CNDH pide a Jaime Bonilla respetar libertad de expresión a periodistas de BC

Piden crear un ambiente de trabajo entre ambos sectores

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y a su equipo garantizar el especio de una libertad de expresión auténtica en el estado para los periodistas de la región, esto a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Grupos conformados por miembros de los medios de comunicación de la entidad como Red de Periodistas de Tijuana, Colectivo #YoSíSoyPeriodista y la Asociación de Periodistas de Tecate realizaron una denuncia pública sobre la "ausencia de oportunidades para acceder a la información de manera directa e inmediata" sobre los hechos relacionados a la administración estatal.

Por su parte la CNDH pide crear un ambiente donde autoridades y periodistas puedan asegurar a la ciudadanía un pleno ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

La comisión finalizó exhortando a los tres niveles de gobierno el papel de los medios de comunicación y el periodismo, además de resaltar la existencia del derecho de réplicas y el derecho de las audiencias.

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SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México

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EFE,  Ciudad de México, Mexico, 

 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo sobre un aumento del acoso judicial contra periodistas y medios en México durante el primer año del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien aunque se ha pronunciado en contra de la censura, ha mantenido mecanismos de control sobre el acceso a la información y la crítica pública.

En su más reciente informe, la SIP señaló que “la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; pero, al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”.

Uno de los principales pendientes, apuntó el organismo, es la opacidad en la asignación de publicidad oficial.

“Aunque existe una mayor inversión de publicidad estatal en los medios que en el gobierno anterior, todavía se mantienen reglas discrecionales para favorecer a unos sobre otros”, señaló el documento.

El informe registró tres asesinatos de personas vinculadas de forma indirecta a plataformas informativas o redes sociales, aunque señaló que “la evidencia sugiere que esos hechos no estarían relacionados al trabajo informativo, sino al entorno de violencia en general”.

Preocupa acoso judicial

No obstante, la principal preocupación se centra en la expansión del acoso judicial como mecanismo de silenciamiento. De acuerdo con Artículo 19 México, citado en el reporte, hubo 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas en el primer semestre del año.

Entre los casos más graves, la SIP destacó el del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, quien fue procesado por “incitación al odio y violencia de género” tras denuncias de la gobernadora, Layda Sansores.

Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, le prohibió ejercer el periodismo en ese lapso y le impuso un censor para revisar sus columnas.

Otro caso emblemático es el de la ciudadana Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral federal por un comentario en la red X sobre un presunto caso de nepotismo.

Se le impuso multa, disculpa pública diaria por 30 días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2027. Ella anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En Tamaulipas, el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron denunciados por calumnia y violencia política de género tras revelar presuntas redes de corrupción. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) descartó violencia de género, mantuvo la orden de retirar la columna y sancionó al periódico con multa y disculpa pública.

El organismo también criticó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su reemplazo por la oficina Transparencia para el Pueblo, que “desechó el 99,6 % de las solicitudes de información”.

Sheinbaum ha sostenido una relación ambivalente con los medios.

Aunque recientemente calificó como “excesivos” algunos casos de acoso judicial contra periodistas, también radicalizó su discurso contra medios que investigan presuntos actos de corrupción del gobierno anterior.

Con todo, la SIP reconoció que la presidenta “rechazó públicamente la censura” al pedir al Senado frenar un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que permitiría al Gobierno bloquear plataformas digitales.

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Acusan censura de alcaldesa de Acapulco contra medio que reveló presunto desvío

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Cadena Noticias,  Mexico, Guerrero, Acapulco, 

El medio Acapulco Trends denunció un acto de censura por parte de la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez, quien los acusó ante el Tribunal Electoral de Guerrero por “violencia política de género”. Como parte de la sanción, se exige al medio publicar disculpas públicas durante 15 días en su página de Facebook.

Según el periodista Jesús Castañeda, director del medio, la acusación se dio luego de publicar una investigación sobre el presunto desvío de 898 millones de pesos en el Ayuntamiento de Acapulco. La denuncia fue interpuesta por la alcaldesa tras revelarse que no comprobó el uso de esos recursos ante la Auditoría Superior del Estado.

En junio de 2025, se dio a conocer que Abelina López depositó una fianza de 15 mil pesos para evitar una orden de captura y obtener la suspensión provisional del acto reclamado. La ASE continúa con la indagatoria por el presunto ejercicio ilícito del servicio público.

