A través de sendos oficios, el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, denunció a Arturo González Cruz, ante el Senado de la República, de la Cámara de Diputados y Segunda Región Militar, por la violación del Artículo 125 por parte del mencionado, quien usurpó funciones al asumir la Presidencia Municipal de Tijuana, cargo al cual ya había renunciado de manera definitiva.

Mediante el oficio No SGG/BC/804/2021, de fecha 28 de septiembre del presente año, Rodríguez Lozano hizo del conocimiento a la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República que el diputado federal Luis Arturo González Cruz, de manera violatoria al artículo 125 de la Constitución General de la República volvió al cargo de Presidente Municipal de Tijuana. 

“Al estar consumado el acto jurídico de renuncia, y haber asumido constitucionalmente el cargo su suplente, Karla Patricia Ruiz MacFarland como Presidenta Municipal de Tijuana en funciones, denunciamos ante esa máxima tribuna popular que Luis Arturo González Cruz haciendo acto de violencia y usando de manera ilegal la fuerza de la Guarda Nacional, irrumpió en el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, para usurpar de manera ilegal e inconstitucional el Cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento”, dijo el Titular de la SGG.

Asimismo, Rodríguez Lozano solicitó que se apliquen las sanciones que nuestra legislación federal prevé, ya que las conductas del Diputado Federal son violatorias de la ley y pretenden burlar las disposiciones constitucionales que juró respetar cuando tomó protesta.

Afirmó que basado en ese argumento legal, se solicita la intervención del Senado de la Republica en apego a la Fracción VI del Artículo 76 de la Constitución Federal, que establece que es su facultad.

Rodríguez Lozano precisó que el Artículo 125, detalla que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

De la misma manera, el Secretario General de Gobierno notificó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, conminándolo a que tome las acciones conducentes para que cesen estas conductas violatorias de la ley, por parte de Arturo González Cruz.

También, el Secretario General de Gobierno hizo del conocimiento del General Saúl Luna Jaimes, Comandante de la Segunda Región Militar de la Secretaria De La Defensa Nacional, a quien le detalló la violación al Artículo 125, que encuadra en la usurpación de funciones.

“Hago del conocimiento de usted lo presente, a efecto de que se haga caso omiso de cualquier solicitud que realice el señor González Cruz, quien está actuando como un usurpador y facineroso en constante violación de nuestro orden jurídico nacional y estatal; bajo ningún procedimiento, ni bajo ninguna autoridad podía volver a ser Presidente Municipal de Tijuana, puesto que dicho cargo lo perdió al optar por la diputación federal, por lo que carece de atribuciones legales de solicitar la intervención de la Defensa Nacional en el ámbito municipal”, precisa el funcionario estatal en su oficio.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció varios cambios en su gabinete, donde se nombraron nuevos funcionarios a la dependencias del gobierno de la capital del país, entre las que se destaca Amador Rodríguez Lozano, quien fue secretario general de gobierno en Baja California, entre 2019 y 2021, esto durante el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de la entidad. 

Rodríguez Lozano ahora será el titular de la recién creada Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, por lo cual ningún funcionario fue removido de su cargo para la llegada de quien también fue Diputado Federal y Senador de la República.

Rodríguez Lozano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la misma universidad, además que en su trayectoria profesional cuenta con una amplia experiencia en la administración pública en distintos niveles de gobierno. 

Otros de los cambios realizados en el gabinete de la jefa de gobierno son Nathalie Desplas Puel a la Secretaría de Turismo, Rebeca Olivia Sánchez Sandín como Directora General del DIF, Carlos Ulloa Pérez a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rigoberto Salgado Vázquez a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Rosario Castro Escorcia como la nueva directora General del Metrobús y Roberto Capuano como asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). 

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La dirigencia del Partido Acción Nacional en el Estado de México condenó anoche, “como todos los casos de homicidio en la entidad, y el país, y hoy también el asesinato de nuestro amigo y compañero, Secretario General del Comité Directivo de Melchor Ocampo, Juan Bosco Rivero Perea”.

El PAN pidió a la Fiscalía General del Estado de México una pronta y eficaz investigación para aclarar este homicidio y se llegue a las últimas consecuencias contra los autores, porque la violencia e inseguridad de un día sí y otro también, como el caso del joven asesinado en Jilotzingo y hoy de nuestro amigo panista Juan Bosco, no puede quedar impune.

