Entró en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato que establece las normas, condiciones y alcances para este ejercicio de pretendida participación ciudadana.

Contrariando la norma Constitucional que rige la ley, que refiere únicamente a “revocación” del mandato presidencial, la ley incluye indebidamente el concepto de “ratificación” de mandato como una de las opciones a votar.

Al hacer esta inclusión en el texto, la Ley Federal de Revocación de Mandato distorsiona el sentido del ejercicio libre de participación ciudadana, al convertirse en una complacencia al afán presidencial por recibir aplauso público.

La organización Sí Por México considera que es inoportuno para el interés nacional realizar en el año 2022 un proceso de revocación de mandato por las siguientes razones:

1. El ejercicio que propone la Ley Federal de Revocación de Mandato promovería mayor polarización social y la crispación del ánimo de confrontación en el país. Sería irresponsable hacernos cargo de un ejercicio con tan negativos efectos.

2. El mecanismo constitucional para la elección de un Presidente sustituto por parte del Congreso General, suponiendo se decidiera por la revocación, no garantizaría un cambio real pues el nuevo Titular del Ejecutivo Federal provendría del mismo movimiento que gobierna. No ofrecería al país una mejora al extravío que padece.

3. El gasto presupuestal que implica una elección innecesaria sería un acto irresponsable cuando las necesidades en los sectores de salud, educación, seguridad y fomento al empleo son verdaderamente apremiantes.

4. Con la inclusión de la opción de la “ratificación de mandato”, el Presidente tendría el pretexto para dedicarse a hacer campaña personal durante los siguientes 7 meses, abandonando su función de gobernante, en detrimento de los intereses del país.

Por estas consideraciones, Sí Por México NO promoverá la consecución de firmas que la Constitución exige para la realización del proceso de Revocación de Mandato en 2022.

Además, Sí Por México exhorta, respetuosamente, a los legisladores de la coalición Va Por México y de Movimiento Ciudadano a promover la acción de inconstitucionalidad en contra de aspectos de la Ley Federal de Revocación Mandato contrarios al espíritu y letra de la Carta Magna.

Sí Por México impulsará, desde la sociedad civil, procesos judiciales para garantizar se enmiendan los desaciertos legislativos al regular el derecho ciudadano a la revocación del mandato con vista a procesos futuros.

En vez de desgastarse en una elección improcedente e innecesaria, convocamos a todas las mujeres y los hombres de este gran país a exigir que el Presidente cumpla su mandato sin regateos, que haga un esfuerzo serio por comprender, atender y resolver los graves problemas que enfrenta México y que deje de ser un factor de polarización y discordia.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró su disposición a ser evaluado a través de un proceso de revocación de mandato, a pesar de que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolviera que no es procedente iniciar dicho proceso en su contra. En una carta dirigida al Consejo General del IEES, Rocha Moya manifestó respeto por la decisión, al tiempo que destacó la importancia de la participación democrática en la vida pública.

"El pueblo debe tener el derecho de evaluar a sus representantes"

El gobernador resaltó que la resolución del IEES, adoptada por unanimidad, fue producto de una interpretación legal que respeta el principio de no retroactividad establecido en la Constitución mexicana. Sin embargo, Rocha Moya expresó que su convicción democrática lo lleva a considerar fundamental que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar a sus gobernantes a través del voto.

“Uno de los pilares del principio democrático es que el pueblo ejerza en todo momento su soberanía, cuya máxima expresión es el voto universal, libre, secreto y directo”, subrayó el mandatario en su misiva.

Un proceso que no procede por principios jurídicos

El IEES argumentó que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Este principio impide que la reforma de 2022 al artículo 150 de la Constitución local, que incorporó la figura de revocación de mandato para la gubernatura, sea aplicada retroactivamente a la actual administración de Rocha Moya.

Un gesto democrático

Aunque el proceso no será llevado a cabo, Rocha Moya lamentó que esta herramienta no existiera en administraciones previas. En su carta, solicitó al Consejo Electoral considerar su “expresión de conformidad” para la viabilidad de un eventual proceso, afirmando que su gobierno “hubiera deseado ser calificado mediante el voto popular”.

Con este posicionamiento, el gobernador sinaloense refuerza su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en el estado, aunque la resolución legal del IEES cierre la puerta al proceso de revocación en esta ocasión.

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En sesión solemne, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la invalidez del ejercicio de revocación de mandato del pasado 10 de abril, toda vez que no se alcanzó 40% de la participación ciudadana que establece la ley.

El dictamen, donde se da por concluido el proceso de revocación, determina que no es procedente emitir la declaratoria de validez por no haberse alcanzado el requisito de participación ciudadana exigido por la Constitución, por lo que el ejercicio no es válido y carece de efectos jurídicos.

La primera consulta de revocación de mandato a la que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 10 de abril sólo contó con 17.7% de participación, lejos de 40% necesario para ser vinculante.