Este caso se suma al de Karla Estrella, quien también fue sancionada por violencia política de género en 2024. En su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó ofrecer disculpas públicas a Diana Karina Barreras, esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna, tras insinuar nepotismo.

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Repudian censura a periodista de Campeche; buscan que nada irrite a gobernadora

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El Universal,  Mexico, Campeche, 

“Aceptar las medidas nuevas determinadas por la jueza de Control sería tanto como renunciar a mis garantías individuales de expresarme libremente”, sostiene tajante el periodista campechano Jorge Luis González, luego de que la tarde del pasado martes la juzgadora de Control interina del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, le impuso medidas cautelares: el programa Expedientes, que transmite todos los martes a través de una plataforma, deberá contar con un censor y sus notas tendrán que ser revisadas antes de su publicación.

“Se pidió que en el caso de la plataforma, que todo lo que se vaya a publicar primero se consulte a los Derechos Humanos para que aprueben la nota y ver si hay algún atropellamiento, si hay alguna incidencia, cuando sabemos que la noticia debe ser comunicada de inmediato”, recalca a El Universal.

Exdirector durante más de 30 años del diario Tribuna Campeche, González considera como un atropellamiento el fallo impuesto por la jueza, al argumentar que para ser aprobada una nota que vaya a publicar deberán pasar de 24 a 48 horas. “¿Y qué pasaría con la nota? ¿Cómo queda? Ya no sería noticia, lo que hoy es noticia, mañana es historia”, subraya el reportero.

De 71 años, el periodista, con más de 50 años en el oficio, señala que en la entidad gobernada por la morenista Layda Sansores San Roman “se intenta apagar el comentario, la noticia, que no haya, que no haya nada que perjudique, que moleste, que irrite a la gobernadora”.

Afirma que fue acusado porque presuntamente sus notas incitaban al odio contra la mandataria de Campeche: “La gobernadora es muy dura y muy recalcitrante, y argumentó que lo que escribo es una invitación al odio”.

“Lo que buscan es que como a la señora ya sólo le quedan dos años de gobierno, no exista ningún tipo de crítica contra su administración. Intentan acallar sus frivolidades y los actos de corrupción y opacidad que existen en su gestión”, apunta.

González califica como “terrible” la censura que se ha cernido sobre varios periodistas por sus críticas al gobierno de la 4T, contra gobernadores morenistas y contra funcionarios del partido guinda.

“Existe una violencia tremenda, terrible contra el orden jurídico y la libertad de expresión plasmadas en nuestra Constitución. El partido hegemónico pretende acallar a sus críticos como nunca antes se había visto”.

“No quieren que haya señalamientos, que no reveles los actos de corrupción que ha habido, por ejemplo, en el Tren Maya, en Dos Bocas y en muchos negocios sucios de este gobierno”, argumenta.

A González se le había prohibido ejercer sus funciones de periodista durante dos años, así como eliminar su plataforma Tribuna.

Pero el pasado 11 de julio, el periodista informó que le fueron restituidos sus derechos, pues el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito consideró excesivas las sanciones en su contra.

A juicio de Jorge González, los medios de comunicación deben actuar con mayor fuerza y mostrar unidad ante estos actos de censura, pues se corre el riesgo de que se generalice en cada uno de los estados de la República.

“Hace falta reaccionar con mayor fuerza, porque así han comenzado los regímenes dictatoriales. Tal parece que hay un resurgimiento del autoritarismo. De ahí que persigan y traten de nulificar a quienes no piensen como ellos. He visto algunas reacciones, pero, insisto, nos hace falta reaccionar con mayor fuerza. Hay un apetito feroz de querer ser como Cuba o Venezuela. Generalmente, el populista apapacha a sus adeptos y criminaliza a quienes considera sus adversarios”, precisa.

Desde el inicio de su administración, Sansores ha enfrentado señalamientos por restringir la libertad de prensa en Campeche, donde, según González, los cinco periódicos impresos que operaban en 2021 dejaron de circular al ser acorralados por la gobernadora morenista.

En junio pasado, Sansores rechazó que en el estado que gobierna no exista la libertad de expresión y dijo que las acciones emprendidas por su gestión son a favor de las mujeres “para que ya no sigan soportando la humillación y la violencia”.

En su programa Martes del Jaguar, la mandataria estatal acusó a González de victimizarse ante los medios de comunicación y de difundir mentiras.

