A sus 97 años, aunque aparenta menos de 80, don Juan Zuazo tiene otras preocupaciones "más importantes que participar en una consulta popular".

Sentado en la banqueta frente a su casa, en Ciudad Satélite, nos dice que “lo suyo” no es la política y no está interesado en nada que tenga que ver con ella.

Jubilado hace más de tres décadas, don Juan disfruta de su tiempo libre solo.

Asegura que no estaba enterado de la consulta popular de este domingo, 1 de agosto, sobre un posible proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.

“No había escuchado nada de la consulta, son cosas que a uno no le interesan, ni en cuenta, ni le interesan a uno”, ataja de inmediato. “No sé de qué me está hablando usted”, sostiene, ante la insistencia del reportero.

Se le pregunta su opinión sobre la posibilidad de que los expresidentes de la República sean enjuiciados, pero don Juan niega con la cabeza y con su voz tenue pero clara dar a conocer su punto de vista al respecto.

“Otra cosa: yo de política no opino, ni me interesa y en mi familia yo creo que igual, nunca platicamos de política. En realidad son cosas que no le interesan a uno, esa es la realidad de las cosas. Tengo muchas cosas en qué pensar para pensar en eso”.

-¿En la televisión y en la radio no escuchó hablar de la consulta?

Ni me interesa ni la veo.

-¿Si se hubiera enterado, tampoco hubiera participado?

Tampoco. Hay cosas que no interesan, porque tiene uno problemas que está uno enfocado en eso.

-¿Si sus hijos lo hubieran llevado a votar en la consulta?

De mis hijos no le sé decir nada. Ninguno de mis hijos es político.

-¿Y usted nunca escuchó al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de la consulta?

En política no me interesa nada.

-¿No ve las mañaneras del presidente?

No, todo veo, menos de política. No me interesa.

-¿Lo considera una pérdida de tiempo?

Pues no, pero es una cosa que no le presta uno mucha atención.

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la ceremonia cívica con la que dio inicio al Proceso Electoral del Poder Judicial para elegir a jueces, ministros y magistrados.

La ceremonia, encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo la presencia de 10 consejerías, con la ausencia de Uuc-kib Espadas, e invitados especiales.

Taddei ofrece transparencia

Al tomar la palabra, Guadalupe Taddei afirmó que este proceso electoral inédito se realizará de forma transparente y con reglas claras para todos los participantes.

"Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario, que no quede dudas trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos", sostuvo.

Afirmó que los mecanismos de vigilancia y control del Instituto garantizarán la integridad del proceso electoral, el cual calificó como un paso trascendental en nuestra historia democrática.

"Celebramos la oportunidad de fortalecer el estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes", aseveró.

Trabajadores inconformes

Los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las Instalaciones del INE mientras se realizaba la ceremonia cívica que encabezó Taddei para dar inicio al proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados.

“INE de orgullo nacional a palero presidencial”, señalaron los manifestantes, y comentaron que el proceso electoral es un retroceso nacional y “solo es una simulación la elección de jueces y magistrados”.

“Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, mostraron en una de sus pancartas.

“¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!” y “¡Justicia por elección es simulación!”, consignaron.

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Por primera vez desde su creación en 1990, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará el lunes 23 de septiembre sin la participación de representantes de partidos políticos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a realizarse en junio de 2025.

La reforma del Poder Judicial aprobada en el Congreso de la Unión establece que para mantener la neutralidad en la organización de las elecciones judiciales, el INE debe preparar dichas elecciones sin la participación de militantes de partidos políticos y en coordinación con el Poder Legislativo.

¿Qué establece la reforma judicial? 

La reforma establece que: “en los casos de sesiones extraordinarias urgentes que se celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del Poder Judicial, el Consejo General se integrará únicamente por una consejera o consejero presidente, 10 consejeros y consejeras electorales, con derecho de voz y voto, y una secretaria o secretario ejecutivo, con derecho de voz”.

Para cumplir este mandato, el Consejo General sesionó de manera extraordinaria el jueves 19 de septiembre para aprobar, en menos de 10 minutos, los cambios necesarios que le permitan iniciar el lunes los trabajos de organización y coordinación para que se lleve a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia de México.

Este 23 de septiembre, a las 8:45 horas, se instalará el Consejo General del INE y se emitirá la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, se instruirá la elaboración del plan integral de trabajo, un calendario del proceso electoral y las actividades necesarias para la modificación del presupuesto para el ejercicio 2025.