En la sesión previa, donde se desecharon las impugnaciones del presidente López Obrador y de los partidos de oposición, la magistrada Janine Otálora advirtió sobre el cúmulo de irregularidades que se presentaron durante el proceso.

“El hecho de que los más altos funcionarios y detentores de gubernaturas reten a las instituciones encargadas de velar por el orden democrático constitucional no es un buen augurio… Tampoco puede dejarse de lado el riesgo democrático al desincentivar la participación ciudadana con la amenaza de que el proceso pueda anularse”.

Según el dictamen presentado en la sesión de la información constatada, la participación de la ciudadanía en la jornada de revocación de mandato fue de 16 millones 502 mil 636 electores, lo que representa 17.77% de la Lista Nominal de Electores.

De esta participación, un millón 63 mil 209 de los votos emitidos eligieron la opción para que al Titular del Ejecutivo federal se le revoque el mandato por pérdida de confianza, es decir, 6.44% de la votación emitida.

Unos 15 millones 159 mil 323 votos eligieron la opción “que siga en la Presidencia de la República”, lo que equivale a 91.86%, y los 280 mil 104 votos restantes corresponden a votos nulos, lo que representa 1.70%.

“Como resultado de esta participación ciudadana, que fue menor al umbral requerido por la Constitución, no ha lugar a emitir la declaratoria de validez”.

En la sesión estuvieron presentes los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y presidentes de partidos como Mario Delgado, de Morena.

Hito histórico

El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que la revocación de mandato fue un hito en la vida política de México y como cualquier otro ejercicio inicial desplegó una serie de retos y lecciones para nuestra joven democracia.

“El proceso de revocación de mandato visibilizó que aún es necesaria la construcción de procesos más sólidos de democracia directa para hacerlos propios y percibir su utilidad social”, dijo.

Añadió que la Sala Superior instruyó al INE y a la Sala Regional Especializada, en el juicio de inconformidad correspondiente, para que investiguen y sancionen posibles actos irregularidades de servidores públicos que se denunciaron en este proceso.

Advirtió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República sobre conductas posiblemente ilícitas que quizá deba investigar.

El magistrado Rodríguez Mondragón expuso que si bien este proceso presentó desafíos inéditos también puso de manifiesto la capacidad de que gozan las instituciones electorales del Estado mexicano, al organizar procesos de participación ciudadana bajo estándares democráticos y resolver las controversias de forma pacífica en un Estado de derecho.

El INE, dijo, demostró su compromiso con nuestra democracia al llevar a cabo una labor encomiable, para lo cual contó con el respaldo de la ciudadanía, y así lo dejan ver la instalación de 57 mil 448 casillas, la participación de 11 mil 807 ciudadanos que vigilaron la jornada, así como la acreditación de 98 misiones de observación electoral extranjeras.

A cuatro días de haberse realizado la consulta de revocación de mandado, en donde 15 millones de mexicanos votaron para que continúe hasta 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que, según la encuesta de la empresa global de inteligencia Morning Consult lo ubica como el segundo mandatario con mayor aprobación en el mundo.

Según la encuesta en la que participaron 21 presidentes de todo el mundo, el titular del Ejecutivo Federal cuenta con el 67% de índice de aprobación entre la población mexicana, mientras que el 26% desaprueba su gestión. 

También la encuesta mundial afirma que el 58% de la población mexicana considera que el gobierno del presidente López Obrador va por buen camino, mientras que el 42% considera que va por un camino equivocado.

La encuesta mundial ubica a Narendra Modei, primer ministro de India, como el líder mundial más popular con un 76% de apoyo.

En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo señaló este jueves que el escritor Martín Moreno asegura que solo lo apoyan los analfabetas del país, lo cual, señaló, le llena de orgullo y donde manifestó que no es lo mismo educación que cultura.

En la red social, el mandatario federal indicó que el escritor y “los seguidores del conservadurismo ramplón” deberían conocer que esta encuesta lo coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo.

"Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura. 

“Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto”, escribió.

En respeto a la Semana Santa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra desde ayer miércoles descansando en su quinta de Palenque, Chiapas, y regresará a trabajar el próximo lunes 18 de abril.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez afirmó que el voto en la revocación de mandato era obligatorio y que, según la Constitución, no hacerlo puede ser motivo de sanción.

A través de su cuenta de Twitter el titular de la UIF realizó una interpretación del artículo 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e indicó que establece la obligatoriedad de ir a votar en los procesos de revocación de mandato.

“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La "autoridad electoral" nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”, señaló.

“Corrección: el artículo 35.I señala el derecho y el 36.III de la Constitución señala la obligación de votar. El 38.I, la sanción por no hacerlo”.

¿Cuál será la sanción por no haber votado en revocación de mandato?