Rechazan condicionar el trabajo periodístico

La Alianza de Medios Mx y la organización Artículo 19 repudiaron y expresaron sus preocupación por la imposición de un “censor” en contra del periodista campechano Jorge Luis González, quien revisará su información antes de que sea publicada o difundida.

Ambas organizaciones lamentaron las nuevas medidas cautelares dictadas el pasado 15 de julio por la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May contra el periodista Jorge Luis González Valdez y Tribuna Campeche, al advertir que instauran “una forma de censura previa incompatible con la libertad de expresión”.

En un posicionamiento oficial, la Alianza de Medios Mx subrayó que la resolución prohíbe al reportero mencionar a la gobernadora Layda Sansores y somete cualquier contenido relacionado con ella a la aprobación de un interventor judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia estatal.

La organización recordó que, apenas el 9 de julio, un tribunal federal declaró inconstitucionales las restricciones que impedían a González Valdez ejercer el periodismo y obligaban al cierre de la plataforma digital del medio. Pese a ello, la nueva orden reincide en limitar la cobertura crítica mediante controles previos que contravienen estándares nacionales e internacionales.

La Alianza de Medios Mx rechazó “categóricamente” el uso del sistema de justicia para condicionar el trabajo periodístico, exigió respeto al debido proceso y llamó a los Poderes Judiciales, locales y federales a evitar que cualquier autoridad utilice los tribunales para silenciar voces críticas.

La Alianza de Medios Mx es una asociación independiente y apartidista, integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos a los que une la convicción de que las libertades de expresión y de prensa son componentes fundamentales en una democracia.

Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, dijo que la medida adoptada por la jueza de Control en contra del periodista Jorge González y del medio Tribuna constituye una violación directa al artículo séptimo de la Constitución, que en congruencia con tratados internacionales, prohíbe la censura previa.

“Las nuevas medidas cautelares impuestas es una escalada en la censura que se está imponiendo en aquel estado en contra de este periodista y de este medio, pero además es peligroso precedente que, esperemos, no se replique en otras entidades de la República”, dijo.

Además, explicó que lo que les preocupa es que los Poderes Judiciales locales nunca han sido un ejemplo de imparcialidad e independencia y “no nos sorprende que tomen medidas a favor del gobierno, pero sí nos sorprende que impongan este tipo de medidas que van en contra de la Constitución y de los derechos humanos”.

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Ordenan a usuaria de X disculparse por violencia política de género

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Cadena Noticias,  Hermosillo, Sonora, Mexico, 

La ciudadana Karla Estrella fue sancionada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras ser encontrada culpable de ejercer violencia política en razón de género contra la diputada Diana Karina Barreras.

Como parte de la sanción, se le ordenó publicar por 30 días una disculpa pública en la red social X, en la que reconoce que sus comentarios afectaron los derechos político-electorales de la legisladora. El caso surgió a raíz de una publicación en la que la ciudadana insinuó que la candidatura de Barreras fue resultado de influencias de su esposo, el entonces diputado Sergio Gutiérrez Luna.

La resolución ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios argumentan que se trata de un acto de censura. Karla Estrella aseguró que no hizo referencia directa a la diputada y que su crítica apuntaba a un posible caso de nepotismo.

Por su parte, Diana Barreras negó que se trate de censura y dijo que su objetivo es proteger los derechos de las mujeres en la política, un entorno que calificó como complicado y agresivo.

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Alertan por nueva ley que permite vigilancia sin control judicial en México

Expertos advierten que la nueva ley de inteligencia representa riesgo a la privacidad.

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

Especialistas en derechos digitales advirtieron que la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública permitirá al gobierno acceder, sin control judicial, a datos personales de la población, incluidos registros biométricos, bancarios, telefónicos, médicos y de geolocalización.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, señaló que esta normativa consolida un sistema de vigilancia masiva en el país, al facultar al Ejército para realizar labores de inteligencia sin autorización judicial y utilizando como base la CURP biométrica.

La ley también obliga a empresas privadas de telecomunicaciones, bancos y otros prestadores de servicios a entregar información sensible mediante convenios o solicitudes formales, sin supervisión independiente ni contrapesos institucionales.

El riesgo se acentúa ante la falta de control judicial y la desaparición del INAI, lo que, según Maldonado, podría facilitar el uso político de estos datos. Recordó que ya existen antecedentes como el caso Pegasus, en el que se espió a periodistas y activistas.

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