¿Qué pasará durante la sesión del lunes? 

Además, en la sesión del lunes se sellará un acuerdo para la creación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con lo que se dará inicio de manera formal el proceso de organización electoral judicial.

En un hecho inédito, la sesión del Consejo General se realizará sin la participación de representantes de los partidos políticos. Cabe mencionar que, al momento de su fundación, en 1990, el máximo órgano de dirección del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contaba con una composición muy distinta a la actual.

En ese entonces, el presidente del Consejo General era el secretario de Gobernación y participaban seis consejeros electorales que debían garantizar total independencia partidista, pero que eran propuestos directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

¿Qué pasará en la sesión del lunes? 

Además, el máximo órgano de IFE contaba con la participación de un director y secretario general, dos diputados y dos senadores que representaban a los dos grupos parlamentarios más numerosos de cada cámara y un representante partidista de cada partido político.

Hasta la reforma de 1994 se integró la figura de los consejeros ciudadanos y se establece la salida del secretario de Gobernación en el Consejo General, por lo que la integración de este órgano quedó conformada por el consejero presidente y ocho consejeros electorales, con derecho a voz y voto.

Además, se instruyó la integración con derecho de voz de un secretario general, consejeros del Poder Legislativo y representantes de cada partido político con registro.

Dicha conformación se mantuvo así durante 20 años, hasta que en 2014 se determinó que el Consejo General pasara de tener nueve a 11 consejeros electorales, los cuales serían elegidos por la Cámara de Diputados, y los demás representantes de los partidos políticos mantendrían su derecho de voz en el consejo.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con la planeación de las elecciones locales en Durango y Veracruz de 2025 y, a petición de Morena, señaló que hará los ajustes correspondientes ante la concurrencia con la elección del Poder Judicial.

La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 aprobó los primeros acuerdos relacionados con esta elección, donde se elegirán 39 municipios en Durango y 212 en Veracruz que deberán ser avalados ante el Consejo General del INE.

Al respecto, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió agregar a los acuerdos un punto adicional que prevea las modificaciones que deberán realizarse con base a la reforma al Poder Judicial, ya que esta plantea que los partidos políticos no pueden participar en la discusión, y choca con la organización del proceso electoral local.

“Esa restricción tiene un problema cuando existe concurrencia, como es el caso de esta comisión y este proceso. Quisiera hacer una reflexión para que quedara abierta la posibilidad en el programa de trabajo, sin violar la reserva constitucional de diferenciar los procesos donde las representaciones podemos participar y no podemos participar”, apuntó.

“En Veracruz y en Durango vamos a tener concurrencia de esa elección con esta (del Poder Judicial). Por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla, pues esta configuración es para la elección normal. Pregunta: ¿esta será para la otra elección?”, cuestionó.

Sobre los materiales electorales, Castañeda añadió que “si va a haber capacitación, insaculación y una integración con estrategia de capacitación, pues todos estos documentos podrían tener una doble impresión. Entonces, de aquí a la aprobación de esto, debería haber una revisión”.

Como parte de los acuerdos, la comisión determinó “agregar las precisiones que correspondan al programa de trabajo y respetar la instrumentación del proceso electoral para el Poder Judicial concurrente con las entidades de Durango y Veracruz”.

La presidenta de la comisión, Norma de la Cruz, señaló que una vez que tengan los detalles de cómo será el proceso electivo del Poder Judicial, podrán realizar los ajustes necesarios.

La comisión aprobó el Plan de trabajo que contempla los objetivos generales y específicos de la comisión y el calendario de actividades mensual.

También avaló las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral, en las que se establecen los requisitos, plazos e información general para la recepción de solicitudes, así como la posibilidad de observar el voto anticipado y prisión preventiva.

Otro acuerdo aprobado fueron los modelos de materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, así como el modelo de guía para las y los observadores electorales, que incluyen la información básica para los ciudadanos sorteados; modelo de guía para observadores electorales; carta de notificación a la ciudadanía sorteada; la hoja de datos para la capacitación a funcionarios de casilla; nombramientos para funcionarios de casilla.

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, asistirá hoy a la Cámara de Diputados al séptimo foro sobre la reforma judicial, en donde esperan que ofrezca una proyección de cuánto le costaría a la autoridad electoral organizar la elección de jueces, magistrados y ministros en todo el país.