Acción Nacional espera que se investigue a fondo, que no haya impunidad en este y en todos los casos que actualmente vive el Estado de México.

Juan Bosco fue asesinado anoche en la puerta de su despacho frente al palacio municipal de Melchor Ocampo en el norte del Valle de México.

La Dirección de Comunicación Social del XXIV Ayuntamiento informó que la Alcaldesa Montserrat Caballero acaba de ser dada de alta del hospital en el que fue intervenida quirúrgicamente por problemas de apendicitis el martes por la noche.

En un mensaje en redes sociales anuncian que la Presidenta Municipal ya se encuentra en casa recuperándose y esperan que el próximo lunes pueda estar laborando desde su oficina en Palacio Municipal.

Entre septiembre y diciembre del 2021 el Senado de la República aprobó tres iniciativas de ley sobre temas cruciales para el desarrollo económico del país, la defensa del medio ambiente y la salud de los mexicanos, informó la senadora Nancy Sánchez Arredondo en entrevistas con medios de comunicación de Tijuana.

La legisladora mencionó en primer término la Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado el pasado 17 de noviembre, destacando que consiste básicamente en la reducción del desperdicio de materias primas, para lo cual se busca romper el esquema tradicional de consumo, que consiste en comprar, usar y tirar, para cambiarlo por el de reducir, reutilizar y reciclar.

Enfatizó que esta ley no solo pretende un mejor aprovechamiento de los materiales reciclables por motivos económicos, sino también propone un mayor involucramiento de la sociedad en la lucha por la conservación del medio ambiente.

“Ojalá que Baja California sea puntero en la implementación de estas nuevas estrategias”, comentó Sánchez Arredondo. Señaló asimismo que “tenemos un vecino generador de desperdicios, que algunas veces llegan a nuestro estado”, en alusión a los neumáticos desechados en Estados Unidos que son revendidos en esta frontera y terminan creando focos de contaminación.

“También, el 10 de septiembre del año pasado aprobamos una iniciativa para la regulación de las grasas trans, a las que se señala como uno de los principales factores del aumento de las enfermedades cerebrovasculares en el mundo”, agregó la senadora, quien destacó que cada año fallecen en México 150 mil personas por afecciones cardíacas y alrededor de 4 mil en Baja California.

Sánchez Arredondo explicó que las grasas trans son aceites líquidos transformados en grasas sólidas, utilizados para mejorar el sabor de los alimentos y alargar su tiempo de duración en los anaqueles sin que se oxiden. “Su uso abarata los productos, pero a cambio hace un grave daño a la salud de los mexicanos”, dijo.

La legisladora se refirió además a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado el 14 de diciembre del 2021, después de un año de consultas.

El propósito fundamental de esta ley, resaltó, es reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales, que de acuerdo a las estadísticas oficiales arrojan alrededor de 24 mil fallecimientos anuales.

“Baja California tiene una Ley de Movilidad, ahora hay que adecuarla a la Ley federal, que establece la obligación legal del alcoholímetro en todo el país, el uso del cinturón de seguridad y filtros para disminuir la velocidad”, dijo.

Advirtió que con dichas disposiciones se atienden las principales causas de los accidentes viales. “De cada 10 casos, 5 son consecuencia del alcohol o las drogas, 3 del exceso de velocidad y dos por distractores como el uso de teléfonos celulares. Hay ocasiones en que se reúnen las tres causales en un solo accidente”.

Añadió que “esta ley no nace desnuda. Hay un presupuesto para que municipios y estados presenten proyectos y tengan acceso a los fondos”.

La movilidad, dijo, es un derecho que se aplica tanto a los mexicanos que viven en zonas urbanas como a los que viven en zonas rurales, y precisó que otra de las nuevas disposiciones es la obligatoriedad de que el Estado proporcione transportación escolar.

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El Congreso del Estado de Baja California designó a las últimas tres personas que estarán en la terna para elegir al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Las personas que lograron llegar a la última etapa son María Alejandra Basaldúa Ayala, Manuel González Millán y Arely Lourdes Vera Lizárraga.

La convocatoria para elegir al nuevo comisionado fue dirigida a universidades e instituciones públicas de educación superior en el Estado; a los colegios y asociaciones de profesionistas, personas expertas en la materia de la comisión, así como a las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas que representan a colectivos de víctimas.

Serán los legisladores quienes en los próximos días decidan quien ocupará la titularidad de dicha Comisión por un periodo de cinco años.

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