Según la Carta Magna, la votación en comicios, consultas populares y procesos de revocación es uno de los derechos del ciudadano (artículo 35, fracción I), quien al ejercerlo tiene la obligación de hacerlo conforme a las reglas establecidas previamente en las leyes de la materia (artículo 36, fracción III).

La sanción por no cumplir con esta última obligación puede provocar la suspensión durante un año de los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución (votar, ser votado, libertad de asociación, defender al país, de petición, ser servidor público, presentar iniciativas de ley, entre otros).

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El alto abstencionismo que se registró el pasado domingo en el ejercicio de revocación de mandato elevó el costo de cada voto casi 500%.

Con una Lista Nominal de 92 millones 823 mil 216 mexicanos, el voto por cada persona debería haber costado 18.23 pesos. Sin embargo, únicamente participaron 16 millones 502 mil 636 ciudadanos, por lo que se elevó a 102.55 pesos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó a destinar mil 692.5 millones de pesos para la consulta del 10 de abril. El monto salió de los ahorros que la autoridad hizo, toda vez que le fue rechazado el otorgamiento de recursos para la revocación de mandato.

Con el presupuesto obtenido, se instalaron 57 mil 448 casillas en todo el país.

Se mandaron imprimir 94 millones 590 mil 469 boletas (siempre se imprime un poco más de la Lista Nominal), de las cuales solamente se ocuparon 16 millones 502 mil 636, dejando inutilizables 78 millones 87 mil 833.

Si bien no es comparable un ejercicio de participación ciudadana con otro, al menos en lo que fue la consulta popular de agosto de 2021, mediante la cual se buscó determinar si los últimos cinco expresidentes de México debían ser llevados a juicio, se destinaron 548 millones de pesos para la instalación de 57 mil 77 casillas.

En aquella ocasión se tuvo una Lista Nominal de 93 millones 671 mil 697 personas, de las cuales solamente salieron a votar 6 millones 663 mil 208. Se calcula que cada voto costó 79 pesos.

La diferencia con la consulta popular, es que se tuvo como antecedente el proceso electoral del 6 de junio de 2021; se utilizaron las ubicaciones de casilla y se convocó a los mismos funcionarios que ya estaban capacitados. Además, se reutilizaron impresiones de listas nominales y otros materiales, así como insumos sanitarios de la elección anterior; no se colocaron consejos estatales ni distritales.

En contraste, en el ejercicio del pasado domingo, se tuvo que imprimir todo el material electoral, adquirir insumos sanitarios, instalar consejos locales y distritales, así como realizar la capacitación de funcionarios de casilla.

De acuerdo con información del INE, cada casilla tuvo una inversión de 29 mil 400 pesos. Implica todo el material que se requiere para que quede integrada, más la papelería, además del apoyo a funcionarios de casilla y los insumos sanitarios.

La impresión de cada una de las boletas tuvo un costo de 0.38 pesos, tomando en cuenta que no fueron elaboradas en papel de alta seguridad. Para ello se erogaron 35 millones 944 mil 378 pesos. Sin embargo, solamente se utilizaron 16 millones 502 mil 636 de esas boletas.

Durante siete meses, el Instituto Nacional Electoral preparó el ejercicio de revocación de mandato del domingo.

Por ley, para que la consulta resulte vinculante, era necesario que 40% de las personas registradas en la Lista Nominal salieran a votar, sin importar la opción que escogieran.

Los datos oficiales, proporcionados por la autoridad administrativa electoral, revelan que salieron a votar 16 millones 502 mil 636 personas, de las cuales 15 millones 159 mil 323 (91.86%) eligieron la opción de que el Presidente de la República continúe en su cargo; un millón 63 mil 209 (6.44%) votaron porque se vaya, y 280 mil 104 (1.64%) anularon la boleta.

Ahora será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que calificará el ejercicio de revocación y determinará si resulta o no vinculante.

Durante todo el desarrollo del proceso se vivió una constante confrontación entre la autoridad electoral y el Poder Legislativo y el gobierno federal.

Y es que el INE solicitó a la Cámara de Diputados 3 mil 830.4 millones de pesos, recurso que le fue negado. Ante ello, el instituto pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal de mil 700 millones de pesos, pero también le fue rechazada.

El INE, entonces, comenzó a revisar su presupuesto para generar ahorros y tener recursos para el ejercicio de la revocación de mandato, con lo cual obtuvo los mil 692 millones de pesos.

Al concluir el proceso revocatorio, el instituto electoral calificó la jornada como algo exitoso, a pesar —se expuso— del boicot que se hizo a partir de negarle los recursos económicos para poder instalar, al menos, la totalidad de casillas que se requerían, de acuerdo con la ley.

A pesar de ello, el Instituto Nacional Electoral defendió que con esas 57 mil 448 casillas instaladas en el país, toda la ciudadanía pudo votar.