Sin embargo, confirmó que hasta ayer, ni el Consejo General ni las áreas técnicas del INE cuentan con un estudio oficial que dimensione en términos concretos cuánto implicaría esta elección que impulsa la reforma judicial al todavía no estar aprobada, se desconocen los alcances, tiempos y dimensiones que implicaría este ejercicio, para que la autoridad electoral pudiera ofrecer estimaciones certeras.

Lo que se prevé que exponga la presidenta del INE es el trabajo que implicaría organizar una elección de este nivel que de ser en un solo ejercicio y no escalonado, rebasaría incluso, la jornada electoral del 2 de junio que implicó la renovación de más de 20 mil cargos y que se consideró la más grande de la historia. Con lo que las y los diputados podrán dimensionar la complejidad de la propuesta.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, había difundido una estimación de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos que adjudicó a un estudio de la autoridad electoral, pero que el propio INE desmintió.

En el foro de este lunes se busca ahondar concretamente en el tema más controversial de la reforma que es llevar a todos los juzgadores de este país a las urnas. Los temas a tratar serán: legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación; proceso electoral: elección e impugnación de candidaturas; y mecanismos de ascenso y remoción de funciones.

Aunque el foro pretende aclarar todas las dudas sobre el proceso electoral, cómo sería la elección e incluso el mecanismo de impugnación que le corresponderá resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirmó que la Sala Superior sigue sin ser considerada y ni su presidenta, Mónica Soto, ni ninguno de sus pares fue convocado a este evento donde son los únicos que podrían dar asesoría sobre el tema.

La única persona con experiencia electoral probada y vigente, será la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien explicará el proceso que se requiere para garantizar que esa elección para renovar al Poder Judicial cumpla con los estándares de certeza y legalidad que caracterizan al sistema electoral mexicano, los tiempos de organización, el personal que se requiere para capacitar, cuántas casillas deberían instalarse en el país y cuánto costaría todo esto.

Así como los tiempos de campaña que se les daría a cada juez, ministro o magistrados, cómo se fiscalizaría el manejo de los recursos públicos y cómo rendirían cuentas de lo que gasten en este proceso.

Mientras que en el proceso de impugnación y calificación de esa elección, no participará nadie del Tribunal Electoral. Sin embargo, está convocada nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se confirmó la asistencia de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

Además de la ex fiscal de la Ciudad de México y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República en el siguiente sexenio, Ernestina Godoy.

Como expertos están convocados los abogados Jaime Fernando Cárdenas, Luis Enrique Pereda, Jaime Miguel Moreno, Eduardo Torres y Eduardo Andrade Sánchez, magistrado en retiro de Veracruz. Así como Mayerline Rueda Olivares, colaboradora del grupo parlamentario de Morena.

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Las multas a los partidos políticos por irregularidades en las campañas federales y locales pasaron de 1,565 millones de pesos a 1,087 millones de pesos, es decir, una reducción de 478 millones tras los cambios aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El lunes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría criterios para reducir la severidad en algunas sanciones contra partidos políticos, al considerar que aumentar las multas no inhibe estas conductas.

Tras realizar un nuevo cálculo, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) señala que los partidos políticos nacionales tendrán que pagar multas por 980 millones de pesos, cuando la cifra inicial ascendía a más de 1,400 millones.

En el caso de Morena, el partido más sancionado, tiene multa por un monto de 174 millones de pesos; el Partido Verde por 97.8 millones de pesos y el Partido del Trabajo, 91.3 millones de pesos.

Mientras que por la coalición Sigamos Haciendo Historia a nivel federal, la sanción asciende a 184 millones 329 mil pesos.

Por parte de la oposición, Movimiento Ciudadano es el partido con más multas, por 136.8 millones de pesos; sigue el PRI, con 83.9 millones; el PAN, 77.9 millones y el PRD, por 40.8 millones de pesos.

En los estados, los partidos políticos locales tuvieron sanciones por 105 millones 737 mil pesos; mientras que las candidaturas independientes serán multadas por un millón 180 mil pesos.

En cuanto a las faltas cometidas por los partidos políticos, la más recurrente fueron los egresos no reportados, que suman sanciones por 418 millones 945 mil pesos.

La propuesta inicial planteaba sancionar con un 150% del monto involucrado, pero el INE acordó reducirlo al 100% del monto involucrado.

Otras infracciones frecuentes fueron eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración, por 89.4 millones; egreso no comprobado por 42 millones y beneficio indebido entre candidaturas, por 35 millones de pesos.

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