que limiten el acceso a la defensa legal.

La abogada expuso que incluso al interior del colegio encabezado por Pringle surgieron posturas en contra, ya que integrantes manifestaron su desacuerdo con el posicionamiento institucional que respaldaba la medida.

Subrayó que este tipo de planteamientos generan incertidumbre en el gremio y afectan directamente a la sociedad, especialmente en asuntos de menores, donde se requiere garantizar el acceso a una defensa amplia y sin restricciones indebidas.

Indicó que además de la capacitación, el sistema judicial requiere mayor inversión en infraestructura, más juzgados y recursos suficientes para atender la demanda en materia familiar.

Señaló que también es necesario actualizar los planes de estudio en las universidades para preparar a los futuros abogados en el modelo de oralidad, en lugar de trasladar esa responsabilidad a quienes ya ejercen mediante disposiciones administrativas.

Finalmente, advirtió que el gremio se mantendrá atento a las modificaciones que emita el Poder Judicial y reiteró que no se permitirá que se vulneren derechos ni que se establezcan criterios que contravengan la ley bajo el argumento de modernizar la justicia.

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El Poder Judicial de Baja California ha comenzado este lunes 13 de octubre el proceso de renovación en línea de todas las Firmas Electrónicas Certificadas (FIREC), un paso clave para garantizar la seguridad y confiabilidad en los servicios digitales del Tribunal Electrónico. 

Las personas usuarias, incluyendo litigantes, abogados, personal judicial y fiscal, tienen hasta el 28 de octubre para completar este trámite, que requiere acceso a una computadora con navegador Chrome y una FIREC vigente.

Este proceso es resultado de la activación de la nueva Autoridad Certificadora Raíz de la institución, un procedimiento técnico de alta seguridad que respalda la validez de las firmas digitales. 

La renovación garantiza la continuidad y seguridad en el uso de los servicios en línea, fortaleciendo la confianza digital en los procedimientos judiciales electrónicos.

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A las 10:41 horas de este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados reanudó su sesión ordinaria para continuar con la discusión de las reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024.

En tribuna, el diputado priista Yerico Abramo Masso presentó una propuesta para destinar 10 mil millones de pesos, de manera inmediata, para Acapulco tras el paso del huracán “Otis”.

"La Comisión de Turismo, que me toca presidir, los más de 36 integrantes de todos los grupos parlamentarios, votamos por unanimidad modificar el dictamen de presupuesto para mandar inmediatamente 10 mil millones de pesos para atender la emergencia en Acapulco", expuso.

El legislador lamentó que las bancadas de Morena y sus aliados no quieran apoyar ninguna propuesta de la oposición para apoyar a las personas damnificadas.

"Lamentablemente he visto que la mayoría parlamentaria, que dirige el gobierno de la República, no ha querido modificar el dictamen", refirió.

El Pleno de la Cámara de Diputados tendrá que votar más de tres mil reservas que se empezaron a presentar desde el martes, y se prevé que concluyan mañana.

Además, hoy podría discutirse, y en su caso aprobarse, una reserva de la bancada de Morena para destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL.

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 Tras aprobarse la eliminación de los fideicomisos en el Senado, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el municipio de Tijuana continúan manifestando su inconformidad al exterior de las instalaciones.

Angélica María Jiménez, Oficial Judicial C adscrito al juzgado décimo primero en Baja California, declaró que la base trabajadora extendió el paro nacional de actividades hasta el próximo domingo.

"Es un proceso legislativo complejo, estamos en la segunda etapa ya se aprobó por la mayoría de votos y vamos a ver qué acciones legales y constitucionales podemos hacer nosotros para poder hacer observaciones respecto al proceso", manifestó Jiménez.

A diferencia de las anteriores manifestaciones, este miércoles los trabajadores colocaron mantas al exterior del poder judicial con la siguiente leyenda "Exigimos cese a la intromisión al P.J.F. porque afecta la impartición de justicia".

 Este domingo, nuevamente la ciudad de Tijuana se unió a la marcha nacional convocada en desacuerdo a la reforma para eliminar los 13 fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos.

Cerca de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron desde las 10:00 horas hasta el medio día en la glorieta Cuauhtémoc de la zona Río en la ciudad fronteriza en el que participaron mascotas, niños y activistas. 

En entrevista con Manuel Ochoa Ruelas, Secretario General del Sindicato del Poder Judicial de la Federación aseguró que este lunes y martes continuarán las movilizaciones en la región pues están esperanzados de que la corte determine que el recorte presupuestal es inconstitucional.

En cuanto al paro laboral indicó que hasta el momento hay guardias de trabajadores que están trabajando en temas urgentes y será hasta la próxima semana cuando tenga un parámetro de la afectación.

Por su parte Francisco Javier Picasso Ángel, Secretario de Juzgado señaló que la eliminación afecta a los trabajadores y la ciudadanía en general pues asegura que no son privilegios, son derechos.